IVAI RESUELVE PRIMERAS DENUNCIAS POR INCUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA

La pagina del ayuntamiento de Córdoba, Veracruz no tiene la información publicada.

Posted on 26 septiembre 2018 by comunicacionsocial

Se impusieron apercibimientos, podrían llegar a aplicarse multas

 º 7 fueron contra ayuntamientos, 1 contra el PRI y 1 contra la FGE
* Si se les impone multa, tendrían una adicional por cada día de incumplimiento
* Cualquier persona puede denunciar ante el IVAI

Xalapa, Ver., 26 de septiembre de 2018.- Por incumplimiento a las obligaciones de transparencia que refieren los artículos 15 al 28 de la Ley 875 de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Veracruz, el Instituto Veracruzano de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (IVAI) resolvió nueve denuncias que fueron presentadas por diversas personas en contra de siete ayuntamientos, el Partido Revolucionario Institucional (PRI) y la Fiscalía General del Estado (FGE).

Con base en los artículos 33, 35, 36 y 40 de la Ley 875, cualquier persona puede presentar denuncia ante el Instituto por medio electrónico o por escrito entregado físicamente, en donde se debe señalar el nombre del sujeto obligado denunciado y una descripción clara y precisa del incumplimiento.

Ocho de las denuncias presentadas cumplieron con estos requisitos y resultaron fundadas. A todos los sujetos obligados de estos casos se les requirió para que rindieran un informe respecto a los hechos de la denuncia; se solicitó a la Dirección de Capacitación y Vinculación Ciudadana del IVAI que realizara verificación virtual de las obligaciones de transparencia, tanto en sus respectivos portales de transparencia como en el Sistema de Portales de Obligaciones de Transparencia (SIPOT), consultable en:

https://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/sistema-portales.

En el expediente IVAI-DIOT/04/2018/I, del Partido Revolucionario Institucional, si bien tiene información en la fracción denunciada, esta no cumple con los lineamientos emitidos por el Sistema Nacional de Transparencia para la publicación de obligaciones y los criterios sustantivos de contenido, adjetivos de actualización, de confiabilidad y de formato que estos establecen.

Por tanto, el órgano garante le ordenó que actualice lo necesario –tanto en su portal de transparencia http://priveracruz.mx/transparencia-menu como en el SIPOT– de la información que corresponde al artículo 21, fracciones I, VIII y X, esto es: el padrón de afiliados o militantes que contendrá exclusivamente apellidos, nombres y fecha de afiliación; los montos de las cuotas ordinarias y extraordinarias aportadas por sus militantes; y el listado de aportantes a las precampañas y campañas políticas.

En los siguientes expedientes, el IVAI ordenó publicar información respecto del artículo 15, fracción VIII, esto es: la remuneración bruta y neta de todos los servidores públicos de base o de confianza, de todas las percepciones, mencionando la periodicidad de dicha remuneración, igualmente, tanto en el SIPOT como en sus respectivos portales de transparencia:

·         IVAI-DIOT/07/2018/I, del Ayuntamiento de Córdoba. Página: http://transparencia.cordoba.gob.mx. No tiene la información publicada.

·         IVAI-DIOT/16/2018/I, del Ayuntamiento de Cosoleacaque. Página: http://www.cosoleacaque.gob.mx. No tiene la información publicada.

·         IVAI-DIOT/19/2018/I, del Ayuntamiento de Juan Rodríguez Clara. Página: http://juanrodriguezclara.gob.mx. Si bien tiene información, no cumple con los criterios y lineamientos del Sistema.

·         IVAI-DIOT/22/2018/I, del Ayuntamiento de Martínez de la Torre. Página https://www.martinezdelatorre.gob.mx. Si bien tiene información, no cumple con los criterios y lineamientos del Sistema.

·         IVAI-DIOT/34/2018/I, del Ayuntamiento de Nautla Página: http://www.nautla.gob.mx. Si bien tiene información, no cumple con los criterios y lineamientos del Sistema.

Por otro lado, en el IVAI-DIOT/46/2018/I, del Ayuntamiento de Oteapan, cuyo portal de transparencia es http://oteapan.gob.mx, al no tener la información denunciada, se le ordenó publicar el contenido del artículo 15, fracción XXXIX, esto es: actas, acuerdos y resoluciones del Comité de Transparencia, así como de sus órganos de gobierno, asambleas, consejos, plenos o sus equivalentes y, en su caso comisiones, comités o subcomités, según corresponda.

