COMUNICADO DE PRENSA
Año 56
República mexicana, a 25 de mayo de 2020
A trece años de la detención desaparición de
nuestros compañeros Gabriel Alberto Cruz Sánchez y Edmundo Reyes Amaya, la
impunidad se mantiene, se torpedea por la vía del hecho todo cauce jurídico
para conocer la verdad y castigar a los responsables materiales e
intelectuales, éstos se protegen en la institucionalidad y en el fuero del que
gozan las fuerzas armadas.
De igual manera, a casi seis años del mismo crimen
contra los 43 normalistas de Ayotzinapa, la política gubernamental es en
esencia la misma, sólo largas, promesas incumplidas y "mesas de
trabajo" que no llevan ni a la verdad, ni a la justicia para las víctimas.
Ambos casos expresan a pesar de sus características
la misma política de gobierno, la misma violencia contra el pueblo y la misma
actitud hacia los responsables del terrorismo de Estado que en nuestro país ha
cobrado cientos de miles de víctimas directas.
La actual administración ha tenido la información y
el tiempo suficiente para resolver sobre la base de la justicia para el pueblo
el problema de la desaparición forzada, sin embargo, el profundo silencio e
inacción para resolver el caso de nuestros compañeros, así como el interminable
laberinto burocrático al que es sometido la desaparición de los 43 normalistas,
la política de gobierno desemboca en un galimatías jurídico que se traduce en
más impunidad a los perpetradores y la libertad a los presuntos responsables
materiales.
La desaparición forzada de personas por motivos
políticos o sociales en México persiste a pesar de la posición oficial de la
actual administración; si bien es cierto que no hay comparación numérica con
los dos anteriores gobiernos, dichos crímenes de lesa humanidad son parte de la
realidad, expresan la violencia contra el pueblo y ratifican una verdad
innegable: la violencia que azota al pueblo emana del régimen económico y
político.
Cierto que los gobiernos de Fox, Calderón y Peña
Nieto enarbolaron la política de gobierno que se tradujo en violencia
sistematizada y generalizada contra el pueblo, es el terrorismo de Estado que
cobró cientos de miles de víctimas directas e indirectas; pero también es real,
que el actual gobierno se vuelve corresponsable de tales crímenes en la medida
que pondera el perdón a los perpetradores y llama a la resignación de las
víctimas a través de una sutil persuasión.
La corresponsabilidad se adquiere en la medida que
no se investiga con seriedad y a fondo en torno a los detenidos desaparecidos;
en tanto que el burocratismo en las instituciones se traduce en revictimización
de las víctimas; en cuanto a la actitud negligente de la nube de funcionarios
para escatimar la verdad a los familiares de las víctimas y afirmar que las
desapariciones forzadas son obra de la delincuencia organizada; y, el clásico
carpetazo no es más que una variante del olvido y la actitud indolente desde
las instituciones y hombres que las hacen funcionar para que prevalezca la
violencia de clase contra el pueblo.
En todos estos años el pueblo comprueba en el vivo
dolor que representan las desapariciones forzadas, las ejecuciones
extrajudiciales y el desplazamiento forzoso que la violencia emana del régimen;
que a pesar de las promesas de campaña electoral, persiste y que en torno a
dicho fenómeno no hay justicia, no se hace mucho para encontrar y conocer la
verdad que permita ejercer justicia contra los responsables.
La inmensa mayoría de los familiares de los
detenidos desaparecidos han comprobado en carne propia que los perpetradores
gozan de impunidad, ésta se materializa en el perdón otorgado desde el
Ejecutivo, sin embargo, dicha política sólo estimula que los criminales de
Estado cometan nuevos crímenes de lesa humanidad.
También es conocido y comprobado que desde las
instituciones que supuestamente procuran justicia están carcomidas por la
corrupción y el burocratismo, en ellas subyace aún la política de procurar
impunidad a quienes desataron la violencia contra el pueblo; constituyen una
estructura que sólo esparce injusticia y contribuye a que las cárceles
alberguen nuevos presos políticos.
Si a ello aunamos que en plena pandemia y las
medidas autoritarias para su supuesta contención, las ejecuciones
extrajudiciales no cesan y que nuevos casos de represión al pueblo se suman a
la estadística de dicha política autoritaria, la verdad brota por sí sola: a
pesar de la promesa presidencial, la violencia de clase persiste y cobra nuevas
víctimas, por consiguiente, existe continuidad de la política gubernamental que
protege a los verdugos del pueblo; la desaparición forzada de personas y las
ejecuciones extrajudiciales son parte de la violencia contra los oprimidos.
