Foto de portada: Familias desplazadas de Aldama por Índice político.
“Es indignante la
situación de violencia estructural que se permite e, incluso, se fomenta desde
los diferentes niveles de gobierno y su poca o nula disposición para atender el
conflicto, trivializando, discriminando y criminalizando a las comunidades”,
denuncia un comunicado difundido por una misión civil de observación en
Chiapas.
Realizada durante
cuatro días, dicha misión estuvo integrada por 14 organizaciones de derechos
humanos pertenecientes a la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos
Humanos “Todos los Derechos para Todas y Todos” (Red TDT).
La misión visitó
comunidades en las regiones norte, altos y costa de Chiapas en donde recabaron
testimonios de personas que han vivido desplazamiento forzado, el despojo de
sus tierras y un contexto generalizado de violencia que va de las amenazas
hasta la tortura.
Las comunidades
visitadas por la misión de observación fueron Chalchihuitán, Acteal, Aldama,
Nuevo San Gregorio, Moisés Gandhi, Chilón y Tonalá. En todas documentaron
situaciones de conflicto y violencia contra defensores y poblaciones.
En contexto ⇒
Continúa ataques paramilitares en comunidades de Chiapas
Por ello, destacaron
“las amenazas de muerte, agresiones directas y actos de criminalización en
contra de personas defensoras de derechos humanos y de ayuda humanitaria,
quienes realizan su labor en un ambiente de violencia generalizada”.
Sin acceso a la
justicia
Mediante conferencia de prensa, lxs integrantes de la misión también resaltaron los impactos psicosociales en las comunidades en Zona Altos, Norte y Costa de Chiapas,, así como el efecto diferenciado en las mujeres y las infancias de poblaciones en desplazamiento forzado, quienes viven en situaciones con terror, miedo y preocupación, lo cual les coloca en una situación de mayor vulnerabilidad.
“Alarmantes de la situación de insuficiencia alimentaria, inexistentes servicios de salud y medicamentos que se suman a la situación de desplazamiento forzado que amenazan y ponen en riesgo la vida de cientos de personas”, los cuales “agravan la falta de condiciones de seguridad y de acceso a la justicia, ante la existencia de grupos paramilitares y de choque que agreden a las comunidades, implica un riesgo latente para ellas y para quienes ejercen su derecho a defender derechos humanos”, expusieron como resultado de la documentación en las distintas regiones de Chiapas.
En su denuncia, las organizaciones enfatizaron también “la falta de acceso a la justicia que también se relaciona con la inoperancia de las fuerzas de seguridad pública para frenar la violencia y la falta de actuación de la Fiscalía del Estado aun cuando tienen claro conocimiento de los responsables de los ataques armados”.
A la exigencia de justicia, la misión de observación también se sumó al llamado “para que Cristóbal Santis Jiménez, preso político por su labor de denuncia a las agresiones sistemáticas de las comunidades de Aldama sea puesto en libertad de manera inmediata”.
Hostigamiento a defensores
Nathaniel Hernández, director del Centro de Derechos Humanos Digna Ochoa, destacó que en las tres zonas visitadas por la misión se confirmó la existencia de grupos armados quienes están actuando con facilidades en los territorios para obtener control, poder despojar, invadir y continuar realizando hechos criminales.
“Vemos una fuerte
resistencia de defensa del territorio por las comunidades que han procurado
tener un espacio de cultivo para proveer alimentos, tranquilidad y armonía,
generando una tensión mayor de las comunidades. Por otro lado, todo este
contexto propicio agresiones, amenazas, desplazamiento, asesinatos, hasta la
fecha el estado se mantiene omiso”, enfatizó el director de la CDH.
Hernández compartió
también que en la costa de Chiapas donde realiza su labor, el CDH Digna Ochoa
acompaña un proceso de colonia urbana “donde existe una deficiencia de garantía
de derechos por parte de las autoridades, donde no hay garantía de los
servicios básicos como agua, drenaje, alumbrado, seguridad y vivienda”.
A dicha situación se
suma la violencia ejercida por “un grupo que actúa bajo la primicia del
gobierno en la región, por lo que, evidenciaron que existe una falta de
voluntad para poder atender las situaciones de violaciones a derechos humanos
que pone en riesgo a las comunidades y también a quienes acompañan los procesos
de defensa de los derechos humanos”, compartió Hernández quien durante las
últimas semanas denunció el haber recibido amenazas de muerte debido a su
labor.
Agresiones contra
tierras recuperadas
Por su parte, Diana
Itzu Gutiérrez del Centro de Derechos Humanos de la Mujer de Chiapas informó
que, en la zona norte del estado del Caracol de Resistencia Hacia un Nuevo
Amanecer, desde 2019 ocurren agresiones violentas contra 155 hectáreas de
tierras recuperadas por comunidades base de apoyo del Ejército Zapatista de
Liberación Nacional (EZLN) quienes están sufriendo una invasión de 40 personas
que se articulan con la Organización Regional de Cafeticultores de Ocosingo
(ORCAO), quienes han cercado el territorio.
“Invasión, cercamiento de la madre tierra y ambiente de balazos”, video de difusión caravana solidaria por Red Ajmaq.
“Estamos viendo que estos grupos fuertemente armados no solo en el Municipio Oficial de Huitiupán en San Gregorio y en el Municipio Oficial de Ocosingo y Chilón donde el despojo y desplazamiento es parte de esta guerra integral de desgaste”, mencionó Gutiérrez sobre las agresiones contra familias base de apoyo del EZLN quienes por la violencia actual se ven impedidos de cultivar sus alimentos.
Paramilitares
En la región de los Altos, la misión de observación constató una crisis de desplazamiento forzado, situación que viven las y los 1,236 desplazados de Chalchihuitán, así como las comunidades del municipio de Aldama en específico San Pedro Cotsilnam, donde representantes de los 115 comuneros, víctimas, heridos y viudas dieron sus testimonios, constataron de nuevo el abandono del estado ante estas graves violaciones a derechos humanos.
El director del Centro de Derechos Humanos, Fray Bartolomé de las Casas (Frayba), Pedro Faro, mencionó que tienen el conocimiento de 3,499 personas en situación de desplazamiento debido a las agresiones armadas por parte de grupos de corte paramilitar que mantienen en asedio a la población de las 13 comunidades de Aldama.
El director del Frayba sostuvo que el grupo de corte paramilitar tiene vínculos con funcionarios del municipio de Chenalhó, así como complicidad con los tres niveles del gobierno pues los ataques no cesan a pesar de todos los acuerdos del gobierno y pactos hechos desde las cúpulas del poder.
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“Ayer recibimos un reporte más de estos ataques en Aldama y eso nos preocupa mucho, lo que tenemos registrado es que hay 21 heridos y seis muertos, evidenciamos que no hay una atención integral a la situación de los desplazamientos, hombres, mujeres, niños y niñas están viviendo en una alta vulnerabilidad”, denunció Faro durante la conferencia de prensa el pasado 10 de diciembre. El director del Frayba añadió que “lo mismo encontraron con Las Abejas de Acteal, en específico los desplazados de la comunidad de Los Chorros, los hechos fueron perpetrados por autoridades de la colonia Miguel Utrilla de Barrio Río Jordán ubicado en el municipio de Chenalhó”, donde aún hoy dichos grupos armados actúan de manera deliberante y agresiva hacia la sociedad civil Las Abejas de Acteal no permitiéndoles su proceso de construcción de autonomía.
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