QUERÍA CLONAR LA
TARJETA EL EMPLEADO DEL OXXO QUE SE UBICA EN AV. UNION Y C. 4 COL. PANTITLAN
25 de diciembre de 2017
ACTIVISTA DE FEMEN EN TOPLESS TRATA DE TOMAR LA ESTATUA DEL BEBÉ JESÚS EN LA CIUDAD DEL VATICANO
SEGÚN EXPLICA UN FOTÓGRAFO DE REUTERS, LA MUJER
SALTÓ POR ENCIMA DE LAS VALLAS DE SEGURIDAD Y SE APRESURÓ A COGER LA ESTATUA
DEL PESEBRE, MIENTRAS GRITABA “DIOS ES MUJER”, MISMO ESLOGAN QUE TENÍA PINTADO
EN SU ESPALDA.
Una supuesta activista del grupo feminista Femen intentó
llevarse la figura del niño Jesús del belén instalado en la Plaza de San Pedro
del Vaticano, pero fue detenida por agentes de la Gendarmería vaticana. La
mujer, con el pecho descubierto y la palabra 'God' (Dios) escrita en el cuerpo,
irrumpió en la plaza de San Pedro mientras el papa leía su mensaje de Navidad
desde el balcón de la Logia central de la basílica. Mientras gritaba algunos
eslóganes contra la Iglesia católica consiguió subir al belén monumental
colocado en la plaza de San Pedro y cogió la figura del niño Jesús, pero
mientras intentaba escapar con la imagen fue inmediatamente detenida por un
gendarme vaticano. No es la primera vez que activistas de Femen realizan una
acción en el Vaticano y el pasado 14 de noviembre, varias activistas
protestaron con el pecho descubierto en la plaza de San Pedro contra la visita
del 25 de noviembre del papa Francisco al Parlamento Europeo en Estrasburgo
(Francia).
24 de diciembre de 2017
JUAN ANTONIO NEMI DIB GRITA A LA JUEZ “ME VAN A MATAR”
La mañana de este domingo, un juez de
control del Penal de Pancho Viejo, dictó un año de prisión preventiva al
ex Secretario de Salud del gobierno de Javier Duarte, Juan Antonio Nemi
Dib, esto por los delitos de abuso de autoridad e incumplimiento de un deber
legal al adjudicar directamente un contrato irregular en la construcción de
la Torre Pedríatica.
Al termino de la audiencia según
publicaron medios locales, la juez de control penal notificó al ex
funcionario las medidas cautelares.
Antes de aceptar la notificación,
según publicó el portal de noticias XEU, Nemi tomó el micrófono para gritar a la
juez “me van a matar”, “He sido extorsionado, me han pedido dinero para
venderme la libertad, me van a matar en la cárcel y todos ustedes van ser
cómplices”.
Nemi Dib fue muy cercano colaborador en el gobierno
de Duarte, fungió como director del DIF Estatal, Secretario de Salud y
Asistencia, Secretario Particular de Duarte e integrante del Consejo Estatal de
la Secretaria de Seguridad Pública (SSP).
LOS TRES CÍRCULOS DE PODER DE DUARTE
POR ARTURO ÁNGEL , 24 DICIEMBRE,
2017 REPORTAJE
ESPECIAL
Durante su malogrado sexenio, el priista
Javier Duarte de Ochoa saqueó a su antojo las arcas de Veracruz. La Auditoría
Superior de la Federación lo acusó del desvío de 35 mil millones de pesos, un
desfalco amparado por un “gobierno paralelo” integrado por tres círculos: el
primero, conformado por una red de políticos priistas; el segundo, por
familiares y amigos íntimos, y el tercero, por los empresarios y sus socios
favoritos. Así lo documenta el periodista Arturo Ángel en su libro Duarte, el
priista perfecto, de reciente aparición bajo el sello Grijalbo. Proceso
reproduce fragmentos sustantivos del volumen con autorización de la editorial.
