Desarmador Politico
Tras la salida de Guadalupe Taddei, Blanca Yassahara Cruz asumió provisionalmente la presidencia del Instituto Nacional Electoral (INE), en medio de renuncias y movimientos de funcionarios clave. Sin embargo, su llegada no representa, por sí misma, una garantía de renovación ni de transparencia. Por el contrario, su trayectoria ya está rodeada de cuestionamientos: durante su gestión en Puebla habría otorgado un contrato cercano a los 130 millones de pesos a una empresa presuntamente vinculada con el llamado Clan Taddei, además de enfrentar señalamientos por posibles sobrecostos relacionados con el Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP).
El problema es que el INE parece haber llegado a un punto en el que la desconfianza no puede resolverse simplemente cambiando a quien ocupa la silla principal. Si la gestión anterior dejó dudas sobre el manejo institucional, las contrataciones y las posibles redes de intereses, resulta indispensable revisar a fondo quiénes participaron, quiénes se beneficiaron y qué responsabilidades pudieran existir.
La presidencia interina no puede convertirse en un obstáculo para las auditorías ni en un mecanismo de protección para quienes pudieran estar involucrados en decisiones cuestionables. Tampoco basta con deslindarse públicamente de Guadalupe Taddei: Blanca Cruz tendrá que demostrar, con hechos y no con discursos, que no existen vínculos de complicidad, conflictos de interés o compromisos políticos que condicionen su actuación.
La ciudadanía está cansada de los relevos cosméticos, de los discursos de honestidad y de las promesas de limpieza institucional que terminan dejando la misma suciedad debajo de la alfombra. La confianza en el árbitro electoral no se recupera con una nueva funcionaria sonriendo frente a los micrófonos, sino con auditorías independientes, contratos transparentes, investigaciones sin protección política y rendición de cuentas.
Si Blanca Yassahara Cruz pretende encabezar una nueva etapa en el INE, su primera obligación será despejar las sospechas que pesan sobre su actuación y garantizar que ninguna investigación sea frenada o manipulada. Porque, cuando la institución encargada de garantizar la democracia está bajo cuestionamiento, no basta con cambiar de rostro: hay que limpiar la casa completa.
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