El
Notario 102 del Estado de México, Horacio Aguilar Álvarez De Alba fue Diácono y
apoderado legal de la Arquidiócesis Primada de México.
El Notario 102 del Estado de México, Horacio Aguilar Álvarez De Alba, exhibido en un video agrediendo a su esposa, fue Diácono y apoderado legal de la Arquidiócesis Primada de México.
Actualmente aparece en el Directorio de Asociaciones Religiosas como apoderado legal de cinco organizaciones católicas, entre ellas la Orden de Agustinos Recoletos y la Congregación de Hijos de la Sagrada Familia.
En la página 100 (Vigésima Edición. Abril 2004) del Directorio Eclesiastico de la Arquidiócesis Primada de México, el Notario-Agresor aparece como Diácono Permanente por la Parroquia de Nuestra Señora de Lourdes, en Lomas Reforma.
Sin embargo, testigos de su ordenamiento, con quienes habló El Heraldo de México, su ceremonia fue en la Iglesia de Nuestra Señora Los Ángeles en Naucalpan en 1995.
Además, diversos documentos y publicaciones lo ubican como uno de los apoderados de la Arquidiócesis Primada de México y hasta 2006 Consejero en el entonces Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI), donde pretendió continuar en el cargo mediante un amparo.
Además, no es la primera vez que el Notario-Agresor es protagonista de escándalos, pues en la Escuela Libre de Derecho fue señalado de acoso por sus alumnas.
También fue colaborador del panista Santiago Creel y secretario técnico de la Mesa de Diálogo para la Revisión Integral de la Legislación de Medios Electrónicos en el gobierno de Vicente Fox.
Pese a que en el video se puede observar a dos hombres que contemplan la escena de violencia doméstica, ninguno interviene.
David Avendaño (Krizna) Y Gloria
Muñoz Para Otras Miradas*
Foto: Sandra, trabajadora sexual trans, ofrece sus servicios sobre avenida Tlalpan, en la Ciudad de México, a pesar de la pandemia. (Brian Torres)
Especial “Coronavirus desde otras miradas”
Quinta Entrega
Las calles de una megalópolis como Ciudad de México se han vaciado con la reclusión forzosa de la ciudadanía, y la noche adquiere un aspecto siniestro para las miles de trabajadoras sexuales, con menos clientes y más expuestas al abuso y la extorsión.
Las populares calles del barrio de La Merced, en el centro histórico de la ciudad, las banquetas de la colonia Obrera, los alrededores del Monumento a la Revolución, la congestionada avenida Tlalpan –todas ellas zonas en las que se ejerce el trabajo sexual–, están prácticamente desiertas.
Las 7,500 mujeres y trans que viven del comercio sexual en la Ciudad de México enfrentan la peor crisis de la que tienen memoria. Aseguran que la clientela ha decaído hasta en un 90%, y muchas no sólo se han quedado sin trabajo, sino también sin casa, pues vivían y trabajaban en los hoteles que fueron cerrados el pasado 1 de abril a causa de la covid-19.
“No hay lugar para la esperanza”, dice Sandra, 42 años, en una desolada avenida Tlalpan, su lugar de trabajo desde hace más de dos décadas. A las extorsiones policíacas, las violaciones, las agresiones de clientes, agentes y explotadores ahora se suma la crisis económica, que ha dejado a algunas de ellas en la calle, sin comida ni techo. Una tarjeta de mil pesos (42 dólares) para tres meses es la ayuda que han recibido del Gobierno de la ciudad. “Peor es nada”, dicen, mientras hacen fila para recibir el documento.
