El outsourcing se ha convertido en una verdadera maldición para los
trabajadores mexicanos pues permite su empleo sin que las empresas para las que
laboran se responsabilicen por ellos. Foto: Cuartoscuro
En diciembre, y mientras se discutía la Ley de Seguridad Interior, los
representantes de la CTM y la CROC, Tereso Medina Ramírez e Isaías González
Cuevas, presentaron una iniciativa para reformar la Ley Federal del trabajo;
entre las propuestas de la reforma sobresale la eliminación de los candados a
la libre subcontratación de empleados.
Esa relación laboral se llama outsourcing, y se ha convertido en una
verdadera maldición para los trabajadores mexicanos pues permite su empleo sin
que las empresas para las que laboran se responsabilicen por ellos.
La actual redacción del artículo 15 de la Ley Federal del Trabajo
permite el uso de la subcontratación solamente en casos excepcionales: Una
empresa puede usar a otra como intermediaria para servicios auxiliares y
secundarios al objeto de producción o servicios de la empresa, por ejemplo
puede emplear a una firma de seguridad, servicios de limpieza o de
mantenimiento.
Si la propuesta de los dirigentes obreros de la CTM y la CROC sale
adelante, los trabajadores que producen motores para cualquier empresa
transnacional pertenecerán a la firma intermediaria y, como la intermediaria no
genera ganancias, sus empleados no recibirán la repartición de utilidades
conforme lo dice la ley. Esta práctica y muchas más se utilizarán para
empobrecer aún más las condiciones de labor en México.
Hasta la fecha, y pese a que la figura está limitada, las autoridades
laborales han permitido que el outsourcing funcione con toda libertad acá en
Ciudad Juárez; veamos como funciona en la vida real este esquema jurídico de
sobreexplotación, y pongamos un ejemplo real con el nombre verdadero de la
empresa que lo usa.
Cuando BlackBerry decidió producir sus móviles en Ciudad Juárez,
contrató a una empresa maquiladora llamada Winstron; esta por su lado tampoco
quiso asumir la responsabilidad de sus trabajadores y contrato dos empresas
intermediarias: APSIS, con sede en Guadalajara, y otra identificada como
Múltiple, con sede en Torreón Coahuila. Ambas con domicilios en Ciudad Juárez y
con una oficina para contratar personal en la planta de Winstron.
Cuando BlackBerry terminó con sus operaciones en Juárez, Winstron
decidió despedir a los empleados que utilizaba para producir los teléfonos; hay
que aclarar que Winstron produce también lavadoras para Whirlpool y está
buscando contratos con empresas mexicanas para producirles servidores.
Winstron le informó a los trabajadores despedidos que no tenía ningún
compromiso con ellos porque eran empleados de agencia, que en todo caso le
reclamaran a APSIS o Múltiple; y aunque algunos llegaron a acuerdos
conciliatorios con las agencias, muchos no aceptaron lo que les ofrecían y
decidieron tramitar el juicio laboral previsto en la ley. La demanda inició
hace casi un año.
Todo juicio laboral empieza con una notificación a la empresa mediante
una copia del escrito de demanda del trabajador y la ley establece que esta
notificación se debe hacer en el lugar de trabajo, que en este caso es el
edificio donde se producían los celulares: La empresa Winstron.
Sin embargo la Junta de Conciliación y Arbitraje de Ciudad Juárez exige
que se notifique a la firma de outsourcing en su domicilio de negocios, lo que
acaba protegiendo no sólo a Winstron sino también a Apsis y a Múltiple, pues
cuando la Junta va a los domicilios de las agencias, descubre que no existen
(porque los administradores cambian los números exteriores del edificio donde
se localizan).
Debido a que no se ha podido notificar al patrón, los que trabajaron
para BlackBerry contratados por Winstron a través de las agencias APSIS y
Múltiple no han podido iniciar su juicio. La Junta de Conciliación, que depende
del Departamento de Trabajo del Estado de Chihuahua, más bien parece tapadera
para empresas ilegales.
Si así son las cosas, aún cuando están limitadas legalmente las firmas
de outsourcing, ¿cómo serán cuando se les autorice su funcionamiento libre,
como lo piden los senadores priistas? Estaremos a un paso de la esclavitud.