CIUDAD
DE MÉXICO (Proceso).- En el Veracruz de Javier Duarte se alternaban dos
realidades. Una, la de la abundancia, en la que el gobernador podía enviar “un
helicóptero por unas tortas” –aun cuando la hora de vuelo costara 25 mil
pesos–, ir a un restaurante y pagar una cena de 300 mil pesos o rentar 15
suites de lujo en España, para un viaje de titulación, por módicos 15 millones
de pesos. ¿Por qué no un bonito anillo para Karime?, sin importar que costara
120 mil… dólares. Había más dinero del que se podía gastar.
La
otra, la de la carencia. No había recursos para pagarles a maestros, burócratas
ni jubilados. Hubo que hacer sacrificios y quedarse con los fondos de los
municipios. Lo de los desaparecidos, qué pena y qué desgracia, pero eso de
tomarles muestras de ADN a los familiares es imposible, no alcanza. ¿Dinero
para patrullas? Ni soñando. Además, se les debían 40 mil millones de pesos a
los bancos.
En la realidad de la abundancia
–en la que estaban instalados Duarte, sus amigos, familiares y excolaboradores,
es decir, sus cómplices–, Veracruz era uno de los estados más seguros del país.
Los Zetas habían desaparecido y los únicos delitos que se cometían eran robos
de “frutsis y pingüinos”. El estado era sinónimo de libertad de expresión,
todos podían decir lo que quisieran. ¿Que a veces asesinaran o desaparecieran a
algunos reporteros? Ok… pero eran las “manzanas podridas del árbol”.
En la
realidad de la carencia –la de todos los demás millones de veracruzanos–, los
desaparecidos y los homicidios se contaban por centenares, aunque el gobierno
manipulara las cifras y los cuerpos se escondieran bajo tierra, en fosas
clandestinas, con todo y la complicidad de los policías. En efecto, cualquier
ciudadano podía decir o publicar lo que quisiera, pero debía atenerse a las
consecuencias. La libertad de expresión era una zona de riesgo.
En el mundo de Duarte –el que
describió en su declaración patrimonial– ni él ni su esposa tenían propiedades
en el extranjero y su único patrimonio eran dos casitas, una en Córdoba y otra
en el centro del puerto. En el mundo de todos los demás, el matrimonio poseía
un imperio inmobiliario que se extiende por 12 ciudades y supera los mil
millones de pesos.
Ninguno de los ejemplos
anteriores es una exageración o un invento. Son, eso sí, botones de muestra del
Veracruz de Javier Duarte… el de los excesos. Su gobierno o, mejor dicho, su
círculo de familiares, cómplices y amigos, gastaba de forma obscena mientras el
estado se sumergía en la quiebra.
*****
Un exsecretario de Finanzas de
la administración de Duarte explicó, bajo condición de anonimato, que en
Veracruz había un “gobierno paralelo” compuesto por tres círculos, y que los
integrantes de esos círculos fueron en buena medida corresponsables de la
emergencia financiera y política en la que terminó sumergido el estado.
“Era como el infierno, pero de
Duarte”, le dijo este reportero al exfuncionario, quien asintió y luego mostró
algunos nombres sobre una hoja de papel.
El
“gobierno paralelo” lo integraba la red de cómplices de Duarte, de la cual
formaban parte figuras nacionales como José Murat y Enrique Jackson, y locales
como Érick Lagos, Alberto Silva Ramos, Édgar Spinoso, Marco Antonio Aguilar
Yunes, José Carvallo Delfín, Adolfo Mota, Noemí Guzmán, Antonio Tarek Abdalá,
Vicente Benítez, Juan Manuel del Castillo, Ricardo Sandoval y Gabriel Deantes.
Otro de los grupos estaba
formado por familiares y amigos íntimos. Ahí estaban Karime Macías y parte de
su familia, como Brenda Tubilla. En este círculo también estaba su amigo y
principal prestanombres, Moisés Mansur Cysneiros –presunto coordinador de los
desvíos a través de una red de prestanombres, empresas fachada y abogados–, y
los empresarios Jaime Porres Bueno y José Francisco García González –cuya
esposa remodeló la hacienda El Faunito, adquirida vía prestanombres por el
exgobernador.