En el IVAI-DIOT/52/2018/I, del Ayuntamiento de Acultzingo, cuyo portal de transparencia es http://acultzingo.gob.mx, al no tener la información denunciada, se determinó que debe publicar el contenido del artículo 15, fracción IX, esto es: los gastos de representación y viáticos, así como el objeto e informe de comisión.

Dichos sujetos obligados deberán cumplir en un plazo que no podrá exceder de cinco días –contados a partir de que cause estado la resolución–. Los comisionados Yolli García Alvarez, José Rubén Mendoza Hernández y Arturo Mariscal Rodríguez determinaron sancionarlos a todos con apercibimiento; para el caso de que en el plazo concedido no actualizaran sus portales de transparencia y el SIPOT, se les impondrá una multa administrativa y una adicional por cada día que persista el incumplimiento.

Finalmente, el IVAI-DIOT/67/2018/I, de la Fiscalía General del Estado, fue desechado porque se denunció lo relativo a un dictamen rendido por un perito, que a decir del denunciante, no cuenta con cédula profesional; lo que no corresponde a ninguna de las obligaciones de transparencia. Por tanto, se dejaron a salvo sus derechos para que, en caso de que así lo considere, se dirija ante el Órgano Interno de Control de la FGE para hacer de su conocimiento la presunta irregularidad a la que alude.

En la sesión pública de hoy, el Instituto Veracruzano de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales resolvió 123 recursos de revisión y 9 denuncias por incumplimiento de obligaciones de transparencia, emitiendo 130 sentencias.

Con información de portal de IVAI

http://www.ivai.org.mx/?p=19939

EL DISCURSO DE ENRIQUE PEÑA NIETO ES DESMENTIDO CON EL HALLAZGO DE FOSAS CLANDESTINAS EN VERACRUZ Y CADÁVERES EN JALISCO

Viernes 28 de septiembre de 2018, por  Ciudad de México ,

Descarga aquí Tinta socialista No 53

La generalización de los crímenes de lesa humanidad cada vez es más evidente en toda la geografía mexicana, resulta difícil ocultar las evidencias sobre la responsabilidad del gobierno en el cometido de éstos; por más que arengue sobre la “estabilidad” del país, los hallazgos de fosas clandestinas con cientos de restos mortales y el traslado de cadáveres en cajas frigoríficas desmienten el discurso demagógico de la administración de Enrique Peña Nieto.

La fosa clandestina encontrada en El Arbolillo, municipio de Alvarado, Veracruz con más de cien restos mortales evidencia la sistematicidad en el cometido de múltiples crímenes en esta entidad federativa en particular; en general expresa la magnitud del fenómeno en toda la República mexicana, donde los últimos años incrementaron las desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales, las fosas clandestinas y los desplazamientos forzados.

Según datos del Instituto Nacional de Geografía y Estadística (INEGI), el año 2017 es considerado el más violento de los últimos 21 años en la historia de México con 25 mil ejecuciones extrajudiciales; cifras que enuncian el baño de sangre en el que está inmerso el pueblo trabajador.

Las fosas clandestinas expresan la prueba fidedigna del cometido de múltiples crímenes de Estado, donde la víctima es detenida desaparecida, torturada y ejecutada extrajudicialmente; crímenes de Estado y de lesa humanidad que revelan el ambiente de terrorismo de Estado que viven miles de familias en el país.

En el caso de Veracruz, el gobierno de Miguel Ángel Yunes Linares, en un principio se negó a hacer público el descubrimiento de la fosa clandestina hallada en El Arbolillo, pero, por la insistencia de los familiares y algunos periodistas se dio a conocer; esto comprueba que cada vez más las víctimas indirectas vencen el miedo y enfrentan a las autoridades para hacer pública una prueba que testifica la responsabilidad del gobierno estatal y federal.

