Al menos 117 integrantes del Congreso
Nacional Indígena han sido asesinados desde su fundación en 1996. Otros 11 se
encuentran desaparecidos. Diez de los asesinatos ocurrieron durante los
primeros 5 meses del gobierno de López Obrador. Para la organización indígena,
es el peor inicio de sexenio al que se enfrenta.
El
Congreso Nacional Indígena (CNI) se encuentra bajo fuego. Está ante el peor
inicio de un sexenio desde que fuera fundado el 12 de octubre de 1996. Andrés
Manuel López Obrador cumple medio año de haber asumido la Presidencia de la
República, tiempo en el que 10 casos se sumaron a la larga lista de asesinatos
y desapariciones contra activistas indígenas de esta organización: un nahua de
Colima, cuatro nahuas de Guerrero, un tsotsil de Chiapas, un me’phaa de
Guerrero, un nahua de Morelos y dos choles de Chiapas. Todos, activistas en la
defensa de su cultura, sus montes y sus aguas.
Los perpetradores de tales crímenes se
permitieron la saña de quienes se saben impunes. Algunos de los muertos fueron
torturados y descuartizados. A otros se les ultimó en las inmediaciones de sus
domicilios. Otros más fueron emboscados. Nadie ha sido detenido por estos
asesinatos y las investigaciones no avanzan. La muerte, en lo que va de la
“cuarta transformación”, tiene permiso si de indígenas rebeldes se trata.
Invariablemente, las comunidades que lloran
a estos 10 asesinados están en procesos de resistencia contra megaproyectos que
buscan cercenar territorios indígenas y que atentan contra la subsistencia de
sus culturas. Sus tierras están en disputa, ya sea como fuente de recursos
naturales (minería, carreteras, termoeléctrica) que como zona de trasiego de
drogas, personas y armas.
La violencia se recrudece, pero no es
nueva, señala Carlos González, nahua de Jalisco, abogado especialista en
derecho agrario. Explica que lo que viven los pueblos indígenas es una “guerra
permanente”. En entrevista con Contralínea, el integrante
de la Coordinación del Concejo Indígena de Gobierno del CNI abunda en que las
agresiones contra las comunidades son parte de “una política sistemática y
perfectamente planificada para destruir y para exterminar a los pueblos indígenas”.
Explica que por ello el CNI busca
“articular una política nacional de resistencia, a través del Concejo Indígena
de Gobierno”.
Un recuento no exhaustivo, con datos del
CNI, arroja 117 asesinatos y 11 desapariciones contra sus integrantes, desde que
fue fundado en 1996. La cifra real es mayor, porque en esta lista tentativa
generalmente sólo aparecen aquellos que tenían responsabilidades políticas y/o
operativas. Faltan los nombres de quienes resultaron muertos y resistían desde
sus milpas, sus ceremonias, sus labores cotidianas.
El peor año para las comunidades del
Congreso Nacional Indígena ha sido 1997. En una sola acción, paramilitares del
grupo priísta Máscara Roja, masacraron a 49 indígenas en Acteal, Chiapas, el 22
de diciembre. Entonces el CNI cumplía 1 año con 2 meses.
De la lista preliminar de asesinados, en
construcción en el CNI, se contabilizan: 51 tsotsiles (de tres comunidades de
Chiapas); 33 nahuas (22 de Michoacán, cinco de Jalisco, cuatro de Guerrero, uno
de Morelos y uno de Colima); seis binnizá (de dos comunidades de Oaxaca); seis
choles (de tres comunidades de Chiapas); cinco purépechas (de dos comunidades
de Michoacán); cinco chontales (de dos comunidades de Oaxaca); tres triquis (de
dos comunidades de Oaxaca); tres tseltales (de dos comunidades de Chiapas); dos
chinantecos (Oaxaca) una nu’saavi (Oaxaca), un me’phaa, un mixe (Oaxaca).
Las 11 personas indígenas integrantes del
CNI desaparecidas son 10 nahuas de Michoacán, Jalisco, Veracruz y Puebla y un
indígena oaxaqueño desaparecido en la Ciudad de México.
Por estado de la República, son 60
indígenas asesinados de Chiapas; 27 de Michoacán; 18 de Oaxaca; cinco de
Guerrero; cinco de Jalisco; uno de Morelos, y uno de Colima. Los desaparecidos
son cinco de Michoacán; dos de Jalisco; dos de Veracruz; uno de Oaxaca, y uno
de Puebla. La mayoría de estos desaparecidos han superado los 7 años de que no
se sepa nada de ellos.
