Por DE LA REDACCIÓN -
Ignacio Martínez Platas
En complicidad entre religiosos, caciques locales de San Pedro y San
Pablo Ayutla, el Colectivo de Mujeres y el director del Instituto Nacional de
Pueblos Indígenas (INPI), Adelfo Regino Montes, han creado un círculo de
corrupción en la asignación de obras y han frenado la solución al conflicto que
mantienen con Tamazulapam Mixes.
El grupo de caciques locales encabezados por Federico Villanueva Damián,
Filogonio Morales Galván, Salomón Chávez Ramírez y Domitilo Pérez Rojas, todos
profesores formados en los colegios de los padres Salesianos, son los mismos
que se oponen a la solución al conflicto agrario-social, que desde hace más de
50 años mantienen con sus vecinos de Tamazulapan.
Los caciques, utilizados como grupo de choque creado por los sacerdotes,
fue usado inicialmente para expulsar de Ayutla Mixes a un grupo de comuneros
llamados “protestantes” por profesar una religión distinta a la católica, para
apoderarse de todos sus bienes.
De la misma manera
y bajo presiones obligaron al entonces gobernador Diódoro Carrasco Altamirano a
respaldar la expulsión de la comunidad al productor y comerciante de aguacates,
Enrique Villanueva Martínez, por un problema personal y por negarse a colaborar
con el grupo de caciques, y todos sus bienes pasaron a manos del edil en turno
y cacique Federico Villanueva.
De esa manera y desde entonces el grupo de caciques se rotaron la
presidencia municipal para expulsar de la comunidad a quienes se oponían a sus
intereses económicos, políticos, personales y de grupo, iniciando así una
cadena de robos, despojos, crímenes e infinidad de actos de corrupción,
inclusive, activando el conflicto con Tamazulapan.
En el año 2017, el
conflicto hizo crisis al intervenir los sacerdotes, apoyados por un grupo
armado para atacar a sus vecinos de Tamazulapam, con saldo de un muerto y varios
heridos y la destrucción de los tanques de almacenamiento de agua en El
Manantial y evitar así una posible solución al problema.
El grupo político se ha opuesto sistemáticamente a la solución del
conflicto agrario y social, inclusive han rechazado las propuestas del
gobernador Alejandro Murat Hinojosa, y para ello crearon en el 2019 el
Colectivo de Mujeres que encabeza Yasnaya Elena, quien se autonombra defensora
de la lengua materna, vinculada a los religiosos.
La mujer, estaría utilizando el conflicto por el agua del manantial para
su beneficio económico, entorpeciendo los acuerdos y las funciones de las
autoridades municipales a las que ha rebasado, inclusive ha tratado de llevar
el asunto ante la Cámara de Senadores y ante la ONU, sin el consenso de los
habitantes.
Yasnaya Elena ha
llegado al grado de sabotear la entrega de agua potable con pipas a los
habitantes de Tamazulapan, presuntamente destrozando las mangueras para el
surtimiento del vital líquido, además es señalada de provocar un incendio en
los alrededores de otro manantial.
Entre los actos de corrupción protegidos y avalados por los caciques
locales que actualmente encabeza Federico Peralta, y con el apoyo del titular
del INPI, fue la asignación directa de la construcción de ampliación de la
Unidad Médica Rural número 117, del IMSS-PROSPERA en Ayutla.
La empresa constructora “Ingeniería y Materiales Sierra Norte, S.A. de
C.V.”, propiedad de Damián Peralta, hijo del cacique local, cobró 4 millones de
pesos por la obra, sin embargo, la comunidad no lo aprobó al presentar una
serie de irregular
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