Las instituciones gubernamentales en lugar de facilitar el acceso a una investigación pronta y expedita, entorpecen las investigaciones a través de una política dilatoria, negligente e indolente; desde el momento en que hacen público el catálogo de prendas inhumadas en la fosa lacera y profundiza aún más la tensión y angustia a las que son sometidas las víctimas indirectas; el hecho de estar permanentemente con la zozobra de no tener a su ser querido las pone en un estado psíquico de incertidumbre en el momento que surge el hallazgo de nuevos cementerios clandestinos, al pensar que tal vez esté ahí su ser querido.

Esa condición hiriente revictimiza a las víctimas. Las instituciones y funcionarios juegan con los sentimientos de los familiares al obligarlos a trasladarse de un estado a otro para tomar muestras de ADN e investigar si corresponde con los restos inhumados. Ésta es una de las características de la administración actual, dilación y negligencia para atender los casos de desaparición forzada.

Miles de familiares transitan de institución en institución para tener alguna pista o dato de su ser querido, la respuesta de las autoridades siempre es la misma, aún no sabemos nada, necesitamos que nos den más pistas para avanzar en la investigación, actitud perversa e indolente ante el dolor y angustia de las víctimas indirectas.

El derecho a la verdad no implica identificar las prendas a través de un catálogo como lo establece la Comisión Nacional de Búsqueda, quien en atención a los protocolos establecidos por la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), argumentaron que con la finalidad de “conocer la verdad” hacen público el catálogo de prendas.

Conocer la verdad implica dar con el paradero de la víctima, ¿saber quién se lo llevó y a dónde?, ¿qué le hicieron?, ¿qué instituciones participaron?, ¿cuántos elementos participaron?, preguntas que surgen a los familiares de las víctimas sin que obtengan una investigación pronta y expedita.

La indolencia es lo que caracteriza a los funcionarios, es la actitud que asume la actual administración, pues, en seis años de gobierno no escuchó el reclamo de las víctimas indirectas de presentar con vida a sus seres queridos, mucho menos enjuició y castigó a los perpetradores, al contrario, los cobijó con el manto de la impunidad, razón por la que hasta el momento no hay ningún elemento de corporaciones policíacas y militares detenidas por el cometido de estos abominables crímenes.

Hacer público el trato que dan los Servicios Médicos Forenses a los cadáveres expresa la actitud indolente de los funcionarios, pero también, manifiesta la política de gobierno a nivel nacional con las miles de víctimas del terrorismo de Estado. Hacinar los cuerpos, uno tras otro como si fueran bolsas de basura es una expresión de la revictimización por no dar el trato conforme a ética profesional.

El hecho de encontrar cajas frigoríficas con restos humanos manifiesta la magnitud de la violencia institucional que impera en toda la geografía mexicana; datos oficiales señalan que en todo el país hay 35 mil restos humanos sin identificar, lo que nos indica que la violencia descomunal no cesa, lejos de disminuir incrementa.

¿Con qué confianza vemos pasar un tráiler en esas condiciones?, ¿Cuántos transitan por toda la geografía mexicana?, si eso se descubrió en el estado de Jalisco es un indicativo de que todo el país está en las mismas condiciones; estos hechos espeluznantes nos conminan con mayor tesón a exigir juicio y castigo a los criminales de Estado.

En varias entidades federativas las morgues utilizan cajas frigoríficas para almacenar los cadáveres de personas sin identificar, ya sea que son restos humanos inhumados en fosas clandestinas o tocados por la violencia envilecida. En ambos casos reflejan los múltiples crímenes de lesa humanidad a la que son sometidas las víctimas directas: la desaparición forzada, tortura y ejecución extrajudicial; es indignante que el país esté inmerso en un baño de sangre, donde la vida se busque con la muerte y la impunidad cobije a los perpetradores.

El silencio que guardan funcionarios y políticos de oficio respecto al tema deja mucho que desear, un indicativo de la desenfrenada violencia y el terrorismo de Estado en todo el territorio mexicano, sobre todo, los dos últimos años.

En todos los casos está evidenciada la mano criminal del gobierno mexicano, Enrique Peña Nieto está a unos meses de terminar su mandato, pero eso no lo exime de su condición de responsable por los miles de víctimas que genera esta política de gobierno, ahora más que nunca debemos exigir juicio y castigo, no perdonar ni olvidar a cada una de las víctimas directas que fueron trastocadas por este flagelo.