El doctor Gilberto López y Rivas considera
que México es el paradigma mundial de un tipo de contrainsurgencia, la que se
ejerce contra los pueblos indígenas. Dentro de esta guerra, se encuentra un
componente: el del combate a las drogas, que en realidad no combate al crimen
organizado sino que lo utiliza de pretexto y es el propio Estado mexicano el
que se convierte en mafioso y delincuencial. Por ello, las agresiones del
narcotráfico y otras expresiones del crimen organizado contra las comunidades
en resistencia deben ser consideradas parte de la misma guerra contrainsurgente
que les hace el Estado mexicano.
Señala que del nuevo gobierno federal,
encabezado por Andrés Manuel López Obrador, los pueblos indígenas no pueden
esperar un cambio a su favor. Cuestiona una supuetsa militancia de izquierda
del hoy presidente de la República, pues todo su proyecto de gobierno se inscribe
en los márgenes del neoliberalismo.
Explica que incluso el modo de producción y
modelo económico vigente en México es el del llamado “necrocapitalismo”, un
capitalismo basado en la muerte, la destrucción y la guerra. De acuerdo con el
antropólogo, la lucha de los pueblos indígenas es la respuesta a un proceso de
recolonización de los territorios, ahora no a nombre de una Corona o gobierno
extranjero, sino de las empresas; “y dentro de ellas, la gran corporación
capitalista que es el crimen organizado”.
Considera que la “cuarta transformación”
vendrá a “acentuar las políticas de despojo. Y la Guardia Nacional es un
instrumento de cómo controlar un país por la vía de los militares que ni
soñaron Fox, Calderón o Peña Nieto”.
Diez asesinados desde diciembre
Los asesinados durante el
actual sexenio de Andrés Manuel López Obrador son Noé Jiménez Pablo, Santiago
Gómez Álvarez, Samir Flores Soberanes, Julián Cortés Flores, Ignacio Pérez
Girón, José Lucio Bartolo Faustino, Modesto Verales Sebastián, Bartolo Hilario
Morales, Isaías Xanteco Ahuejote y un joven nahua colimense.
Noé Jiménez Pablo,
dirigente chol del Movimiento Campesino Regional Independiente, organización
adherida a la Coordinadora Nacional Plan de Ayala Movimiento Nacional
(Mocri-CNPA MM), fue secuestrado el 17 de enero pasado en Tuxtla Gutiérrez,
Chiapas, junto con el militante de la misma organización Santiago Gómez
Álvarez. Un comando armado irrumpió en el plantón que la organización mantenía
en el palacio municipal de Amatán y se llevó aproximadamente a 50 personas.
Todas fueron apareciendo,
con la excepción de Noé y Santiago. Sus cuerpos fueron encontrados desfigurados
por la tortura un día después, en un basurero a 3 kilómetros de la cabecera de
Amatán. Sus captores les dieron tormento con ácido. Por esos sus rostros
quedaron irreconocibles.
El Mocri-CNPA-MC mantenía
un plantón en el Palacio Municipal de Amatán contra los hermanos Carpio
Mayorga, quienes han controlado el municipio por 20 años, bajo las siglas de
los partidos Acción Nacional (PAN), Verde Ecologista de México (PVEM) –en alianza
con el Revolucionario Institucional (PRI)– y ahora bajo las del Movimiento
Regeneración Nacional (Morena).
El tercer integrante del
CNI caído en lo que va del sexenio es el nahua Samir Flores Soberanes. Fue
asesinado el 20 de febrero pasado en las puertas de su domicilio, en Amilcingo,
Morelos. Hasta su casa llegó un grupo de personas en dos automóviles. Le
llamaron a gritos para supuestamente pedirle solicitarle que transmitiera un
mensaje a través de la radio comunitaria. Cuando Samir salió, las personas le
dispararon en cuatro ocasiones, dos balazos fueron en la cabeza.
Dirigente de la
comunidad, Samir era uno de los principales activistas contra el Proyecto
Integral Morelos. Precisamente fue asesinado después de que López Obrador
mostrara su respaldo a la puesta en marcha de la termoeléctrica en tierras
indígenas de Morelos y a unos días de que se realizara una “consulta” para que
se aprobara el megaproyecto. Era campesino, herrero y periodista comunitario.
