Por periodistasdigitales - 3 Dic 20
Ciudad de México. A 3
años de que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) admitiera el
caso de la indígena náhuatl Ernestina Ascencio Rosario, violada por militares
hace 13 años en el municipio de Soledad Atzompa, Veracruz, este viernes 4 se llevará
a cabo la primera audiencia virtual en la que estarán presentes las
organizaciones peticionarias ante el Sistema Interamericano y representantes
del Estado mexicano.
En un comunicado, las
organizaciones peticionarias como la Coordinadora Nacional de Mujeres
Indígenas, Kalli Luz Marina, Abogadas y Abogados para la Justicia y los
Derechos Humanos, Centro Heriberto Jara y la Coordinadora Regional de
Organizaciones Indígenas, informaron que la audiencia de mañana permitirá
conocer más detalles que permitan a la CIDH determinar la responsabilidad del
Estado mexicano en el caso de la señora Ascencio Rosario, quien no tuvo acceso
a la justicia y a la verdad por el actuar del entonces presidente de México,
Felipe Calderón Hinojosa, y otros funcionarios federales que ocultaron las
pruebas.
Se espera que cada una
de las partes aporte información que permita esclarecer todas las violaciones a
los Derechos Humanos que se han cometido durante estos 13 años, tras los cuales
sigue impune la violación sexual contra la indígena Ernestina Ascencio Rosario,
y se ha negado el acceso a la verdad y la justicia para su familia y las
organizaciones civiles que las acompañan.
Los hechos
En el comunicado, las
organizaciones recuerdan que el 25 de febrero de 2007, la hija de Ernestina
Ascencio encontró a su madre tirada en el monte. La indígena, quien era una
adulta mayor, llevó a pastar a sus ovejas cerca de un campamento del ejército
mexicano, en la comunidad de Tetlatzinga, municipio de Soledad Atzompa,
Veracruz. Al preguntarle lo que le había sucedido, Ernestina respondió a su
hija en su lengua náhuatl: “los soldados se me echaron encima, mi hija. Me
duele la cadera”.
Ernestina no recibió
atención médica oportuna. Falleció en la madrugada del día siguiente. Los
primeros hallazgos médicos evidenciaron la existencia de violencia sexual, lo
que motivó el inicio de una investigación en la Agencia del Ministerio Público
Especializada en delitos contra la Libertad, la Seguridad Sexual y contra la
familia en la Procuraduría General de Justicia del estado de Veracruz (PGJ).
En sus primeras
declaraciones, representantes del gobierno de Veracruz, así como de la Comisión
Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), condenaron el crimen, mientras que la
Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), encabezada entonces por Guillermo
Galván, manifestó públicamente que los agresores pertenecían a grupos que
pretendían desprestigiar al ejército. Por esta versión no hubo militares
detenidos, únicamente 93 elementos acuartelados sometidos a interrogatorios.
Sin embargo, antes de
que concluyeran las investigaciones, el entonces presidente de la República,
Felipe Calderón, adelantó la conclusión del caso y aseguró que Ernestina murió
de “gastritis crónica”. Esta versión fue secundada por la CNDH, la SEDENA y la
PGJ de Veracruz, quienes en lugar de continuar la investigación decidieron
archivarla.
En 2010, tres años
después de los hechos, la PGJ de Veracruz inhabilitó al médico forense Juan
Pablo Mendizábal Pérez, quien realizó la primera necrocirugía al cadáver de la
Ernestina Ascensión y ha defendido desde 2008 que la indígena sufrió muerte
traumática y un ataque sexual.
Ante la indignación por
los hechos, la contradicción de las versiones públicas de las autoridades, y el
archivo de la investigación, diversas organizaciones de la sociedad civil
solicitaron acceso a las constancias del expediente de investigación. Sin
embargo, la “versión pública” entregada por la PGJ de Veracruz ocultó las
principales pruebas.
Las organizaciones
interpusieron los recursos legales procedentes contra dicho ocultamiento; no
obstante, todos resultaron ineficaces para obtener la información de lo
sucedido en la investigación.
El Estado mexicano se
ha negado desde entonces a la solicitud de las organizaciones y la familia de
Ernestina de poner la investigación a disposición del público bajo el argumento
de “proteger el derecho a la honra e intimidad de los involucrados en el
proceso penal”.
En 2012, las
organizaciones presentaron el caso ante la CIDH para denunciar al Estado
mexicano por las causas que provocaron la muerte de Ernestina, por la falta de
esclarecimiento de los hechos y por la impunidad de los responsables, así como
por no adoptar medidas progresivas para garantizarle el ejercicio de sus
derechos económicos, sociales y culturales, en particular el derecho a la salud
que le hubiera salvado la vida. Violaciones que se produjeron como resultado de
violencias y discriminación múltiple sin que se le brindara protección judicial
ante tales hechos.
Asimismo, la petición
fue presentada por la violación al derecho a la verdad, protección judicial y
garantías judiciales, de las integrantes de las organizaciones que formularon
las solicitudes de información pública, así como de la sociedad en su conjunto.
A finales del 2017, la
CIDH admitió el caso, el cual se encuentra ahora en la etapa de análisis sobre
el fondo de los hechos denunciados que le llevará a determinar la
responsabilidad del Estado mexicano.
La audiencia será
virtual y se llevará a cabo a la una de la tarde (horario de México) por esta
vía.
https://plumaslibres.com.mx/2020/12/03/la-cidh-realizara-la-primera-audiencia-por-el-caso-de-la-indigena-ernestina-ascencio-agredida-sexualmente-por-militares-en-soledad-atzompa/
