"Bienvenida a
la fiesta", le dijo un oficial a Mónica, vio a su hermano y su esposo
sentados, desnudos y ensangrentados
La Silla Rota 04/24/2019
Mónica viajaba en su camioneta
junto a su esposo y hermano por la intersección de Boulevard Libertad y
Revolución en la ciudad de Torreón, Coahuila, cuando elementos de la Policía
Municipal los detuvo. Era febrero del 2013.
Los
agentes, sin mediar palabra alguna y en carencia de una orden de aprehensión,
detuvieron a los tres tripulantes quienes, en lugar de ser consignados ante el
Ministerio Público (MP), fueron llevados a una bodega ubicado detrás de las
oficinas de la Dirección de Seguridad Pública de Torreón.
Durante el arresto, les robaron veinte mil
pesos –dinero con el cual comprarían material para hacer arreglos a su negocio
de ropa– alhajas, ropa y el vehículo en el que se transportaban, el cual
condujo personal del Ejército Mexicano, elementos que fueron llamados por los
policías municipales para que los "apoyaran" con la detención.
Al
llegar a dicho lugar, Mónica se quedó afuera dentro de una patrulla, mientras
su esposo y hermano eran introducidos a la bodega.
Sin embargo, un oficial más llegó y, cuando
vio a la mujer de entonces 26 años dentro del vehículo, enfureció contra una de
las policías que habían llevado a las tres personas al lugar.
"¡Eres
una pendeja! ¿Por qué la tienes detenida ahí?", le dijo el oficial a la
uniformada, por lo que inmediatamente metió a Mónica a la bodega, mientras
amenazaba con hacerla "pedacitos" si se oponía.
"Bienvenida
a la fiesta", le dijo un oficial a la mujer al entrar al galpón, donde vio
a su hermano y su esposo sentados, desnudos y ensangrentados. Fue ahí cuando
inició el infierno de Mónica.
Los
uniformados la amarraron y vendaron, para después empezar a sumergir su cabeza
en repetidas ocasiones al interior de una cubeta con agua.
Luego, la asfixiaron con bolsas de plástico,
la golpearon en las nalgas con un tablón de madera y la arrastraron por el
suelo jalándola del cabello. También le aplicaron descargas eléctricas en los
genitales y las piernas.
Mientras
la tortura era realizada, los gendarmes no dejaban de hacerle preguntas a
Mónica, mismas no podía contestar.
Durante los escasos instantes en que los
oficiales cesaban los castigos, Mónica veía cómo golpeaban a su esposo con
látigos con espuelas de metal y le desprendían la piel de la pierna con un
cuchillo.
Cuando
parecía que el infierno había terminado, un representante de la Secretaría de
Seguridad Pública de Torreón comenzó a besarla bruscamente, a morderla en la
cara y el cuello, luego la violó delante de su esposo y su hermano.
Uno
tras otro, seis policías violaron a Mónica. Por si fuera poco, los oficiales se
masturbaron en su cara, la obligaron a practicarles sexo oral y tragarse el
semen.
Todo
esto mientras elementos del Ejército miraban la escena.
Tras
el viacrucis de tortura encabezada por la Policía Municipal de Torreón y la
supervisión de efectivos militares, los detenidos fueron llevados a las
oficinas de la Procuraduría General de la República (PGR) en la capital
coahuilense.
Sin
embargo, en el camino, el esposo de Mónica murió en sus brazos, a consecuencia
de la tortura.
Al llegar a la PGR, Mónica y su hermano
estuvieron más de 12 horas bajo custodia policías, después los llevaron en
avión a las oficinas de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de
Delincuencia Organizada (SEIDO) en la Ciudad de México.
Ya
en la capital del país, los obligaron a firmar una "confesión" en la
que afirmaban formar parte de "Los Zetas" y si se negaba a hacerlo,
le iba a mandar fotografías de sus hijos y de su madre "muertos y
descuartizados".
Ante
el miedo de que las amenazas se hicieran realidad y que las torturas volvieran,
Mónica y su hermano firmaron la confesión.
Al
día siguiente, ambos fueron presentados ante los medios como integrantes de una
banda de secuestradores y señalaron que el esposo de Mónica había muerto luego
de un enfrentamiento tras el operativo que buscaba su detención.
