3 de julio de 2016

MÁS LEÑA AL FUEGO Y NI ASÍ QUEMA…

Maryjose Gamboa
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La columna Bajo Reserva del Universal terminó de enloquecer a los Duartistas que confían en la protección del gobierno federal para librarla… El día de ayer los periodistas del diario capitalino publicaron: “Trasciende que tras su visita de Estado a Canadá, el Presidente Enrique Peña Nieto presentará ante el Congreso de la Unión su solicitud de licencia definitiva, esto tras un acuerdo emergente entre las cúpulas priistas, luego de los desalentadores resultados en las pasadas elecciones de 12 estados del país”.
Sin embargo no hay nada que corrobore la autenticidad de esta información, más bien suena a uno de los comentarios convenientemente filtrados con la intención de “calmar las aguas”, ya que la popularidad del Presidente se terminó de desplomar tras la batalla campal que libra el Gobierno Federal con los maestros de la Coordinadora Nacional de la Trabajadores de la Educación… A menos claro que los rumores que apuntan que la deteriorada salud del Presidente le impide terminar su mandato, sean reales. Veremos…
Mientras tanto… “la aldea en llamas”.
Por lo pronto el Presidente sigue siendo Enrique Peña Nieto, y parte importante de su enorme deuda social con las mexicanas y mexicanos, está en Veracruz.
Le ha permitido y le sigue permitiendo a Javier Duarte TODO… En cinco años siete meses convirtió a Veracruz en la entidad más endeudada del país en relación con el número de habitantes. La más denunciada por la Auditoría Superior de la Federación por desvíos de recursos de las cuentas públicas, desvíos cuyo monto concentra la deuda total de 16 estados del país. La que más nuevos pobres “aportó” en tan sólo dos años, la cuarta parte del número total, lo que en términos numéricos se traduce en 500 mil personas de los 2 millones que reportó CONEVAL como nuevos pobres en México, y esto hasta el 2014, porque si se contabilizan los dos últimos años del sexenio Duartista la cifra seguramente incrementará de manera considerable.
En términos de seguridad, a la par que el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública presumía la disminución de secuestros y extorsiones en todo el país, tenía que reconocer que en entidades como Veracruz la batalla “se iba perdiendo”, ya que no sólo no se lograron reducir las cifras, sino que esta creció de tres años a la fecha.
Pero además el Veracruz de Duarte en los tiempos de Peña Nieto, se volvió el sitio más peligroso del mundo para ejercer el periodismo, el que más recomendaciones por violaciones a los derechos humanos ha recibido por parte de TODOS los organismos nacionales e internacionales. En el que más víctimas de desaparición FORZADA se registran (cuando un elemento del estado está involucrado) y en el que NINGUNA de estas víctimas HA SIDO RESCATADA CON VIDA.
Y pesar que la consecuencia de todo esto fue que el PRI se convirtiera en la tercera fuerza electoral en el estado (restando el voto que aportaron sus aliados el PRI obtuvo menos de medio millón en la pasada elección ni el 10% del padrón) lo que implica perder el tercer estado más importante en votos a dos años de las elecciones presidenciales, Enrique Peña Nieto sigue protegiendo a Javier Duarte. No hay otra forma de entender la permisividad del gobierno federal. Y menos ante la serie de iniciativas que van desde las más cínicas hasta las más descabelladas presentadas por Duarte, cuyo UNICO OBJETIVO en tratar de garantizarle total impunidad.
En entrevista con la periodista Denise Maerker el Gobernador electo Miguel Ángel Yunes Linares denunciaba que ni siquiera se cuentan con datos precisos del monto REAL de la deuda que Javier Duarte pretende heredar a los veracruzanos:
“Tan sólo la deuda registrada ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público supera los 50 mil millones de pesos, además lo que Duarte pretende que se pague EN LA PROXIMA ADMINISTRACIÓN a través del fideicomiso del 3 % a la nómina, que es la DEUDA A PROVEEDORES DEL ESTADO son 12 mil millones. Igual de grave el pasivo actuarial del Instituto de Pensiones del Estado. La basificación para todos los trabajadores de confianza, que no incluye a los trabajadores eficientes, sino a los miles de aviadores de este sexenio”.
Y encima, el nombramiento de un Fiscal “Anticorrupción” amigo de Fidel Herrera y Javier Duarte, la creación de una Sala Judicial “Anticorrupción” con todo y magistrados empleados de ambos pillos, y la donación de una buena parte de los bienes inmuebles propiedad del estado como última repartición del gran botín en el que este par de sinvergüenzas convirtieron al gobierno del estado… Ante este escenario, el Gobernador electo Miguel Angel Yunes Linares declaró: “La omisión del gobierno federal solo se entiende como un acuerdo con duarte para dinamitar a Veracruz”.
Omisión que llega al punto que ayer los pensionados que reclamaban SU PAGO atrasado por más de dos años, fueron de nueva cuenta reprimidos y amedrentados por los enviados de Duarte, mientras que los sujetos utilizados por los delincuentes de César y Marco Antonio del Ángel, para agredir a pedradas, palazos, y botellazos al Gobernador electo, se plantaron ayer en clara BURLA al estado de derecho frente a la Fiscalía, a pesar que el Fiscal de Duarte, habría -se supone- recibido la instrucción de los pinos de proceder… Estos rufianes, Duarte, Fiscal, y “líderes” de los 400 pueblos se carcajeaban la tarde de ayer que lo que merecían por casi matar a Yunes Linares, Ricardo Anaya, Santiago Creel, y resto de acompañantes, era un premio.