El último grupo lo integraban
los empresarios y socios favoritos de Duarte. Aquí se ubicaban, según el
exfuncionario duartista, Rolando Reyes Kuri, agente aduanal; su hermano Javier
García Kuri, que era un constructor contratista; Enrique Cházaro Mabarak,
empresario gasero, fundador de Gas Mabarak S.A.; y Manolo Ruiz Falcón,
arquitecto favorecido con proyectos. Todas estas personas se encontraban, por
ejemplo, entre los invitados del exgobernador de Veracruz a la ya descrita
Feria de Sevilla entre abril y mayo de 2014.
Aunque Javier Duarte está
preso, las figuras clave que le ayudaron y se beneficiaron de las operaciones
ilegales duermen tranquilos. El único de los ya mencionados que está acusado
penalmente y con orden de aprehensión vigente –al menos hasta septiembre de
este año–, es Moisés Mansur Cysneiros, autoexiliado en Canadá junto con su
familia, en una ubicación ya conocida tanto por el actual gobierno de Veracruz
como por la PGR.
(…) Quien no ha cooperado para
nada con las autoridades, pero inexplicablemente no ha sido siquiera citada a
declarar como testigo, es Karime Macías. Desde 2016 las autoridades federales y
locales tienen pruebas de que ella participaba de forma activa en las
operaciones de lavado de dinero y que gozaba ampliamente de las propiedades
adquiridas con dichos recursos.
Luego de la detención y
encarcelamiento de Duarte la presión pública sobre las autoridades se ha
incrementado para que actúen sobre Karime Macías. El subprocurador de Delincuencia
Organizada declaró a esta investigación, en una entrevista sostenida en agosto
de 2017, que estaban esperando el “momento oportuno” para proceder. Por lo
menos hasta principios de octubre de 2017 ese “momento oportuno” no se ha
presentado.
(…) El velo de impunidad ha
cubierto no sólo a Karime, sino también a sus familiares, quienes fungieron
como prestanombres y se enriquecieron ilícitamente.
Entre los presuntos cómplices
que colaboraron con Duarte en las operaciones irregulares merecen mención especial
sus exfuncionarios. Entre todos ellos destaca el hoy diputado federal Antonio
Tarek Abdalá Saad.
Como ya
se ha mencionado fueron los propios excolaboradores del gobierno duartista los
que identificaron a Tarek Abdalá como el principal operador de los desvíos de
recursos a la red de empresas fantasma. Literalmente era quien autorizaba
la salida del dinero y lo transfería. Luego los administradores de las
distintas dependencias debían simular que las contrataban. Pero su papel no se
limitaba a eso.
En su confesión ante un juez,
Xóchitl Tress aseguró que Tarek Abdalá –por instrucción de Duarte– le entregó
directamente dinero en efectivo para la adquisición de su residencia en un
fraccionamiento de lujo en Boca del Río. También fue Tarek quien estuvo presente
en las gestiones para que una empresa fantasma, de las creadas por el despacho
del contador Víctor López Gachuz, cuya accionista era una militante de bajos
recursos del PRI, simulara una transferencia de recursos para la adquisición de
la referida propiedad.
Hay más. De acuerdo con los
datos a los que este autor tuvo acceso, en más de 80% de las denuncias penales
interpuestas por la ASF ante la PGR, Antonio Tarek Abdalá aparece como
principal responsable en los dictámenes técnicos. ¿Y qué ha pasado con Tarek?
Nada.
Gracias al voto de los
diputados del PRI, el 27 de abril de 2017 el Congreso rechazó darle trámite a
una solicitud de desafuero que había solicitado la Fiscalía de Veracruz, la
cual pretendía acusar a Tarek de desvíos por un monto superior a 23 mil
millones de pesos.