La Brigada Callejera de Apoyo a la Mujer Elisa Martínez, que respalda a las trabajadoras sexuales desde hace más de 25 años, publicó a finales de 2019 un informe con un listado de 30 indicadores para medir la violencia hacia las trabajadoras sexuales en México. Actualmente, a la luz de la emergencia sanitaria, han detectado un incremento de las agresiones en 21 de los 30 indicadores, entre los que destacan la violencia institucional y económica. “Ante la prohibición del comercio sexual, el crimen organizado y delincuentes de barrios donde había trabajo sexual, han ‘acogido’ a trabajadoras sexuales, que son víctimas de violencia, extorsión, robo, violación y privación de libertad”, relata el informe.
Hasta un 90 por ciento ha decaído el trabajo sexual en las calles de la Ciudad de México. Foto / Brian Torres
La Brigada Callejera da cuenta del aumento “del señalamiento y estigmatización de las trabajadoras sexuales, ya que no pocos sectores de la población, de los grupos políticos gobernantes y de la prensa mexicana, las consideran un grupo que contagia el covid-19 a sus clientes”. El comercio sexual no ha desaparecido a pesar de la pandemia, y ha aumentado la extorsión de funcionarios públicos, que exigen mayores cuotas para dejarlas trabajar. Paralelamente, continúan los asesinatos y desapariciones en todo el país.
“La autoorganización ha sido la mejor respuesta de las trabajadoras sexuales ante la amenaza de contagio de la covid-19”, subraya la Brigada Callejera, “y también frente a las acciones que el Gobierno ha emprendido y que han afectado a su economía familiar, el acceso al trabajo, al hospedaje y en general al disfrute de sus libertades y derechos”. La organización autogestionada del colectivo facilita comedores y colectas de víveres, medicamentos, colchonetas, cobijas y dinero para las más desprotegidas. Uno de los fundadores de la Brigada Callejera, Jaime Montejo, falleció el 5 de mayo por covid-19 después de recorrer siete hospitales, que le negaron el ingreso por falta de cupo. Grupos de trabajadoras sexuales le rindieron un último homenaje en la calle.
Mascarillas, gel antibacterias y nada de besos
Sandra todavía hace servicios en algún rincón de la calle o en el automóvil del cliente. Se cuida, dice, con mascarilla, gel antibacterias y no da besos. En cambio Laura, de 40 años, lleva cinco trabajando en las calles del centro histórico, y ha tenido que decir basta desde que se declaró el estado de emergencia sanitaria en México. No por voluntad propia, sino a causa del cierre de los hoteles. Vive en el municipio de Chalco, Estado de México, uno de los de mayor contagio de todo el país. Tiene dos hijos que no saben a qué se dedica y que dependen económicamente de ella. De un día para otro se quedó sin dinero para comida, azúcar, jabón, gas, luz y alquiler. Ahora, con el dinero que gana con la venta de cosméticos por catálogo come “un día sopita, otro día frijoles, y una vez a la semana, pollo”.
«Cerrado por contingencia», es el letrero que en los hoteles en los se ejercía el trabajo sexual. Foto / Brian Torres
Como la mayoría de sus compañeras, Laura se enteró de la pandemia por la televisión. Al principio no se lo creía. Después vinieron las medidas sanitarias y se fue adaptando. Los primeros días, cuando los hoteles seguían abiertos, trabajó con gel y mascarilla, “y los clientes también traían y se la dejaban durante el acto sexual”. Tiene, al menos dónde dormir. Otras mujeres acudieron a un albergue provisional que el Gobierno abrió durante dos días, y después, las que tienen familiares pudieron encontrar acomodo. Hay otras, obligadas a deambular por los alrededores de los hoteles, que esperan la reapertura en cualquier momento.
Claudia Torres Patiño estudia doctorado en Derecho en la Universidad de Harvard (EEUU). Investiga sobre el trabajo sexual y además es voluntaria de la campaña Haciendo calle, que apoya a las trabajadoras. En entrevista telefónica advierte que en distintas zonas de la Ciudad de México, como Puente de Alvarado, Jardín de San Fernando, Tláhuac y en la salida del metro Los Olivos, el trabajo no sólo ha disminuido a causa de la covid-19, sino “ya desde antes por la crisis económica, porque hay menos dinero para pagar el trabajo sexual, y no hay tantos clientes”.