Ni hablar, aun en manos de estos sátrapas, y ante la protección del Gobierno Federal que ya se entiende claramente como complicidad, no queda más remedio que repetir la hazaña del 5 de junio… Ciudadanos y líderes opositores, y demostrarles que el pueblo manda, y manda JUSTICIA.

MARIHUANA, A DOS FUEGOS

COLABORADOR INVITADO / Martha Tagle
02 Jul. 2016

La iniciativa del Ejecutivo quedaba muy lejos de la expectativa de lo que se requiere para regular la marihuana, muy por debajo de lo resuelto por la SCJN, y bastante limitada frente a iniciativas presentadas por diferentes legisladores. Sin embargo, sí contenía un avance significativo: que la portación para estricto consumo personal no se considerara delito, ello contribuiría a dejar de tratar a los consumidores como delincuentes.

Al realizar el extraordinario después de las elecciones, y luego de los resultados desastrosos para el partido en el gobierno, las justificaciones se dirigieron hacia las iniciativas presentadas por el Presidente, pretextando que gracias a ellas habían perdido terreno. Con esa conjetura, el PRI del Senado se convirtió en el principal obstáculo para que la iniciativa prosperara.

De entrada, dieron por cerrado el debate sobre el aumento a 28 gramos en la portabilidad, pues se enfrascó en la absurda discusión sobre si era mucho o suficiente para consumo personal; tan absurdo, como intentar poner un límite al número de botellas de alcohol que se compran, para que no se beba demasiado. Por lo que se difirió su discusión.

En la parte medicinal, se partió del hecho que la mera importación de medicamentos, por onerosa, no resolvía el problema para casos como el de Grace Elizalde, resuelto por la Corte, y para tratar síntomas de otras enfermedades que afectan a miles de personas. Así que, se buscó mejorar la iniciativa, considerando la siembra, cultivo, así como la producción nacional para usos farmacéuticos, terapéuticos y de investigación científica.

En reuniones de la Comisión de Salud del Senado con el enlace de la Secretaría de Salud y Cofepris, se concluyó que lo que se conoce como Cáñamo -al no tener más del 1% de THC (tetrahidrocannabinol)- no se podía considerar "psicoactivo". Quedó claro que el cáñamo se puede identificar desde la semilla, y que su planta es diferente a la de la marihuana; además, que éste tiene muchos otros fines industriales de los que se desarrollan innumerables suplementos alimenticios y derivados para tratar enfermedades. Por lo que se acordó incluir su regulación en el grupo IV del art. 245 de la Ley General de Salud, donde se encuentran las "sustancias con amplios usos terapéuticos que no constituyen un problema para la salud pública".

