Nuevamente a esa niña se le considera un objeto y cualquier tipo de violencia sexual es un abuso de poder
La ONG mexicana Xochiquetzal ha exigido que el estado facilite la posibilidad de aborto a la joven violada por el sacerdote Daniel Rodríguez en la comunidad de Comalapa en la sierra de Zongolica. Aracely González Saavedra, integrante de este colectivo y representante del Consejo Consultivo del Instituto Veracruzano de las Mujeres dijo que "independientemente de las condiciones en las que se haya dado el embarazo, por si acaso empiezan o no a argumentar que hubo mutuo acuerdo, simplemente por tratarse de una menor de edad y el sacerdote es un hombre adulto y porque la familia hace referencia directa, se debe garantizar este derecho".
De desearlo, la menor católica que pertenecía a un grupo religioso en la comunidad Comalapa embarazada por su párroco tiene todo el derecho de que se le permita abortar aún tratándose del hijo de un sacerdote católico, pues de acuerdo a la ley y a la norma 046, la Secretaría de Salud debe brindar esta opción a las mujeres violadas.
"Exigimos se garantice la justicia para esa niña, la justicia contempla que ella pueda tener información acerca de la posibilidad del aborto para este caso, si es producto de una violación ella tendría el derecho de interrumpirlo además de que el estado debe garantizar ese derecho y que no ponga en riesgo su vida" expresó Aracely González integrante de esta ONG.
Entrevistada, dijo que "en todos los casos de violencia, las mujeres como en este y otros casos deben gozar de la justicia, misma que no debe permearse a favor o en contra de nadie".
Luego de que se diera a conocer el embarazo a una joven por parte del sacerdote católico Daniel Portilla perteneciente a la diócesis de Orizaba, acto reconocido por él mismo al confesar tal hecho ante la Procuraduría de Justicia del Estado (PGJE) donde los padres de la menor acudieron a interponer la denuncia correspondiente, diferentes sectores han sido quienes han exigido no se pase por alto tal ilícito como muchos otros, simplemente por tratarse de miembros al servicio de la Iglesia Católica.
Sin embargo, este colectivo Xochiquetzal a través de su integrante Aracely González, exigió se garantice el derecho al aborto en caso de que los padres y la menor violada así lo requieran, más aún, por la implicación moral al tratarse de un representante de la fe católica: "Nuevamente a esa niña se le considera un objeto y cualquier tipo de violencia sexual es un abuso de poder, es un poder del que se está abusando más aún al tratarse de un hombre con esa investidura".
Recordó que por las recientes reformas al Código Penal "independientemente de las condiciones en las que haya sido, por si acaso empiezan a argumentar si hubo o no acuerdos, el hecho de tratarse de una menor de edad y de que el sacerdote es un adulto y de que la familia hace referencia directa, se debe garantizar el derecho al aborto".
Aunque no se tienen cifras exactas del número de casos en los que quienes cometen violaciones son castigados, de acuerdo a datos de la Procuraduría General de Justicia referidos por este colectivo, solo el 27 por ciento de los casos que tienen que ver con violencia feminicida se resuelven con sentencia condenatoria.
González Saavedra se comprometió a dar seguimiento y asesoría jurídica para garantizar el derecho al aborto a esta joven presuntamente violada por un sacerdote católico, de igual forma que exigió que la justicia no beneficie a un delincuente simplemente por contar con embestiduras católicas.
