31 de marzo de 2011

SALVEMOS AL I.P.E.

Por: Jorge Cruz Ibáñez
Como resultado de la movilización de la Coalición de Pensionistas del Instituto de Pensiones del Estado ( COPIPE ) para lograr la devolución del Impuesto Sobre la Renta ( ISR ) gravado en nuestro aguinaldo del mes de diciembre del 2010, a través de un juicio de amparo ,cientos de compañeros jubilados acudieron a la firma de otorgamiento del poder legal a los representantes comunes elegidos en previas asambleas regionales ( Poza Rica, Xalapa, Orizaba, Veracruz y Minatitlán ) y en notarías públicas .

Aquí en Orizaba , sede de la región centro del Estado de Veracruz se designó a la notaría núm. 1 del Lic. Carlos Salmerón Villagómez y a los profrs. Jesús Arenzano Mendoza y un servidor Jorge Cruz Ibáñez como representantes comunes , para que posteriormente , en base a los que firmaron dicho poder el IPE enviará el próximo día 31 del presente a funcionarios de esta Institución de seguridad social para hacer entrega de las constancias de retención de salarios y de esa manera los compañeros firmen de recibido una copia de este documento y la original sirva de soporte para fundamentar propiamente el amparo, pero firmado únicamente por los representantes comunes de cada región el día 13 de abril, de acuerdo con los tiempos y formas legales para dicho trámite, siendo específicamente entregado al Poder Judicial del Estado y en donde se demandará a las siguientes instancias : Secretaría de Hacienda y Crédito Público y al Instituto de Pensiones por motivo de que una instancia fue la ordenadora y la otra ejecutora de dicho gravamen .

Durante este proceso, nos hemos enterado de la grave situación que guarda el IPE y de las presiones que ha tenido a través del Gobierno Federal para privatizar dicho Instituto en cuentas individuales, es decir, acabar con el modelo solidario tal como ocurrió en el IMSS y el ISSSTE.

Por un lado, funcionarios del propio IPE nos han informado que del fondo económico que tiene el Gobierno Federal para apuntalar a instituciones de seguridad social en el país , a Veracruz le corresponden aproximadamente 1,500 millones de pesos, pero que se los darían hasta que se transforme el régimen de pensión solidario del IPE en cuentas individuales, es decir en Afores; por otro lado, líderes sindicales que simpatizan con nuestro movimiento nos han confiado que funcionarios bancarios se han acercado a ellos para mostrarles “ atractivos planes financieros “ para el dado caso que se lleve a cabo la transformación del modelo de pensiones del IPE .

En las diversas reuniones en el Estado en que hemos tenido la oportunidad de presidir para convencer a los compañeros de luchar por nuestra Institución de seguridad social, les he recordado a los compañeros jubilados que en 1989 Carlos Salinas de Gortari impuso en el Sindicato de Trabajadores de la Educación ( SNTE ) a Elba Esther Gordillo Morales como Secretaria General, dando por terminado el cacicazgo de Carlos Jongitud Barrios ; en 1992, Elba Esther Gordillo M. permitió que las pensiones de los trabajadores de la educación se redujeran a 10 salarios mínimos. Por esta situación, muchos maestros que son directores, supervisores, jefes de sector o que están en carrera magisterial a niveles altos, no se jubilan porque se verían afectado su percepción salarial.

En el 2007, con la reforma a la Ley del ISSSTE nos dieron dos opciones para jubilarnos, una correpondía a aceptar el Décimo transitorio que se refiere a recibir mensualmente los diez salarios mínimos como pensión y otra, la de aceptar el Bono de Pensionissste que según la plaza, categoría o nivel nos correspondían dos o hasta tres millones de pesos, pudiendo retirar cierta cantidad de dinero y solamente quedaría lo suficiente para alcanzar una pensión de 4 mil pesos mensuales como máximo, pero lo pagaría no el ISSSTE , sino una institución bancaria de acuerdo a la administradora de la Afore.