El cuarto asesinato de un integrante del CNI es el del
me’phaa Julián Flores Cortés, quien fue asesinado en San Luis Acatlán,
Guerrero, el pasado 12 de abril. Un comando armado lo atacó a balazos a 200
metros de la Casa de Justicia. Era el líder de la Coordinadora Regional de
Autoridades Comunitarias-Policía Comunitaria (CRAC-PC) de la región de Costa
Chica.
El tsotsil Ignacio Pérez Girón, síndico
indígena del municipio de Aldama, Chiapas, se convirtió en el quinto indígena
asesinado en lo que va del sexenio. El 4 de mayo de 2019 fue secuestrado,
torturado y asesinado en Tuxtla Gutiérrez. El activista denunció los ataques de
paramilitares contra su comunidad, la cual mantiene una disputa por 60
hectáreas de tierra con la comunidad de Chenalhó. Durante meses, los pobladores
han vivido en la zozobra por las constantes emboscadas e incursiones de grupos
armados.
El mismo 4 de mayo pasado ocurrieron dos
asesinatos más, éstos en Chilapa de Álvarez, Guerrero. Los nahuas José Lucio
Bartolo Faustino y Modesto Verales Sebastián eran integrantes del Consejo
Indígena y Popular de Guerrero Emiliano Zapata (Cipo EZ). Fueron emboscados y
asesinados cuando regresaban a sus comunidades luego de sostener una reunión en
Chilpancingo, capital del estado.
Dos semanas después, el 23 de mayo, y en la
misma región, los nahuas Bartolo Hilario Morales, de la comunidad de Tula, e
Isaías Xanteco Ahuejote, de la comunidad de Xicotlán, fueron secuestrados,
torturados y asesinados. Regresaban a sus comunidades luego de concluir algunas
reuniones. También eran integrantes del Cipo EZ y de la CRAC-PC Pueblos
Fundadores. Sus cuerpos fueron encontrados desmembrados.
Estos últimos cuatro asesinatos ocurren en
el contexto de resistencia de las comunidades de la Montaña baja de Guerrero
ante los cárteles del narcotráfico Los Rojos y Los Ardillos, que buscan
controlar el territorio indígena para el trasiego de drogas, armas y personas.
Finalmente, el décimo caso del sexenio es
el de un joven nahua que fue víctima de grupos paramilitares que buscan
aterrorizar la comunidad de Zacualpan, municipio de Comala, en Colima. El 31 de
mayo de 2019, irrumpió un comando armado en las calles del poblado y
arremetió indiscriminadamente contra la población. El joven murió y otros tres
resultaron heridos. En la región se vive un conflicto por la tierra con una
comunidad mestiza del estado de Jalisco.
Autonomía, el camino
Amador Cortés Robledo es
concejal por la zona me’phaa ante el CNI, ratificado por los nahuas de la
Montaña baja. Es parte de la CRAC-PC PF. Sufre junto con las comunidades
montañeras el cerco paramilitar que Los Rojos y Los Ardillos ciernen sobre la
región. También es integrante del Cipo EZ, la organización que está bajo ataque
permanente y a la cual pertenecían los cuatro nahuas asesinados en 20 días.
No se arredra. No hay
marcha atrás. Los pueblos que se están organizando no tienen otra opción. Es un
asunto de sobrevivencia. Por lo menos, las de la Montaña baja han iniciado un
camino sin retorno por la autogestión y el autogobierno.
“Los pueblos indígenas
creemos que la única manera de plantear y construir nuestros sueños y
reivindicar nuestros derechos es la creación de nuestra propia organización.”
Del CNI, Amador Cortés
señala que “es nuestra casa grande”. Señala que este Congreso y el Concejo
Indígena de Gobierno permiten que las luchas de los pueblos indios no estén
aisladas y sólo queden en el ámbito local. “Los pueblos están en el contexto
nacional. La labor de nosotros como concejales es promover estos derechos,
sobre todo la defensa del territorio, los minerales, el agua, el petróleo, los
árboles y todo lo que nuestro territorio posee”.
Lejos de la teorización,
del lenguaje academicista e ideologizado, Amador Cortés tiene claro que los
pueblos indígenas deben gobernarse a sí mismos. Para ello, deben construir sus
propias instituciones. “Por eso luchamos los originarios y los afromexicanos.