Es una necesidad inaplazable continuar la lucha por la presentación con vida de todos los detenidos desaparecidos; exigir alto al terrorismo de Estado, necesidad de primer orden para erradicar esta práctica fascista que mucho daño ha causado al pueblo trabajador; sin las víctimas no avanzamos, sin justicia la impunidad impone su verdad, no olvidemos, no perdonemos, exijamos juntos con acciones políticas de masas combativas JUICIO Y CASTIGO A LOS CRIMINALES DE ESTADO.

Frente Nacional de Lucha por el Socialismo
(FNLS)

LÓPEZ OBRADOR PUEDE SER BUEN PRESIDENTE, PUEDE SER IGUAL AL PRI/PAN O LA BURLA POR BLANDENGUE

Pedro Echeverría V.

1. Señala mucha gente: “A López Obrador se le ha comenzado a criticar sin siquiera comenzar a gobernar”; pero también se le ha comenzado a halagar sin iniciar su gobierno. Así debe ser la crítica política: no se puede “esperar que se inicie un gobierno, que llegue a la mitad o hasta concluir su mandato para calificar un sexenio”. No se puede esperar. Si un político nace de huevo de pato, camina como pato y come como pato; es decir, si es hijo de la burguesía, de joven piensa y explota como empresario, milita en el PRI o el PAN, pues años antes ya sabes cómo gobernará, cuáles son sus pensamientos u obsesiones y si está dispuesto a matar en defensa de sus particulares intereses.

2. El poder político no es un simple juego, porque de él depende el bienestar o el fracaso de un país y un pueblo. Los electores votaron un mandato y López Obrador tiene que obedecer. Por ello, alarmados, aterrorizados, los jueces o magistrados, los militares, los funcionarios electorales, los llamados especialistas y otros muchos altos funcionarios que cobran cada mes de 400 a 500 mil pesos, han comenzado a rebelarse. ¿Cómo que el presidente López Obrador va a ordenar que los salarios de los jueces o magistrados se reduzcan de 600 mil pesos a 108 mil para respetar el llamado para que ningún salario sea superior al del presidente?

3. Pienso que en tres meses (en marzo de 2019) ya podrá preverse lo que puede o no hacer AMLO. Reducir los altos salarios, construir el aeropuerto en Santa Lucía, aumentar el salario mínimo, consolidar gubernaturas en los estados, atender a los “ninis”, a los estudiantes, los pensionados. Más aún, pienso que antes los jueces, militares, el PRI y PAN, habrán decidido cuál es el camino. Y no es un problema de leyes o legalidades institucionales sino un problema eminentemente de fuerza política real. La gran pregunta será: ¿Quién manda hoy en la nación si desde el inicio del México independiente en 1821 lo ha hecho la burguesía?

4. Cuando digo que nunca he votado es porque desde los 19 años supe que el PRI y el PAN eran partidos de derecha que sólo favorecían a los empresarios, es decir, a los ricos explotadores. Así que en 1958 no voté por el PRI, pero tampoco por el PAN: no voté por López Mateos, en 1964 no lo hice por Díaz Ordaz, en 1970 desprecié a Echeverría, en 1976 no me hice tonto votando por López portillo. A todos ellos y sus seguidores los combatí de antemano y en ningún momento les tuve algún grado de confianza. Afortunadamente mi trabajo salarial de profesor y mi ideología izquierdista me educó a ser independiente y a manifestarme sin temor en las aulas, el sindicato, los periódicos y las calles, como enemigo del sistema.

5. En 1977 el presidente López Portillo y su secretario Reyes Heroles, al ver que las elecciones y la participación electoral estaban en peligro de desaparecer, inventaron una “reforma política” ofreciendo a todos los partidos que se registren y acepten ciertas reglas, grandes cantidades de dinero, diputaciones y senadurías, programas de televisión, pago de locales y propaganda y muchos viajes en avión. No había terminado el ofrecimiento cuando cinco o seis partidos de derecha y reformistas de izquierda ya estaban haciendo cola para registrarse. Desde entonces conozco a unos diez políticos de esa camada que comenzaron a ocupar cargos y llevan 40 años brincando de un puesto a otro sin interrumpir sus ingresos millonarios.

