*La falta de
actuación seria provoca que no haya ningún responsable en la cárcel.
Ciudad de México,
29 de junio de 2016. A dos años de masacre de Tlatlaya, Estado de
México, las organizaciones firmantes denunciamos que la falta de efectividad de
la Procuraduría General de la República (PGR) y del Poder Judicial de la
Federación frente a un Ejército renuente a la rendición de cuentas, llevó a la
consolidación de la impunidad, como lo habíamos advertido anteriormente. Al día
de hoy, ningún responsable de esta grave violación de derechos humanos se
encuentra procesado y no se están realizando todas las diligencias necesarias
para fincar responsabilidades a todos los niveles.
A pesar de que la
PGR ha anunciado que no habrá impunidad y que la propia Comisión Nacional de
los Derechos Humanos (CNDH) determinó en su Recomendación 51/2014 la ejecución
arbitraria de por lo menos de 12 a 15 personas en los hechos, el pasado mes de
mayo el Magistrado del Sexto Tribunal Unitario en el Estado de México, Adalid
Ambriz Landa, decretó la libertad de los tres elementos del Ejército que
enfrentaban un proceso penal en el fuero civil por homicidio calificado y
encubrimiento, alegando insuficiencia de elementos para probar los hechos o las
responsabilidad de los soldados. Esto es producto de una acusación deficiente y
falta de investigación por parte de la Procuraduría federal. Una prueba de ello
es que a un año de haberse revelado la existencia de la Orden General de
Operaciones que instruyó a la unidad castrense involucrada en los hechos
“abatir delincuentes en horas de la oscuridad”, ésta sigue sin ser investigada.
Ahora que el Sexto
Tribunal Unitario devolvió la investigación a la PGR, exigimos que esta vez las
averiguaciones se conduzcan con eficiencia y de acuerdo a los más altos
estándares en la materia, de manera que los responsables de esta grave
violación a los derechos humanos, respondan ante la justicia.
Ante este panorama,
recordamos que la Organización de las Naciones Unidas (ONU) ha externado su
profunda preocupación por el hecho de que a casi dos años de la comisión de
graves violaciones de derechos humanos en Tlatlaya, el caso sigue sumido en la
impunidad y a las víctimas se les sigue negando su derecho a la justicia y la verdad.
En su informe de seguimiento al Consejo de Derechos humanos de la ONU sobre las
medidas adoptadas por el gobierno de México para implementar las
recomendaciones para proteger el derecho a la vida, el Relator Especial de la
ONU sobre las ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias,Christof Heyns,
indicó que “las ejecuciones extrajudiciales y el uso excesivo de la fuerza por
los agentes de seguridad persisten”, y que “la impunidad y la falta de
rendición de cuentas en relación a violaciones al derecho a la vida se
mantienen como serios desafíos, al igual que la ausencia de reparación para las
víctimas”.
Finalmente,
denunciamos los intentos de revictimización contra Clara Gómez González,
sobreviviente de los hechos y madre de la también víctima menor de edad Erika
Gómez. Sin la valentía de Clara, quien rindió testimonio de los hechos, la
verdad no habría salido a la luz. El caso Tlatlaya continúa abierto, hasta en
tanto no se esclarezcan los hechos y no sean sancionados los responsables.
Información
adicional
Al cumplirse un año
de la masacre de Tlatlaya, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro
Juárez (Centro Prodh) presentó el informe “Tlatlaya a un año: la orden fue
abatir”, en el que se da cuenta de la existencia de una orden escrita de
operación en la que se instruye a los militares “abatir delincuentes en horas
de oscuridad”; por dicha orden instancias internacionales como el Relator
Especial de la ONU sobre Ejecuciones y la Comisión Interamericana de Derechos
Humanos (CIDH) instaron al Estado mexicano investigar exhaustivamente dicho documento.
Aquí informe
completo:
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