En una revisión más profunda se consideró que dejarlo ahí, dentro de los psicotrópicos, era inconveniente y no era útil al propósito de la iniciativa, por lo que era necesario sacarlo de las sustancias prohibidas. Ésta se convirtió en una batalla campal, pero no por diferencias de fondo, sino por el ánimo de no dejar avanzar la reforma. El conservadurismo chafa, poco informado, y la defensa a ultranza del cáñamo se impuso.

Además, en el proyecto de dictamen, sin que nadie asumiera la responsabilidad de su incorporación al mismo, se incluyó una modificación al art. 193 del Código Penal Federal, con el cual se pretendían hacer punibles todas las conductas relacionadas con la Marihuana. Es decir, se dejaba sin efecto la reforma misma, peor aún, pretendía darle vuelta a lo resuelto por la SCJN en los amparos sobre consumo personal y para uso medicinal que se basan en la derogación del artículo 237 de la Ley de Salud.

En conclusión, la marihuana se quemó a dos fuegos, el neoconservadurismo de la bancada priista y la jugarreta del "duende" jurídico. Es importante tenerlo claro para que las y los legisladores, junto con la Secretaría de Salud, avancemos en la discusión sobre la regulación de la marihuana con base en evidencia científica, libres de prejuicios, y sin ánimos revanchistas. Preciso será recuperar la parte valiosa de la iniciativa del Ejecutivo: dejar de considerar delito la posesión para consumo personal.


La autora es senadora independiente.

TLATLAYA SUMIDO EN LA IMPUNIDAD; PGR DEBE INVESTIGAR

*La falta de actuación seria provoca que no haya ningún responsable en la cárcel.

Ciudad de México, 29 de junio de 2016. A dos años de masacre de Tlatlaya, Estado de México, las organizaciones firmantes denunciamos que la falta de efectividad de la Procuraduría General de la República (PGR) y del Poder Judicial de la Federación frente a un Ejército renuente a la rendición de cuentas, llevó a la consolidación de la impunidad, como lo habíamos advertido anteriormente. Al día de hoy, ningún responsable de esta grave violación de derechos humanos se encuentra procesado y no se están realizando todas las diligencias necesarias para fincar responsabilidades a todos los niveles.

A pesar de que la PGR ha anunciado que no habrá impunidad y que la propia Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) determinó en su Recomendación 51/2014 la ejecución arbitraria de por lo menos de 12 a 15 personas en los hechos, el pasado mes de mayo el Magistrado del Sexto Tribunal Unitario en el Estado de México, Adalid Ambriz Landa, decretó la libertad de los tres elementos del Ejército que enfrentaban un proceso penal en el fuero civil por homicidio calificado y encubrimiento, alegando insuficiencia de elementos para probar los hechos o las responsabilidad de los soldados. Esto es producto de una acusación deficiente y falta de investigación por parte de la Procuraduría federal. Una prueba de ello es que a un año de haberse revelado la existencia de la Orden General de Operaciones que instruyó a la unidad castrense involucrada en los hechos “abatir delincuentes en horas de la oscuridad”, ésta sigue sin ser investigada.

Ahora que el Sexto Tribunal Unitario devolvió la investigación a la PGR, exigimos que esta vez las averiguaciones se conduzcan con eficiencia y de acuerdo a los más altos estándares en la materia, de manera que los responsables de esta grave violación a los derechos humanos, respondan ante la justicia.

Ante este panorama, recordamos que la Organización de las Naciones Unidas (ONU) ha externado su profunda preocupación por el hecho de que a casi dos años de la comisión de graves violaciones de derechos humanos en Tlatlaya, el caso sigue sumido en la impunidad y a las víctimas se les sigue negando su derecho a la justicia y la verdad. En su informe de seguimiento al Consejo de Derechos humanos de la ONU sobre las medidas adoptadas por el gobierno de México para implementar las recomendaciones para proteger el derecho a la vida, el Relator Especial de la ONU sobre las ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias,Christof Heyns, indicó que “las ejecuciones extrajudiciales y el uso excesivo de la fuerza por los agentes de seguridad persisten”, y que “la impunidad y la falta de rendición de cuentas en relación a violaciones al derecho a la vida se mantienen como serios desafíos, al igual que la ausencia de reparación para las víctimas”.

