la Redacción
Nuevo León. La corresponsal en Nuevo León de La Jornada, Yolanda Chio, fue privada ilegalmente de su libertad por policías municipales de Guadalupe durante la tarde del pasado domingo.
Acompañada de tres amigos, tomaba fotografías con una cámara análoga en el cruce de las calles Linda Vista y Vista Regia, en la Colonia Linda Vista, cuando se acercó la patrulla UG17, tripulada por el elemento J. Delgado H. y uno más que no portaba identificación.
Delgado le aseguró a la periodista que en la zona estaba prohibido tomar fotografías y le ordenó que se retirara del lugar.
Cuando ésta le aclaró que el libre tránsito y realizar capturas fotográficas en la calle era parte de sus derechos y comenzó a grabar a los oficiales con su celular, el agente señaló: “nada más se saben uno o dos derechos y ya se creen la mamada”.
Ante la contestación, ella le informó a los oficiales que era reportera y exigió respeto, a lo que ambos le dijeron que no importaba su profesión y le aseguraron que la iban a llevar detenida ante un juez calificador.
Sin embargo, la comunicadora indicó que al no estar acusada de ningún delito y al no haber alguna denuncia en su contra, no la podían arrestar.
Delgado procedió a detener a Ignacio “V”, uno de los acompañantes de la periodista, a quien esposó, metió a la patrulla y le mencionó, después de apagar la cámara que portaba en su chaleco, “si estuviéramos en otros tiempos, ya los hubiera madreado”.
Yolanda caminó hacia su automóvil, desde donde llamó a su abogado para obtener asesoría legal y actuar así conforme a derecho.
Una vez en su vehículo, cuatro patrullas del municipio de Guadalupe, entre las que se encontraba la UG700 la rodearon y le impidieron la libre circulación por casi una hora.
Aunque ella les informó a los policías en reiteradas ocasiones que la detención era arbitraria, que había privación ilegal de la libertad, y que no se estaba siguiendo el Protocolo de Actuación, que exige la inmediata presentación de un detenido ante las autoridades, éstos hicieron caso omiso.
Por más de una hora, los elementos de la patrulla UG700 revisaron los antecedentes del automóvil, sin existir alguna orden judicial.
Posteriormente, procedieron a llevar a Ignacio a la Secretaría de Seguridad Pública de Guadalupe para presentarlo ante un juez calificador.
Los agentes lo acusaron del delito de desacato, una hora y media después de su detención; argumentaron que a las 6:00 de la tarde, la hora en la que llegó a las instalaciones, era el cambio de turno policial, y el proceso se alargó por cerca de dos horas.
Aproximadamente a las 8:00 de la noche un juez calificador, que se negó a identificarse, informó a la periodista que la multa por desacato era de 2 mil 200 pesos, pero por la “molestia”, dejaría la sanción en mil 600 pesos; al pagarlos, Ignacio fue liberado.
El municipio de Guadalupe es gobernado por la priísta Cristina Díaz. También el domingo, el periodista de la revista Proceso, Juan Alberto Cedillo, fue detenido de manera ilegal por policías municipales de Monterrey.
Cedillo captó con su cámara cuando elementos de la Secretaría de Seguridad Pública y Vialidad revisaron las bolsas de un vendedor ambulante; los agentes lo abordaron haciendo uso de la fuerza, lo amenazaron con sus armas, lo detuvieron y lo mantuvieron incomunicado por unas tres horas en celdas municipales.
En Monterrey, el edil Adrián de la Garza Santos solicitó licencia para contender por la gubernatura por el PRI el pasado viernes; actualmente, el alcalde interino es Antonio Fernando Martínez Beltrán.
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