Además,
se dio a conocer un decomiso de armamento de alto poder y equipo táctico, así
como redes de comunicación.
Desde
entonces, Mónica y su hermano están en prisión en espera del resultado de su
juicio por cargos de participación en delincuencia organizada.
En
tanto dos de los cuatro hijos de Mónica están al cuidado de un albergue, ya
que, ante su encarcelamiento y el asesinato del esposo, su familia no puede
asumir el costo de su manutención.
El caso de Mónica ante la ONU
El
caso de Mónica ha sido ampliamente documentado por diversos organismos como
Amnistía Internacional, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y
el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez.
Incluso,
formará parte del Informe Alternativo de las Organizaciones de la Sociedad
Civil de México 2012-2019, realizado por más de 100 instancias de defensa de
los Derechos Humanos, que se presentará ante la Organización de las Naciones
Unidas (ONU) durante esta semana para acusar al Estado Mexicano de tortura.
También
abordaran la militarización –no oficial– que ha vivido México en los últimos 12
años y que continuará, según organizaciones defensoras de los Derechos Humanos,
con la Guardia Nacional propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador.
"La
Guardia Nacional representa una respuesta parcial, incompleta y sesgada a la
violencia e inseguridad que enfrentamos [...] genera el riesgo de que se
vulneren derechos humanos, no garantiza terminar con la impunidad, debilita
nuestra institucionalidad civil y democrática", ha señalado Luis Raúl
González Pérez, titular de la CNDH.
Mientras que la ONU ha sentenciado:
"reiteramos nuestra grave preocupación ante un proyecto que dará carácter
permanente a un esquema de seguridad pública militarizado, mismo que hemos
cuestionado de manera reiterada en el pasado".
La
preocupación de la militarización de la seguridad pública en México es la
constante violación de los Derechos Humanos de parte de los miembros
castrenses, por ejemplo, de diciembre del 2006 a junio de 2017, la CNDH emitió
7 mil 869 quejas por actos de tortura, mismas que el 59% fueron destinadas a la
Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).
Dicha
inquietud continúa para las organizaciones defensoras de los Derechos Humanos,
luego que el presidente colocara a un militar al frente de la Guardia Nacional,
Luis Rodríguez Bucio, pese a que la legislación aprobada por el Congreso
detallaba que el mando de este nuevo cuerpo del orden debía ser civil.
"¡Desde
la sociedad civil seguimos rechazando enérgicamente el mando militar en la
Guardia Nacional! Exigimos que se respete el acuerdo colectivo de que el mando
sea civil", se manifestó Amnistía Internacional.
"El presidente habla y piensa en la
Guardia Nacional como él la propuso y no como el Congreso la aprobó. [...] Los
33 Congresos acordaron que fuera un mando civil y aprobaron una reforma con una
Guardia civil y no militar", refirió en entrevista con Carmen Aristegui,
Alejandro Madrazo, profesor-investigador del Departamento de Estudios Jurídicos
del CIDE.
La
institucionalización de la tortura por parte del Estado mexicano ha sido
señalada constantemente por organizaciones internacionales.
Desde
2014, Juan Méndez, relator de la ONU sobre la tortura y otros tratos crueles,
inhumanos o degradantes, ha sostenido que en México la tortura es una práctica
generalizada.
Asfixia,
violencia sexual, descargas eléctricas, amenazas de muerte, palizas y tortura
psicológica, son parte de las ilegalidades que las fuerzas del orden de todos
los niveles cometen de forma irregular, según Méndez.
Por
su parte, Amnistía Internacional sostiene en México a los detenidos se les
tortura de manera habitual en un intento de obligarlos a firmar
"confesiones" falsas.
Mientras que la Comisión Interamericana de
Derechos Humanos (CIDH) ha calificado de insuficiente la respuesta del gobierno
mexicano ante las violaciones de los derechos humanos.
Y
como no iba a ser así, si el gobierno de Enrique Peña Nieto rechazó en al menos
cuatro ocasiones informes internacionales donde señalaban la violencia, así
como la violación a los Derechos Humanos.
En
tanto, Andrés Manuel López Obrador ha comenzado con el pie derecho en materia,
al reunirse con Michelle Bachelet, la Alta Comisionada de la ONU para los
Derechos Humanos, donde firmaron un acuerdo para que la ONU sea quien capacite
a los efectivos de la Guardia Nacional.
