La defensa del ambiente y de la vida como política de Estado es un bien necesario en México.
* Luis Josué Lugo
2020-05-24
Ciudad de México.
Tenía 22 años; estudiaba biología en el Instituto Tecnológico del Valle de Oaxaca (ITVO); además era activista. Ingresaron a su domicilio en Oaxaca. Se lo llevaron a la fuerza. Después lo torturaron y lanzaron en una zona cercana a su casa. Su nombre era Eugi Martínez. El 11 de marzo, éste se sumó a los 500 ataques contra ambientalistas acaecidos entre 2012 y 2019 en nuestro país, según la organización Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA).
México es uno de los países donde más se asesina a ambientalistas, cuyas actividades no ocupan un lugar relevante en la agenda de los medios de comunicación, acaso porque defienden otras especies animales, áreas silvícolas protegidas o se oponen a proyectos de explotación de recursos naturales de grandes empresas.
De acuerdo con Global Witness, en 2018 México figuró como el sexto país donde más ambientalistas son asesinados. Este hecho resulta aún más desconcertante hoy, cuando la humanidad enfrenta una pandemia que le reclama nuevas políticas para garantizar su supervivencia con otras especies, lo cual se conoce como sustentabilidad, según instituciones como la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO).
“Hasta mediados del año pasado, 13 personas murieron por su labor valiente en la protección de la naturaleza y en 2018, según el Centro Mexicano de Derecho Ambiental, 21 personas fueron asesinadas por defender el medioambiente –el 39 por ciento de las agresiones registradas vinieron de autoridades–”, publicó el diario estadounidense The New York Times.
Entre los muertos, (solo por mencionar algunos casos), figuran los defensores de la mariposa monarca Homero Gómez y Rubén Hernández Romero; el defensor de bosques Isidro Baldenegro, quien fue baleado en Chihuahua y cuya muerte se suma a los 14 tarahumaras asesinados anteriormente por evitar la destrucción de su entorno; el activista morelense Samir Flores, quien pertenecía a la comunidad náhuatl y José Luis Álvarez, defensor del mono saraguato en el sur de México.
Estos asesinatos están asociados al crimen organizado, a la tala ilegal de árboles y a la extracción delictiva de otros recursos naturales; y frente a este tipo de actividades, el Estado se ha visto superado, en unos casos, por incapacidad y negligencia y en otros por complicidad con intereses empresariales.
Esta situación nos invita a observar estos crímenes, a visibilizarlos como sociedad y como personas ligadas a los medios de comunicación para difundirlos, y que el Estado y los gobiernos tomen acciones preventivas para exigir el cumplimiento de los marcos legales vigentes y que se procese a los autores de los asesinatos; pues de acuerdo con el Índice Global de Impunidad 2018, 99 por ciento de los delitos en México queda sin resolver.
La defensa del ambiente y de la vida como política de Estado es un bien necesario en México. La actual pandemia, como expresión del desequilibrio entre las especies del planeta, lo está demostrando. Por ello resulta urgente que la sustentabilidad sea un eje clave en las políticas de desarrollo social.
En fechas recientes, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) denunció que eventos como los incendios forestales en Australia; el registro de mayores temperaturas de calor en la Tierra; la peor invasión de langostas en Kenia, incluso el Covid-19, están fuertemente asociados a la mala salud que hoy padece el ecosistema global. Y en México se asesina a quienes luchan por evitar estas catástrofes.
Sería deseable que, además de la ONU y otras instituciones especializadas en ecología, se escuche también a los propios defensores del medio ambiente, que día con día están en el frente de batalla en bosques, acuíferos y mares. Por ello, nos sumamos a la preocupación del líder medioambientalista Homero Aridjis: “Temo por los ambientalistas, los defensores del patrimonio arqueológico, los pueblos indígenas y los ciudadanos que se opongan al Tren Maya”.
Aún es tiempo de activar la conciencia social, política y ambiental de las comunidades sociales del mundo entero. Como afirma el destacado especialista en sustentabilidad social Jorge Riechmann: “la crisis de sustentabilidad (ambiental y social) está generando la oportunidad para un profundo cambio civilizatorio, que nos lleve a modificar a fondo nuestros estilos de vida (y de consumo) y nuestra forma de ver el mundo (a nosotros mismos y a la Naturaleza)”. En este punto, la política no puede quedar al margen.
No hay comentarios:
Publicar un comentario