Pero , independientemente de las dos opciones para pensionarnos, el ISSSTE ha calculado como esperanza de vida 20 años, después de estos años, si es que vivimos, nuestra pensión se verá reducida a tres salarios mínimos, es decir, nuestra pensión se va a homologar a la de los trabajadores dependientes del IMSS, o sea, igual a la que reciben los jubilados de diversas fábricas, empresas privadas, cuyas pensiones son mínimas.

Otra grave preocupación de las Afores o cuentas individualizadas es que los ahorros de los trabajadores pueden estar sujetos a los vaivenes del mercado. Esto significa que si la administradora de mi pensión invierte el dinero a la bolsa de valores y se da un caso de crack financiero, podemos perder nuestra pensión.

Los medios de comunicación han estado informando que en la actualidad existe una pérdida de más de 20 mil millones de pesos de las Afores; lo grave de esta situación es que las casas administradoras de Afores siempre cargan las pérdidas a los trabajadores , ellas siempre se llevan las ganancias.

En Chile, país en donde se iniciaron las Afores , se protegió al trabajador en 1987 con la incorporación de la renta temporal vitalicia diferida, al visualizarse la necesidad de contar con una opción intermedia que permitiera al afiliado permanecer con sus fondos administrados en la Afore , pero a la vez traspasar a terceros el riesgo de vivir más allá de la esperanza de vida. Es decir, el afiliado traspasa a la compañía de seguros el riesgo de vivir más de lo esperado y se queda sólo con el riesgo de la tasa de interés por un periodo predeterminado, en cuyo caso las variaciones de la rentabilidad generada por el fondo de pensiones no afectan tan fuertemente el monto de la pensión, como ocurre en el retiro programado, que es el que México aplica, aún sabiendo de sus desventajas.

Por si faltara algo más a este negro escenario agreguémosle los costos administrativos y de comercialización , así como de gastos médicos de las casas aseguradoras , la falta de transparencia en los manejos de los ahorros de los trabajadores , etc.

Finalmente , la postura del COPIPE no es de confrontarse con las organizaciones sindicales adherentes al IPE, sino al contrario, hacemos un llamamiento para sumar esfuerzos y defender nuestra Institución que por años ha sido víctima de manejos obscuros y de opacidad en sus finanzas; urgen su transparencia, autonomía y evitar a toca costa su privatización.

EL SECTOR RURAL SINALOENSE REQUIERE HECHOS, NO PROMESAS: CODUC-Sinaloa

Agustín Espinoza Lagunas demandó trato justo y equitativo para todos los sectores; pidió que los funcionarios de Sagarpa no vengan sólo a tomarse la foto
El sector rural de Sinaloa requiere la intervención del Gobierno Federal vía la Sagarpa con hechos, porque las promesas realizadas en días pasados son sólo ofrecimientos y las palabras se las lleva el viento, destacó el presidente de la Coordinación Organizadora de la Unidad Campesina (CODUC-Sinaloa), Agustín Espinoza Lagunas, en referencia a los resultados de la gestión del pasado jueves en las oficinas centrales de la dependencia, donde estuvo presente el Gobernador Mario López Valdez.

Sobre todo porque “esperaríamos que la apertura de las ventanillas realizada ayer (lunes) sea de manera general y que los recursos del Gobierno Federal se apliquen en forma directa y pareja para todos los sectores que participamos en el campo de nuestro estado; es decir, demandamos un trato justo y equitativo”, argumentó el dirigente, porque hasta ahora existen rubros poco atendidos por la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa).

Para Espinoza Lagunas la visita de los funcionarios de la Sagarpa el próximo miércoles “no debe ser sólo para tomarse la foto, sino para traer soluciones reales para quienes de alguna forma fuimos afectados por las heladas de febrero”.

La Sagarpa había anunciado que entregaría en el mes de agosto 2 mil 500 pesos por hectárea; sin embargo, los productores integrados en diferentes organizaciones exigen una cantidad cercana a los 5 mil 500 pesos por hectárea.