Pero el fuero constitucional
mantiene a salvo a varios posibles involucrados en los hechos irregulares. Poco
antes de 2015 algunos de los principales implicados acordaron que dejarían la
administración de Duarte y que buscarían convertirse en diputados federales, ya
fuera a través del PRI o de su aliado, el Partido Verde. Los que alcanzaron un
escaño, y por ende el fuero, son Érick Lagos, Alberto Silva, Édgar Spinoso,
Marco Antonio Aguilar Yunes, José Carvallo Delfín, Adolfo Mota, Noemí Guzmán y,
claro, Antonio Tarek Abdalá.
Con excepción de Aguilar Yunes
y Carvallo Delfín, los demás son exfuncionarios implicados –por lo menos por
omisión– en múltiples pagos a compañías fantasma.
Otro personaje que ha librado
la acción de la justicia es el hoy diputado local Vicente Benítez, también
tesorero en la administración de Duarte. Él fue despedido del cargo luego del
escándalo por el hallazgo de 25 millones de pesos del presupuesto de Veracruz,
ocultos dentro de unas maletas en el aeropuerto de Toluca en 2012. Dicho
traslado de dinero coincidía con la campaña electoral presidencial.
Benítez fue recontratado un año
después como subsecretario de Desarrollo Social de Veracruz y fue responsable
de anunciar un programa de tiendas comunitarias con precios preferenciales
denominadas Adelante. Como se reveló en el reportaje Las empresas fantasma de
Veracruz, esas tiendas nunca se pusieron en marcha, pero sí fueron usadas por
la Secretaría de Desarrollo Social para firmar contratos con compañías fachada.
Al principio de la
administración de Miguel Ángel Yunes se prometió que se procedería contra
Benítez; sin embargo, a lo largo de 2017 no ha ocurrido nada. La razón que
ofrece la Fiscalía de Veracruz para tal inacción legal es que las
investigaciones en su contra fueron atraídas por la PGR. No obstante, este
autor tiene información de fuentes directas que confirman que, por instrucción
del propio Yunes, esas pesquisas fueron detenidas.
(…) El fuero del que gozan
varios de los exfuncionarios del gobierno de Duarte concluirá en septiembre de
2018. Ése es un dato relevante para la justicia mexicana.
Todas las empresas fantasma
utilizadas en el gobierno de Duarte estaban legalmente constituidas en el
papel. Y en esta constitución la responsabilidad recae enteramente en un
notario que certifica la existencia de las personas que se presentan como socios,
las identifica y las compromete a que cumplan la función de las empresas que
están constituyendo.
Las reformas de los últimos
años en México y la preocupación por facilitar la apertura de negocios,
combinadas con la evolución de los sistemas tecnológicos, permiten a los
notarios, además, inscribir ante el SAT a las compañías que constituyen y
obtener su clave RFC. Luego de esto la persona designada ante ese notario como
representante legal de la compañía debe finiquitar el trámite ante Hacienda.
Las compañías fantasma que
fueron evidenciadas en el mencionado reportaje fueron constituidas por un grupo
de notarios que estaban ligados al propio exgobernador Javier Duarte, a su
antecesor Fidel Herrera y al PRI.
Por citar algunos ejemplos de
las personas involucradas está uno de los notarios involucrados, Francisco
Montes de Oca López, militante del PRI y quien ha ocupado diversos puestos
dentro del Comité Directivo Estatal de ese partido. Su hijo, Fernando Montes de
Oca Zárate, también es priista y como notario avaló la creación de compañías
fantasma; su notaría fue inaugurada por el exgobernador Fidel Herrera. Caso
similar es el de Jorge Monreal Montes de Oca, quien recibió su notaría en 2010,
último año del gobierno de Herrera.
Otro notario es Daniel Cordero
Gálvez, que constituyó varias compañías fachada y en el gobierno de Duarte fue
ratificado como titular de la notaría número 16. También Israel Ramos Mange,
que avaló compañías fachada y es hijo de Raúl Ramos Vicarte, funcionario de la
administración duartista que fue colocado al frente del Registro Público de la
Propiedad y Comercio de Veracruz.
