20 de septiembre de 2017

"NO NOS DEJAN RESCATAR SOBREVIVIENTES"

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PEÑA NIETO y MANCERA, pretenden dar por terminada la búsqueda se sobrevivientes y apresurar la remoción de escombros con maquinaria pesada. Igual que lo intentaron en 1985 (pero no pudieron) quieren remover el cascajo con todo y personas adentro, aun cuando es muy probable que haya muchas aún con vida. No lo podemos permitir: DENUNCIA Y COMPARTE.

"Los civiles que estuvieron trabajando toda la noche para rescatar a sobrevivientes del edificio que colapsó en Gabriel Mancera y Escocia, colonia Del Valle, delegación Benito Juárez, denunciaron a Grupo Imagen que Protección Civil y el Ejército hace una hora los desalojaron de la zona y ya no les permiten rescatar a sobrevivientes.

Todavía puede haber personas vivas en este edificio y ya no nos dejan entrar a sacarlos, nosotros tememos que lo quieran demoler ya", dijo angustiada la civil rescatista Gabriela Cueto, scout con entrenamiento en rescate.

Tanto Gabriela, como Octavio, un civil que vino a ayudar desde el Estado de México afirmaron que puede haber aún tres jóvenes adentro del edificio, Juan Pablo de 19 años, cuya madre ha estado toda la noche en vela con la esperanza de que lo saquen con vida, pero proteccion civil ya les dio la orden de desalojar.

A las 7:57 de la mañana la autoridad desalojó a los periodistas de la zona y a los rescatistas, y entró una excavadora.

En este edificio van a meter maquinarias especiales para ir demoliendo" dijo un militar, pero una de las rescatistas les gritó "van a demoler ya, no sabemos si puede haber gente adentro".


http://www.excelsior.com.mx/comunidad/2017/09/20/1189576

¿Y EL DINERO PARA DESASTRES NATURALES DEL FONDEN?

"Ya no puedes engañar el pueblo Enrique Peña Nieto, este ya es el segundo terremoto en los últimos días, ni Chiapas, ni Oaxaca han recibido un sólo centavo de esos fondos, presuntamente se dice que unos 13 mil millones de pesos ya están en el extranjero en tu cuenta bancaria y también en las cuentas de todos los ladrones que te rodean."

MORENA, EL ÚNICO PARTIDO QUE HA DECIDIDO DONAR DEL DINERO QUE OTORGA EL INE

Morena, el único partido que ha decidido donar del dinero que nos da el INE para los damnificados... no nos guía el dinero, nos guían ideales y principios; somos de los de abajo y pensamos como los de abajo. 

Antes de que arranquen las campañas electorales con miras a la disputa presidencial, el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena)donará en favor de los damnificados del terremoto el veinte por ciento de los recursos asignados a actividades proselitistas de esa fuerza política, anunció este jueves Andrés Manuel López Obrador.

De acuerdo con el líder nacional de Morena en los próximos días formalizará la propuesta al Consejo Nacional de su partido para que cerca de cien millones de pesos sean entregados, sin ningún tipo de intermediario, a los más perjudicados del terremoto en Chiapas, Oaxaca y Tabasco.

En entrevista, durante el primer día de gira en municipios de Jalisco, López Obrador aclaró que la decisión de Morena es en respuesta a un planteamiento formulado en redes sociales a los partidos políticos y por ello, pidió "no malinterpretar" la ayuda que se dará a los más necesitados antes de que finalice el 2017.

ANTE EL DESASTRE DE LA SEGURIDAD; LA DEFENSA COMUNITARIA

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ESTA REALIDAD ABOMINABLE SE HA TRANSFORMADO COMO PARTE DE NUESTRA COTIDIANIDAD. 