El dirigente de la CODUC explicó que la marginación, el desempleo y la falta de apoyos gubernamentales sumergen a una parte del campo sinaloense en la desesperanza y la pobreza y hasta ahora no todos los productores son atendidos, porque si bien se está tomando en cuenta al sector agrario, hay otros que simple y sencillamente son ignorados como ocurre, entre otros, con los pescadores que también fueron afectados por las heladas.

La problemática de los pescadores no es de ahora, dijo Espinoza Lagunas, sino forma parte de los problemas ancestrales en los litorales mexicanos y “este problema, hoy ante la crisis de inseguridad, se convierte poco a poco en una bomba de tiempo que si no es atendida podría explotar de un momento a otro”.

Lo mismo que ocurre con los jornaleros, tanto para quienes viajan cada año de Oaxaca y Guerrero, entre otros estados, pero también para los trabajadores del campo sinaloenses.

30 de marzo de 2011

El Baldón: ¿Quién paga los daños?

Por José Miguel Cobián
A raíz de la última balacera en Veracruz, muy cerca del auditorio Benito Juárez, y la estampida humana que generó ante el lleno por la presentación de la ¨Arrolladora Banda Limón¨, incluida la muerte de la sra. que fue con su esposo e hijo al concierto, surgen dudas adicionales sobre la presencia del ejército en las calles y su combate al crimen organizado.


Primero hay que recalcar que según el parte oficial de la Marina Armada de México, los ocupantes del Bora blanco sospechoso, fueron los que comenzaron el ataque a nuestras fuerzas armadas, por lo tanto, a los marinos les quedaba la opción de emprender graciosa huida o repeler el ataque. Optaron por la segunda opción, y se desataron 30 minutos de balazos.


Como hubo heridos y daño en propiedad ajena porque alcanzaron al bora con los vehículos militares y para detenerlo lo estrellaron contra otros autos, incluidos dos taxis, surge la pregunta de siempre.

¿Quién paga los daños? La pregunta viene a colación porque estamos acostumbrados –en el caso del ejército- a la prepotencia, y a que ellos (los soldados) amenacen, y no paguen nada, gozando de una increíble impunidad. La experiencia la vivimos en Córdoba cuando fuerzas federales de la PFP allanaron casas, amenazaron y amagaron a sus ocupantes, catearon las casas y luego sin siquiera un ¨usted disculpe¨ se retiraron, pudiendo recuperar uno de los propietarios su cartera porque exigió su devolución delante de la prensa escrita de la región. Y obtuvo una mínima compensación por los daños a la puerta de su casa, misma que no alcanzó ni para un 10% del costo de la reparación del daño. Lo peor fue cuando el Senado de la República pidió explicaciones y la respuesta de la PFP fue que esa noche no hubo operativo en Córdoba, y por lo tanto no sabían de qué responsabilidad se les imputaba. Lo cual implica que todos los testigos, la policía municipal, los medios presentes, los vecinos, las tres casas (de gente inocente) que sufrieron vejaciones, los uniformes, la presencia de casi cien elementos, los camiones, las camionetas artilladas, los niños con las miras laser en su cuerpo, todo eso fue una alucinación colectiva, incluidos los daños físicos.

Así, viendo la impunidad con la que se mueven las altas esferas del poder federal, resulta muy difícil pensar que los daños colaterales por el combate al crimen organizado sean cubiertos por el propio gobierno. Es más, la experiencia indica que la ciudadanía no es sólo víctima de la delincuencia, sino también víctima de las autoridades que la combaten, pues no sólo ha habido una serie de errores que terminan con la muerte de civiles inocentes, sino que también hay incontables daños que nadie paga.

Imaginemos nada más al par de taxis dañados hace unos días en el puerto. Seguramente tienen dueño, y éste vive de o de manejar su taxi, o de rentarlo en dos turnos. El propietario tendrá que pagar la reparación del choque provocado por la marina, pues como en México no hay autoridades responsables, nadie lo va a apoyar. Cuando hay heridos en estos operativos, normalmente son llevados a instituciones de asistencia pública, sin la menor atención y mucho menos búsqueda de los responsables.

