Luego que el expresidente Vicente
Fox convocó a integrar un frente contra el actual gobierno y a “darle en la
madre a la Cuarta Transformación”, Movimiento Ciudadano señaló que ese no debe
ser el objetivo de la oposición, sino impedir que México sufra otra decepción
como la que el exmandatario representó.
El
coordinador nacional de este instituto político, Clemente Castañeda, se
deslindó del frente al que llamó Fox, y aseveró que se puede contribuir al
cambio democrático mediante la crítica y la argumentación pública, a partir de
la contención parlamentaria, con la aportación de ideas y con soluciones a los
problemas del país.
En un escrito, cuestionó: ¿Con
qué autoridad política y moral convoca Vicente Fox a un frente opositor sin
entender el momento político que vive el país?, y señaló que el papel de las
oposiciones debería ser impedir que México sufra otra decepción como la que el
expresidente representó en la primera alternancia del 2000.
Aseveró
que México no necesita un frente opositor, sino racionalidad, diálogo,
serenidad y firmeza; “necesita que las fuerzas políticas entiendan que México
votó por un cambio y que es obligación de todos contribuir a que ese cambio
realmente suceda y en los mejores términos para los ciudadanos”.
Ayer,
Fox dijo que se ha reunido con dirigentes de diversos partidos para formar un
frente nacional opositor, sin embargo, Castañeda Hoeflich dijo que “es
absolutamente falso” y que la dirigencia nacional de este partido no ha
sostenido ningún encuentro con el expresidente.
René
Arce fue
integrante del Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT); fundó el PRD
en 1989; en el 2000 se convirtió en el primer jefe delegacional electo
democráticamente en Iztapalapa; fue diputado local del entonces Distrito
Federal, senador de la República y dos veces diputado federal. Pero antes de
todo eso, en la década de los setenta, fue guerrillero y militante de la Liga Comunista 23 de Septiembre.
En
entrevista para Contrapeso Ciudadano, Arce opinó sobre las declaraciones de Pedro Salmerón Sanginés, quien renunció al Instituto Nacional de
Estudios Históricos de las Revoluciones de México (INEHRM) tras las críticas
recibidas por calificar como “jóvenes valientes” a los miembros de la Liga que
asesinaron al empresario Eugenio
Garza Sada el 17 de septiembre de
1973.
Pese a no coincidir con las declaraciones del historiador,
Arce opina que es necesario generar un debate sobre las condiciones que
llevaron a algunos jóvenes de aquella época a luchar por la vía armada, así como
sobre las consecuencias que pueden provocar el dogmatismo y la violencia.
«Esta
discusión debería darse de manera amplia, democrática, sin buscar culpables o
inocentes, sino realmente que sirvan para educar a las nuevas generaciones de
por qué el dogmatismo puede llevar a la violencia, que es uno de los riesgos
que está viviendo nuestro país». René Arce
“Lo que hace Salmerón es abrir un debate. Y que lo mejor era eso: que se
convocara a un debate, no solamente promover su despido ya que reclamaron los
del sector industrial”.
Arce también recordó que en el actual gobierno y en el partido en el
poder existen personajes que durante la década de los setenta participaron en
ambos lados de la guerrilla. Al respecto, consideró que quienes estuvieron
involucrados deberían expresar su punto de vista para construir una cultura
democrática desde el debate:
“Ahí adentro del actual gobierno hay gente que participó de un lado y
del otro. A mi lo que me sorprende es que se queden callados. Me gustaría
escuchar en ese debate a quienes vienen de esa línea revolucionaria
violenta que están en la cuarta transformación. Y a los otros, los que
vienen de la línea que abandonó el dogmatismo. Y también los que
estuvieron en el lado represor. [En Morena] hay gente que estuvo en el
Estado de aquella época y que fue parte de ese gobierno represor que también
generó condiciones antidemocráticas. Ese el debate. ¿Por qué no lo hacen?
Porque a algunos les da vergüenza y a otros les da miedo entrar en ese debate
interno, y me parece que eso no ayuda a la democracia”, consideró.
La violencia no se justifica
Arce explica que durante la década de la guerrilla no existían
libertades democráticas en México: los movimientos estudiantiles de 1968 y 1971
habían sido reprimidos; no había alternativas electorales y no se permitía la
libertad sindical: “en fin, había un sistema autoritario que cerraba las
posibilidades de participación política. Por eso hubo quienes pensaron que ante
ello la otra opción era la vía armada, la vía violenta, la vía revolucionaria.