6. Espero que López Obrador, a pesar de los muchos vientos y tempestades que lo rodean, pueda capotear esos temporales, para salvar a su amada. El “tsunami” político de la derecha no sólo está conformado por los pináculos que han comenzado a aparecer en lo más alto de la clase dominante de la nación, sino que los medios de información de otros países han comenzado a cuestionar las políticas que anuncia el lópezobradorismo. Espero que Morena no retroceda, que la obliguen a caer “por educación” en la blandenguería; por el contrario, que pase a la ofensiva. En unos días estarán libres los gobernadores que defraudaron al país; en unas semanas los gobernadores del PAN y del PRI se alinearán con AMLO. ¿Qué sigue? (1/X/18)

https://pedroecheverriav.wordpress.com

https://pedroecheverriav.wordpress.com/2018/10/01/amlo-ofensiva-o-defensiva/

MEDIO SIGLO

TEXTO IRREVERENTE

01 October, 2018 02:11:00

Por Andrés Timoteo

MEDIO SIGLO

Mañana se cumplen 50 años de la masacre de estudiantes en Tlatelolco. Un acto genocida que a medio siglo continúa lleno de misterios e impunidad. No se sabe con certeza el número de víctimas, algunos dicen que 30, otros que 300 y hay reportes de hasta 4 mil muertos y desaparecidos. Ayer como ahora, las personas o sus cadáveres eran desaparecidos para impedir su registro, búsqueda y localización.

También son 50 años de impunidad porque nadie pagó por ese crimen. No fueron molestados judicialmente ni el expresidente Gustavo Díaz Ordaz ni su sucesor, Luis Echeverría Álvarez, quien tiene “prisión domiciliaria” en su residencia de la Ciudad de México, pasando una vejez cómoda con cargo al dinero público. Echeverría es el símbolo viviente de la impunidad y el decano de los genocidas en México.

Lo sucedido en 1968 en México se enmarcó, por supuesto, en dos grandes fenómenos mundiales: la rebelión juvenil nacida con la llamada “Primavera Francesa” y por el otro lado, la “Guerra Fría” que enfrentaba a las dos potencias globales, Estados Unidos y la desaparecida Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS). Rebelión y represión de Estado se conjugaron para marcar la historia de México con baño de sangre.

Y a medio siglo de distancia, el país ha evolucionado poco en la cuestión político-electoral, pero no gran cosa en el respeto a los derechos humanos, la violencia de Estado y mucho menos en el castigo contra los que cometen crímenes de lesa humanidad. Desde 1968 ha ocurrido casi un centenar de masacres de estudiantes, campesinos, activistas sociales, niños -incluidos bebés como el caso de los 49 pequeños que se quemaron en la Guardaría ABC de Sonora- sin que se castigue a los responsables.

Vaya, ni siquiera ha habido investigaciones creíbles. Un espejo -guardando las dimensiones- de la masacre de la Plaza de las Tres Culturas es el caso de la desaparición y asesinato de los 43 normalistas de Ayotzinapa, sucedido en el 2014. Ahí nuevamente el Estado y la milicia estuvieron involucrados, y otra vez se maniobró para dar impunidad a los culpables, especialmente a los de alto nivel político.

Ahora con la coyuntura política se espera -como demandan los sobrevivientes de la masacre - que el nuevo gobierno reconozca que hubo genocidio cometidos por el Estado, y que no solo se ofrezca una disculpa pública de parte del Ejecutivo, sino que se permita una investigación judicial seria y el deslinde de responsabilidades.

No importa el tiempo transcurrido, un crimen de lesa humanidad no puede dejarse al olvido ni sin castigo. Una nación que aspire a ser democrática no debe apostarle a la desmemoria y la impunidad. Aun fallecidos, los victimarios deben ser llevados a la corte penal pues la memoria colectiva lo exige para que el país pueda cerrar esa etapa negra. Obviamente no tendrán castigo físico los genocidas ya extintos, pero sus nombres deben quedar en los anales históricos como verdugos del pueblo.

Juzgar a los muertos no solo es un asunto divino, terrenalmente es parte de lo que llaman “reparación simbólica” en la Justicia Transicional. Declararlos culpables es para que las víctimas -y sus descendientes- sepan el nombre de sus victimarios. A esto se debe sumar, insoslayablemente, la pesquisa para saber la cifra real de estudiantes muertos y desaparecidos, sus nombres y sus historias. La herida histórica no sanará sin la verdad ni los actos judiciales.