Miguel
Ángel Yunes presume que su gobierno combate la corrupción, procura la
transparencia y la rendición de cuentas en Veracruz, pero él mismo y su
patrimonio son opacos. Una investigación de la Organización Nacional Anticorrupción (ONEA México) muestra
que las declaraciones públicas que el gobernador ha hecho sobre su patrimonio
no coinciden con la realidad. Pero ni la Procuraduría General de la
República ni la Secretaría de la Función Pública han querido manchar “el buen
nombre” del gobernador, a pesar de las denuncias que se han presentado en su
contra.
El gobernador de Veracruz Miguel Ángel Yunes
Linares posee un departamento que no incluyó en su declaración “3 de 3”, por el
que pagó más de cinco millones de pesos; además, con un mecanismo simple,
omitió hacerse cargo de dos propiedades más, la casa donde vive y un predio:
las compró y registró a nombre de una de las empresas en las que es socio, pero
no las asume como propias en el documento que presentó a Transparencia Mexicana
y al Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO).
En
enero del 2016, cuando era diputado federal, sólo incluyó en su “3 de 3” un
departamento en el condominio “The Mark On Brickell Condo”, en Miami. Sobre el
mar, con piscina y cancha de tenis, Yunes lo compró en enero de 2001 por
382.900 dólares. Lo registró a nombre suyo y de su esposa, Leticia Márquez.
La Ley “3 de 3” nació en México para obligar a políticos y
funcionarios a transparentar su patrimonio. En el artículo 60 refiere que
incurre en “enriquecimiento oculto” el servidor público “que falte a la
veracidad en la presentación de las declaraciones de situación patrimonial o de
intereses, que tenga como fin ocultar el incremento en su patrimonio o el uso y
disfrute de bienes o servicios que no sea explicable o justificable”.
La empresa con la que Yunes compró las
dos propiedades que no aparecen en su declaración es Veracruzana de Bienes
Inmuebles SA de CV, registrada en la ciudad de Veracruz en marzo de 1981 con el
objeto de construir, comprar, vender y arrendar toda clase de bienes inmuebles.
Desde 1994, Yunes figura con el 50% del paquete accionario. La otra mitad es de
su esposa, Leticia Márquez Mora.
Una de las propiedades que Yunes no declara como propia, aunque
reconoce que disfruta del inmueble, es la casa donde vive. La residencia de
playa fue inscrita en el Registro Público de la Propiedad y el Comercio de
Veracruz en abril del 2010, situada en el exclusivo Club de Golf La Villa Rica,
a media hora del centro histórico del Puerto de Veracruz.
La tasación no está clara pero
tiene tres niveles de construcción, grandes espacios de jardín en su interior,
cochera para cuando menos siete vehículos, salón de recepción en jardín con
palapa para eventos sociales, alberca con terraza y acceso con muelle para
motos acuáticas y yates que navegan en El Estero, un afluente que con el Río
Jamapa desemboca en el Golfo de México.
Desde
que Yunes se convirtió en gobernador de Veracruz, la casa es vigilada por
elementos del agrupamiento marítimo de la Fuerza Civil, un cuerpo élite de la
Secretaría de Seguridad Pública estatal.
Otra propiedad bajo ese mismo mecanismo
está en la ciudad de Boca del Río, en una zona de clase alta llamada Costa
Verde. La última valuación es de enero de 2008 y la cotizaba en 2.300.000 pesos
(177.000 USD de ese entonces). Es un predio rústico de 500 metros cuadrados.
La propiedad que ni siquiera incluyó en su
declaración “3 de 3” la compró en febrero del 2010. Es un departamento en el
condominio Torre Vlu de un fraccionamiento de clase alta llamado Costa de Oro
en la ciudad de Boca del Río. Un documento notarial revela que la transacción
fue por más de cinco millones de pesos (unos 400.000 USD).
En los 14 meses al frente del Gobierno
de Veracruz, distintos actores políticos mantienen cuestionamientos públicos
por la opacidad del patrimonio de Yunes. Lo que es seguro es que el político
del PAN no declaró bienes que disfruta. Esa acción, según la ley “3 de 3”,
constituye el delito de “enriquecimiento oculto”.
Yunes ingresó a la vida política con
apenas 17 años cuando estudiaba abogacía y se afilió al Partido Revolucionario
Institucional (PRI) en 1969. Lo primero que hizo fue dirigir el Frente
Renovador Estudiantil Veracruzano y, de ahí en más, nunca paró: fue asesor
jurídico del entonces gobernador de Veracruz, Rafael Hernández Ochoa, en 1975;
subdirector de Patrimonio, procurador fiscal, hasta ser electo diputado, en
1980. Antes de dirigir el PRI estatal, en 1997, fungió como secretario de
Gobierno.