En la calle, advierte, hay muchas formas de violencia, y una de ellas, específica de las trabajadoras, es la violencia emocional. “Son mujeres que crecieron sintiéndose no merecedoras de amor, les es difícil dar y recibir confianza, lo que dificulta las relaciones sociales y personales. Viven en un ambiente hostil, en una selva de hormigón”, situación que, explica, las hace más vulnerables frente a la pandemia. En opinión de Claudia Torres, hay una gran falta de información: “Muchas desconocen la dimensión del contagio; otras son conscientes del virus, pero de cualquier forma tienen que trabajar; y otras, con o sin información, se han quedado sin trabajo”. Torres considera que el cierre de los hoteles de trabajo es una medida discriminatoria, porque “tuvo un impacto diferenciado y desproporcionado sobre un grupo históricamente excluido, y dejó a la gente en la calle sin medidas paliativas”. “No tienen ahorros, viven al día, tienen hijos y la mayoría es jefa de familia”.
Luna, Laura, Sandra, Betza y Estrella, todos nombres ficticios para trabajar, padecen una situación económica difícil. Betza tiene 32 años, de los que ha pasado 10 en las calles del barrio de la Merced. Mantiene a su hijo, a sus padres y a su pareja, pero el trabajo ha caído en un 80%. La violencia económica hoy es la peor de todas. Constantemente recibe insultos y extorsiones de la policía. “¡Puta barata!”, le gritan a su paso. Y ahora se siente más discriminada por continuar trabajando. “Me dicen que los puedo contaminar, pero yo cumplo con las medidas sanitarias y me protejo”, precisa. “Hay clientes que les incomoda la mascarilla y me piden que me la retire. Y, pues, me la quito”.
A Betza su “representante” le comunicó que había un virus, pero, dice, “pensé que era un mito. Empecé a creer que era verdad cuando todos se comenzaron a guardar en sus casas, y empezó a verse poca gente en la calle”. Acostumbrada a vivir en un clima de violencia, Betza lamenta que la policía no la cuide y que, por el contrario, la hayan golpeado, amenazado e insultado. “Para el Gobierno, no valemos nada, por eso nos ofrece mil pesos para tres meses, porque hay desprecio”.
«Ni para frijoles» alcanza el apoyo institucional para las trabajadoras sexuales, pero ellas igual se forman para recibirlo. Foto / Brian Torres
Estrella viste un pantalón ajustado gris y una blusa negra. No trabaja y espera su turno en la fila para recibir el subsidio del Gobierno. Tiene 40 años y es una de las miles de migrantes internas que llegan a la Ciudad de México en busca de oportunidades. Nació en el estado norteño de Zacatecas, y mantiene sola a tres hijos de 7, 4 y 2 años de edad. En época normal tenía hasta siete clientes al día. Ahora, apenas llega a uno por día. Trabaja, además, como empleada doméstica y gana 80 pesos diarios (menos de cinco dólares). Teme que su trabajo “se va a acabar”.
La Casa de las muñecas
A norte de la Ciudad de México, en la zona popular de Cuautepec, hay el refugio Casa de las muñecas Tiresias y albergue Paola Buenrostro. Kenia Cuevas, directora general, defensora de derechos humanos y promotora de la prevención del VIH-SIDA, recibe a Desinformémonos en su oficina, que ahora se ha transformado en una pequeña bodega de víveres para ser repartidos durante la pandemia.
Kenia, 46 años, es trans. Hace cuatro años presenció el asesinato de su amiga Paola Buenrostro y ha padecido las omisiones del Gobierno de la ciudad en la prevención de la violencia contra las trabajadoras sexuales, razón por la que decidió organizarse para proteger a sus compañeras. El trabajo y su compromiso crecieron hasta organizar un espacio de intervención integral, para la reinserción laboral, económica y social de las trabajadoras sexuales transgénero, sin “pelearse con esta actividad”, que ha ejercido desde los 9 años, y que cada día “conlleva más riesgos para la comunidad trans”.