La indolencia desde la institucionalidad, el
silencio se vuelve complicidad; el "atender" pero sin resolver se
traduce en dilación premeditada e injusticia que brota de todas las
instituciones que conforman el poder judicial, entre ellas la Suprema Corte de
Justicia de la Nación (SCJN), en conjunto víctimas, familiares y organizaciones
populares llegan a la conclusión de que está muy lejos de ser cumplida la
promesa electoral de justicia para las víctimas de desaparición forzada.
La perversidad gubernamental es tal que en la
búsqueda de los detenidos desaparecidos todo lo quieren reducir a la conclusión
de que están muertos y que su solución pasa por la "compensación"
económica traducida en la supuesta reparación del daño, no obstante, la
solución a tan deleznable crimen no basta con destinar más recursos públicos
para la búsqueda, lo esencial es hacer realidad el hecho de encontrar a los
detenidos desaparecidos y dar a conocer toda la verdad.
Tal es la mal intencionada ausencia de justicia
para las víctimas que familiares de éstas son las que investigan, las que
aportan pistas y pruebas a la autoridad judicial, las que con sus propios
esfuerzos y medios buscan a sus familiares. De parte de la autoridad sólo
silencio, dilación, hipocresía, despotismo, cinismo.
El fenómeno de la desaparición forzada, producto de
la política de gobierno en México por su magnitud se configuró como
inconmensurable en los dos últimos sexenios, a tal grado que no se conoce la
verdad a ciencia cierta del número de víctimas; se reconoce oficialmente una
lista de 61 mil víctimas directas, pero si por cada desaparición forzada
denunciada hay diez que no lo hacen por temor, la cifra es más de 600 mil
personas desaparecidas, un dato revelador, nos ilustra el grado de violencia
que se ha ejercido contra las masas empobrecidas.
Conocer la verdad en torno a los detenidos
desaparecidos consiste en saber con precisión cuántas han sido las víctimas;
quiénes fueron los criminales de Estado en su ejecución; saber sin cortapisas
qué autoridad y funcionarios están involucrados en la elaboración de dicha
política de gobierno; qué responsabilidad tiene la cúpula castrense y los
diferentes mandos policíaco militares en su ejecución. Ese es un derecho y una
exigencia popular.
Hacer justicia al pueblo en materia de los
desaparecidos sea por motivos políticos o sociales sería dar los pasos
necesarios para que Genaro García Luna fuera juzgado y castigado por crímenes
de lesa humanidad; que Felipe Calderón Hinojosa fuera juzgado y castigado por
ser el principal promotor de la política de gobierno que cobró cientos de miles
de víctimas que constituyen crímenes de lesa humanidad que configuran
genocidio.
En el caso de nuestros compañeros, ¿cuánto tiempo
hay que esperar para que se haga justicia? ¿Cuánto tiempo debe pasar para que
sus familiares conozcan la verdad? ¿Por qué no se avanza en el caso si
jurídicamente ha sido demostrado que fue una desaparición forzada por motivos
políticos cometida por agentes del Estado? ¿Qué es lo que impide que se juzgue
a funcionarios públicos, a mandos policíacos militares y policías que tienen
responsabilidad directa?
La vida de un revolucionario no se tasa en dinero,
esa es una proposición inaceptable; la presentación con vida de nuestros
compañeros Gabriel y Edmundo no es negociable; el conocer la verdad sobre su
condición y paradero al igual que la de todas las víctimas es un derecho al que
no renunciamos.
La lucha por la presentación de los detenidos desaparecidos,
así como por la libertad de los presos políticos y contra la represión siempre
será legítima, necesaria y expresa un hecho concreto, si hay injusticia,
siempre habrá razones para luchar, para protestar y exigir. Ni la represión, ni
medidas autoritarias justificadas por la pandemia del Covid-19 pueden inhibir
la voluntad popular de combatir.
COMUNICADO DE PRENSA
Año 56
República mexicana, a 25 de mayo de 2020
República mexicana, a 25 de mayo de 2020
FUENTE: CEDEMA
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