Estamos en pie. Ya no podemos parar. Vamos a parar hasta que se respete la
manera en que vivimos, nuestra cosmovisión, nuestra relación de respeto con la
Madre Tierra”.
Señala que el CNI y,
particularmente, los pueblos de la Montaña baja de Guerrero libran una lucha
como la que libró Emiliano Zapata hace más de 1 siglo. “Somos orgullosamente
zapatistas de corazón, porque Zapata luchó por el regreso de la tierra,
que estaba en manos de los hacendados, a los indígenas. Es lo que estamos
luchando. Que no entren [los nuevos hacendados] a los territorios”.
Advierte que serán los
pueblos indígenas darán la batalla “a nivel nacional” por derogar la reforma al
Artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que
impulsó Carlos Salinas de Gortari durante su mandato.
Para el activista
guerrerense Efrén Cortés Chávez, la violencia que sufren las comunidades se
debe a que “el proyecto indígena choca con el proyecto del Estado mexicano, que
es un proyecto neoliberal”. Explica que mientras los pueblos indígenas aspiran
a construir una sociedad más colectiva, la columna vertebral del proyecto
neoliberal es el individualismo.
A lo anterior se suma que
“los grandes proyectos de obra no se van a parar, porque es una necesidad del
neoliberalismo, del capitalismo financiero. Automáticamente choca [con las
organzacines indígenas] porque ahí no entra ya el proyecto indígena. “Desde ahí
ya está la contradicción y el antagonismo. Y el antagonismo es en la práctica
no en la política: con la explotación, la visión extractista de los recursos
naturales. Y ahí está la confrontación. No en el ámbito político sino en la
realidad, en el aspecto del quehacer: económico, político, territorial.
María de Jesús Patricio
Martinez, médica tradicional nahua, señala que los pueblos indígenas están
atentos a las políticas que, diseñadas “desde arriba”, buscan despojar y
exterminar a las naciones, tribus y pueblos originarios que habitan México.
Sin embargo, la vocera
del CIG y exprecandidata a la Presidencia de la República por parte del CNI
señala que lo más importante es lo que se organiza abajo, en las comunidades,
porque sólo entre todos los pueblos indígenas podrán “parar todo este despojo”.
Asesinados
24 de mayo de 1997,
Unión Yaxjemejel, Chiapas. Tsotsil Cristóbal Pérez M, profesor y
representante de la comunidad. Su cuerpo y su cabeza fueron encontrados en
llugares distintos 4 meses después de que había desaparecido.
22 de diciembre de 1997,
Acteal, Chiapas. 49 tsotsiles de la organización Las Abejas asesinados por
paramilitares de del grupo paramilitar Máscara Roja, vinculado al PRI y
adiestrado por exmilitares y expolicías. Adultos asesinados: Manuel Santiz
Culebra, Daniel Gómez Pérez, Victorio Vázquez Gómez, Miguel Pérez Jiménez,
Ignacio Pucuj Luna, Alonso Vázquez Gómez, Lorenzo Gómez Pérez, Antonio Vázquez
Luna, María Pérez Oyalté, Narcela Capote Ruiz, Marceka Pucuj Luna, Catalina
Luna Pérez, Manuela Pérez Moreno o Manuela Paciencia Moreno, Margatita Méndez
Paciencia, Marcela Luna Ruiz, Juana Pérez Pérez o Florinda Pérez Pérez, María
Gómez Ruiz, Verónica Vázquez Luna, Paulina Hernández Vázquez, Susana Jiménez
Luna, Rosa Pérez Pérez, Antonia Vázquez Pérez, Marcela Vázquez Pérez, Juana
Luna Vázquez, Juana Gómez Pérez, María Capote Pérez, Marcela Capote Vázquez.
Menores de edad: Martha Capote Pérez, Rosa Vázquez Luna, Loida Ruiz Gómez,
Micaela Vázquez Pérez, Josefa Vázquez Pérez, Sebastián Gómez Pérez, Juana Pérez
Luna, Roselina Gómez Hernández, Lucía Méndez Capote, Graciela Gómez Hernández,
María Luna Méndez, Silvia Pérez Luna, Vicente Mendoza Capote, Micaela Vázquez
Luna, Juana Vázquez Luna, Alejandro Pérez Luna, Juan Carlos Luna Pérez,
Guadalupe Gómez Hernández, más cuatro bebés no nacidos.
