Este cinco de mayo se cumplen cuatro años y dos meses de la desaparición forzada de nuestro compañero Fidencio Gómez Sántiz, crimen de Estado y lesa humanidad cometido en el municipio de Ocosingo, Chiapas con el objetivo de inhibir la organización popular en esa región con una larga historia de lucha.
Fidencio, habitante del ejido Las Perlas, en el municipio de Altamirano, Chiapas, fue víctima de este crimen por ser un sujeto político consiente, organizado en el FNLS y por participar en diversas jornadas de lucha en la exigencia en el alto a la represión y por la defensa del derecho a la tierra, el Estado lo desaparece el 5 de marzo de 2016 en el municipio de Ocosingo con el objetivo de detener la lucha de nuestra organización.
El mismo mes de marzo de 2016 se inició la Carpeta de Investigación 090-059-1003-2016 por la desaparición forzada de nuestro compañero, desde esa fecha hasta nuestros días las instituciones encargadas de “impartir justicia” se han encargado únicamente de proteger a los responsables, por eso no investigan, atienden a los familiares con dilación y burocratismo, actúan con negligencia, hacen todo para dar carpetazo al caso.
Con este proceder institucional queda en entredicho el “fin a la impunidad” que tanto pregonan las autoridades federales, y lo que se expresan es la aplicación de una política de demagogia e injusticia.
El panorama de impunidad en el país se agrava si tomamos en cuenta la cifra de 250 mil víctimas de desaparición forzada, dato sostenido por organismos independientes de derechos humanos, colectivos de familiares de víctimas y organizaciones populares, la tendencia es que la impunidad crece al igual que las víctimas.
Si bien la desaparición forzada en los sexenios de Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto se cometieron al por mayor por ser política de gobierno, en este nuevo sexenio brotan nuevos casos, realidad que pone en contradicción la versión oficial de que en el país ya no se violan derechos humanos.
El movimiento de familiares y organizaciones populares por la presentación con vida de los detenidos desaparecidos del país dejó en claro que la política del “perdón” propuesta por el gobierno federal no es una opción, la demanda es una e inamovible presentación con vida, esto implica diversos actos políticos y jurídicos del Estado para dar con los responsables y llevarlos ante la justicia.
Un caso que ilustra lo dicho es el de los revolucionarios Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez detenidos desaparecidos en mayo de 2007, diversas instancias de justicia federal han hecho sentencias a favor del caso, el primero de ellos en el año 2014, el Noveno Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito del Poder Judicial de la Federación emitió la resolución judicial 29/2014 en la que se ordena a las autoridades federales y estatales aperturar los campos y cuarteles militares para la búsqueda de los desaparecidos, a que comparezcan funcionarios estatales y mandos militares que estaban en funciones en la fecha de la desaparición forzada con el fin de investigar el caso. Esta resolución no fue acatada en su momento.
Posteriormente en mayo del año pasado el Juzgado Cuarto de Distrito de Amparo en Materia Penal de la Ciudad de México realizo la sentencia final a la demanda de amparo 942/2013-2, en esta se reconoció la grave violación a los derechos humanos cometida en contra de Edmundo y Gabriel, también ratifica la apertura de los cuarteles militares y la comparecencia de funcionarios para que declaren sobre los hechos, sin embargo, la Fiscalía General de la República y la SEDENA impugnan dicha sentencia.
Ante esta muestra clara de falta de acceso a la justicia en el país, en diciembre del año pasado el tribunal colegiado pidió a la Suprema Corte de Justicia de la Nación ejercer su facultad de atracción sobre este caso, esto quiere decir que poco a poco se van agotando las instancias y la impunidad prevalece, por cada acto de las instituciones del Estado que sea una traba para investigar el paradero de los detenidos desaparecidos será una expresión más de una política criminal.
En el caso de nuestro compañero Fidencio las autoridades han sido negligentes, resulta que hasta extraviaron la carpeta de investigación que se encuentra radicada en las oficinas de la Fiscalía General del Estado en el municipio de Ocosingo, la intención de la fiscalía es ocultar toda pista que ayude a dar con los responsables.
El 20 de febrero el asesor jurídico se presentó para pedir información sobre los avances y ahí le dieron la noticia de que la carpeta lo habían extraviado, que la buscarían y que llamarían al teléfono del abogado para avisarle, van más de dos meses y no han llamado.
¿Cómo creer de este modo que haya un gobierno diferente? Será de ingenuos creer en la palabrería de Jorge Luis Llaven Abarca, Fiscal General del Estado quien repite sin cansancio encabezar una “política de justicia humana”, lo que verdaderamente encabeza es una política de impunidad y represión.
Si los casos no presentan avances, si las instituciones se niegan a realizar las diligencias necesarias, a acatar las resoluciones judiciales, no se puede hablar de un “cambio”, sino de continuidad en la impunidad.
Nosotros no estamos dispuestos a olvidar o perdonar, seguiremos sin cesar exigiendo la presentación con vida de nuestro compañero Fidencio y de las miles de víctimas en el país, seguiremos firmemente con la exigencia de libertad a los presos políticos, no dudaremos en denunciar el papel del Estado y sus instituciones de imponer la impunidad.
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