Así nació la Casa de las muñecas Tiresias, un espacio inaugurado en diciembre pasado para albergar a trabajadoras en riesgo, pero que tres meses después, en plena pandemia, se abrió a “ las chicas más vulnerables, que tenían su residencia en hoteles y fueron expulsadas a la calle”.
Como no pueden atender a todas en el albergue, algunas salen a la calle para distribuir comida en puntos estratégicos del trabajo sexual. También apoyan a familias de bajos recursos, a personas que viven en la calle, consumidores de drogas y a personas privadas de su libertad con VIH.
En la pandemia han aumentado el señalamiento y la estigmatización hacia las trabajadoras sexuales. Foto / Brian Torres
En la Casa de las muñecas predomina el color blanco y resaltan grandes ventanales por los que entra la luz. Las inquilinas van y vienen por el interior, se juntan para la comida y para organizar el apoyo durante la contingencia sanitaria. Michael Calderón, trans de 50 años, se encarga de la administración del albergue y de la organización de las redes sociales, a través de las cuales llama a toda la comunidad a respetar las medidas sanitarias y el confinamiento.
Karina Cruz, otra de las colaboradoras, tiene también 50 años pero aparenta más. No son sólo las arrugas, sino las cicatrices de una agresión brutal por parte de dos policías, que le vaciaron disolvente y le prendieron fuego. Ahora trabaja como estilista a domicilio, y desde el refugio pide a sus compañeras trabajadoras que “se busquen otro oficio” y, si no pueden, “que se cuiden mucho”.
“El Gobierno obviamente no tiene la capacidad de mantener a todas las personas necesitadas, ni de garantizar sus condiciones de vida de antes de la crisis. Con las tarjetas de apoyo se trataba de mantener niveles de subsistencia, pero con mil pesos, ni para frijoles”, dice la doctorante de la Universidad de Harvard, Claudia Torres. Falta coordinación entre las instancias de gobierno e información, hay un exceso de burocracia y, sobretodo, el apoyo institucional para enfrentar la emergencia de las más de 7.000 trabajadoras sexuales es insuficiente. “Entre ellas hay un sentimiento de traición y de humillación”. El panorama, concluye Torres, “es más que desolador”. Pero podrían apoyarlas si reabrieran los hoteles y funcionaran como residencias temporales, de tal manera que al menos se resolviera el problema de vivienda. De lo contrario “seguirán vulnerables al contagio y al hambre”.
*Otras Miradas es una alianza de periodismo colaborativo integrada por medios independientes de México y Centroamérica. Como parte de esta iniciativa presentamos la serie “Coronavirus desde otras miradas” en la que participan Desinformémonos (México), Chiapas Paralelo (México), Agencia Ocote (Guatemala), No-Ficción (Guatemala), Gato Encerrado (El Salvador), Contracorriente (Honduras), Radio Progreso (Honduras) Nicaragua Investiga (Nicaragua), Onda Local (Nicaragua) y Confidencial (Nicaragua).
Córdoba, Ver.- Tras haber defraudado a los cordobeses con 5 millones de
pesos que supuestamente se iban a invertir en apoyos alimenticios, desviar
recursos públicos para construirse casas de lujo, ignorar a los sectores
vulnerables ante la pandemia por COVID-19, ciudadanos se dicen cansados del
actuar de la presidenta municipal Leticia López y su hijo “El Bodoque”, Isaac
Luz.
A través del DIF municipal se lanzó la campaña “Comidando”, para la
supuesta habilitación de comedores comunitarios a beneficio de las familias
afectadas por la contingencia de salud. Dichos comedores serían sostenidos por
las donaciones de los ciudadanos con los que Leticia López busca quedar bien
con sombrero ajeno.