En países civilizados las autoridades responden por sus actos. Antes de tomar una decisión, en particular la de perseguir o entrar en combate, toman en cuenta los posibles daños a la población civil, es que juraron proteger. También toman en cuenta las leyes de México, esas que juraron respetar y hacer respetar. Si alguien mata a un civil, responde por sus actos. Aquí en México el gobierno de Felipe Calderón encubre asesinos, con el pretexto de no enemistarse con el ejército, cuando alguno de sus miembros comete un error y asesina a población civil inocente. Ejemplos hay muchos, como el caso de las familias asesinadas supuestamente por no haber hecho alto total en retenes aparentemente inexistentes, o el asesinato de dos estudiantes dentro del Tec de Monterrey, allá en la capital regia. Nada le ha pasado a los culpables.

Resulta divertido escuchar al presidente de la república, insistir en que nos unamos a su cruzada contra el crimen organizado, cuando desde el propio ejecutivo federal no se respetan las leyes y se estimula la impunidad de los consentidos del sistema. No sólo las fuerzas armadas para quienes intervenir en esta lucha legitimadora de un gobierno ha sido una desgracia, sino también una serie de amigos del presidente, o de intereses de poderes fácticos, que están por encima de la ley.

En México el gobierno nos pone de ejemplo siempre a los gringos, cuando de tasas impositivas se refiere, pero se le olvida que allá hasta a sus presidentes juzgan, mientras que aquí, la justicia es para los de abajo, mientras la impunidad reina en las alturas. Esa es la patria ordenada y generosa que nos ha ofrecido el gobierno del primer panista presidente. (Fox no era panista no lo olvidemos).

En un país dónde no reine la barbarie, en un país civilizado (que acorde a esto México no lo es), las autoridades deberían de reparar los daños a la propiedad de los civiles afectados por su actuación, e indemnizar a las familias de los heridos y muertos ¨por error¨, aunque para ello deberían primero reconocer su error, y eso en este sexenio es imposible.

Por cierto, quien paga los daños es el dañado.

SE MANIFIESTAN COMERCIANTES DEL FRENTE POPULAR REVOLUCIONARIO DE ORIZABA Y DENUNCIAN DESAPARICIÓN DE ACTIVISTA

El FPR en Plantón permanente en el Parque Castillo de Orizaba, Veracruz
Frente del Ministerio Público Sector Norte, Exijiendo Justicia
Ante la AVI exijiendo se agilize la investigación
Militantes del FPR marchando por las calles de Orizaba, Veracruz
Orizaba, Veracruz.- Un nutrido grupo de comerciantes del Frente Popular Revolucionario salieron del parque castillo hacia la agencia del ministerio público investigador, en donde se plantaron para exigir que se haga justicia y la pronta aparición del militante y activista de esta organización, Gabriel Gómez Cañas, el viernes pasado dejó el campamento del plantón del Parque Castillo aproximadamente a las 11:30 de la noche, para dirigirse a su casa. Pero no llego.

El vocero de esta organización, Gaudencio Brito Flores exigió ante el Ministerio Publico se agilicen las pesquisas, que hagan su trabajo y se dé con los responsables de este secuestro, familiares del desaparecido y militantes del FPR que estaban en la manifestación, entre vítores y consignas dialogaron con la secretaria de la mesa que lleva la investigación y posteriormente el comandante de la Agencia Veracruzana de Investigaciones (AVI). Los familiares del hoy desaparecido fueron invitados por estos funcionarios para ampliar y aportar más datos para la indagatoria. Por lo cual se llevo a cabo en ese momento las diligencias pertinentes.

Posteriormente los manifestantes se dirigieron hacia la oficina de la delegación de Gobierno del Estado en donde fueron atendidos por el delegado y contactaron vía telefónica al subsecretario de política Regional, José Luis Callejas, con la finalidad de agilizar la investigación de la denuncia interpuesta en el ministerio publico investigador y con los asuntos pendientes de respetar a los vendedores ambulantes por parte de la autoridad municipal.