Las investigaciones que el
autor ha llevado a cabo confirmaron que éstos y otros notarios avalaron 22
compañías fachada, además de 350 creadas por el despacho del contador Víctor
López Gachuz. Los notarios, sobre quienes no se ha procedido judicialmente, se
escudan en el hecho de que no se le puede prohibir a nadie la constitución de
una empresa, pues es un derecho ciudadano. Añaden que la verificación de los
domicilios de las compañías le corresponde al SAT.
Al respecto, Aristóteles Núñez,
exjefe del SAT, opinó distinto. Sostuvo que el notario, como representante
social, tiene la obligación de ir más allá y no avalar la creación de una
compañía cuando –como es el caso de Veracruz– las personas que se presentaban
como socios claramente no eran empresarios, sino gente de bajos recursos, que
incluso eran conducidos por otras personas.
(…) El extitular del SAT, que
estuvo al frente de la indagatoria oficial que confirmó que empresas
contratadas por el gobierno de Duarte eran, en efecto, fantasma, añadió: “Yo,
como notario, tengo que dar fe pública de la constitución de una sociedad, pero
también tengo que ver si la persona existe y ver si tiene las capacidades
productivas, intelectuales, económicas y sociales para desempeñar las
actividades que esa sociedad constituida pretende desempeñar. Si tiene la
experiencia, si no lo están usando. La ley castiga prestanombres…
“Curiosamente esos notarios
reciben sus autorizaciones al cierre de una administración, o al principio… y
hay que decirlo, son los pagos por los compromisos que se crean.”
(…) Uno de los despachos que
estuvo involucrado en la creación de una red de más de 350 compañías fantasma,
como ya se detalló, fue el de GLG Asesores Empresariales, encabezado por el
contador Víctor Manuel López Gachuz. Él y sus socios reclutaron un equipo de
abogados que a su vez se valieron de personas de bajos recursos para constituir
compañías fachada. La investigación del SAT derivó en que varios de esos
empleados o accionistas de bajo nivel fueran acusados de delitos fiscales,
aunque los principales responsables están impunes.
Este adelanto de libro se
publicó el 17 de diciembre de 2017 en la edición 2146 de la revista Proceso.
23 de diciembre de 2017
DETIENEN A JUAN ANTONIO NEMI DIB EN ATLIXCO, PUEBLA
El exsecretario de
Salud de Veracruz, Juan Antonio Nemi Dib, fue detenido este sábado por
elementos de la Fiscalía General del Estado, en Atlixco, Puebla. Toño Nemi está
acusado de un quebrando a las finanzas de SESVER, cuando se desempeñó como
secretario de Salud del gobierno estatal y coordinador de SESVER. En julio de
este año, un juez del estado ordenó la aprehensión de Juan Antonio Nemi Dib,
exfuncionario del gobierno de Javier Duarte, presuntamente ligado con un mal
manejo de recursos públicos en la construcción de un hospital infantil, así
como con la contratación de empresas fantasma.
De acuerdo con Animal Político,
la orden de aprehensión solicitada por la Fiscalía de Veracruz en contra de
Nemi Dib es por su presunta responsabilidad en dos delitos: abuso de autoridad
e incumplimiento de un deber legal. Estos delitos se desprenden de una de las
averiguaciones abiertas en su contra por la irregular construcción de un
hospital pediátrico en el estado, que nunca se terminó.
De acuerdo con la
evidencia recabada por la Fiscalía, cuando Nemi se desempeñó como secretario de
Salud de Veracruz, la dependencia a su cargo no actuó ni sancionó al empresario
César Morando Turrent, encargado de la construcción de la Torre Pediátrica en
Boca del Río, sino que por el contrario le siguieron entregando recursos, pese
a que la obra presentaba considerables inconsistencias y retrasos. Además los
recursos excedían al menos tres veces el costo original planteado para esta
construcción. Por este caso, en julio de este año fue detenido el empresario
Morando Turrent quien fue trasladado a un penal estatal. Sobre Nemi Dib la
Fiscalía señaló entonces que no había sido localizado aun en los domicilios que
las autoridades conocen por lo que oficialmente se le consideraba un prófugo de
la justicia.