LA PINZA AZUL

En temas políticos, el fin de semana fue registrada registró la fórmula para encabezar la dirigencia nacional del PAN la cual se presume como la única en la contienda interna. La fórmula citada es encabezada por el michoacano Marko Cortés Mendoza y el jalisciense Héctor Larios Córdoba. Ambos representan las dos corrientes más fuertes al interior del panismo. Cortés Mendoza al grupo del excandidato presidencial Ricardo Anaya y Larios Córdova al de los gobernadores y exgobernadores azules.

Ellos formaron una pinza para cerrar el paso a otros grupos secesionistas y pro-morenistas o pro-priistas, como el del expresidente Felipe Calderón. El proceso de renovación del PAN a nivel nacional toca a Veracruz pues el exalcalde de Boca del Río y excandidato a la gubernatura, Miguel Ángel Yunes Márquez será uno de los nueve integrantes del próximo Comité Ejecutivo Nacional (CEN).

Después de la presidencia y la secretaría general del partido -que serán para Cortes y Larios, respectivamente- están las secretarías de Elecciones, Vinculación con la Sociedad, Promoción Política de la Mujer, Fortalecimiento Interno, Formación y Capacitación, Acción Juvenil y Comunicación. Yunes Márquez ocupará una de esas carteras y tal posición es, obviamente, la señal de que el boqueño seguirá en la palestra política y con planes a futuro.

Ya se ha dicho, el PAN será el contrapeso del morenismo a nivel federal y también en Veracruz. Así que la inclusión de Yunes Márquez en la burbuja del panismo nacional se debe leer con estampilla para mañana. Los Yunes son expertos en remar contracorriente y hacer política en contextos adversos. En los seis años venideros, se deduce, conducirán la oposición, la crítica y la denuncia política en Veracruz.

Es parte de la promesa de que “la lucha sigue”, dicha por el gobernador en funciones, Miguel Ángel Yunes Linares el pasado 9 de julio. La primera justa es en el 2021 y la revancha para el 2024. Por lo tanto, a nivel estatal también habrá pinzas azules contra los pro-morenistas -entiéndase los azules-rojos- que ya buscan convertir al partido en una oposición blanda frente al próximo gobernante.

Lo que hay en juego no es menor: más de cien ayuntamientos que se buscará mantener para el 2021 al igual que las 5 diputaciones federales y los 12 escaños locales, además de las dos senadurías. En ese tenor, uno de los ejes para el desempeño del panismo local será Yunes Márquez, quien además tendrá la responsabilidad de portar la denuncia pública ante la pretensión del gobernador entrante para darle impunidad a duartistas y fidelistas y reestablecer los pactos con la mafia. El exedil boqueño ya fue oposición en la etapa más negra de Veracruz y ahora lo será en los tiempos del color marrón.

*Envoyé depuis Paris, France.

http://www.notiver.com.mx/index.php/lascolumnas/484864.html?secciones=15&seccion_selected=15&posicion=5

EL JUEZ QUE SENTENCIÓ AL EXGOBERNADOR DE VERACRUZ, JAVIER DUARTE DE OCHOA ES EL MISMO QUE EXONERO A GUTIÉRREZ

Noticias de Chihuahua.-

El consejero jurídico de Gobierno del Estado, Jorge Espinoza Cortés, indicó que el juez que sentenió al exogbernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, a nueve años de prisión por los delitos de asociación delictuosa y lavado de dinero, es el mismo que sobreseyó la causa penal 24/2018 en contra de Alejandro Gutiérrez Gutiérrez, por el desvío de 250 millones de pesos.

Espinoza Cortés, refirió que esta sentencia reducida muestra una vez más la operación de la presidencia de la República para favorecer a personas involucrados en actos de corrupción y que tienen cercanía con el todavía mandatario, Enrique Peña Nieto.