Para las autoridades es muy normal que asesinen a niños, jóvenes, mujeres, adul
tos y personas de la tercera edad, porque la cultura de la muerte se ha arraigado en las entrañas de la vida pública. La violencia es el pan de cada día que consumimos con amargura y desesperación. La orfandad se torna más trágica con la actitud indolente de las autoridades y la complicidad rampante de quienes tienen la obligación de investigar y castigar a los responsables.
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Todo nuestro respaldo a la Misión Civil de Observación,
conformada por organismos no gubernamentales
nacionales e internacionales
que visitarán nuestro estado para documentar
violaciones graves a los derechos humanos.
 La imagen atroz de cuatro personas asesinadas el pasado martes 12 de septiembre en la comunidad del Zapote, municipio de Coyuca de Benítez, nos desquicia por el horror y por lo que representa esta escena, al ver inertes a jóvenes abatidos con el tiro de gracia. La misma playera que portaba uno de ellos llevaba el nombre de México salpicado de sangre.
Esta realidad abominable se ha transformado como parte de nuestra cotidianidad. Para las autoridades es muy normal que asesinen a niños, jóvenes, mujeres, adultos y personas de la tercera edad, porque la cultura de la muerte se ha arraigado en las entrañas de la vida pública. La violencia es el pan de cada día que consumimos con amargura y desesperación. La orfandad se torna más trágica con la actitud indolente de las autoridades y la complicidad rampante de quienes tienen la obligación de investigar y castigar a los responsables.
La institucionalidad gubernamental está ausente en las calles y colonias donde gobierna la delincuencia. La ley simplemente es un recurso retórico que utilizan las autoridades para justificar su inacción y repetir como simple cliché “se castigará a los responsables con todo el peso de la ley”. Esta frase hueca es la que retroalimenta la impunidad y envalentona a los grupos de la delincuencia organizada. Las imágenes pulcras de los funcionarios, que se esmeran en aparecer como personajes que se pasean por las pasarelas para exhibir sus atuendos, contrastan con realidades que nos muestran con toda su crudeza a las víctimas de la violencia.
El hastío nos ha atrapado y resignado a vivir en el fatalismo. No se vislumbran posibilidades de que los gobernantes puedan hacer algo para contener la violencia y permitir que la población duerma tranquila. Son las familias y las mismas comunidades las que tienen que soportar esta forma burda de gobernar y de tolerar la incapacidad de los funcionarios.
El desfondamiento del Sistema de Seguridad y de Justicia que ha dejado en total indefensión a la población guerrerense, ha obligado a las comunidades indígenas y campesinas a tomar el control de las instituciones de seguridad y se han erigido como los guardianes de sus territorios. De nada han servido los operativos que desde el 2011 se implementaron en nuestro estado, teniendo como primera versión el operativo “Guerrero Seguro”. Actualmente se mantiene el mismo esquema de militarizar el estado con el anuncio de más operativos en las regiones convulsionadas por la violencia, sin que la ciudadana o ciudadano se sientan más seguros.
El aumento de la violencia criminal y de las violaciones a los derechos humanos demuestra que las autoridades están fallando en sus funciones esenciales. Han dejado que los grupos de la delincuencia adquieran más poder y se expandan sin ningún control por las diferentes regiones del estado. Es inconcebible ver los patrullajes ostentosos del ejército en los lugares donde tiene el control de la plaza alguna célula del crimen organizado. En municipios como Chilapa el ejército lleva más de dos años con la instalación de sus retenes en las entradas de la ciudad, sin embargo la disputa entre las bandas de la delincuencia no ha cejado, más bien se ha incrementado el número de asesinatos y la pelea ha sido más encarnizada. La población considera infructuosa una presencia armada que solo aterroriza a la gente y deja el campo libre a quienes se disputan el trasiego de la droga.
En este escenario del caos sobresale la descomposición del Sistema de Seguridad y Justicia Estatal, prevalece el desánimo y el fatalismo en vastos sectores de la sociedad. No se ve alguna luz en este caminar tenebroso; tampoco se restablece la confianza en quienes están llamados a brindar seguridad. Impera el miedo, la zozobra y el distanciamiento con las corporaciones policiales y el ejército. Ante este pesado viacrucis de la violencia, las mismas comunidades han tenido que tomar decisiones extremas al constatar la ineficacia de las fuerzas de seguridad del estado y ser testigos de la colusión que existe con los jefes del negocio de la droga.
Con la fuerza que poseen como pueblos históricos que cuentan con una organización de base cimentada en los acuerdos de la colectividad, han emergido en todos los lugares del estado, la defensa comunitaria para hacer pública su decisión de defender su vida y los derechos colectivos, teniendo como referencia el modelo exitoso de la policía comunitaria que nació en octubre de 1995 en la comunidad Me’pháá de el Rincón municipio de Malinaltepec.
Los pueblos indígenas y campesinos de Guerrero se han asumido como sujetos de derechos, y han ejercido su derecho a la autonomía. Cuentan con una organización social y política que por siglos la practican como parte de su identidad y de su historia. Tradicionalmente se han guiado por sus sistemas normativos cuyos procedimientos y principios se orientan a garantizar la seguridad y la justicia comunitaria. Desde este núcleo duro de la colectividad han podido librar un sin número de batallas para hacer frente a las amenazas externas, ante la proliferación de los grupos de la delincuencia organizada y la inacción de las autoridades para enfrentarlos y desmantelar sus estructuras. En los últimos dos años se han multiplicado modelos de seguridad comunitaria que expresan la diversidad cultural y política que persiste entre las mismas comunidades indígenas y campesinas y que dejan de manifiesto la pluralidad de experiencias y de luchas que nos remiten a lo que ellos mismos han denominado como policía comunitaria, policía ciudadana o policía rural.