Y bueno, pues impregnados de un dogmatismo de carácter marxista-leninista, se
prensaba que las condiciones estaban creadas y dadas para asaltar el poder”.
No obstante, aclara: “Pero la verdad es que esas condiciones
pueden explicar, mas no justificar la violencia que se cometió en aquella
época”.
“Yo en lo particular no estoy de acuerdo con las opiniones de Salmerón, creo que hubo quienes estuvimos equivocados en los medios que escogimos para llegar a un fin, y que no podemos justificar. Podemos explicar las condiciones que se daban en su momento, pero no justificar esos medios para alcanzar un fin, sobre todo habiendo en ese momento otras alternativas como la que emprendió el compañero Heberto Castillo en con la búsqueda de la creación de un partido político, o el mismo Partido Comunista Mexicano, que decidió apartarse del uso de la violencia como recurso para llegar al poder”, explicó Arce.
“Cometimos errores terribles que costaron la vida no sólo a personajes como este industrial [Garza Sada], que en sí ya representa una cuestión muy grave, sino también a mucha gente sencilla, del pueblo, que portaba un uniforme de policía. Simplemente ciudadanos que se oponían a cualquiera de estos métodos violentos y que fueron dañados”, recuerda.
El Estado no ha sido juzgado
Sin embargo, la violencia no fue generada de forma unilateral. Para combatir a la guerrilla, el gobierno de Luis Echeverría creó la llamada “Brigada Blanca”, un organismo conformado por elementos de la extinta Dirección Federal de Seguridad, la Policía Judicial Federal y distintas policías locales con el fin de “cazar” a los miembros de la Liga Comunista 23 de Septiembre.
Al respecto, Arce enfatiza que “así como no es justificable la actuación de los jóvenes que tomaron la vía de las armas, tampoco es justificable que el Estado haya hecho de la tortura y el secuestro el método para acabar con el movimiento”.
Además, considera que quienes integraron esos grupos paramilitares deben ser juzgados: “A nosotros nos juzgaron, pero el Estado no ha sido suficientemente juzgado. El comité que investigó esos casos no llegó al fondo”.
Cabe recordar que durante la década de los setenta, el ahora director de la Comisión Federal de Electricidad, Manuel Bartlett, se desempeñó como director general de Gobierno de la Secretaría de Gobernación en la presidencia de Luis Echeverría. Mientras tanto, en la misma década, el hoy diputado de Morena, Porfirio Muñoz Ledo fungió como subsecretario en la oficina de la Presidencia y ocupó diversos cargos en el Fondo de Cultura Económica.
“Hubo quienes estuvieron en el gobierno en aquel momento y hoy están en la cuarta transformación. De ahí la incongruencia”, considera Arce, al tiempo que opina que quienes estuvieron ahí “tendrían que decir qué pasó”.
Las enseñanzas
Arce, quien en su momento fue considerado por la DFS como líder regional en Oaxaca de la Liga comunista 23 de Septiembre, relata que fueron dos factores los que lo llevaron a abandonar la lucha armada: por un lado, la pérdida de familiares a causa de la violencia; y por otro, un amor por la lectura que le permitió abrirse a la pluralidad y abandonar un entorno dogmático.
Tras su paso la guerrilla, se unió al Partido Revolucionario de los Trabajadores, que en 1982 postuló a Rosario Ibarra de Piedra a la presidencia de la República. Hoy, reconoce el valor de personajes como Arnoldo Martínez Verdugo, Gilberto Rincón Gallardo, Valentín Campa y Heberto Castillo, quienes entendieron “que el mecanismo era abrir con reformas políticas democráticas la posibilidad de, por la vía pacífica, por la vía electoral, acceder al poder”.
Rosario Ibarra de Piedra
Ellos, en su opinión, “marcaron el camino que hoy algunos otros están usufructuando, gracias al trabajo que en condiciones muy difíciles emprendieron al inicio de los setentas”.
“En aquella época quienes estábamos del otro lado los calificamos de reformistas. Incluso los amenazábamos con lastimarlos o ajusticiarlos por hacer pactos con el Estado con el gobierno. Y bueno, pues al final ellos tuvieron la razón… quienes estábamos equivocados éramos nosotros. Nos equivocamos en su momento, y hay que decirlo abiertamente. No nos debe dar pena decir que nos equivocamos”.