“Es el mismo juez, Marco Antonio Fuerte Tapia, el que lo sentencia, es el mismo juez que está llevando el caso de Alejandro Gutiérrez, eso es lo que hace muy sospechoso que el mismo juez, habiendo tantos jueces en México, sea el que sentencia en el mismo Reclusorio Norte a Javier Duarte. Lo único que estamos viendo es la operación de la Presidencia de la República para favorecer a este tipo de personas que han delinquido”

El exgobernador de Veracruz, Javier Duarte, fue condenado por un juez de control a 9 años de prisión, a cubrir una multa de 58 mil pesos y someterse al decomiso de 41 propiedades, luego de declararse culpable de los delitos que se le imputaban y someterse a un procedimiento abreviado.

Por ello, el juzgador dictó sentencia conforme base a la solicitud de la PGR que pidió la pena mínima en ambos delitos para el expriista que fue detenido en abril de 2017 en Guatemala y extraditado a México en julio de ese mismo año por el desvío de más de mil 650 millones de pesos del erario del estado de Veracruz.

OPERACIÓN JUSTICIA PARA CHIHUAHUA

CONVOCAN A MARCHAR EL 2 DE OCTUBRE....

¡Por la verdad y la justicia contra la impunidad!

Estimados compañer@s: Les invitamos ser partícipes y exigir juntxs verdad, justicia y alto a la impunidad. El próximo 02 de octubre se cumplen 48 años del crimen de estado perpetrado en la Plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco en contra de estudiantes, obreros y el pueblo solidario que se sumó a las demandas del movimiento estudiantil. La convocatoria es a todos los colectivos, las colectivas, organizaciones sociales, populares y estudiantiles, en general a todas las y los interesados en construir un país garante de libertades democráticas y una vida digna. Año con año salimos a marchar, a manifestarnos, salimos porque no olvidamos, porque la memoria florece y la lucha crece.   Les esperamos en la marcha:  Sábado 2 de octubre, 12:00 hrs. Plaza de las Tres Culturas, Tlatelolco. ¡2 de octubre No se Olvida! ¡De Echeverría a Peña Nieto juicio y castigo a los responsables de crímenes de lesa humanidad!

CARTA A LA AUTORIDAD: PREOCUPACIÓN POR LA SEGURIDAD DE FAMILIARES Y ORGANIZACIONES DE DERECHOS HUMANOS EN EL MARCO DE LAS HONRAS FÚNEBRES DE LA DEFENSORA DE DERECHOS HUMANOS SARA SALAZAR HERNÁNDEZ

Carta a la autoridad: Preocupación por la seguridad de familiares y organizaciones de derechos humanos en el marco de las honras fúnebres de la defensora de derechos humanos Sara Salazar Hernández

Ciudad de México a 28 de septiembre de 2018

Enrique Peña Nieto
Presidente de la República

Alfonso Navarrete Prida
Secretario de Gobernación

Rafael Adrián Avante Juárez
Subsecretario de DH de la Secretaría de Gobernación

Javier Corral Jurado
Gobernador del Estado de Chihuahua

César Jáuregui Robles
Secretario General de Gobierno

El día 26 de septiembre de 2018 falleció en los Estados Unidos de América (EUA) la defensora de derechos humanos Sara Salazar Hernández, no falleció en los EUA de manera voluntaria sino como resultado de la persecución por parte del Estado mexicano contra ella y contra su familia.

El cuerpo de la defensora será velado el sábado 29 de septiembre en una funeraria de Ciudad Juárez, Chihuahua y enterrado el día 30, en el cementerio del municipio del municipio de Guadalupe Distrito Bravos.

Quienes suscribimos esta carta, la Federación Latinoamericana de Familiares de Detenidos Desaparecidos, la organización de derechos humanos Comité Cerezo México y Acción Urgente para Defensores de Derechos Humanos AC, alertamos y externamos nuestra preocupación, por posibles actos de hostigamientos, amenazas o ataques contra miembros de la familia Reyes Salazar, organizaciones y personas que acompañen el velorio y entierro por los siguientes antecedentes:

Antecedentes:

Sara Salazar Hernández no sólo participó al lado de su familia en la lucha contra el Proyecto Sierra Blanca que consistía en instalar un basurero para desechos tóxicos a 32 km de la frontera entre México y EU y hubiese afectado a 2.5 millones de mexicanos.

Su familia participó en la fundación del Comité de Defensa Popular en la década de los ochentas.