Finalmente, denunciamos los intentos de revictimización contra Clara Gómez González, sobreviviente de los hechos y madre de la también víctima menor de edad Erika Gómez. Sin la valentía de Clara, quien rindió testimonio de los hechos, la verdad no habría salido a la luz. El caso Tlatlaya continúa abierto, hasta en tanto no se esclarezcan los hechos y no sean sancionados los responsables.

Información adicional

Al cumplirse un año de la masacre de Tlatlaya, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh) presentó el informe “Tlatlaya a un año: la orden fue abatir”, en el que se da cuenta de la existencia de una orden escrita de operación en la que se instruye a los militares “abatir delincuentes en horas de oscuridad”; por dicha orden instancias internacionales como el Relator Especial de la ONU sobre Ejecuciones y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) instaron al Estado mexicano investigar exhaustivamente dicho documento.

Aquí informe completo:

POBRES, UNOS 21 MILLONES DE NIÑOS Y ADOLESCENTES EN MÉXICO: UNICEF

Foto: Bernandino Hernández/ Cuartoscuro
23 por ciento de mujeres se casan antes de cumplir la mayoría de edad; los estados con mayor número de matrimonios infantiles son Chiapas, Guerrero y Oaxaca.
Unos 21 millones de niños y adolescentes menores de 17 años viven en pobreza en México, de acuerdo con un informe de la Organización de Naciones Unidas para la Infancia (Unicef), dado a conocer hoy.

Según el documento, pese a los logros en el país en la atención a este grupo poblacional, niños y adolescentes siguen afectados por la desigualdad y bajos ingresos de sus hogares.

Asimismo, el documento señala que nueve de cada 10 menores hablantes de lenguas indígenas están en pobreza.

Además, en estados como Guerrero y Chiapas cuatro de cada mil niñas de entre 10 y 14 años ya tienen al menos un hijo.

En lo que se refiere a matrimonios infantiles, los estados con más altos índices de pobreza y donde se registran mayores porcentajes de este tipo de uniones destacan: Chiapas (44,82 por ciento), Guerrero (42,41 por ciento) y Oaxaca (39,1) por ciento.

Finalmente, el informe indica que la desigualdad no es inevitable ni insuperable, por lo que se requiere invertir en la niñez.

(Ver informe íntegro, con información de Xinhua)


LOS CONOCIDOS SENDEROS DE LA NUEVA JUSTICIA

En México, pase lo que pase, nunca pasa nada, y cuando pasa, decíamos que iba a pasar


El próximo sábado México habrá transitado del modelo inquisitivo al acusatorio penal. Fueron tantos los problemas acumulados a lo largo de los años que siguiendo la moda latinoamericana determinada desde los Estados Unidos, se emprendió tan importante transformación. El cambio comenzó con una reforma constitucional construida con la narrativa de los defectos existentes, la búsqueda de justicia y los beneficios esperados.

La evidente necesidad de hacer algo se alineó bien desde las agencias estadounidenses, se pagaron muchos dólares para que entusiastas académicos nacionales diagnosticaran lo sabido y propusieran lo que se hacía en varios países de la región. Tan serios análisis fueron tomados en cuenta para una reforma constitucional mezclada con otra que buscaba distinguir entre delincuentes ordinarios y organizados. La reforma constitucional de 2008 sumó la visión de quienes imaginaron un derecho procesal garantista y un derecho penal para enemigos sociales. Se abrió un razonable plazo de ocho años para hacer los ajustes necesarios al híbrido.

Al principio, nada pasó más allá de unos importantes experimentos aislados. Académicos metidos a diagnosticadores comenzaron a medir los pocos avances y los magros resultados. En la medida en que se hizo necesario el trabajo técnico y no ya la apología, abandonaron el campo. Los legisladores y las administraciones no tomaron en serio el plazo constitucional para las transformaciones. Suponiendo una contrarreforma, dejaron hacer y dejaron pasar. Ni leyes, ni capacitaciones, ni recintos, ni transformaciones se dieron por aquellos años.