Los comerciantes del Frente Popular Revolucionario han estado en plantón permanente en el parque Castillo para que sean escuchadas sus demandas y por la falta de capacidad política y sensibilidad de Hugo Chahìn Maluli, quien el 11 de febrero reprimió una manifestación y hoy hace oídos sordos de las peticiones de los manifestantes. Ahora se agrega la desaparición del activista y militante del frente Popular Revolucionario y miembro del Movimiento de Regeneración Nacional.

29 de marzo de 2011

Tráfico de migrantes mexicanos dejan a mafias 6 mil mdd: ONU

México.- Las ganancias de los polleros con el tráfico de mexicanos hacia Estados Unidos alcanzan los 6 mil 600 millones de dólares, reveló el representante de la Oficina Regional de Naciones Unida Contra la Droga y el Delito, Antonio Mazzitelli.

“No se trata del cruce de migrantes centroamericanos o de otras nacionalidades, se trata sólo de mexicanos, eso significa que el mercado del tráfico de personas vale más que el tráfico de armas y drogas”, dijo.
En el foro Internacional Migración y trata de personas, un problema complejo la investigadora Judith Bokser Liwerant sostuvo que en el mundo circulan más de 213 millones de migrantes y “una de cada 35 personas es migrante internacional”.

Por su parte, Ernesto Rodríguez, del Instituto Nacional de Migración, dijo que aunque en los pasados cinco años se ha presentado una reducción de entre 60 y 70% de la migración irregular mexicana, se ha incrementado la trata de personas.

Ante ello, urgió a aprobar en el Congreso el nuevo marco normativo que sea eficaz y equitativo respecto a esas dimensiones de la migración. “Hay que integrar la protección de los derechos humanos y los temas de seguridad”, dijo.

Para Raúl Plascencia Villanueva, presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, “no basta con reformar leyes o expedir nuevas legislaciones si no se capacita a los funcionarios públicos que la van a aplicar, y se refirió al caso de una migrante que el 20 de marzo fue perseguida por un elemento de migración armado con un machete. Son prácticas anquilosadas que no se van a erradicar por decreto”.






El Baldón: ¿Soberbio o necio?

Por José Miguel Cobián

Normalmente no le dedicamos dos colaboraciones seguidas al mismo tema, sin embargo el gobernador César Duarte de Chihuaha, de extracción priísta se lo ha ganado a pulso. Primero sugirió a nivel nacional que los jóvenes que no estudian ni trabajan tuvieran tres años obligatorios en el ejército. Hoy se publica que afirma también que habría que llevar a la cárcel con penas de dos años de prisión, a los jóvenes que no aceptaran incorporarse al ejército, y además decide las edades, que van de 18 a 30 años…

Estulticia, pendejéz o quizá soberbia o necedad… Una mala idea, que fue recibida por el público con críticas al por mayor. Que hizo recordar los tiempos de la ¨leva¨ en que los revolucionarios o el ejército se llevaban a todos los hombres del pueblo para incorporarlos a sus filas, y así vivían, peleaban y morían sin saber ni siquiera cuál era la razón de hacerlo, simplemente porque en caso de no obedecer, entonces pasaban al paredón de fusilamiento.

¿Dónde está la diferencia con un estado totalitario? Si el gobernador César Duarte fuera panista uno podría entender mejor su postura, pues la derecha siempre busca privar de libertades a la población a cambio de conservar el status quo, pero en este caso, o está desesperado, o no sabe qué hacer y le queda muy grande el puesto, o ya chaqueteó, o es soberbio y bruto y necio.

En un país como México, con tantas carencias, con tantos problemas, no se vale enrarecer aún más la situación política y social con declaraciones así. En lugar de ayudar perjudica, y el primero que lo debería saber es el propio gobernador de Chihuahua. César Duarte sabe que no alcanzarían las cárceles de su estado si los jóvenes iniciaran una resistencia civil pacífica y todos se entregaran para cumplir sus penas de dos años de prisión por no querer estar en el ejército.