Este fenómeno es multicausal y tiene su origen en la profunda crisis que enfrenta el estado ante el colapso de sus instituciones de seguridad. El proyecto histórico de la policía comunitaria es la raíz de todos los procesos organizativos relacionados con su autodefensa e implementación de su sistema de justicia comunitaria. La génesis de este modelo responde a las amenazas externas que enfrenta la comunidad y que no encuentra el respaldo ni la protección de las autoridades. Su organización es para dar respuestas desde la perspectiva de los derechos colectivos a un problema que pone en riesgo la vida y la convivencia pacífica de los pobladores.
Las mismas encuestas del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) están mostrando que entre la ciudadanía hay mucho miedo, que nadie se siente tranquilo en su ciudad y que prefiere mantenerse en su domicilio para evitar cualquier agresión. Las comunidades indígenas y campesinas se han topado con grupos que portan armas y que cometen delitos graves como secuestros, extorsiones y asesinatos. Saben que las autoridades municipales y que las corporaciones policiales no van a salir en su defensa, tampoco se interesan en desarmarlos ni detenerlos. Dejan que pululen libremente y más bien hacen alianzas para esquilmar el precario patrimonio de las familias que viven del campo. Por eso, ya no hay comunidad en el estado que quiera pedir permiso a las autoridades para garantizar su defensa como pueblo. Son los acuerdos comunitarios los que le dan fundamento a la conformación de sus grupos de autodefensa que definen como policía comunitaria.
En este proceso de creación de los grupos que se arman para salir al frente de las organizaciones que delinquen, hay diferentes motivaciones que explican su surgimiento. La mayoría de ellas son legítimas y nacen de una preocupación genuina. Se organizan para contener la avalancha delincuencial. Sin embargo en este ambiente de descomposición tanto de las instituciones del estado como de la misma sociedad que se ha contaminado de la influencia que ejercen las organizaciones delincuenciales, han aparecido grupos de civiles armados que se han autodenominado policías comunitarios que no necesariamente nacen del seno de una asamblea, ni responden a una amenaza inminente de algún grupo delincuencial. Más bien se crean a iniciativa de personajes que tienen intereses económicos basados en actividades ilícitas. Son ellos quienes promueven la creación de estos grupos comprando los atuendos de las policías comunitarias y otorgándole armamento de grueso calibre. Por lo mismo se trata de utilizar una figura legal y legítima que está enraizada en la vida de las comunidades indígenas y campesinas pero ahora su apropiación está siendo utilizada por agentes privados y públicos que con dinero mal habido se dan el lujo de formar sus propios grupos armados autodenominándolo como policía comunitaria.
La experiencia exitosa de la policía comunitaria y su arraigo en las regiones donde se encuentran las Casas de Justicia comunitarias creadas expresamente para velar por la seguridad de la población y aplicar justicia, ha sido un modelo que han replicado otras organizaciones que se moldean de acuerdo a sus necesidades más urgentes. A lo largo de los años se ha podido documentar que existen varias expresiones de la policía comunitaria que se desprendieron del proyecto histórico como las que se encuentran ubicadas en la Costa – Montaña, en la Cañada, Zona Centro y Costa Chica.
Hay otra vertiente que responde más al modelo de autodefensas porque su estructura está centrada en la conformación de grupos de policías sin que estén avalados por asambleas comunitarias y regionales. Tampoco cuenta con una estructura de autoridades que ejercen la función de aplicadores de justicia dentro de su misma comunidad como serían las o los coordinadores de la misma Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC-PC). En esta corriente se encuadra mejor la Unión de Pueblos y Organizaciones de Estado de Guerrero (UPOEG) y el Frente Unido para la Seguridad y el Desarrollo del Estado de Guerrero (FUSDEG).
Actualmente la proliferación de estas experiencias aunado con las diferencias y divisiones que mantienen está diversidad de grupos, ha permitido que el modelo de la policía comunitaria se desacredite y se deteriore, dando pie para que las mismas autoridades del estado se encarguen de confundir a la población y descalificar un sistema de seguridad reconocido por las leyes internacionales y respaldado legítimamente por los sistemas normativos de los pueblos indígenas.
En este ámbito la CRAC-PC ha emprendido un camino novedoso estableciendo un diálogo plural y respetuoso con algunas fracciones parlamentarias para abonar en una propuesta legislativa que logre incorporar al marco constitucional de nuestro estado. Es un esfuerzo valioso que nace de un interés genuino de contar con un instrumento jurídico que reconozca plenamente los derechos de los pueblos a su autonomía y libre determinación. Es un importante respaldar la iniciativa de la CRAC-PC enriquecida por otras organizaciones sociales y civiles para que pueda aprobarse una reforma integral a la Constitución Política del estado Libre y Soberano de Guerrero en materia de derechos indígenas y Afromexicanos. Esta lucha se sigue dando en varias regiones. Los pueblos no cansan ni claudican en la defensa de sus derechos, por eso en este domingo el Consejo de Comunidades Damnificadas de la Montaña, la misma CRAC-PC, el Frente de Comunidades por la Defensa de los Derechos Colectivos en la Montaña, realizaron un foro intercomunitario en la comunidad de Plan de San Miguel, municipio de Copanatoyac para difundir y defender su iniciativa popular de Ley Indígena. Es claro que ante el desastre de la seguridad pública, la sociedad guerrerense no tiene otra alternativa que la defensa comunitaria.
Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan

