El
2019 estuvo marcado por un incremento en la violencia contra periodistas y una
narrativa de estigmatización a la crítica, impulsada desde el Ejecutivo
Federal, denuncia la organización Artículo 19, y alerta que el año pasado
aumentaron en casi 100 por ciento las agresiones contra periodistas respecto a
2013, el primer año del sexenio anterior. También destaca que han surgido
nuevas amenazas contra los medios a través de la estigmatización del trabajo
periodístico que se hace desde el Poder Ejecutivo federal.
En ese sentido, Ana
Cristina Ruelas, directora regional de Artículo 19 Oficina para México y
Centroamérica, presentó el informe anual: “Disonancia: voces en disputa”, en el
que se establece que la pandemia del coronavirus (Covid-19) ha venido a
confirmar que no existe la voluntad o la intención inequívoca de los gobiernos
Federal y estatales por hacer que la libertad de expresión se garantice a
través de una verdadera política de Estado. “Por el contrario, los dejos
autoritarios de distintos gobernadores, presidentes municipales y funcionarios
federales ponen en relieve una política censora que busca controlar los flujos
de información que llega a la sociedad a través de una serie de amenazas
físicas, políticas, económicas, jurídicas y tecnológicas”. Por ello consideró
que el documento “Disonancia: voces en disputa”, busca reflejar la tensión
entre las distintas voces: “en este 2019 pudimos confirmar que las expresiones
se disputan, vengan de donde vengan, y en el centro estamos nosotros, las
personas que tenemos que decidir a quién creer y sobre la verdad que queremos
hacer nuestra”.
Ruelas mencionó que en el 2019 se registraron 609 agresiones
contra periodistas, de las cuales, 10 fueron asesinatos, lo que a su vez
significó un aumento del 12 por ciento en comparación con el 2018 y casi el 100
por ciento respecto al primer año de gobierno de Enrique Peña Nieto. Expuso,
además, que más del 99 por ciento de los crímenes contra periodistas siguen sin
resolverse y, de 1 mil 614 casos en trámite desde la creación de la Fiscalía
Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión
(Feadle) en 2010, sólo se han logrado 14 sentencias, en su mayoría en contra de
los autores materiales de la agresión, sin lograr vincular a aquellos que
dieron la orden de agredir. Respecto al Mecanismo de Protección (el cual para
Diciembre de 2019 protegía a 1 mil 162 personas, de las cuales 384 son
periodistas),
Ruelas señaló que el gobierno no ha implementado efectivamente
las recomendaciones que dio la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones
Unidas para los Derechos Humanos en México para reestructurarlo y hacerlo
eficiente, y puntualizó que en 2019 se atestiguaron nuevas amenazas contra los
medios que surgieron a través de la estigmatización al trabajo periodístico
desde la tribuna presidencial. Consideró que esta narrativa fue impulsada
principalmente durante los primeros 100 días de gobierno del Presidente, por
medio de apelativos como “fifí”, “conservadores” e “hipócritas”, términos que
pueden ser interpretados por funcionarios públicos locales y el crimen
organizado como una autorización para referirse a la prensa local.
“El
Presidente hizo de su palabra un instrumento y un arma de gobierno. Decidió
neutralizar o anular a cualquiera que buscó cuestionar su relato. Confundió la
resistencia de sus adversarios y las élites, con la racionalidad de aquellos
que buscaban entender e informar sobre la estrategia que respalda la
narrativa”, indicó. Refirió que, en comparación con el año anterior, en 2019
las agresiones del tipo “uso ilegítimo del poder público” se duplicaron.
El
número de agresiones en contra de medios de comunicación incrementó casi 100% y
precisamente el tipo de ataques sufrido son: estigmatización por medio de la
comunicación oficial, amenazas de acciones legales y campañas de desprestigio.
Estableció que, a pesar de las alertas que Artículo 19 emitió sobre el
incremento de la violencia en contra de la prensa en la Ciudad de México y
Quintana Roo, no hubo acción para revertir estos casos. “Estas dos entidades
duplicaron las agresiones entre 2018 y 2019, mientras que Puebla, Guerrero,
Oaxaca y Veracruz siguen estando en el tope de la lista de los estados más
violentos para el periodismo”.
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