Pocas veces he visto una situación tan tonta, tan obvia, en la cual el gobernante comete un suicidio político, como esta. Seguro en las próximas elecciones ganará otro partido político, muy probablemente el PAN, pues Chihuahua tiene gente pensante, y a pesar de los problemas en ciudad Juárez, los Chihuahuenses analizan su situación y saben que no se puede tasar a toda la población con el mismo rasero.

No se duda en la posibilidad de que César Duarte haya visto las estadísticas de los nuevos miembros del crimen organizado, y notara que las edades están en el rango que él establece como obligatorio para estudiar, trabajar o entrar al ejército. Pero de allí a que ante la falta de capacidad del gobierno estatal y federal de darle oportunidades de estudio y trabajo a los jóvenes, se les trate a todos como criminales en ciernes hay un abismo.

Seguro algunos jóvenes se integran al crimen organizado, pero no son la mayoría, que si lo fueran, México sería un territorio convulso de violencia y ausencia de estado de derecho –y eso todavía no pasa-. Ante la incapacidad de controlar a unos cuantos, se busca aplicar la famosa ley del embudo, en donde todos se friegan para resolverle un problema al gobierno en turno.

Si la clase política mexicana está terriblemente desprestigiada, y si muchos mexicanos pensamos que seis años son muchos para poder remover a un incapaz de la silla del águila, ahora también nos damos cuenta de que en algunos casos, -Chihuahua en primer lugar-, seis años de gobierno del estado es mucho para personas como César Duarte.

Lamentable el ridículo y escarnio público al que se somete el gobernador de Chihuahua y al que somete a su estado y a su partido el PRI, pues parece que se asume de manera voluntaria, cegado por la soberbia natural del poder político, y ante el nulo apoyo y crítica constructiva de sus asesores. Esta decisión de comentar en público esta tontería de la ¨leva¨ obligatoria, llevará al gobernador de Chihuahua a la muerte política, aunque en México todo puede suceder.

Esperemos que la cordura reine, y que nadie más se una a esta tonta idea. Y no es que quien esto escribe esté en contra del ejército o de que los jóvenes se enrolen, eso está bien cuando se hace de manera voluntaria, y el ejército es una institución con virtudes y defectos pero necesaria y respetada, sobre todo en tiempos de desastres naturales. Lo grave es buscar obligar a alguien a entrar a la institución armada por tres años, y luego dejarlo en la más absoluta indefensión económica. Ni es legal en México el obligar a un joven a hacer lo que no quiere, ni es defendible nuestro modelo económico que no permite que los mexicanos tengan un trabajo decentemente remunerado, y con posibilidades de mejorar su nivel de vida. Allí está la peor indecencia de este país, y allí también el origen de que muchos jóvenes prefieran el lado oscuro ante la nula posibilidad de desenvolverse en el ámbito de la luz, que por cierto anda muy escasa. Ni la luz de la inteligencia, ni la luz entendida como recursos económicos se notan en nuestro país. La luz de la inteligencia debiera llegar a las altas esferas del poder, porque allí como lo demuestra César Duarte, están más a oscuras que un ciego en noche sin luna.

GABRIEL GOMEZ CAÑAS ACTIVISTA DEL FRENTE POPULAR REVOLUCIONARIO DE ORIZABA, VERACRUZ, DESAPARECE

¡Vivo se lo llevaron, vivo lo necesitamos!
Foto de archivo de Gabriel Gomez Cañas acompañado de Gerardo Fernandez Noroña
Como en los peores años del priísmo, de la guerra sucia y de las desapariciones forzadas, nuestro amigo GABRIEL GOMEZ CAÑA de 47 años de edad; quien mantenía un planton en Orizaba, Veracruz en apoyo a un grupo de vendedores ambulantes a los que querian desalojar, fue visto por última vez el viernes 25 de marzo de 2011 cuando llegaba del planton y no aparece. Esperando que se encuentre bien, exigimos al gobierno su inmediata presentación. Gabriel, regresa a casa!

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