Ante el descontento de la sociedad usuarios se dijeron hartos de ésta
administración municipal al asegurar que se trata de un engaño más con tal de
hacer quedar bien a su hijo “El Bodoque” ante sus aspiraciones electorales.
Inclusive reprocharon que en medio de la situación que enfrentan decenas
de familias afectadas por el cierre de comercios y sus fuentes de ingresos se
emita dicha convocatoria, pues los apoyos prometidos solo llegaron a manos de
algunos panistas.
La mayoría de los usuarios coincidieron que se trata de una burla para
los cordobeses ya que el Ayuntamiento cuenta con los recursos financieros
suficientes para sostener los comedores y dotar de apoyos a las familias
afectadas, sin embargo si no lo han hecho es por qué están más ocupados en
asegurar sus nuevas casas y comodidades.
DIF lanza colecta de alimentos como
precampaña para El Bodoque
Córdoba, Ver.- Tras haber defraudado a los cordobeses con 5 millones de pesos
que supuestamente se iban a invertir en apoyos alimenticios, desviar recursos
públicos para construirse casas de lujo, ignorar a los sectores vulnerables
ante la pandemia por COVID-19, ciudadanos se dicen cansados del actuar de
la presidenta municipal Leticia López y su hijo "El Bodoque", Isaac
Luz.
A través del DIF municipal se lanzó la campaña "Comidando", para la
supuesta habilitación de comedores comunitarios a beneficio de las familias
afectadas por la contingencia de salud. Dichos comedores serían sostenidos por
las donaciones de los ciudadanos con los que Leticia López busca quedar bien
con sombrero ajeno.
Ante el descontento de la sociedad usuarios se dijeron hartos de ésta
administración municipal al asegurar que se trata de un engaño más con tal de
hacer quedar bien a su hijo "El Bodoque" ante sus aspiraciones
electorales.
Inclusive reprocharon que en medio de la situación que enfrentan decenas de
familias afectadas por el cierre de comercios y sus fuentes de ingresos se
emita dicha convocatoria, pues los apoyos prometidos solo llegaron a manos de
algunos panistas.
La mayoría de los usuarios coincidieron que se trata de una burla para los
cordobeses ya que el Ayuntamiento cuenta con los recursos financieros
suficientes para sostener los comedores y dotar de apoyos a las familias
afectadas, sin embargo si no lo han hecho es por qué están más ocupados en
asegurar sus nuevas casas y comodidades.
En cada administración municipal llega siempre un director de comercio y un
nuevo grupo de inspectores de comercio, el único elemento que no cambian es
Aníbal Rodríguez Olivares, siempre haciéndola de jefe de inspectores que se
comportan como verdaderos ilotas, incluso toma decisiones por encima del
coordinador y del director de esa área. Aunque este sujeto siempre ha tenido el
apoyo moral y legal de las cámaras empresariales, específicamente de la CANACO.
Mantiene su status de empleado de confianza del ayuntamiento. Se dice que se
encuentra sindicalizado y que su suegra influye para mantenerse en ese puesto,
ella se encuentra como secretaria del síndico.
Después de múltiples manifestaciones
en el año 2010, se logró que Aníbal Olivares no fuera contratado para esa área
en la siguiente administración municipal que presidio Francisco Portilla
Bonilla, entre 2011 al 2013. Sin embargo en los últimos 9 meses con el
Ingeniero Guillermo Rivas fueron contratados: Joel Guerra García y Alejando
Reyes alias al “Chicas”, lo inédito es que tenían las mismas características y
los mismos perfiles, grotescos y serviles a sus verdaderos jefes de la CANACO.
El reglamento de comercio de esta
ciudad y de la mayoría de los municipios del país representan los intereses
económicos de los ricos, tal es así que el derecho que defienden los
legisladores locales o federales en sus respectivos congresos y los ediles en
sesión de cabildos representan a la burguesía.