Mientras su perfil político crecía,
Yunes también le apostaba al ramo empresarial. En marzo de 1981 constituyó con
sus seis hermanos la primera de tres empresas en las que tiene participación
accionaria: Veracruzana de Bienes Inmuebles SA de CV, a nombre de la
que compró las dos propiedades que no asume como propias en la “3 de 3”.
En 2004 renunció a 35 años de militancia en el PRI
y llegó el gran salto político para Yunes: desde ese año apareció en cargos
federales, hasta que en el 2008 se afilió al Partido Acción Nacional (PAN) y,
con eso, alcanzó cargos de mayor jerarquía.
El
primero fue la dirección general del Instituto de Seguridad y Servicios
Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), donde recibió
cuestionamientos por otorgar cuatro contratos multianuales a cuatro empresas para
operar la cadena de medicamentos.
En
la revisión de la cuenta pública 2010, la Auditoría Superior de la Federación
(ASF) detectó que el ISSSTE compró medicamentos con sobrecosto que superaban 10
veces los precios de mercado. Un daño patrimonial de 159 millones de pesos (9
millones de dólares) “por no considerar el menor precio ofertado”, según el
informe oficial de la ASF.
No
está claro si hubo procedimientos administrativos iniciados en la Secretaría de
la Función Pública (SFP) en contra de Yunes por las irregularidades detectadas
en el 2010, antes de que Yunes renunciara al cargo para competir la primera vez
por la gobernación de Veracruz. La dependencia respondió que pronunciarse al respecto
violaría el “buen nombre y reputación” del ex director del ISSSTE, por lo que
clasificó como “confidencial” esa información solicitada vía Transparencia.
Pero
el nombre del político del PAN se ha visto involucrado en otras investigaciones.
DENUNCIAS POR ENRIQUECIMIENTO ILÍCITO
En contra de Miguel Ángel Yunes hay tres denuncias penales
interpuestas ante la Procuraduría General de la República (PGR), todas previas
al 1 de diciembre del 2016 cuando comenzó a gobernar Veracruz por una alianza
del PAN y del Partido de la Revolución Democrática (PRD).
La primera la presentó el 16 de
mayo del 2013 el expresidente nacional del PAN, Manuel Espino Barrientos, por
presunta comisión del delito de enriquecimiento ilícito. En el documento,
Espino Barrientos indica que entre 2003 y 2010 Yunes y su familia compraron
propiedades inmobiliarias en las ciudades de Veracruz, Boca del Río, Alvarado y
Ciudad de México, a través de empresas en las que es accionista.
A
pesar de las exigencias del denunciante, tras cuatro años de presentada, la
averiguación en la Procuraduría no avanzó.
La segunda denuncia fue presentada el 5
de agosto del 2016 por el ex gobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa,
detenido desde abril del 2017 por operaciones de lavado de dinero y
delincuencia organizada. Duarte lo acusó de comprar, a través de su familia y
empresas, al menos 26 propiedades —de las cuales nueve serían de Veracruzana de
Bienes Inmuebles SA de CV— por más de 400 millones de pesos.
La tercera es del 8 de agosto del 2016.
La presentó el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) por la
presunta comisión de los delitos de lavado de dinero y enriquecimiento ilícito.
La agrupación sostiene que Yunes
utilizó las empresas Cobranza y Recuperación SA de CV, Corporate Linkage SA de
CV e Intermediación Corporativa SA de CV para recibir comisiones irregulares de
la compañía Consupago SA de CV, beneficiada por Yunes con un contrato de
prestación de servicios financieros en sus cuatro años al frente del ISSSTE.
Ninguna de las tres avanzaron en la
Justicia. ¿Por qué? La PGR no lo aclara: respondió a una solicitud de
información que emitir pronunciamiento sobre el estado que guardan las
denuncias penales en contra de Yunes “afectarían su intimidad, prestigio y buen
nombre”.
Espino Barrientos cree que su denuncia
no avanzó porque Yunes mantiene una “red de complicidades con priistas que
fueron sus aliados en ese partido y, ahora, con la cúpula de Acción Nacional”.
