POR JENARO VILLAMIL , 12 JULIO, 2016ANÁLISIS
CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Tardía,
pero de forma clara, la Procuraduría General de la República anunció que
interpondrá controversias constitucionales ante la Suprema Corte de Justicia
contra los nombramientos de fiscales anticorrupción “a modo” y paquetes
legislativos para “blindarse” de investigaciones sobre desfalco o mal manejo de
recursos en el caso de los gobernadores Javier Duarte, de Veracruz y Roberto
Borge, de Quintana Roo.
La PGR hoy aplicó la misma receta al
mandatario César Duarte, de Chihuahua, quien desde abril pasado hizo el
“ensayo” de lo que sus congéneres priistas aplicaron con gran escándalo
mediático en estas últimas semanas.
La PGR opera lo que no pudo frenar ni
la Secretaría de Gobernación ni la Secretaría de Hacienda frente a estos tres
personajes que bien pueden formar parte de esta especie de “fauna depredadora”
del presupuesto público, para utilizar el término de moda acuñado por la CNDH.
“Lo que en esencia se ha solicitado
es que la Suprema Corte de Justicia advierta que las entidades mencionadas
carecen de facultades para crear sistemas locales anticorrupción, sin que se
hayan publicado las leyes generales correspondientes, y se advierta que no
pueden hacer nombramientos de funcionarios en dichas materias”, afirmó Salvador
Sandoval, subprocurador Jurídico de la PGR, en la conferencia de prensa del 11
de julio, acompañado por el vocero presidencial Eduardo Sánchez.
La acción del gobierno federal
responde a tres razones fundamentales:
1.- El descaro evidente de Javier
Duarte y de Roberto Borge que utilizaron el poder del presupuesto para comprar
a los diputados locales del PRI y del Verde, por encima del acuerdo al que se
había llegado de “impunidad” con Los Pinos.
Le tomaron la medida a la debilidad
de Los Pinos. El exdirigente nacional el PRI, Manlio Fabio Beltrones, se quedó
solo en medio de la operación para que Duarte renunciara en Veracruz, antes de
la tragedia electoral del 5 de junio. En Quintana Roo, Borge se soltó todas las
trancas para desafiar al secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong,
y al propio secretario de Energía, Pedro Joaquín Coldwell, hermano del
candidato “opositor” que triunfó. Y César Duarte se confió en el padrinazgo de
Emilio Gamboa Patrón, jefe del PRI en el Senado, quien lo ha defendido una y
otra vez en Los Pinos ante las evidencias de su corrupción.
2.- El expediente tremendo de las
deudas estatales que violan abiertamente las leyes sobre esta materia que
formaron parte de la reforma financiera, tan cara a Luis Videgaray.
Javier Duarte dejará una deuda de 45
mil 776 millones de pesos (la más alta en la historia de Veracruz), de la cual,
15 mil 839 millones de pesos están por aclarar ante la Auditoría Superior de la
Federación (ASF).
Roberto Borge elevó la deuda de una
entidad medianamente poblada como Quintana Roo a 22 mil 541 millones de pesos,
convirtiéndola en la más endeudada per cápita. La Auditoría Superior de la
Federación pidió aclarar mil 15 millones de pesos.
César Duarte se despachó con la
cuchara grande. Elevó hasta 42 mil 176 millones de pesos la deuda estatal. Unos
900 millones de pesos están sin aclarar ante la ASF. De última hora, solicitó
un endeudamiento superior a 6 mil millones, comprometiendo recursos del
Fideicomiso Carretero hasta el 2038.
3.- Los casos de estos auténticos
depredadores del erario generaron una nueva presión política para el gobierno
de Peña Nieto. El PAN y el PRD le demandaron a la Presidencia de la República
su intervención para echar abajo los llamados “paquetes de impunidad” y los
endeudamientos de última hora en el caso de Chihuahua.
El descaro de Javier Duarte y
de Roberto Borge sólo es comparable con la cascada de información que ha
surgido sobre su manejo corrupto. El portal www.mexicanoscontralacorrupción.org documentó
en ambos casos una red de empresas “fantasma” para beneficiarse de los
contratos gubernamentales.
En el caso de Duarte se trata de una
red de 21 empresas creadas entre 2012 y 2013 para ganar licitaciones por una
módica cantidad de 646 millones de pesos. Se trata de auténticas
empresas-pantalla para robar.
En el caso de Borge, una red de
funcionarios de su gobierno fueron señalados de formar una red de despojo a
empresarios y particulares, en otra investigación de www.mexicanoscontralacorrupción.org.
Y el chihuahuense César Duarte superó
a todos armando su propio banco con recursos públicos y mínimo escándalo
mediático, hasta ahora, a pesar de la insistente y consistente denuncia del
panista Javier Corral, quien ganó la gubernatura el 5 de junio pasado.
Estamos ante tres casos –no los
únicos– que se han convertido en verdaderos escándalos nacionales por los
desfiguros, los desplantes autoritarios y hasta el delirio declarativo que los
acompaña, especialmente a Javier Duarte y a Roberto Borge.
Apenas el lunes el veracruzano
se peleó en su cuenta de Twitter –que confunde con un ring y no con un medio de información– con el
excandidato priista Héctor Yunes, quien le pidió que dejara la gubernatura de
forma anticipada.
“Héctor: yo gané contra el mismo
adversario, en tu campaña respeté tu estrategia. No esperes un resultado
distinto si sigues haciendo lo mismo”.
Roberto Borge se puso más tropical
que de costumbre y este martes se lavó las manos. Dijo que el llamado “paquete
de impunidad” que se aprobó en Quintana Roo es responsabilidad de la
legislatura local, no de él. Cínico hasta el final.
Estos tres personajes no son la
excepción sino la regla de una auténtica “fauna depredadora” del presupuesto
público que se adueñó de los estados. Su condición no es exclusiva de un solo
signo partidista. Los métodos coinciden con varios gobernadores del PAN, del
PRD y del Verde que calladitos roban más bonito.
La duda es si estaremos sólo ante un
episodio más de simulación frente a la cleptocracia de los gobernadores o ante
un proceso de depuración de los gobiernos estatales en bancarrota económica y
moral.
Comentarios: www.homozapping.com.mx
Fuente: PROCESO
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