En 2011 se hizo la reforma de derechos humanos y juicio de amparo. A la gran cantidad de derechos constitucionales que se habían dado a procesados, victimas y ofendidos, se agregaron muchos otros de fuente internacional. Se estimó que los cambios poco tenían que ver con lo penal. Tal vez se supuso que los nuevos derechos humanos no podían beneficiar a las malas personas. A los meses comenzó a entenderse que una y otra reforma se aplicarían conjuntamente y que los procesados tenían nuevos derechos. Las alarmas se encendieron. Se retomaron algunas de las olvidadas tareas. Se declaró que el nuevo proceso penal no se pospondría. 

Apresuradamente y con pausas, comenzaron a emitirse normas, a capacitarse personas, a hablarse nuevamente del tema. La intermitencia y la diversidad caracterizaron el momento. Más declaraciones que tareas cumplidas. Se supuso que el nombre “reforma judicial” agotaba el ámbito de las transformaciones. Que la tarea a realizar era para los jueces y por los jueces. Policías, peritos, defensores y fiscales quedaron marginados al no estar nombrados en el objeto a reformar. Las profesiones y sus organizaciones se ausentaron. Los abogados no se actualizaron ni capacitaron; sus escuelas y facultades no generaron cambios educativos y las de medicina siguieron enseñando su anticuada medicina legal. Los medios de comunicación no formaron nuevas fuentes ni transformaron las existentes. Los servicios periciales siguieron siendo los mismos de siempre.

Los daños sociales e individuales que las omisiones y errores acumulados habrán de producir serán cuantiosos. Los chivos expiatorios constituirán rebaño. Los yo-se-los-dije y los yo-lo-sabía estarán en boca de muchos. Las apelaciones a nuestra cultura jurídica y el rechazo a los extranjerismos no tardarán en llegar. Las baterías se enfilarán a los jueces, primordialmente de amparo, pues a ellos les corresponde garantizar el debido proceso y la presunción de inocencia. Como ya pasa, de ellos se dirá que no comprenden lo que auténticamente quiso hacerse con la reforma. Al final y trágicamente, volverán las palabras que dicen que decía Cantinflas, un hombre serio: en México, pase lo que pase, nunca pasa nada, y cuando pasa, ya decíamos que iba a pasar. Malos tiempos para la justicia nacional.


Ministro de la Suprema Corte de Justicia de México. @JRCossio

LAVADO DE DINERO Y CORRUPCIÓN POLÍTICA

POR CARLOS CASTRESANA FERNÁNDEZ , 11 DICIEMBRE, 2015LIBROS

En su nuevo libro, Lavado de dinero y corrupción política. El arte de la delincuencia organizada internacional, Edgardo Buscaglia –asesor en reformas judiciales, combate y prevención del delito organizado, así como en corrupción privada y pública– expone sus tesis sobre la dimensión de aquel delito patrimonial y propone 20 políticas públicas para combatirlo con eficacia. Puesto en circulación por Penguin Random House Grupo Editorial en su sello Debate, el volumen contiene un prólogo de Carlos Castresana Fernández, abogado y fiscal del Tribunal Supremo de España, que Proceso ofrece a sus lectores.