Así lo explica el diputado independiente que ocupó desde 1989 cargos directivos
en el PAN hasta que renunció en 2007:
“En mayo del 2016 le envié a la procuradora Arely
Gómez una carta para comparecer ante el Ministerio Público y dar seguimiento a
la denuncia penal que interpuse en el 2013 (…) Y no avanzó con Murillo Karam
porque ambos fueron correligionarios priistas, amigos”
Manuel
Espino
Para Espino Barrientos, además, son
“los hermanos Fernando y Miguel Ángel Yunes Márquez quienes procuran impunidad
para su padre”.
Fernando fue senador de la República
del PAN y ocupó hasta febrero del 2017 la presidencia de las comisiones de la
Defensa Nacional y de Justicia, por las que mantuvo relaciones institucionales
con la ex procuradora Arely Gómez. El 31 de diciembre pasado asumió la alcaldía
del Puerto de Veracruz.
Ese mismo día, Miguel Ángel Yunes Márquez concluyó
su periodo de cuatro años como presidente municipal de Boca del Río, cargo que
ocupó también del 2007 al 2010. Fue diputado en el Congreso de Veracruz del
2004 al 2007 y ahora es precandidato del PAN a la gubernatura del estado que se
disputará éste año, cuando se elegirá al sucesor de su padre.
Imagenes
cortesía fotojarocha.com
Para este reportaje, ONEA
México envió un cuestionario a la Coordinación General de Comunicación
Social del Gobierno de Veracruz, de la que es titular Elías Asaad Danini, para
que Yunes Linares diera su versión pero hasta la fecha de la publicación no
había respondido.
En tanto, las declaraciones públicas de Yunes no
coinciden con la realidad y los cuestionamientos sobre la opacidad de su
patrimonio permanecen. Lo que también es seguro es que la justicia no se
pronuncia sobre las denuncias penales.
Este
reportaje fue realizado por Israel Roldán para la Organización Nacional
Anticorrupción (ONEA México) en el marco de la Iniciativa para el
Periodismo de Investigación en las Américas, del International Center
for Journalists (ICFJ), en alianza con CONNECTAS.
Inspectores de
comercio Ayuntamiento se dedican a amenazar a expendedores de conocido periódico
de la Ciudad de Córdoba de la Ciudad de Córdoba, Veracruz. Sin embargo no
molestan a los expendios que ofrecen el periódico de José y Paulina Abella, esta
última directora de desarrollo social de ese mismo ayuntamiento, que por cierto
hoy ese rotativo mantiene silencio ante las acciones represivas contra humildes vendedrores ambulantes y expendedores de periodicos por parte de la autoridad
municipal.
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ACOSAN A VOCEADORES; ‘NO EXHIBAN EL MUNDO’
El
Ayuntamiento que preside Leticia López Landero inició un operativo contra los
voceadores. La instrucción de los inspectores de la Dirección de Comercio es
intervenir a quienes se dedican a la venta de periódicos y revistas en la vía
pública, para obligarlos a retirar los exhibidores de El Mundo, sin presentar
un argumento válido.
Desde ayer, los funcionarios
encargados de “mantener el orden” de la actividad comercial, recorrieron los
puestos de periódicos de la avenida 11 y calle 10; la avenida 1, entre calles 5
y 7, así como a la altura de Dos Caminos, cercano a Santa Leticia.
La orden de los inspectores, de
acuerdo a voceadores que se quejaron, es que de no retirar sus estructuras
metálicas pintadas con la marca de Diario El Mundo, serán quitadas con sierra
eléctrica en un operativo especial nocturno que montará el Municipio.
Violan la ley
Abogados señalan que el
Ayuntamiento no debe establecer monopolios de empresas en cuanto a la venta de
periódicos, además de que en caso que el reglamento sólo se aplique a una
editorial, lo estarían violando.
Ayer un grupo de inspectores
amedrentó a un voceador para que retirara el exhibidor, así como el periódico
que mostraba y de acuerdo con el trabajador no es la primera vez que se lo
exigen, esto para dar prioridad a otro diario local.
“El reglamento debe ser parejo,
no debe haber distinción de editorial porque si se va a aplicar debe ser por
igual como lo marca la ley, si lo van a aplicar para una sola editorial, con
todo respeto para los inspectores y el director de Comercio está mal. No pueden
decir a ti te dejo y a ti te quito, se estaría violentando (la ley)”, señaló el
abogado Ángel Seráfico Trejo.