En el ayuntamiento de esta ciudad
cada uno de los 12 ediles de Córdoba les preocupan su bienestar económico,
independientemente de su extracción partidista, tal es así que aprovechan muy
bien su puesto para servirse con esplendidos salarios que les permite este
Estado de Derecho que ellos defienden porque así es su formación ideológica de
cada uno de ellos.
.
Mientras la clase trabajadora, tanto la asalariada, del comercio ambulante o
desempleada, no entienda que los que llegan a ocupar los puestos públicos, ya
sea la presidencia de la república, gobernador, diputados o ediles, no
defienden los intereses de la clase trabajadora, más bien defienden el Estado
de derecho burgués y no se pondrán contra los intereses de los detentadores del
poder económico, de tal manera que implementan reglamentos represivos que
atenta contra los intereses de familias vulnerables.
Un ejemplo es el director de comercio
del ayuntamiento de Córdoba, Veracruz, Maximino García Guzmán, que proviene de
una eminente familia cordobesa, de connotados integrantes de las cámaras
empresariales. Este individuo no sabe una pizca del área de comercio, pero es
de confianza de la inepta alcaldesa Leticia López Landero, fiel peón de los
billetudos de esta Ciudad que al lado de otro paria de nombre Aníbal Olivares o
de Alan Gonzalo Rodríguez Batista, agreden a vendedores ambulantes, los
reprimen y quitan la mercancía, utilizando a la policía para aplicarles la ley,
metiéndolos en la cárcel por vender en la vía pública, ejemplo claro de
discriminación y odio hacia las personas que buscan salir adelante en una
actividad lícita.
La única vía que tienen los sectores
vulnerables y la clase trabajadora es unirse y organizarse para defender sus
intereses, porque así seguirán actuando esos parásitos bajo la bandera de un reglamento
y de unas autoridades que no dan solución y si consienten la represión...
Sin haber ordenado
una cuarentena, Suecia registró en los últimos 7 días un promedio de 6.25
muertes por millón de habitantes por Covid-19.
Reuters.- Suecia,
país que ha optado por una estrategia menos estricta en la lucha contra el
coronavirus que otras naciones europeos, registró el mayor número de muertes
per cápita en Europa por la enfermedad Covid-19 en los últimos siete días,
según datos publicados esta semana.
El país ha mantenido abiertas la mayoría
de las escuelas, restaurantes y negocios durante la pandemia. Aunque los
decesos están disminuyendo, Suecia tuvo 6.25 muertes por millón de habitantes
por día en promedio en los últimos siete días −entre el 12 y el 19 de mayo−,
según ourworldindata.org.
Se trata de la cifra más alta de
Europa y supera la del Reino Unido, que tuvo 5.75 muertes por millón.
En el curso de la pandemia, Suecia sigue teniendo menos muertes
per cápita que el Reino Unido, España, Italia, Bélgica y Francia, que han optado
por aplicar cuarentenas, pero mucho más que sus vecinos nórdicos Dinamarca,
Noruega y Finlandia.
La estrategia sueca, basada
principalmente en medidas voluntarias de distanciamiento social e higiene, ha
sido criticada por algunos observadores como un experimento peligroso con la
vida de las personas, pero también ha sido presentada como un modelo futuro por
la Organización Mundial de la Salud.
La estrategia de Suecia parece
haber suavizado el golpe en la economía, ya que el crecimiento se redujo mucho
menos que en Dinamarca y Noruega en el primer trimestre.
El
2019 estuvo marcado por un incremento en la violencia contra periodistas y una
narrativa de estigmatización a la crítica, impulsada desde el Ejecutivo
Federal, denuncia la organización Artículo 19, y alerta que el año pasado
aumentaron en casi 100 por ciento las agresiones contra periodistas respecto a
2013, el primer año del sexenio anterior. También destaca que han surgido
nuevas amenazas contra los medios a través de la estigmatización del trabajo
periodístico que se hace desde el Poder Ejecutivo federal.