8 de agosto de 2003,
Juchitán, Oaxaca. Binnizá Carlos Sánchez López, originario de la comunidad
Unión Hidalgo e integrante de la Coalición Obrero Campesina y Estudiantil del
Istmo (COCEI) y del Concejo Ciudadano Unidalguense contra el Plan Puebla Panamá
(PPP). Asesinado a golpes cuando caminaba de noche en calles de Juchitán.
5 de abril de 2004, Unión
Hidalgo, Oaxaca. Binnizá Manuel Posada Chévez, integrante de la COCEI y del
Concejo Ciudadano Unidalguense contra el PPP. Interceptado de noche por
policías municipales y asesinado a puñaladas.
31 de diciembre de 2004,
Ayotitlán, Jalisco. Nahua Nazario Aldana Villa, integrante del Concejo de
Mayores y último juez tradicional de la Sierra de Manantlán. Asesinado a
balazos en su comunidad.
11 de marzo de 2006,
Cuzalapa, Cuautitlán de García Barragán, Jalisco. Nahua Francisco Concepción
Gabiño Quiñonez, oponente a las actividades de la Mina Peña Colorada (propiedad
de la multinacional italiana Ternium del Grupo Techint) y la introducción del
Programa de Certificación en Comunidades (Procecom). Su cuerpo fue encontrado
amarrado, degollado y con rastros de tortura.
13 de noviembre de 2006,
Viejo Velasco, Ocosingo, Chiapas. Choles Filemón Benítez Pérez, Antonio Benítez
Pérez, María Núñez González y Vicente Pérez Díaz, integrantes de la
organización Xi-Nich. Asesinados por elementos por la Policía Sectorial de
Chiapas.
20 de abril de 2007,
Rancho Viejo, Ayotitlán, Jalisco. Nahua Aristeo Flores Rolón, integrante del
Concejo de Mayores de Ayotitlán. Emboscado y asesinado cuando llegaba a su
hogar, de noche, luego de la reunión en que el Concejo acordaba acciones para
echar a las mineras del territorio indígena.
26 de julio de 2008,
Aquila, Michoacán. Nahua Diego Ramírez Domínguez, coordinador de la comisión
especial que la asamblea general de comuneros nombró para la defensa y
recuperación de la totalidad de las tierras de Santa María Ostula. Su cuerpo
fue encontrado con huellas de tortura.
15 de agosto de 2009,
Santa María Ostula, Michoacán. Nahuas Simón Pineda Verdía y Simón Pineda hijo,
comuneros e integrantes de la Guardia Comunal que recuperó tierras de la
comunidad en manos de narcotraficantes y “pequeños propietarios”. Emboscados y
asesinados.
11 de septiembre de 2009,
Santa María Ostula, Michoacán. Nahua Quintín Regis Valdés, comunero e
integrante de la Guardia Comunal que recuperó tierras de la comunidad en manos
de narcotraficantes y “pequeños propietarios”.
15 de septiembre de 2009,
Santa María Ostula, Michoacán. Nahua Érik Nemesio Domínguez, comunero e
integrante de la Guardia Comunal que recuperó tierras de la comunidad en manos
de narcotraficantes y “pequeños propietarios”.
27 de abril de 2010, La
Sabana, San Juan Copala Oaxaca, Nu saavi Alberta Cariño Trujillo, impulsora de
la autonomía de los pueblos indígenas, directora del Centro de Apoyo
Comunitario Trabajando Unidos. Asesinada en una emboscada contra una caravana
de ayuda humanitaria.
20 de mayo de 2010,
Yosoyuxi, Copala, Oaxaca. Triquis Timoteo Alejandro Ramírez, líder natural de
los pueblos triquis, fundador del MULT, el MULTI e impulsor del Municipio
Autónomo en San Juan Copala, y Tleriberta Castro, impulsora de la autonomía y
esposa de Timoteo. Fueron asesinados a machetazos en su casa, frente a sus
hijos, por peronas que se habían hecho pasar por vendedores de abarrotes.
1 de enero de 2011, Santa
María Ostula, Michoacán. Nahuas Ernesto Nicolás López y Pedro Nazario
Domínguez, comuneros e integrantes de la Guardia Comunal que recuperó tierras
de la comunidad de Santa María Ostula que estaba en manos de narcotraficantes y
“pequeños propietarios.