LA CONEJA EN VERACRUZ
TEXTO IRREVERENTE
Por Andrés Timoteo
El golpe se dio en el norte pero tendrá
consecuencias en el sureste así como en otros puntos del país. En Chihuahua fue
detenido Alejandro Gutiérrez Gutiérrez, exsecretario general adjunto en el
Comité Ejecutivo Nacional del PRI, quien está acusado de desviar del
erario chihuahuense 250 millones de pesos en el 2016 para costear las campañas
priístas tanto en ese estado como en otras entidades que tuvieron comicios el
año pasado, en colusión con exgobernador Cesar Duarte Jaquez –hoy prófugo
de la justicia-
La aprehensión de Gutiérrez sucedió
tras la delación hecha, un par de días antes, por Javier Herrera Corral,
exsecretario de Hacienda en la administración de Duarte Jaquez, sobre la
triangulación de cientos de millones de pesos de las arcas de Chihuahua, Veracruz
y Tamaulipas hacia las campañas de tricolor. El chanchullo se hizo en acuerdo
con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) que presidía Luis
Videgaray, actual secretario de Relaciones Exteriores, y la dirigencia nacional
del PRI a cargo de Manlio Fabio Beltrones.
Ya está en curso una denuncia ante la
Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade) de la
PGR y al menos el escandalo –pues será muy difícil que prospere alguna pesquisa
judicial de gran calado- alcanzará a personajes de la jerarquía priísta y del
gobierno de Enrique Peña Nieto, comenzando –claro- por Videgaray, quien es el
poder tras el trono en México y titiritero del actual precandidato presidencial
de ese partido, José Antonio Meade, y al sonorense Beltrones.
Apodado como “La Coneja”, Alejandro
Gutiérrez es allegado personalísimo de Manlio Fabio Beltrones y su detención es
la punta de la madeja para confirmar lo que a nivel local –en Veracruz- habría
trascendido en algunos espacios de opinión y por una delación del exsecretario
estatal de Seguridad Pública, Arturo Bermúdez Zurita, quien está encarcelado en
el reclusorio de Pacho Viejo, sobre que Duarte de Ochoa también dispuso de
dinero público para fondear las campañas del tricolor.
El primero en dar la primicia del
asunto fue el periodista jalapeño, Edgar Hernández quien a mediados del mes de
mayo publicó en su columna “Línea Caliente” algunos pormenores de dos reuniones
celebradas los días 2 de marzo y 25 de abril del 2016 en Casa Veracruz donde
Duarte de Ochoa recibió a un enviado del entonces líder nacional del PRI,
Manlio Fabio Beltrones, que era Alejandro Gutiérrez “La Coneja” y al
exgobernador de Oaxaca y asesor del mandatario veracruzano, José Murat Casab
para ponerse de acuerdo en el robo de cientos de millones de pesos.
Todo está contenido en grabaciones de
videos, y en esos encuentros –uno de ellos fue una cena, según el columnista-
se afinó la “Operación Zafiro” que consistía en usar dinero público para
transferirlo al PRI en ese periodo electoral. Cuenta el periodista Hernández:
“En la cena de Casa Veracruz se habla de un apoyo de ‘cerca’ de 200 millones de
pesos en efectivo en maletas entregadas en el marco del convivio que se
prolongó hasta altas horas de la noche, mismo que fue grabado por el equipo de
Arturo Bermúdez, ex secretario de Seguridad Pública actualmente en prisión”.
La cena derivó en una puja por el monto
del dinero: “Murat, en una abierta defensa de Duarte a gritos, solo logró que
la puja no rebasara los 200 millones de pesos”. El dinero se entregó, pero el
PRI perdió en Veracruz y en otras entidades del país. ¿Por qué?, el columnista
señala: “La ‘Operación Zafiro’ no funcionaría debido a que el dinero fue
desviado por los operadores electorales de Manlio Fabio Beltrones. Nunca se
distribuyó, lo cual daría lugar a la estrepitosa derrota electoral que
prácticamente sacaría de la sucesión presidencial al dirigente tricolor”.
