Por periodistasdigitales - en Nota principal
Ciudad de México. 03 Diciembre 2020.- Tras presentar denuncia formal por amenazas, coacción y abuso de autoridad ante la Fiscalía General del Estado, este jueves la magistrada expresidenta del Tribunal Superior de Justicia, Sofía Martínez Huerta, presentó denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR), en contra del secretario de Gobierno, Eric Cisneros Burgos, por los mismos delitos.
«Acuso ante esa representación social para el efecto de exponer las conductas antijurídicas realizadas por Eric Patrocinio Cisneros Burgos, secretario de Gobierno del Estado de Veracruz», se lee en el texto de la denuncia.
La Magistrada pondera en su escritorio, que presenta ante dicha representación su denuncia, porque no confía en la imparcialidad de la titular del organismo autónomo de Veracruz, Verónica Hernández Giadáns, toda vez que fue y sigue siendo subordinada de Cisneros Burgos al haberse desempeñado como directora del área jurídica de la Secretaría de Gobierno.
«Es importante hacer mención que la denuncia que en esta vía se plantea, es en contra del Jefe de Gabinete de Gobierno del estado de Veracruz, esto es, el secretario de Gobierno, Eric Patrocinio Cisneros Burgos, quien a su vez fue uno de los impulsores de la actual titular de la Fiscalía General del Estado, la licenciada Verónica Hernández Giadáns, y que de acuerdo a las reuniones de las Mesas de Seguridad en las que estuve presente, por haber ostentado el cargo de Presidenta del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado; Hernández Giadáns, obedece ciegamente los intereses particulares del secretario de Gobierno, pues previo a su llegada al órgano «autónomo», se desempeñó en la Secretaría de Gobierno como directora jurídica, supeditada a las instrucciones del ahora denunciado.
Por lo que, al existir un indudable conflicto de intereses entre el denunciado y la titular de la Fiscalía General del Estado, puede advertirse que resulta difícil el cumplimiento de los principios de imparcialidad, legalidad, debida diligencia y objetividad, previstos en el artículo 129 del Código Nacional de Procedimientos Penales, en franco incumplimiento a lo mandatado por el artículo 116 fracción IX de la Constitución Federal, señala la togada en la denuncia.
Martínez Huerta sostiene que no se reúnen todas las condiciones objetivas que pudieran entrañar el cumplimiento de los principios establecidos en la norma suprema, de ahí que, en atención al principio de interpretación, acude ante el titular de la FGR, con la finalidad de dar cumplimiento a los principios establecidos en el artículo 20 de la Constitución Política, con la finalidad de que esclarezcan los hechos que acusa y que el delito no quede impune, que se castigue al probable responsable y que se repare el daño.
Reiteró que fue citada en Palacio de Gobierno en donde el Gobernador le manifestó que era importante que tuviera conocimiento de que el secretario de Gobierno, había hecho acuerdos con el anterior presidente del Poder Judicial, Edel Humberto Álvarez Peña y que dentro de esos acuerdos, «quedamos en que no se haría cacería de brujas respecto a su administración», por lo cual todo aquello que tuviera que ver con la anterior administración, lo tendría que ver directamente con Cisneros.
«A lo anterior, le manifesté que siempre y cuando todo se encontrara dentro del marco de legalidad, así habría de hacerse, por lo cual todos coincidimos en que el actuar de la administración estatal, tanto del Poder Ejecutivo como del Judicial y en su momento el Legislativo, tenía que encaminarse al beneficio de la sociedad», sostuvo.
Recordó que mediante el decreto 552, publicado en la Gaceta Oficial del Estado, en fecha 24 de febrero de 2020, el Congreso del Estado aprobó los informes individuales y el informe general ejecutivo de las cuentas públicas de los entes fiscalizables del Estado, correspondientes al ejercicio 2018.
Dentro de dicho decreto, se determina instruir al titular del Órgano Interno de Control del Poder Judicial, continuar las investigaciones respectivas y promover las acciones que procedieran de las observaciones administrativas y recomendaciones que hacían presumir faltas administrativas no graves.
Asimismo, que mediante sesión del Pleno del Consejo de la Judicatura fue nombrada la maestra Mónica Morales Silva como subdirectora de Recursos Materiales de la dirección general de Administración del Poder Judicial del Estado
De lo anterior, tuvieron conocimiento de los consejeros de la Judicatura, Pedro Luis Juan Clemente Reyes Marín, Andrés Cruz Ibarra, Carla Rodríguez González y Humberto Oliverio Hernández Reducindo, para efectos de que en sesión extraordinaria del Consejo, atendieran dichas observaciones y dado que la auditoría había sido autorizada en términos del artículo 88 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, se resolviera lo conducente sobre el pago de ésta.
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