Silvia Núñez Hernández / Fuente de referencia: AGN
Veracruz, Ver.- El estado de Veracruz, ocupa el tercer lugar a nivel nacional en crímenes contra periodistas. De acuerdo a datos expresados por parte de la Comisión Nacional de Derechos Humanos a la Cámara de Diputados, explica que desde el 2005 a la fecha se mantienen 462 expedientes de quejas por parte de los representantes de los medios de comunicación derivado de agresiones y atropellos en donde se pone en riesgo su integridad física.
En el Distrito Federal, el presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), Raúl Plascencia Villanueva, dirigió el 17 de abril del 2011 un oficio a los legisladores del Congreso de la Unión –derivado de un punto de acuerdo que se emitió el 23 de marzo- donde indicó que en este mismo periodo se registraron 51 homicidios, 13 desapariciones y 21 atentados contra los medios de comunicación.
Ahí acusa a las autoridades como presuntos responsables de las agresiones contra comunicadores en donde se destaca la Procuraduría General de la República, las secretarías de Seguridad Pública y la Defensa Nacional, así como también las procuradurías de Justicia de Oaxaca y Veracruz.
Las entidades con mayor incidencia de actos violatorios a los derechos humanos de periodistas son el Distrito Federal, con 64 casos; Oaxaca, con 41; Veracruz, con 29; Chihuahua, con 28, y Chiapas, con 26 casos, y las garantías más vulneradas son de seguridad jurídica, libertad, legalidad, integridad, certidumbre personal, propiedad y posesión.
Todo este breviario, nos da una muestra que el caso del periodista de Jáltipan, Noé López Olguín será considerado por el gobierno del estado como parte de las estadísticas y para quienes se dedican a escribir será una evidencia más de la grave situación que aqueja al estado de Veracruz.
Por ello, resulta indignante que el secretario de Gobierno, Gerardo Buganza Salmerón haya brindado falso testimonio al exponer y referirse a la “seguridad” del sector periodístico. Habría que recordarle a este funcionario rojiazul que uno de los sectores con mayor recurso informativo es el periodístico, pues solo evidencia su ignorancia.
El sector periodístico se puede considerar con un gremio -tratando de no generalizar por existen sus honrosas excepciones- donde una de las primordiales herramientas básicas es el manejo de la información.
El minimizar la terrible situación que aqueja al sector con “discursitos” como el de:
“La seguridad de los periodistas es un tema que preocupa y ocupa al gobierno del estado”; “los periodistas no deben de temer para realizar su cotidiana tarea de mantener informada a la sociedad, pues su seguridad está garantizada” se puede tomar como una “tomada de pelo” y hasta una burla por parte de las autoridades estatales hacia el sector periodístico.
El problema se centra cuando por conocimiento de causa, los periodistas conocen las estadísticas y por obviedad también se encuentran conscientes de la persecución a la que están inmersos por parte del sector político –obvio nos incluimos todos-.
Un caso ejemplar lo está viviendo el ámbito periodístico actualmente a través de la situación legal que presenta el director general del portal Gobernantes, Carlos de Jesús Rodríguez Rodríguez, quien fue detenido el 10 de mayo y posteriormente remitido al Penal de Pacho Viejo. El 21 del mismo mes, en el mismo portal de su propiedad, alertaban sobre su estado de gravedad pues presuntamente fue golpeado al interior del centro penitenciario, situación que los obligó a internarlo de emergencia al hospital Los Ángeles de Xalapa y donde se reporta grave, situación que lo mantiene en estado de coma.
Extraoficialmente se dio a conocer, que el periodista fue víctima de una salvaje golpiza al interior del Penal de Pacho Viejo; y el reporte médico, establece que se encuentran comprometidos de gravedad varios órganos vitales situación que lo mantiene en un estado crítico de salud.
Por ello, resulta un tanto penosa la declaración del secretario de Gobierno, Gerardo Buganza Salmerón, cuando intenta “tranquilizar” al gremio, sin considerar las evidencias existentes sobre la serie de violaciones y censuras que son objeto los representantes de los medios informativos en el estado de Veracruz.
Lo más curioso de todo, es que a unos días de la celebración de la Libertad de Expresión, fue hallada la osamenta del periodista del municipio de Jáltipan. Todo esto muestra un lacerante grado de inseguridad en donde las garantías no serán parte de la celebración organizada por parte de las autoridades.
Luego entonces me pregunto…
¿Las estadísticas de periodistas no cuentan para las autoridades estatales?
¿Cuándo considerarán las autoridades estatales investigar cada uno de los casos de periodistas desaparecidos?
¿Cuándo se acabará la impunidad?