En ese sentido, Ana
Cristina Ruelas, directora regional de Artículo 19 Oficina para México y
Centroamérica, presentó el informe anual: “Disonancia: voces en disputa”, en el
que se establece que la pandemia del coronavirus (Covid-19) ha venido a
confirmar que no existe la voluntad o la intención inequívoca de los gobiernos
Federal y estatales por hacer que la libertad de expresión se garantice a
través de una verdadera política de Estado. “Por el contrario, los dejos
autoritarios de distintos gobernadores, presidentes municipales y funcionarios
federales ponen en relieve una política censora que busca controlar los flujos
de información que llega a la sociedad a través de una serie de amenazas
físicas, políticas, económicas, jurídicas y tecnológicas”. Por ello consideró
que el documento “Disonancia: voces en disputa”, busca reflejar la tensión
entre las distintas voces: “en este 2019 pudimos confirmar que las expresiones
se disputan, vengan de donde vengan, y en el centro estamos nosotros, las
personas que tenemos que decidir a quién creer y sobre la verdad que queremos
hacer nuestra”.
Ruelas mencionó que en el 2019 se registraron 609 agresiones
contra periodistas, de las cuales, 10 fueron asesinatos, lo que a su vez
significó un aumento del 12 por ciento en comparación con el 2018 y casi el 100
por ciento respecto al primer año de gobierno de Enrique Peña Nieto. Expuso,
además, que más del 99 por ciento de los crímenes contra periodistas siguen sin
resolverse y, de 1 mil 614 casos en trámite desde la creación de la Fiscalía
Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión
(Feadle) en 2010, sólo se han logrado 14 sentencias, en su mayoría en contra de
los autores materiales de la agresión, sin lograr vincular a aquellos que
dieron la orden de agredir. Respecto al Mecanismo de Protección (el cual para
Diciembre de 2019 protegía a 1 mil 162 personas, de las cuales 384 son
periodistas),
Ruelas señaló que el gobierno no ha implementado efectivamente
las recomendaciones que dio la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones
Unidas para los Derechos Humanos en México para reestructurarlo y hacerlo
eficiente, y puntualizó que en 2019 se atestiguaron nuevas amenazas contra los
medios que surgieron a través de la estigmatización al trabajo periodístico
desde la tribuna presidencial. Consideró que esta narrativa fue impulsada
principalmente durante los primeros 100 días de gobierno del Presidente, por
medio de apelativos como “fifí”, “conservadores” e “hipócritas”, términos que
pueden ser interpretados por funcionarios públicos locales y el crimen
organizado como una autorización para referirse a la prensa local.
“El
Presidente hizo de su palabra un instrumento y un arma de gobierno. Decidió
neutralizar o anular a cualquiera que buscó cuestionar su relato. Confundió la
resistencia de sus adversarios y las élites, con la racionalidad de aquellos
que buscaban entender e informar sobre la estrategia que respalda la
narrativa”, indicó. Refirió que, en comparación con el año anterior, en 2019
las agresiones del tipo “uso ilegítimo del poder público” se duplicaron.
El
número de agresiones en contra de medios de comunicación incrementó casi 100% y
precisamente el tipo de ataques sufrido son: estigmatización por medio de la
comunicación oficial, amenazas de acciones legales y campañas de desprestigio.
Estableció que, a pesar de las alertas que Artículo 19 emitió sobre el
incremento de la violencia en contra de la prensa en la Ciudad de México y
Quintana Roo, no hubo acción para revertir estos casos. “Estas dos entidades
duplicaron las agresiones entre 2018 y 2019, mientras que Puebla, Guerrero,
Oaxaca y Veracruz siguen estando en el tope de la lista de los estados más
violentos para el periodismo”.