Foto: Sergio Ferrer

19 de septiembre de 2017

OCULTÓ FOX $27 MILLONES; LO INVESTIGA PGR

Un libro de reciente publicación revela que la PGR mantiene abierta una investigación a Vicente Fox, tras el hallazgo de 27 millones de pesos que no declaró en su patrimonio como Presidente; en la pesquisa se descubrió que una cuenta que manejaba Martha Sahagún y un hijo recibió depósitos millonarios de un contratista del Gobierno y de esa misma cuenta salió dinero para financiar a una constructora beneficiada por el IPAB con el remate de inmuebles a precio de ganga. A los 9 meses de dejar la Presidencia, al exPresidente le regalaron una empresa transportista, y luego le dieron gratis acciones de una petrolera. En el museo que levantó en su honor, Fox ha recibido donativos de compañías fantasmas y personajes ligados a Oceanografía, insignia de la corrupción en su sexenio.

Raúl Olmos en colaboración con Valeria Durán

A casi once años de haber dejado la Presidencia de México, Vicente Fox todavía es investigado por la Procuraduría General de la República (PGR) por presuntos delitos cometidos durante su sexenio.

Una investigación periodística, contenida en un libro de reciente aparición, reveló que la PGR mantiene abiertas averiguaciones previas o carpetas de investigación sobre presuntas anomalías detectadas en el incremento del patrimonio de Fox cuando fue Presidente.

En concreto, la PGR integró a su investigación un expediente turnado por la Secretaría de la Función Pública (SFP) en el que se detalla el hallazgo de depósitos por más de 27 millones de pesos en distintas cuentas bancarias que no fueron reportadas por Vicente Fox en sus declaraciones patrimoniales.