El litigante indicó que
dependiendo del reglamento de Comercio se debe estipular la colocación de
exhibidores, ya que no deben obstruir la vialidad, pero de aplicarlo sólo a una
empresa, estarían incumpliendo la ley.
La vocera oficial de la
Federación Nacional del Colegio de Abogados de la República Mexicana, Heidi
Zamorano Ardón, indicó que la Ley de Comunicación no lo establece así, en
cuanto a la distribución de un periódico impreso no se necesita un permiso
especial y transgreden la disponibilidad del periódico y no puede haber
monopolios.
“Pero respecto a la publicidad de
revistas y periódicos es la libertad de prensa, mientras no atropelle ni
transgreda ciertas condiciones de perjudicar el libre tránsito o que quiten la
visibilidad, no necesitan un requisito de Ley ni derecho de piso, porque son
centros de información”, enfatizó.
#IMPRESO Acosan
a voceadores; ‘no exhiban El Mundo’
Córdoba.- El
Ayuntamiento que preside Leticia López Landero inició un operativo contra los
voceadores. La instrucción de los inspectores de la Dirección de Comercio es
intervenir a quienes se dedican a la venta de periódicos y revistas en la vía
pública, para obligarlos a retirar los exhibidores de El Mundo, sin presentar
un argumento válido...
!!!DEPARTAMENTO DE COMERCIO DE CÓRDOBA EMITE COMUNICADO: TRAS INCIDENTE CON VOCEADOR!!!
La
dependencia municipal explica que se trata de una serie de disposiciones que se están aplicando en la entidad para regular diversas actividades
comerciales...NO ES CON EL OBJETIVO DE EVITAR QUE SE VENDA O LIMITE LA CIRCULACIÓN DE LA PRENSA ESCRITA EN LAS CALELS DE LA CIUDAD ***
Miguel
Gerazano amigo íntimo de Eduardo Luz Ulluoa, esposo de la alcaldesa.
Córdoba, Ver. (09/Febrero/2018).-
Contrario a su discurso de ser defensora y promotora de las mujeres, la
alcaldesa panista Leticia López Landero, tiene en su primer círculo de
funcionarios municipales -amigos suyos o de su familia- que son adictos a la
violencia sexual o familiar, empezando por su Director del Instituto de la
Juventud Cordobesa, Juan Carlos Castellanos.
Ahora, la tarde del jueves 08 de
febrero, quien acudió a la Fiscalía para atender una demanda por violencia
familiar y la seguridad sexual fue el funcionario de la Coordinación de
Desarrollo Social del Ayuntamiento de Córdoba, Miguel Gerezano Arreola.
Miguel Gerezano,
conocido panista de la zona de El Palomar o panteón municipal, dedicado al
reciclaje de basura, compareció ante la Fiscalía y se mostró nervioso ante la
presencia de los medios de comunicación.
Conforme al nuevo sistema de justicia penal hubo secrecía en las
diligencias ministeriales, pero el funcionario municipal panista llamó la
atención por su nerviosismo.
La ahora presidenta municipal panista de Córdoba, Leticia López
Landero desde sus tiempos de Diputada Federal enarbola la bandera de luchadora
social a favor de las mujeres y cada vez que puede se muestra como “una
aguerrida” defensora de los derechos femeniles. Pero la realidad es otra.
El caso más grave lo presenta el Director del Instituto de la
Juventud Cordobesa, Juan Carlos Castellanos, quien en el 2014 fue denunciado
por una estudiante del CBTIS 47 de hostigamiento sexual cuando ella realizaba
su servicio en Obras Públicas área donde entonces se encontraba el ahora
director.
En el 2016, nuevamente fue denunciado penalmente por abuso sexual
en agravio de otra joven empleada municipal, iniciándose la carpeta de
investigación 1857/2016.
Ambas carpetas siguen sin resolverse y están frenadas en la
Fiscalía. Lety Luz López, la hija de la alcaldesa, “apadrina” ahora al joven
funcionario de Lety López.