1 de febrero de 2011,
Aquila, Michoacán. Nahua Pedro Guzmán Ramírez, comunero e integrante de la
Guardia Comunal que recuperó tierras de la comunidad de Santa María Ostula que
estaban en manos de narcotraficantes y “pequeños propietarios”.
20 de marzo de 2011, La
Cofradía de Ostula, Michoacán. Nahuas Isidro Mora Domínguez y Feliciano Cirino
Domínguez, comuneros e integrante de la Guardia Comunal que recuperó tierras de
la comunidad de Santa María Ostula que estaban en manos de narcotraficantes y
“pequeños propietarios”. Interceptados y asesinados con armas de uso exclusivo
de las Fuerza Armadas.
2 de mayo de 2011,
Aquila, Michoacán. Nahuas Jonathan Verdía Gómez y Fortino Verdía Gómez,
comuneros e integrantes de la Guardia Comunal que recuperó tierras de la
comunidad de Santa María Ostula que estaban en manos de narcotraficantes y
“pequeños propietarios”. Fueron quedamos vivos.
13 de mayo de 2011,
Aquila, Michoacán. Nahuas Ambrosio Verdía Macías y Francisco Verdía Macías,
comuneros de Santa María Ostula. El primero, también integrante de la Guardia
Comunal que recuperó tierras de la comunidad de Santa María Ostula en manos de
narcotraficantes y “pequeños propietarios”. El segundo, director de la escuela
primaria de Ostula.
28 de mayo de 2011,
Aquila, Michoacán. Nahuas Nicolás de la Cruz Rojas y Rafael Nicolás de la Cruz
Nemesio, padre e hijo, comuneros de Santa María Ostula. El primero, comandante
del tercer grupo de la Guardia Comunal que recuperó las tierras de Xayacalan
que estaban en poder de narcotraficantes y “pequeños propietarios”.
29 de mayo de 2011, Santa
María Ostula, Michoacán. Nahua Juan Faustino Nemesio, comunero y comandante del
segundo grupo de la Guardia Comunal que recuperó las tierras Xayacalan que
estaban en manos de narcotraficantes y “pequeños propietarios”.
10 de junio de 2011,
Xayacalan, Ostula, Michoacán. Nahua Pedro Leyva Domínguez, comunero de Santa
María Ostula integrante de Comisión de Defensa de los Bienes Comunales y de la
Guardia Comunal que recuperó tierras de la comunidad que estaban en manos de
narcotraficantes y “pequeños propietarios”.
6 de junio de 2011,
tierras de Santa María Ostula, Michoacán. Nahua J Trinidad de la Cruz
Crisóstomo, líder comunero, comandante de la Guardia Comunal que recuperó las
tierras que habían sido arrebatadas por narcotraficantes y “pequeños
propietarios” y jefe de la encargatura de Xayacalan. Interceptado, secuestrado,
torturado y asesinado por paramilitares.
28 de diciembre de 2011,
La Ticla, Ostula, Michoacán. Nahua Crisóforo Sánchez Reyes, comunero e
integrante de la Guardia Comunal que recuperó tierras de la comunidad de Santa
María Ostula que estaban en manos de narcotraficantes y “pequeños
propietarios”. Torturado y asesinado en un campo de futbol de la comunidad.
18 de mayo de 2012,
Aquila, Michoacán. Nahua Teódulo Santos Girón, comunero e integrante de la
Guardia Comunal que recuperó tierras de la comunidad de Santa María Ostula que
estaban en manos de narcotraficantes y “pequeños propietarios”.
17 de diciembre de 2012,
San Lucas Camotlán, Oaxaca. Mixe Pablo Jarquín Ruiz. Asesinado por militares.
24 de abril de 2013, San
Sebastián Bachajón, Chiapas. Tseltal Juan Vázquez Guzmán. Asesinado por
defender el territorio.
30 de junio de 2013, San
Antonio Las Palmas, Jocotepec, Oaxaca. Chinanteco Maximino Salas Hernández,
presidente del Comisariado Ejidal de su comunidad e integrante de Fuerza
Chinanteca Kia-nan. Asesinado a machetazos cuando reparaba la cerca de un
potrero.
1 de agosto de 2013,
Juchitán, Oaxaca. Binnizá Héctor Regalado Jiménez, integrante de la Asamblea
Popular del Pueblo Juchiteco. Asesinado por elementos de la Policía Auxiliar
Bancaria, Industrial y Comercial y elementos de seguridad de la empresa Gas
Fenosa.