MÉXICO, DF (Proceso).- Edgardo Buscaglia es uno de los mejores especialistas del mundo en la materia, con una vasta y reconocida experiencia. Ha dedicado la mayor parte de su carrera profesional a investigar el fenómeno del crimen organizado desde algunas de las universidades más prestigiosas, pero también desde instituciones globales como la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC, por sus siglas en inglés).
Buscaglia no solamente ha estudiado el crimen organizado y las complicidades que lo sustentan: también ha denunciado sistemáticamente, con valentía y credibilidad excepcionales, en conferencias, artículos científicos y periodísticos y en apariciones públicas ante los medios de comunicación, la connivencia que desde los poderes públicos –las autoridades nacionales e internacionales– y también desde las corporaciones privadas y los mercados financieros, por acción o por omisión, permite demasiadas veces a los grupos criminales crecer y desarrollarse a sus anchas y lavar impunemente sus ingentes beneficios; ello cuando esos mismos poderes y actores políticos y económicos no participan o encubren y lucran directa o indirectamente con su actividad delictiva. Baste el dato escalofriante que nos ofrece una institución tan poco sospechosa de ser propensa a las exageraciones como es la OCDE, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos: el lavado de dinero mueve anualmente 400 mil millones de dólares. Con esos extraordinarios beneficios se alimentan la corrupción y la violencia.
El autor no se detiene esta vez en quienes se dedican únicamente a aquellas actividades conocidamente criminales, sino que fija su atención en otras, no menos criminales, cuyas consecuencias destructivas para la seguridad humanas son insoslayables pero que reciben mucho menor atención de los poderes públicos y los medios de comunicación porque son menos visibles y causan mucha menos alarma social.
No son solamente el tráfico de drogas, el de armas y municiones, el de recursos naturales y el de seres humanos los delitos que tienen efectos desastrosos y a menudo letales para miles o millones de personas; también el fraude fiscal, la financiación ilegal de los partidos políticos, el soborno, la corrupción pública y privada, la malversación de fondos, el tráfico de influencias, el abuso de información privilegiada y un largo etcétera son conductas que permiten actuar libremente al crimen organizado con el altísimo nivel de complicidad del que disfruta.
Se trata de mecanismos y procedimientos que compran voluntades, al punto de permitir que el lavado de dinero quede impune en 99% de los casos. El caso revelado recientemente por la ABC, la televisión pública de Australia, que saca a la luz la connivencia entre la mafia calabresa ‘Ndrangheta y destacados políticos australianos, tanto del Partido Liberal como del Laborista, pone de manifiesto la cara más oscura de la globalización. ¿Cómo pueden las organizaciones criminales estar en Italia y en sus antípodas al mismo tiempo? ¿Cómo pueden conseguir sus integrantes más destacados permisos de residencia en un continente mientras son perseguidos en otro? La respuesta es obvia: les sobran el poder y los recursos para comprar o doblegar voluntades.
Esa contigüidad entre lo público y lo privado propicia que en los países de institucionalidad más débil la corrupción y la delincuencia organizada –la famosa disyuntiva atribuida al narcotraficante colombiano Pablo Escobar: “plata o plomo”– infiltren las instituciones públicas al punto de hacerlas ineficientes, representando incluso una amenaza para la gobernabilidad de los Estados.
Y este problema no se da únicamente en Estados pequeños en los que impera el desgobierno, de los que hay algunos ejemplos en Centroamérica o África: el fenómeno se presenta también en países que suponemos sólidamente estructurados, como México o Brasil y asimismo en naciones plenamente desarrolladas, supuestas democracias modélicas, como acabamos de mencionar respecto de Australia.
El más grave de los escándalos recientes se ha manifestado en Estados Unidos, luego de la publicación de la carta de la senadora por Massachusetts Elizabeth Warren –New York Times, 4 de junio de 2015–, dirigida a Mary Jo White, responsable de la SEC (Securities and Exchange Commission, el órgano supervisor de la Bolsa de Nueva York), y es un ejemplo elocuente del estado de cosas por el que atravesamos. La senadora acusa a White de incumplir las promesas que hizo al Senado para obtener la confirmación de su nombramiento, y de no abstenerse en más de 50 asuntos sometidos a su conocimiento y en los que intervenían la firma de abogados de su esposo, así como el despacho en el que la propia White había trabajado antes de ser nombrada para dirigir la SEC. Sobre todo, la señala por haber propiciado acuerdos extrajudiciales que dieron grandes facilidades a los bancos de Wall Street para continuar haciendo sus negocios en la Bolsa de Nueva York, aun después de haber admitido su responsabilidad criminal en fraudes multimillonarios cometidos contra los inversores.