Mientras
en Coatzacoalcos intentaron secuestrar a una persona en la calle Zempoala y
Teotihuacán de la colonia Teresa Morales de Delgado, en el puerto de Veracruz
continúan desaparecidas las 4 personas reportadas desde el pasado 3 de febrero,
de las cuales, según los informes de familiares, al menos 3 de ellas habrían
sido intervenidas por una patrulla de alguna corporación policiaca. Con base en
la información difundida en redes sociales y a través de los medios, Julieta
Gómez Güemes viajó de la capital del país a Veracruz el 3 de febrero para
reunirse con sus amigos Julián Antonio León Guzmán y Maricela Sarmiento
Villalobos, el primero sobrino del alcalde de Paso del Macho, Fernando León.
Ese mismo día se trasladaron a una fiesta, y desde entonces no se sabe nada de
ellos. Según las denuncias, alrededor de las 21:00 horas, una patrulla les
habría marcado el alto – aunque se desconoce el punto exacto de la detención–;
después de eso, los familiares perdieron comunicación con las tres personas. En
otro hecho, una cuarta persona fue reportada desaparecida el mismo sábado y
casi a la misma hora, según reportó. Se trata del joven Julio César Hermida
Viñas, quien desapareció tras salir de su casa también en la ciudad de
Veracruz. Según dijo, se reuniría con sus amigos en un restaurante de la zona
conurbada, a donde nunca llegó. Julio César es egresado de la licenciatura en
Nutrición de la Universidad Veracruzana, y antes de desaparecer acudió a
realizar su servicio social en el centro de salud Amapolas.
Por este caso
familiares y ciudadanos emprendieron una serie de protestas para exigir su
aparición con vida. Por otra parte, en la carretera Omealca- Yanga continúan
los asaltos a los automovilistas convirtiendo a esta ruta de la zona centro en
una de las más peligrosas por las noches. Tan solo este fin de semana los
tripulantes de dos taxis colectivos fueron asaltados alrededor de las 21 horas,
entre los límites de Cuitláhuac y Yanga, a la altura de San José del Corral,
cuando un grupo de presuntos ladrones encapuchados atravesaron troncos en la
carretera y asaltaron a los usuarios. De acuerdo con los reportes, los
delincuentes aprovechan que algunas de las unidades de alquiler son irregulares
razón por la que sus propietarios no presentan denuncia.
El menor pidió a la profesora poder asistir con su hermano de un
año, pues no había quien lo cuidara y no quiso perder clases.
Filipinas.- Un niño de 7 años de edad, que radica en Filipinas, fue captado con
su hermano menor en brazos, mientras apunta en una liberta durante lo que
parece ser una clase escolar.
La historia de Justin -nombre del menor- se ha viralizado luego de
que se captara la imagen por una de sus maestras, la profesora Ma’am Lei, del
colegio Salvación Elementary School, de Filipinas.
La propia profesora manifestó admiración por la determinación de Justin para
asistir a clases, pues el niño dijo que no quería perder clases aunque le
encomendaron cuidar de su hermanito.
“No quiero ausentarme, señorita. Traeré a mi hermano de un año
porque mi abuela tiene que trabajar en la granja y nadie se puede quedar a
cuidarlo”, le dijo el niño a la profesora.
LO QUE
DICE RICARDO ANAYA ANTES Y DESPUÉS DE APROBAR LA REFORMA ENERGÉTICA
RICARDO
ANAYA APOYÓ LA REFORMA ENERGÉTICA SIENDO PRESIDENTE DEL CONGRESO Y HOY NO SE
ACUERDA…
En medio de la discusión entre panistas y priistas
sobre quién es responsable por el incremento de los combustibles, y como
consecuencia de decenas de productos de la canasta básica, a cuatro años de la
aprobación de la Reforma Energética, legisladores del partido Movimiento
Regeneración Nacional, entre ellos Rocío Nahle García, coordinadora de la
bancada en San Lázaro y quien sería la Secretaria de Energía en el Gabinete de
Andrés Manuel López Obrador de ganar la Presidencia de la República en los
comicios de este año, les recuerdan a Ricardo Anaya Cortés, precandidato a la
Presidencia de la coalición Por México al Frente, y a José Antonio Meade
Kuribreña, abanderado de la fórmula “Meade Ciudadano por México” encabezada ñor
el PRI, que a la “gente no se le puede engañar” y que México sabe que ellos
fueron los artífices de la reforma que prometió bajar los precios de la luz, la
gasolina y el gas.
“Es insultante
para la inteligencia de los mexicanos ver a los panistas peleándose entre ellos
para ver quién es más traidor, o a los priistas en el mismo sentido”, dice la
Diputada federal en entrevista con SinEmbargo.