Al menos 25 millones de pesos correspondían a depósitos realizados a cinco cuentas que manejaba Martha Sahagún. La SFP descubrió que 9 millones 911 mil pesos provenían del grupo Estrella Blanca, contratista del Gobierno en el que su hijo Fernando Bribiesca Sahagún -actual funcionario del Gobierno de Enrique Peña Nieto- fungía como accionista.
La SFP también descubrió que de la misma cuenta que manejaban Martha Sahagún y su hijo Fernando Bribiesca salió dinero para financiar a la empresa Construcciones Prácticas SA de CV, que en pleno sexenio foxista fue beneficiada con el remate de inmuebles a precio de ganga.

Dicha empresa –que encabezaba un socio de Manuel Bribiesca, el hijo mayor de Sahagún- compró en 2004 cuatro paquetes de viviendas y predios valuados en 1,318 millones de pesos en menos de 35 millones. Pagó el equivalente al 2.5% del valor de los bienes. Aquella subasta de activos del Instituto de Protección al Ahorro Bancario (IPAB) fue en su momento un escándalo mayúsculo, porque existía la sospecha de que detrás de esa turbia transacción había la intención de favorecer a los hijos de la Primera Dama. Incluso, se creó una comisión especial en el Congreso federal para probar el tráfico de influencias. Lo que nunca se había mostrado, hasta ahora, es que en el esquema de financiamiento de la mencionada empresa estaba involucrada incluso la esposa del Presidente como cotitular de la cuenta de la que salió el dinero.

La investigación demuestra que la familia de Fox también hizo negocios con grupo Estrella Blanca. Los contratos gubernamentales a favor de ese consorcio se multiplicaron a partir de 2002, año en que Fernando Bribiesca se integró como socio con una flotilla de autobuses. Sus ganancias eran transferidas a una cuenta que manejaba en conjunto con su mamá Martha Sahagún.

Le regalan 2 empresas a Fox

A los nueve meses de haber dejado la Presidencia, Fox, su esposa y un hijo recibieron regaladas las acciones de la empresa Transportes FL, perteneciente al grupo MYM, actualmente integrado al Fondo de Transporte México, que tiene una flotilla de 4 mil 800 vehículos. Antes de que el ex Presidente se volviera socio, el consorcio tenía ventas modestas con el Gobierno. Entre 2002 y 2006, los contratos apenas sumaron 82 millones de pesos. El despegue coincidió con la incorporación de la familia Fox, pues entre 2007 y 2012 los contratos gubernamentales se multiplicaron 13 veces, al sumar 1,103 millones de pesos, y para el periodo 2013-2016 superaron los 1,400 millones.
-¿Usted compró las acciones de esta empresa? Usted se integró en agosto de 2007. ¿Cuánto invirtió en esa empresa? –se le preguntó al exmandatario.

-Fox: Nada.


-¿Nada? ¿Se las regalaron? ¿De veras?


-Fox: Sí.
-¿Le regalaron las acciones?


-Fox: Sí. Por ser consejero.


Al aceptar el regalo del paquete accionario de la empresa Transportes FL, SA de CV, Vicente Fox pudo haber incurrido en el delito de cohecho, que se paga hasta con 14 años de cárcel. Y es que la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos prohíbe, en su artículo 88, que los funcionarios reciban obsequios con un valor superior a 10 salarios mínimos, equivalentes a 800 pesos. Esta restricción aplica incluso hasta un año después de que el funcionario haya dejado su cargo. Y en el caso de Fox, el regalo lo recibió justo cuando cumplió nueve meses de haber concluido su función como Presidente de México. Además, la misma Ley prohíbe expresamente a los servidores públicos recibir en el mismo periodo títulos valor, como las acciones que le obsequiaron a Fox. El artículo 47, de la Ley citada, también advierte que los funcionarios deberán abstenerse de recibir dinero, objetos, valores o nombramientos que impliquen conflicto de intereses, hasta un año después de que se haya retirado de su empleo en el Gobierno. Es decir, Fox habría violado por partida doble la Ley.

