10 de diciembre de 2020

JUSTICIA PARA JUAN CARLOS PADILLA ARANDA, MUERTO POR VIOLENCIA POLICIAL EN CELAYA, GUANAJUATO


El lunes 23 de noviembre del 2020, Juan Carlos Padilla Aranda, padre de familia y vendedor de tamales por 30 años, de 54 años de edad, murió cuando policías de la Agencia de Investigación Criminal de la Fiscalía General del Estado de Guanajuato, sin identificarse, sin presentar una orden de aprehensión, lo detuvieron y sometieron. Juan Carlos opuso resistencia porque pensó que lo estaban secuestrando. Tras severos daños ocasionados por la asfixia y los golpes que recibió, Juan Carlos perdió la vida.

Algunos testimonios y su familia aseguran que mientras Juan Carlos se encontraba en el piso, un agente colocó la rodilla sobre su cuello asfixiándolo y después fue llevado al Hospital General de Celaya, donde llegó sin vida. La familia no fue notificada, después de horas de búsqueda recibieron una llamada y se trasladaron al hospital donde se les entregó el cuerpo cubierto de golpes y con la mandíbula rota.

Exigimos a la Fiscalía General del Estado de Guanajuato esclarezca los hechos y se castigue a los culpables, que dé pronta respuesta a la familia de Juan Carlos, que investigue conforme a derecho y detenga la revictimización. Instamos al Poder Judicial a que responda en consecuencia, a que la Procuraduría de los Derechos Humanos emita las recomendaciones pertinentes, al Gobierno del Estado de Guanajuato a garantizar los derechos individuales de la ciudadanía y al Estado Mexicano para que se pronuncie sobre este hecho lamentable que vulnera a la sociedad en general.

Las explicaciones que ha dado la Fiscalía General del Estado (FGE) de Guanajuato, justifican y defienden el presunto intento de detención que terminó en el homicidio del comerciante Juan Carlos Padilla Arandas, y ofrecieron un escenario radicalmente opuesto al evidenciado en el video que captó los hechos.

Más de un día después, la FGE rechazó que los agentes de la Policía Ministerial golpearan a Juan Carlos y afirmaron que el hombre contaba con un mandato judicial por un delito grave, otorgado por un juez de control.


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