Sara Salazar fundó también, a inicios de la década de los noventa, al lado de su hija Josefina Reyes Salazar el Centro Independiente del Derechos Humanos del Valle de Juárez, del cual ésta última fue coordinadora y por medio del cual denunciaron casos de feminicidios y abusos por parte de la policía municipal del municipio donde residían.

Desde el inicio de la llamada “guerra contra el narcotráfico” anunciada por el entonces presidente Felipe Calderón Hinojosa y en el contexto de la puesta en marcha del “Operativo Conjunto Chihuahua” en marzo 2008 y de la Operación Coordinada Chihuahua iniciada en febrero de 2010 Sara Salazar y su familia denunciaron los allanamientos, abusos, tortura y ejecuciones extrajudiciales cometidas contra la población civil y sus propios familiares en el municipio de Guadalupe Distrito Bravos y Pradexis G. Guerrero por parte de elementos del Ejército Federal.

Como resultado de esta actividad de denuncia, comenzó el hostigamiento y amenazas contra Sara Salazar y su familia, hechos que se materializaron en una larga lista de ataques:

1. El día 8 de noviembre de 2008 en el municipio de Guadalupe Distrito Bravos, Chihuahua. Fue ejecutado de manera extrajudicial el nieto de Sara Salazar Hernández e hijo de Josefina Reyes Salazar, Julio Cesar Reyes Reyes. Los señalados por la familia fueron elementos del Ejército Federal.

2. En 2009 se dio la detención ilegal de Elías Reyes Salazar a quien se llevaron los militares de la panadería familiar por alrededor de tres horas y mediante golpes e insultos lo obligaron a que señalara la ubicación de los domicilios de los demás miembros de la familia Reyes Salazar.

3. El 3 de enero de 2010 se da la ejecución extrajudicial de Josefina Reyes Salazar (hija de Doña Sara) en la carretera Juárez-Porvenir frente al fraccionamiento Riberas del Bravo.

4. El 17 de agosto de 2010 es ejecutado extrajudicialmente Rubén Reyes Salazar, hijo de doña Sara, en el Guadalupe Distrito Bravos. Chihuahua.
5. En enero de 2011 en Guadalupe Distrito Bravos es quemada la casa de Ruth Reyes Salazar, hija de doña Sara.

6. El 7 de febrero de 2011 fueron detenidos desaparecidos de manera forzada María Magdalena y Elías Reyes Salazar (hijos de doña Sara Salazar) y de Luisa Ornelas esposa de Elías, quienes fueron encontrados ejecutados de manera extrajudicial el 25 de febrero en el Km 49 de la carretera Juárez-Porvenir.

7. El 15 de febrero de 2011 en Guadalupe Distrito Bravos fue incendiada la casa de Sara Salazar, madre de Josefina, Rubén, María Magdalena y Elías, y donde habitaban también Claudia Lorena Reyes Salazar y sus cuatro hijas, en el contexto de la huelga de hambre en la Ciudad de México y plantón en Ciudad Juárez, Chihuahua para exigir la presentación de Elías, María Magdalena y Luisa Ornelas. La casa se encontraba a 100 metros de un destacamento del ejército.

Por todo lo anterior la Federación Latinoamericana de Familiares de Detenidos Desaparecidos, el Comité Cerezo México y Acción Urgente para Defensores de Derechos Humanos A. C hacemos las siguientes peticiones:

Peticiones:

1. Tomar de manera inmediata las medidas apropiadas para garantizar la seguridad y la integridad física y psicológica de los familiares de Sara Salazar Hernández y organizaciones acompañantes en el marco de las honras fúnebres.

2. Proporcionar todas las facilidades para para que se puedan llevar a cabo las honras fúnebres de la defensora de derechos humanos Sara Salazar Hernández 

3. Garantizar los derechos de las víctimas de violaciones de violaciones a los derechos humanos, en especial, el derecho a la memoria.

Por las organizaciones:
Francisco Cerezo Contreras
Comité Cerezo México

-- 

Comité Cerezo México

www.comitecerezo.org

Premio de la Paz de Aquisgrán 2012 (Aachener Friedenspreis)

"Por que ser defensor de los derechos humanos no es sinónimo de terrorista"

Contactos: Coordinación / Educación 

☎ (55) 56559465 / Cel. (55) 10472031