Un mes después de que fue publicado ese
texto periodístico, a mediados de junio pasado, el exsecretario de Seguridad
Pública –supuesto encargo de la filmación de los encuentros- confirmó la
especie y aseguró que habrían sido por lo menos mil 300 millones de pesos los
que se desviaron del erario veracruzano para la campañas del PRI, y de esos
“nada más 500 fueron para pagar el programita –Operación Zafiro- de Beltrones”,
asegura en un audio difundido en la prensa (el link es
https://youtu.be/dMMzss91diE).
El resto de los mil 300 millones de
pesos le habría sido entregado al entonces candidato a la gubernatura, Héctor
Yunes Landa, y especula que el dinero “no fluyó (a la campaña) como debería
fluir”, aludiendo de que esos recursos se los habrían quedado el senador Yunes
junto con dos de sus operadores, el publicista Fernando Vázquez Rigada y el
exdiputado local, Francisco Mora Domínguez.
Por ese asunto tendrá que haber
consecuencias legales para los implicados, especialmente para Héctor Yunes
quien usó dinero público para su proselitismo electoral. De hecho se espera que
en el 2018 la querella contra Yunes Landa sea desahogada por la Fiscalía
estatal, como sucedió en Chihuahua, donde gobierna el también panista Javier
Corral Jurado para encarcelar a “La Coneja”. En plena efervescencia electoral
le estallaría la bomba, aunque la principal víctima será el partido, el PRI, no
Yunes Landa pues él no será candidato por más pantomimas que haga.
Aún más, sí Yunes Landa asume la
coordinación de la campaña de José Yunes Zorrilla -como se rumora que será el
premio de consolación- , entonces el peroteño será una víctima colateral
de la barahúnda judicial. De ahí la versión de que a Yunes Landa se le excluirá
de todo asunto electoral para el 2018 y terminara siendo una especie de
apestado político que perjudicará a todo aquel aspirante al que se le arrime.
De esta manera, en Veracruz
detonaría el segundo misil contra el PRI nacional y hay suficiente “pólvora” en
los audios y videos que ordenó grabar Duarte de Ochoa -se habla de 34 cintas-
que “quemarán” a varios. Por lo pronto, el primer obús ya estalló en Chihuahua
con la detención de Alejandro Gutiérrez, pero “La Coneja” fue prolifera porque
en Veracruz parió gazapos retorcidos, carne para el asador –o mejor dicho, para
las rejas-. Solo es cuestión de tiempo y de jalar la madeja.
Envoyé depuis Paris, France.
LA CAPTURA DEL PRIISTA ALEJANDRO GUTIÉRREZ DESTAPÓ UNA CLOACA DE CORRUPCIÓN PARA TRIANGULAR RECURSOS PÚBLICOS A CAMPAÑAS DEL PRI EN 2016.
ALEJANDRO GUTIÉRREZ ERA EL OPERADOR FINANCIERO DEL PRI. DECLARO
QUE HABÍA UN ACUERDO CON LA SECRETARÍA DE HACIENDA FEDERAL PARA QUE A TRAVÉS DE
TRES ESTADOS, SIENDO ESTOS VERACRUZ, TAMAULIPAS Y CHIHUAHUA, APOYARAN CON LA
OPERACIÓN ELECTORAL A NIVEL NACIONAL DEL AÑO 2016 PARA AQUELLOS ESTADOS EN
DONDE NO SE TENÍAN GOBIERNOS PRIISTAS, Y REQUERÍAN RECURSOS.
A siete meses de las elecciones presidenciales el escándalo
del desvió de recursos públicos desde la Secretaría de Hacienda al Partido
Revolucionario Institucional (PRI), toma un nuevo rumbo y ahora involucra a
Alejandro Gutiérrez Gutiérrez, principal operador de Manlio Fabio Beltrones y
ex secretario del PRI, señalado en la triangulación de recursos públicos a
campañas estatales del tricolor, fue detenido. Así lo informó el Gobernador de
Chihuahua, Javier Corral, quien detalló que la acción se dio en un operativo
conjunto de las policías Federal y Estatal.
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