Los socios fundadores de la petrolera EIM Capital SA de CV también le obsequiaron a Fox un paquete de 400 acciones en mayo de 2014, en recompensa por la gestión de negocios que ha realizado ante el gobierno federal y ante petroleros extranjeros, en busca de contratos para la extracción de hidrocarburos con la tecnología conocida como ‘fracking’. El exPresidente negoció además una comisión de 6% por cada proyecto de inversión concretado.

En entrevista, el exmandatario aseguró que esa comisión se negoció para realizar programas sociales en el Centro Fox, el museo en su honor que levantó en su propio rancho, en la comunidad guanajuatense de San Cristóbal.

Donativos ligados a Oceanografía

Desde que dejó la Presidencia, el Centro Fox y la fundación Vamos México de su esposa han recibido ingresos en efectivo por 553 millones de pesos tan sólo en donativos en efectivo. Entre los benefactores hay empresas ‘de papel’. Es el caso, por ejemplo, de la compañía británica Outram Investments Limited, que en 2012 y 2013 transfirió 200 mil dólares (unos 3.7 millones de pesos) al Centro Fox, pese a que en sus informes financieros reportó tener un capital de apenas 2 libras esterlinas, equivalente a menos de 50 pesos.

También está el caso de una empresa ligada a la naviera Oceanografía, de nombre Delta Servicios del Sureste SA de CV, que el Servicio de Administración Tributaria incluyó el 11 de febrero de 2014 en el listado de contribuyentes que emitieron facturas sin contar con los activos, personal, infraestructura o capacidad material para prestar los servicios o los productos que amparan tales comprobantes fiscales. Delta Servicios obtuvo su registro de contribuyentes el 4 de diciembre de 2009, y en los dos años siguientes aportó donativos por 2 millones 525 mil pesos al Centro Fox, según consta en auditorías obtenidas para la investigación del libro titulado ‘Fox: Negocios a la sombra del poder’, publicado por Editorial Grijalbo.

El SAT incluyó en la misma lista negra de empresas fantasma a la Consultora Organizacional de Negocios SCP, cuyo nombre coincide con otro gran financiador del Centro Fox, que en dos años consecutivos (2009 y 2010) aportó dos millones 750 mil pesos al recinto que dirige el expresidente de México. Sus donativos se suspendieron en 2011, cuando esta empresa fue ligada al escándalo de corrupción que llevó a la cárcel al primer gobernador de oposición de Chiapas, Pablo Salazar Mendiguchía, con quien Vicente Fox mantiene una estrecha relación de amistad.

Según la acusación de la Procuraduría de Chiapas, la empresa donante del Centro Fox pertenecía a Salazar Mendiguchía y a través de ella supuestamente recibía millonarias comisiones como promotor del despacho Álvarez Puga & Asociados.

Ese despacho pertenece a Víctor Manuel Álvarez Puga, conocido en el medio empresarial como el rey del ‘outsourcing’, porque cuenta con una nutrida cartera de compañías que ofrecen los servicios de subcontratación. Una de sus empresas se llama Hergo Soluciones Empresariales , y también aparece en la lista de donantes del Centro Fox, con aportaciones de un millón 850 mil pesos entre 2009 y 2010.

Delta Servicios del Sureste SA de CV, una de las empresas fantasmas que ha donado al Centro Fox, ha sido investigada por su presunta vinculación tanto con Álvarez Puga como con la empresa Oceanografía, acusada de fraude y de haber sido favorecida con 5 mil millones de pesos en contratos en el sexenio de Fox, en un esquema de tráfico de influencias que involucraba a un hermano y a dos hijos de Martha Sahagún.

En los informes presentados por el Centro Fox de 2012 a 2015 aparece también como donante el consorcio GGM (Gasolineras Grupo Mexicano), propiedad de Martín Díaz Álvarez y de Francisco Javier Rodríguez Borgio, otros accionistas de Oceanografía; éste último inversionista también participa en Big Bola, una cadena de 22 casinos que aporta donativos a la fundación del expresidente.

