Córdoba, Veracruz.
En cada administración municipal llega siempre un director de comercio y un nuevo grupo de inspectores de comercio, el único elemento que no cambian es Aníbal Rodríguez Olivares, siempre haciéndola de jefe de inspectores que se comportan como verdaderos ilotas, incluso toma decisiones por encima del coordinador y del director de esa área. Aunque este sujeto siempre ha tenido el apoyo moral y legal de las cámaras empresariales, específicamente de la CANACO. Mantiene su status de empleado de confianza del ayuntamiento. Se dice que se encuentra sindicalizado y que su suegra influye para mantenerse en ese puesto, ella se encuentra como secretaria del síndico.
Después de múltiples manifestaciones
en el año 2010, se logró que Aníbal Olivares no fuera contratado para esa área
en la siguiente administración municipal que presidio Francisco Portilla
Bonilla, entre 2011 al 2013. Sin embargo en los últimos 9 meses con el
Ingeniero Guillermo Rivas fueron contratados: Joel Guerra García y Alejando
Reyes alias al “Chicas”, lo inédito es que tenían las mismas características y
los mismos perfiles, grotescos y serviles a sus verdaderos jefes de la CANACO.
El reglamento de comercio de esta
ciudad y de la mayoría de los municipios del país representan los intereses
económicos de los ricos, tal es así que el derecho que defienden los
legisladores locales o federales en sus respectivos congresos y los ediles en
sesión de cabildos representan a la burguesía.
En el ayuntamiento de esta ciudad
cada uno de los 12 ediles de Córdoba les preocupan su bienestar económico,
independientemente de su extracción partidista, tal es así que aprovechan muy
bien su puesto para servirse con esplendidos salarios que les permite este
Estado de Derecho que ellos defienden porque así es su formación ideológica de
cada uno de ellos.
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Mientras la clase trabajadora, tanto la asalariada, del comercio ambulante o desempleada, no entienda que los que llegan a ocupar los puestos públicos, ya sea la presidencia de la república, gobernador, diputados o ediles, no defienden los intereses de la clase trabajadora, más bien defienden el Estado de derecho burgués y no se pondrán contra los intereses de los detentadores del poder económico, de tal manera que implementan reglamentos represivos que atenta contra los intereses de familias vulnerables.
Mientras la clase trabajadora, tanto la asalariada, del comercio ambulante o desempleada, no entienda que los que llegan a ocupar los puestos públicos, ya sea la presidencia de la república, gobernador, diputados o ediles, no defienden los intereses de la clase trabajadora, más bien defienden el Estado de derecho burgués y no se pondrán contra los intereses de los detentadores del poder económico, de tal manera que implementan reglamentos represivos que atenta contra los intereses de familias vulnerables.
Un ejemplo es el director de comercio
del ayuntamiento de Córdoba, Veracruz, Maximino García Guzmán, que proviene de
una eminente familia cordobesa, de connotados integrantes de las cámaras
empresariales. Este individuo no sabe una pizca del área de comercio, pero es
de confianza de la inepta alcaldesa Leticia López Landero, fiel peón de los
billetudos de esta Ciudad que al lado de otro paria de nombre Aníbal Olivares o
de Alan Gonzalo Rodríguez Batista, agreden a vendedores ambulantes, los
reprimen y quitan la mercancía, utilizando a la policía para aplicarles la ley,
metiéndolos en la cárcel por vender en la vía pública, ejemplo claro de
discriminación y odio hacia las personas que buscan salir adelante en una
actividad lícita.
La única vía que tienen los sectores
vulnerables y la clase trabajadora es unirse y organizarse para defender sus
intereses, porque así seguirán actuando esos parásitos bajo la bandera de un reglamento
y de unas autoridades que no dan solución y si consienten la represión...
Andrés Gómez Ojeda
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