Viernes 28 de septiembre de 2018, por Ciudad de México ,
La generalización de
los crímenes de lesa humanidad cada vez es más evidente en toda la geografía
mexicana, resulta difícil ocultar las evidencias sobre la responsabilidad del
gobierno en el cometido de éstos; por más que arengue sobre la “estabilidad”
del país, los hallazgos de fosas clandestinas con cientos de restos mortales y
el traslado de cadáveres en cajas frigoríficas desmienten el discurso
demagógico de la administración de Enrique Peña Nieto.
La fosa clandestina
encontrada en El Arbolillo, municipio de Alvarado, Veracruz con más de cien
restos mortales evidencia la sistematicidad en el cometido de múltiples
crímenes en esta entidad federativa en particular; en general expresa la
magnitud del fenómeno en toda la República mexicana, donde los últimos años
incrementaron las desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales, las
fosas clandestinas y los desplazamientos forzados.
Según datos del
Instituto Nacional de Geografía y Estadística (INEGI), el año 2017 es
considerado el más violento de los últimos 21 años en la historia de México con
25 mil ejecuciones extrajudiciales; cifras que enuncian el baño de sangre en el
que está inmerso el pueblo trabajador.
Las fosas
clandestinas expresan la prueba fidedigna del cometido de múltiples crímenes de
Estado, donde la víctima es detenida desaparecida, torturada y ejecutada
extrajudicialmente; crímenes de Estado y de lesa humanidad que revelan el
ambiente de terrorismo de Estado que viven miles de familias en el país.
En el caso de
Veracruz, el gobierno de Miguel Ángel Yunes Linares, en un principio se negó a
hacer público el descubrimiento de la fosa clandestina hallada en El Arbolillo,
pero, por la insistencia de los familiares y algunos periodistas se dio a
conocer; esto comprueba que cada vez más las víctimas indirectas vencen el
miedo y enfrentan a las autoridades para hacer pública una prueba que testifica
la responsabilidad del gobierno estatal y federal.
Las instituciones
gubernamentales en lugar de facilitar el acceso a una investigación pronta y
expedita, entorpecen las investigaciones a través de una política dilatoria,
negligente e indolente; desde el momento en que hacen público el catálogo de
prendas inhumadas en la fosa lacera y profundiza aún más la tensión y angustia
a las que son sometidas las víctimas indirectas; el hecho de estar
permanentemente con la zozobra de no tener a su ser querido las pone en un
estado psíquico de incertidumbre en el momento que surge el hallazgo de nuevos
cementerios clandestinos, al pensar que tal vez esté ahí su ser querido.
Esa condición
hiriente revictimiza a las víctimas. Las instituciones y funcionarios juegan
con los sentimientos de los familiares al obligarlos a trasladarse de un estado
a otro para tomar muestras de ADN e investigar si corresponde con los restos
inhumados. Ésta es una de las características de la administración actual,
dilación y negligencia para atender los casos de desaparición forzada.
Miles de familiares
transitan de institución en institución para tener alguna pista o dato de su
ser querido, la respuesta de las autoridades siempre es la misma, aún no
sabemos nada, necesitamos que nos den más pistas para avanzar en la
investigación, actitud perversa e indolente ante el dolor y angustia de las
víctimas indirectas.
El derecho a la
verdad no implica identificar las prendas a través de un catálogo como lo
establece la Comisión Nacional de Búsqueda, quien en atención a los protocolos
establecidos por la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV),
argumentaron que con la finalidad de “conocer la verdad” hacen público el
catálogo de prendas.
Conocer la verdad
implica dar con el paradero de la víctima, ¿saber quién se lo llevó y a dónde?,
¿qué le hicieron?, ¿qué instituciones participaron?, ¿cuántos elementos
participaron?, preguntas que surgen a los familiares de las víctimas sin que
obtengan una investigación pronta y expedita.
La indolencia es lo
que caracteriza a los funcionarios, es la actitud que asume la actual
administración, pues, en seis años de gobierno no escuchó el reclamo de las
víctimas indirectas de presentar con vida a sus seres queridos, mucho menos
enjuició y castigó a los perpetradores, al contrario, los cobijó con el manto
de la impunidad, razón por la que hasta el momento no hay ningún elemento de
corporaciones policíacas y militares detenidas por el cometido de estos abominables
crímenes.
Hacer público el
trato que dan los Servicios Médicos Forenses a los cadáveres expresa la actitud
indolente de los funcionarios, pero también, manifiesta la política de gobierno
a nivel nacional con las miles de víctimas del terrorismo de Estado. Hacinar
los cuerpos, uno tras otro como si fueran bolsas de basura es una expresión de
la revictimización por no dar el trato conforme a ética profesional.
El hecho de encontrar
cajas frigoríficas con restos humanos manifiesta la magnitud de la violencia
institucional que impera en toda la geografía mexicana; datos oficiales señalan
que en todo el país hay 35 mil restos humanos sin identificar, lo que nos
indica que la violencia descomunal no cesa, lejos de disminuir incrementa.
¿Con qué confianza
vemos pasar un tráiler en esas condiciones?, ¿Cuántos transitan por toda la
geografía mexicana?, si eso se descubrió en el estado de Jalisco es un
indicativo de que todo el país está en las mismas condiciones; estos hechos
espeluznantes nos conminan con mayor tesón a exigir juicio y castigo a los
criminales de Estado.
En varias entidades
federativas las morgues utilizan cajas frigoríficas para almacenar los
cadáveres de personas sin identificar, ya sea que son restos humanos inhumados
en fosas clandestinas o tocados por la violencia envilecida. En ambos casos
reflejan los múltiples crímenes de lesa humanidad a la que son sometidas las
víctimas directas: la desaparición forzada, tortura y ejecución extrajudicial;
es indignante que el país esté inmerso en un baño de sangre, donde la vida se
busque con la muerte y la impunidad cobije a los perpetradores.
El silencio que
guardan funcionarios y políticos de oficio respecto al tema deja mucho que
desear, un indicativo de la desenfrenada violencia y el terrorismo de Estado en
todo el territorio mexicano, sobre todo, los dos últimos años.
En todos los casos
está evidenciada la mano criminal del gobierno mexicano, Enrique Peña Nieto
está a unos meses de terminar su mandato, pero eso no lo exime de su condición
de responsable por los miles de víctimas que genera esta política de gobierno,
ahora más que nunca debemos exigir juicio y castigo, no perdonar ni olvidar a
cada una de las víctimas directas que fueron trastocadas por este flagelo.
Es una necesidad
inaplazable continuar la lucha por la presentación con vida de todos los
detenidos desaparecidos; exigir alto al terrorismo de Estado, necesidad de
primer orden para erradicar esta práctica fascista que mucho daño ha causado al
pueblo trabajador; sin las víctimas no avanzamos, sin justicia la impunidad
impone su verdad, no olvidemos, no perdonemos, exijamos juntos con acciones
políticas de masas combativas JUICIO Y CASTIGO A LOS CRIMINALES DE ESTADO.
Frente Nacional de Lucha por el Socialismo
(FNLS)
(FNLS)
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