Multiplica sus bienes

El empresario guanajuatense que llegó a la Presidencia en 2000 quebrado y con deudas millonarias, ha diversificado sus ingresos. Su nombre, el de su esposa y el de sus hijos aparecen como accionistas o directivos en al menos 30 compañías. Pese a ello, Fox asegura que necesita su pensión para sobrevivir.

En consultas realizadas en registros públicos, se constató que desde que dejó la Presidencia, Fox ha multiplicado sus bienes. Por ejemplo, en mayo del 2011 compró un departamento de 218 metros cuadrados en las Torres Secoya, ubicadas en Santa Fe, una de las zonas más caras del país, por el que pagó 4 millones 850 mil pesos (unos 370 mil dólares al tipo de cambio de esa fecha). Diez meses después desembolsó 8 millones 65 mil pesos (unos 620 mil dólares de entonces) en una residencia de mil metros cuadrados en el exclusivo fraccionamiento Cumbres del Campestre, en León. Su más reciente adquisición fue en enero de 2016, cuando compró otro departamento en la colonia Roma de la ciudad de México con un costo de 6 millones 613 mil pesos (alrededor de 500 mil dólares). En conjunto, compró viviendas por casi 1 millón y medio de dólares.

‘No tengo dinero escondido’

En entrevista, Fox negó que él o su esposa tengan una fortuna oculta: “Yo no tengo dinero escondido, ni lo tiene la señora Martha”.

Su vida –aseguró- se concentra en hacer labor altruista. “Marta y tu servidor ya estamos más allá del bien y el mal. Nosotros vivimos bien, yo diría que muy bien para algunos, bien para nosotros.

Cada quincena hay que estar sacando para la raya, pal ‘gasto, y todo lo demás de tiempo y trabajo lo donamos a las fundaciones. Nuestra vida está dedicada a las fundaciones, por eso acomodé la herencia de mis hijos con casas y por eso ya cada uno tiene su trabajo y su empresa, por eso les ayudo”.

-¿Cuánto gana usted en las empresas en que participa?

-Fox: De sueldo nada. De lo que me cae a veces poquito. Pero, ¿pues qué te diré? Recibo al año por todo, fuera de mi sueldo de funcionario público, este eh… Llegaré a los dos millones, dos millones y medio, una cosa así…


– ¿Es más o menos la pensión que recibe?


-Fox: Más o menos igual. La pensión es… ¿qué? 75 mil pesos quincenales, son 135 mil al mes (netos). Sí, dos millones de pesos, más menos.


-Ahora que sabemos que usted tiene diversos ingresos, participando en distintas empresas, ¿mantiene su dicho de que su pensión la necesita porque de eso vive?


-Fox: Sí, claro. Porque le dono a Centro Fox la diferencia, sí. Tengo el derecho, sí. Lo que no estoy es atesorando dinero, para que entiendas mejor. Lo excedente le dono yo al Centro Fox frecuentemente, cada que se ofrece lo hago. Entonces sí lo necesito.


-En una declaración recientemente dijo que le servía para comer frijolitos…


-Fox: Así es, así es. Sí, sí, como frijolitos con eso y lo otro lo dono. Es que sí…


-Dado que es un hombre de negocios con intereses en múltiples campos…


-Fox: Eso está amañado. No tengo intereses ni en diversos campos. Di pequeñas empresas, me-dianas, regionales, locales, no metas un punto a la jiribilla. Dime…


– ¿Estaría usted dispuesto a renunciar a su pensión?


-Fox: No. No.


-¿Usó usted el poder para beneficio propio o de su familia?


-Fox: ¡No! y te lo repito una y mil veces, nunca.



MADURO: VENEZUELA ESTÁ LISTA PARA APOYAR AL PUEBLO MEXICANO

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ofreció sus condolencias al pueblo mexicano tras el terremoto de 7.0 que sacudió su nación este martes. Maduro aseguró que "Venezuela está lista para apoyar al pueblo mexicano". 

RESCATANDO LOS CABOS

La Realidad de Los Cabos es que detrás del destino turístico de primer nivel que se pretende ser, se encuentra una sociedad marginada, olvidada, utilizada y manipulada por supuestos servidores públicos que solo los ven como moneda de cambio para lograr sus fines políticos.