En febrero de este año, el diario El Universal publicó
la existencia de un reporte confidencial del Gobierno Federal en el que se
citan fuentes de inteligencia para argumentar que los gobernadores de
Tamaulipas, Tomás Yarrington y Eugenio Hernández, estuvieron coludidos con el
Cártel del Golfo. Específicamente, el documento refiere que esta organización
criminal tuvo la última palabra en la decisión de elegir a Hernández como
sucesor de Yarrington.
La
influencia del crimen organizado en Tamaulipas es innegable. El año pasado, el
estado presentó una tasa de 39 homicidios por cada cien mil habitantes. El
nivel de violencia es propio de une estado fallido. La cifra es mayor a lo
registrado en Sudáfrica, Brasil y Guatemala.
El
escenario descrito en el reporte del Gobierno Federal plantea la pregunta de si
el actual gobernador, el panista Francisco Javier García Cabeza de Vaca, es
inmune a la tradición de infiltración criminal en la clase política de Tamaulipas.
La duda
persiste en los altos niveles de las agencias de seguridad de México y de
Estados Unidos. El periódico La Jornada publicó
esta semana que existen dos investigaciones paralelas del gobierno federal en
torno a García Cabeza de Vaca.
Fuentes
cercanas al asunto aseguran que la Unidad de Inteligencia Financiera de la
Secretaría de Hacienda está investigando las operaciones financieras del
gobernador de Tamaulipas y de un familiar cercano.
La
indagatoria habría sido iniciada a petición del gobierno de Estados Unidos.
Antonio Peña Argüelles, un empresario que funge como testigo de la fiscalía en
el caso de Tomás Yarrington en una Corte de San Antonio, Texas, declaró que el
ex gobernador discutió con él sobre la transferencia de recursos del Cártel del
Golfo a la candidatura de García Cabeza de Vaca.
El
objetivo de la Unidad de Inteligencia Financiera es determinar si las
operaciones financieras del gobernador tienen un origen lícito.
La Jornada también refiere que la Secretaría de
Seguridad Pública y Ciudadana está evaluando si funcionarios de alto nivel en
la Fiscalía Estatal y la Secretaría de Gobierno de Tamaulipas estuvieron
involucrados en la protección de miembros del crimen organizado. El contexto de
la investigación es la ejecución de ocho personas en Nuevo Laredo por elementos
de la policía estatal ocurrida el 5 de septiembre. La versión de la
administración de García Cabeza de Vaca es que las fuerzas de seguridad del
estado respondieron a una agresión de presuntos miembros del Cártel del Noreste.
Esta
narrativa fue refutada por la Comisión Estatal de Derechos Humanos, que
argumenta que se trató de un montaje y de la ejecución extrajudicial de ocho
personas inocentes que fueron secuestradas por elementos del estado.
El
Fiscal General de Tamaulipas anunció la creación de una fiscalía especial para
investigar el caso y la Comisión Nacional de Derechos Humanos abrió su propia
indagatoria.
La
semana pasada, el periodista Salvador García Soto publicó en su columna en ElUniversal que
uno de los posibles móviles del caso es que este montaje habría sido operado
para atraer la atención del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien
rechazó una audiencia pedida por el gobernador.
García
Cabeza de Vaca ha intentado enviar diferentes mensajes al presidente. Ayer, en
una entrevista radiofónica, expresó su descontento por el bajo presupuesto
asignado a Tamaulipas. Días antes, se reunió con otros gobernadores de Acción
Nacional para amenazar al gobierno federal de dejar el pacto fiscal. Y antes de
eso, se quejó públicamente de que la Guardia Nacional no ha desplegado
elementos suficientes en su estado.
Las
críticas generaron un cruce de declaraciones hostiles con Ricardo Monreal, el
jefe de la bancada de Morena en el Senado, quien dijo que promovería la desaparición
de poderes en Tamaulipas si la bancada del PAN hacía lo propio en relación a
Veracruz.
Las
investigaciones federales, el caso Yarrington y la violencia derivada del
enfrentamiento entre cárteles de la droga sugieren que Francisco Javier García
Cabeza de Vaca enfrenta un momento político crítico. Y se está quedando sin
amigos.