21 de marzo de 2014, San
Sebastián Bachajón, Chiapas. Tseltal Juan Carlos Gómez Silvano. Asesinado por
defender el territorio.
2 de mayo de 2014, La
Realidad, Chiapas. Tseltal José Luis Solís López, Galeano,
integrante de la Junta de Buen Gobierno de La Realidad y votán de La Escuelita
La Libertad según los Zapatistas. Asesinado de 2014 por integrantes de la
CIOAC-H.
24 de septiembre de 2014,
San Andrés Lovene, San Juan Ozolotepec, Oaxaca. Binnizá Jaime López Hernández,
secretario del consejo directivo de las Organizaciones Indias por los Derechos
Humanos en Oaxaca (OIDHO). Fue asesinado de un disparon por la espalda cuando
vistaba la tumba de su madre.
12 de enero de 2015,
Copala, Juxtlahuaca, Oaxaca. Triqui Julián González Domínguez, uno de los
impulsores de la autonomía de San Juan Copala. Fue sacado de su domicilio por
hombres armados; su cuerpo fue encomtrado horas después con las manos atadas
por la espalda.
20 de octubre de 2015,
Cerro Caliente, San Pablo Jocotepec, Oaxaca. Chinanteco Jeremías Mendoza Ramos,
dirigente en la Cuenca del Papaloapan de la Unión Campesina Indígena de Oaxaca
Emiliano Zapata (UCIO EZ). Fue emboscado cuando se dirigía a su domicilio.
5 de abril de 2017,
Arantepacua, Michoacán. Purépechas Santiago Crisanto Luna, Francisco Jiménez
Alejandre, José Carlos Jiménez Crisóstomo y menor de edad Luis Gustavo
Hernández Cuenete. Asesinados con armas de fuego por policías del estado que
irrumpieron en la comunidad.
8 de abril de 2017, San
Pedro Tapanatepec, Oaxaca. Binnizá Alberto Toledo Villalobos, activista contra
la mineria y contra los altos cobros del serviici de la energía eléctrica. Fue
intecreptado en un tramo carretero y torturado hasta morir.
16 de enero de 2018,
Chilchota, Michoacán. Purépecha Guadalupe Campanur Tapia, originaria de la
comunidad de Cherán y fundadora de la Ronda Comunitaria.
12 de febrero de 2018,
carretera Puerto Angel-Oaxaca. Chontales de la Costa de Oaxaca Abraham
Hernández González, Ignacio Basilio Ventura y Luis Ángel Martínez; el primero,
coordinador regional y los segundos, integrantes del Comité por la Defensa de
los Pueblos Indígenas. Emboscados por personas que portaban aermas de uso
exclusivo de as Fuerzas Armadas.
17 de julio de 2018, San
Pedro Pochutla, Oaxaca. Chontal de la Costa de Oaxaca Abraham Hernández
González, coordinador rgional en la comunidad Los Ciruelos del Comité por la
Defensa de los Derechos Indígenas. Fue sustraído de su domicilio por hombres
armados. Su cuerpo se encontró horas después en Pochutla.
22 de julio de 2018,
Juchitán, Oaxaca. Binnizá Rolando Crispín López.
25 de octubre de 2018,
Barra de la Cruz, Santiago Astata, Oaxaca. Chontal de la Costa de Oaxaca Noel
Castillo Aguilar, integrante del Comité de Defensa de los Pueblos Indígenas. Le
dispararon con armas de fuego cuando se trasladaba en taxi rumbo a su domicilio.
17 de enero de 2019,
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Choles Noé Jiménez Pablo y Santiago Gómez Álvarez,
líder y militante, respectivamente, del Movimiento Campesino Regional
Independiente, organización adherida a la Coordinadora Nacional Plan de Ayala Movimiento
Nacional (MOCRI-CNPA MM). Secuestrado, torturado y asesinado.
20 de febrero de 2019,
Amilcingo, Morelos. Nahua Samir Flores Soberanes, dirigente de la comunidad,
uno de los principales opositores al Proyecto Integral Morelos y delegado del
Congreso Nacional Indígena. Asesinado con armas de fuego a las puertas de su
domicilio.
12 de abril de 2019, San
Luis Acatlán, Guerrero. Me’phaa Julián Cortés Flores, coordinador de la Casa de
Justicia de San Luis Acatlán.