Buscaglia identifica 23 tipos distintos de delitos económicos organizados. Su proliferación explica que en las sociedades globalizadas los centros de decisión se hayan ido desplazando crecientemente de los Estados a los mercados con consecuencias desastrosas para quienes sufren esta situación, en la que las amenazas para la supervivencia y el bienestar de los ciudadanos provienen ya no sólo de la violación de sus derechos civiles y políticos sino también, crecientemente, de la violación de sus derechos económicos, sociales y culturales. Según la antes citada OCDE, la desigualdad entre ricos y pobres en los países de esta organización no deja de aumentar: sigue siendo baja en los países escandinavos, pero se ha disparado en México, Estados Unidos, Gran Bretaña y Grecia, entre otros.
Se diría que los Estados más desarrollados, incapaces de competir con los emergentes y desesperados al contemplar la deslocalización imparable de los centros de producción de sus propias empresas a lugares tales como China, India, Brasil, Rusia o Sudáfrica –y por qué no, también a Bangladesh o tantos otros países que sólo existen en los mapas porque prácticamente carecen de estructuras de gobierno–, han decidido desmantelar el Estado de bienestar para poder competir con aquellos. En vez de obligar a los países emergentes a imponer medidas básicas ·de protección social, los desarrollados copian sus prácticas de capitalismo salvaje, que creíamos desterradas, confinadas en un rincón de la historia. En España, 18% de la población vive hoy por debajo del nivel de la pobreza, casi el doble que antes de la crisis iniciada en 2007; y vuelve a padecerse desnutrición infantil, que había sido erradicada hace muchas décadas.
No es la de Buscaglia, sin embargo, una visión catastrofista. Igual que identifica el problema, el autor propone la solución. Hemos creado un monstruo que, como el de Frankenstein, ha cobrado vida propia y ya no obedece a su creador. Existen, sin embargo, los instrumentos para combatirle.
Partiendo de las convenciones de la ONU contra la Delincuencia Organizada Transnacional (Palermo, 2000) y contra la Corrupción (Mérida, 2003), Buscaglia desarrolla toda una agenda de trabajo con 20 propuestas concretas que de ser implementadas podrían conducir nuevamente al orden al monstruo desbocado.
Para ello se necesita, antes que nada, conciencia y participación activa de la sociedad civil, que sigue teniendo un lugar y una responsabilidad fundamentales en las sociedades democráticas. Es necesario fortalecer de nuevo a los Estados y reclamar a los gobernantes electos que obedezcan a los intereses de sus electores, y no a los de sus financiadores.
La lista de las propuestas de Buscaglia proviene del estudio, pero también de la experiencia. Incorpora medidas novedosas, tales como la extensión de la pena accesoria de extinción del dominio –que ya se aplica al tráfico de drogas– a otras figuras de la delincuencia económica, de manera que los delincuentes pierdan los bienes de ilícita procedencia que hayan adquirido con el producto de su actividad delictiva. Pero junto a ellas, propone también otras que provienen de las prácticas ya ensayadas con éxito en algunos países, como por ejemplo la reducción o eliminación de las inmunidades y aforamientos para las personas que ocupan cargos públicos, que se crearon para proteger la función pública y a menudo terminan convirtiéndose en el burladero detrás del que se refugian quienes se han servido del cargo público para delinquir y enriquecerse.
Y a las propuestas sustantivas y procesales, Buscaglia acompaña otras operativas que son fundamentales: la creación de unidades investigadoras de inteligencia financiera, la formación de equipos multidisciplinarios, la constitución de fiscalías y tribunales regionales especializados en delincuencia económica, la coordinación supranacional de las investigaciones, la creación de bases de datos compartidas, auditorías sociales, entre otras.
No es una agenda fácil, pero es una agenda posible y se necesita ya. Como señala Edgardo Buscaglia, hay que desmantelar primero al crimen organizado estatal para tener seguidamente alguna posibilidad contra el crimen organizado no estatal, y eso suponiendo que ambos no sean ya una misma cosa, un entramado que a veces resulta imposible desenredar. No es tarea fácil.
Sin embargo, en este barco a la deriva a bordo del cual estamos todos, querámoslo o no, es bueno saber que al menos tenemos una hoja de ruta: la carta náutica que nos señala los escollos contra los que debemos procurar no estrellarnos, misma que nos indica hacia dónde tenemos que navegar. Este libro es esa carta náutica.

REFLEXIONES SOBRE LA LUCHA MAGISTERIAL

Ha emitido en directo hace 22 horas horas
Reflexiones sobre la lucha magisterial
Francisco Bravo
John Ackerman
Luis Hernández Navarro
Héctor Díaz-Polanco
Modera: Paco Ignacio Taibo II