* Dirigentes y Militantes de la Organización Campesina de la Sierra de Sur (Ocss) depositaron una ofrenda floral en la tumba del extinto, Miguel Ángel Mesino Mesino al cumplirse 14 años de su asesinato.
Ahí, exigieron al gobierno federal que se haga justicia, se esclarezca el crimen y se sancione a los responsables.
Aseguran que este caso al igual que el de la también dirigente campesina, Rocío Mesino Mesino aún siguen en la impunidad.
Orizaba, Ver.- Comerciantes ambulantes de Orizaba, denunciaron el abuso de fuerza en la detención de una vendedora de fruta de temporada el pasado martes por parte de inspectores de Comercio y policías.
De acuerdo con los inconformes, quienes solicitaron el anonimato, la señora Flavia Tlaxcala Texoco, se encontraba en la calle de Norte 2 y esquina oriente 9, cuando fue interceptada por elementos de la Policía Municipal en medio de un fuerte operativo, mientras la hija de la comerciante observaban la escena enmedio del llanto.
Tras ser llevada a la Inspección de Policía, la menor de aproximadamente cuatro años tuvo que ser protegida por otras vendedoras, mientras otro grupo de comerciantes se trasladaban a la comandancia.
“Como siempre estos señores son abusivos y no conformes con corretear a la señora con su niña llamaron a la policía y llegaron varias patrullas, la esposaron y se la llevaron a la cárcel preventiva, donde le pedían pagar una multa de mil 300 pesos”, relataron los vendedores.
Expusieron que tras negociar la liberación, entre los compañeros lograron recolectar 400 pesos. “Los que estamos vendiendo lo hacemos por necesidad, ni siquiera estamos en el centro, sino en una orilla, caminamos, a veces bajamos nuestra canasta porque nos cansamos, pero ellos no lo entienden”, indicaron.
Hace 43 años, el 16 de
septiembre de 1976, comienza un operativo orquestado de conjunto por la Policía
Bonaerense y el Batallón 601 del Ejército, en el marco de la última dictadura
militar. El objetivo: secuestrar, torturar, masacrar a los estudiantes
secundarios que militaban, se organizaban y luchaban por cambiar la
sociedad.
Los años 60 y 70, marcados por una enorme dinámica de la lucha de clases
(no solo en Argentina, sino en Latinoamérica y en gran parte del mundo) trajo
consigo la irrupción a la vida política de una buena parte de la juventud,
secundaria y universitaria, que comenzó a organizarse y a confluir con otros
sectores, como el movimiento obrero, para enfrentarse contra los gobiernos y
las políticas que atentaban contra los intereses de los explotados y oprimidos.
Los jóvenes empezaban a militar y a participar activamente en los partidos
políticos y organizaciones, cuestionando no sólo los regímenes dictatoriales
(extendidos por toda América Latina) sino también las condiciones de vida a las
que estaban sometidos por el sistema capitalista. Sin dudas, las influencias de
los procesos como la Revolución Rusa, la China, o la Cubana en nuestro
continente, y el Mayo Francés o la Primavera de Praga, con la juventud como
protagonista, estaba calando hondo en los estudiantes.
El golpe de estado de 1976 y la dictadura cívico militar que gobernó de
facto a la Argentina durante 7 años, llevó adelante el plan económico,
político, social y cultural, que significara que no haya resistencia ni
organización contra la puesta en pie de las bases del neoliberalismo.
Necesitaban aplastar a una generación entera. La dictadura comenzó un plan
sistemático de secuestro, tortura y desaparición de miles de luchadores,
obreros y estudiantes en su mayor parte.
El 16 de septiembre a la noche, en La Plata, el operativo que lleva
adelante el Batallon 601 del Ejercito, con la policía bonaerense al mando de
Camps (indultado por Menem, hoy muerto) y Etchecolatz (hoy preso) secuestra a
un grupo de estudiantes, militantes, de entre 14 y 17 años, que habían
participado en la campaña por el boleto estudiantil en esa ciudad. En el año
1975 habían logrado conseguir ese derecho, pero en Agosto del 76, la dictadura
lo suspendió. Identificaron luego a quienes habrían participado activamente de
esa lucha, lo que se calificaba como “actos de subversión”.