4 de mayo de 2019, Tuxtla
Gutiérrez, Chiapas. Tsotsil Ignacio Pérez Girón, síndico indígena del municipio
de Aldama, activista que denunció los ataques de paramilitares contra su
comundad. Secuestrado, torturado y asesinado.
4 de mayo de 2019,
Chilapa de Álvarez, Guerrero. Nahuas José Lucio Bartolo Faustino y Modesto
Verales Sebastián, concejal y delegado, respectiamente ante el Concejo Indígena
de Gobierno y el Congreso Nacional Indígena. A,bos integrantes del Consejo
Indígena y Popular de Guerrero Emiliano Zapata (Cipo EZ). Emboscados y asesinado
cuando regresaban a sus comunidades luego de sostener una reunión en
Chilpancingo.
23 de mayo de 2019,
Chilapa de Álvarez, Guerrero. Nahuas Bartolo Hilario Morales, de la comunidad
de Tula, e Isaías Xanteco Ahuejote, de la comunidad de Xicotlán. El primero era
comandante de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Policía
Comunitaria Pueblos Fundadores y el segundo, integhrante de la misma
organización. Ambos eran promotores del Consejo Indígena y Popular de Guerrero
Emiliano Zapata (Cipo EZ). Fueron secuestrados y sus cuerpos fueron
encontradoos descuartizados.
31 de mayo de 2019,
Zacualpan, Comala, Colima. Joven nahua asesinado por hombres armados que
irrumpieron en la comunidad.
Telcruz, Ayotitlán,
Jalisco. Nahuas Juan Monroy y José Luis Rosales. Perseguidos por talamontes y
asesinados a balazos.
Santa María Ostula, Michoacán. Nahua
Feliciano Corona Cirino, comunero e integrantes de la Guardia Comunal que
recuperó tierras de la comunidad de Santa María Ostula que estaban en manos de
narcotraficantes y “pequeños propietarios”.
Desaparecidos
23 de febrero de 2010,
Aquila, Michacán. Nahuas Javier Martínez Robles y Gerardo Vera Orcino,
comuneros de Santa María Ostula. Fueron levantados a las 15:30
de un restaurante, luego de que habían sostenido una reunión del Cabildo
municipal.
20 de abril de 2010,
Palma Sola, Santa María Ostula, Michoacán. Nahua Francisco de Asís Manuel,
presidente del Comisariado de Bienes Comunales, organizador de la Guardia
Comunal que recuperó tierras de la comunidad que habían sido ocupadas por
narcotraficantes y “peqeños propietarios”. Fue levantado de su domcilio por un
grupo de personas que porraba armas de uso exclusivo de laas Fuerzas Armadas.
8 de abril de 2011, El
Ranchito, Santa María Ostula, Michoacán. Nahua menor de edad Enrique Domínguez
Macías. Fue levantado de su domicilio por un grupo de peronas
armadas.
22 de octubre de 2012,
Sierra de Manantlán, Jalisco. Nahua Celedonio Monroy Prudencio, originario de
la comunidad Loma Colorada del ejido de Ayotitlán. Ocho supuestos policías
ministeriales irrumpieron en su domicilio y se lo llevaron con rumbo
desconocido.
Octubre de 2012, Sierra
de Manantlán, Villa Purificación, Jalisco. Nahua Agustín Mancilla Partida.
20 de diciembre de 2012,
Ciudad Victoria, Tamaulipas. Nahuas Flavio Granados Llanos y Cornelio Viveros
Benvides, originarios de San Francisco Agua Fría, Tatahuicapan, Veracruz.
23 de marzo de 2013,
Ciudad de México. Migrante indígena de Oaxaca Teodulfo Torres Soriano.
1 de diciembre de 2013,
Santa María Ostula, Michoacán. Nahua Martín Santos, comunero e integrante de la
Guardia Comunal que recuperó tierras de la comnidad que estaban en poder de
narcotraficantes y “pequeños propietarios”.
24 de agosto de 2018, San
Pablo Zoquitán. Puebla. Nahua Sergio Rivera Hernández, integrante del
Movimiento Agrario Indígena Zapatista (MAIZ) y del movimiento de comunidades en
resistencia contra el proyecto hidroeléctrico Coyolapa-Atlzalá. Fue perseguido
y capturado por hombres armados en un tramo carretero.
Zósimo Camacho