Así consta en un documento de inteligencia titulado “La Noche de
los Lápices”, que años más tarde fue hallado en dependencias de la Policía
bonaerense, en donde se describen las acciones que se debían emprender contra
estos jóvenes, “integrantes de un potencial semillero subversivo”.
El 16, Claudio De Acha, María Clara Ciocchini, María Claudia
Falcone, Francisco López Muntaner, Daniel Racero y Horacio
Ungaro eran secuestrados en la primera jornada del operativo. Todos
ellos eran militantes de la UES.
En tanto que el 17, los represores apresaban a Emilce Moler,
también militante de la UES y Patricia Miranda, que
estudiaba en el Colegio de Bellas Artes de La Plata.
Cuatro días después caía en las garras de los represores, Pablo
Díaz, militante de la Juventud Guevarista.
El 8, una semana antes del operativo, también fue secuestrado Gustavo
Calotti, quien compartió el cautiverio y las torturas como los demás
compañeros.
Todos fueron conducidos al centro clandestino de detención conocido como
Arana, donde se los torturó durante semanas, y luego los trasladaron a destinos
similares: el Pozo de Banfield, el Pozo de Quilmes, Jefatura de Policía de la
Provincia de Buenos Aires y las Comisarías 5.ª, 8.ª y 9.ª de La Plata y 3.ª de
Valentín Alsina, en Lanús, y el Polígono de Tiro de la Jefatura de la Provincia
de Buenos Aires.
Solo 4 de ellos pudieron sobrevivir. Lograron su libertad entre 1978 y
1980, tras estar “a disposición del Poder Ejecutivo Nacional”: Gustavo Calotti,
Emilce Moler, Patricia Miranda y Pablo Diaz.
LA DEMOCRACIA. LA LUCHA POR LOS DERECHOS HUMANOS. JUICIO Y CASTIGO.
En 1983, la dictadura militar llega a su fin, agobiada por la crisis
económica, el desastre de Malvinas y la irrupción de miles y miles en las
calles, luchando contra los militares y por los derechos democráticos. Todas
las aberraciones que llevaron adelante las fuerzas represivas ya eran
denunciadas durante la dictadura por las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo y
también por organización políticas que, a pesar del terrorismo de Estado,
siguieron haciendo denunciando los horrores, como así también luchando contra
el plan económico militar.
En 1985, como consecuencia de estas luchas, de la democracia, y de la
salida a la luz del terror, se llevó adelante el Juicio a las Juntas, donde
sólo se juzgo a los principales responsables militares, a los que encabezaban
las juntas. En estos juicios, Pablo Díaz, uno de los sobrevivientes, a través
de su testimonio, logró que la Noche de los Lápices tomara notoriedad al contar
los secuestros y posterior tortura de él y sus compañeros, como así también la
desaparición de los que no lograron sobrevivir.
Hay gracias a ellos y las investigaciones posteriores relatos de otras
víctimas y demás, podemos entender que lo que ocurrió tanto con las víctimas de
la Noche de los Lapices en particular, como de la dictadura cívico-militar en
general, además de horrible, es imperdonable. Intentaron a través del terror,
tortura, asesinato y desaparición forzada, eliminar todo rastro de esa juventud
y esa clase obrera que cuestionaba las condiciones de explotación a las
mayorías, y ascendía en cuanto a conciencia y organización.
Solo a través de la organización independiente de aquellos que desde el
primer momento lucharon por los DDHH, se logró que muchos genocidas, estén en
prisión. Pero no sin sufrir reveses, como las leyes de obediencia debida y
punto final, decretadas por Alfonsín, o los indultos de Menem, que entre otros,
favoreció a Camps, represor que murió en libertad.
La lucha consecuente y la presión de las organizaciones de DDHH, las
organizaciones democráticas y la izquierda lograron que el gobierno
kirchnerista derogara estas leyes y la justicia avance con los juicios a los
militares, aunque siempre quedo la deuda con los responsables civiles. Y esto
es así aunque la política de DDHH de los Kirchner haya ido en el sentido de la
reconciliación con las FFAA al poner a Milani al frente del Ejercito o haya
aprobado la Ley Antiterrorista, en consonancia con el imperialismo yanqui. Los
logros que hemos conseguido, y que es nuestra obligación seguir impulsando, intentaron
ser puestos en peligro por el gobierno de Macri y los sectores reaccionarios
que lo apoyan.
