8 de junio de 2011

El Baldón: A los diputados federales

Por José Miguel Cobián
Algunas inquietudes que he ido recopilando en mi diario andar y platicar con mucha gente, son las que quisiera comentarles a nuestros diputados federales con el fin de buscar un oído sensible que apoye a la población en estos temas, aunque no los ponga en la mesa el titular de su bancada.

El primero va en el sentido del límite de deducibilidad de los vehículos. $175,000.00 es un límite muy bajo, pues automóviles utilitarios con un cierto nivel de confort superan en poco dicha cantidad. Lo que he escuchado es que se alaba la sensibilidad del gobierno estatal liberando de la tenencia autos hasta de $230,000.00 de costo, reconociendo los precios reales de estos activos, mientras que la ley del impuesto sobre la renta se ha quedado rezagada, sin reconocer que tanto el peso como el dólar han perdido poder adquisitivo y ese límite es muy bajo y abusivo, al grado que provoca que muchos contribuyentes no respeten esa ley. Hay por allí un dicho ¨Las leyes absurdas nadie las respeta¨, y esta es una de ellas. Se sugiere a los legisladores, que corrijan pronto esta anomalía y apoyen a la industria automotriz nacional y a los contribuyentes elevando el límite a $250,000.00 como costo máximo de un vehículo para que sea deducible al 100%. Ya sé que las camionetas pick up lo son independientemente del precio, pero la demanda de dichas camionetas se ha reducido ante la embestida del débil y a punto de derrota (Calderón dixit) crimen organizado.

El segundo asunto es más peliagudo, pues implica mucho en un país tan violento como México. El planteamiento que he escuchado va en este sentido: La autoridad busca que los ciudadanos estén indefensos ante el crimen organizado. Sabemos que el gobierno no puede garantizar la seguridad de los mexicanos, sin embargo no nos permite armarnos para defendernos. Mientras los criminales circulan por todo el país con armas cortas y largas, los ciudadanos sufrimos retenes, corrupción y riesgos en caso de portar un arma para nuestra defensa. Y las que podemos comprar en SEDENA son casi de juguete comparadas con aquéllas que portan y usan constantemente los enemigos de la sociedad.

Cierto que podría darse un incremento de los hechos violentos si se permitiera a ciudadanos sin antecedentes penales el poder portar armas, pero por otra parte se reduciría el crimen ante la posibilidad de ser recibidos a balazos. Un ejemplo pongo nada más: Imagine usted que su hermana, tía, mamá, esposa, hija, etc., está en el momento y en el lugar equivocados, y dentro de un minuto va a ser víctima de un secuestro. Si ella pudiera portar un arma, con toda seguridad podría defenderse y salir indemne, o correr el riesgo de ser asesinada. Sin embargo, portar un arma le da la posibilidad de defenderse. Es claro que si son un grupo fuertemente armado, inmediatamente se entiende que son profesionales y no hay manera de oponer resistencia o tomar la decisión muy personal de morir en el intento. Pero hay miles y miles de secuestros de pequeñas bandas, así como hay miles y miles de actos criminales que no son realizados por el crimen organizado, sino por criminales comunes, sin mayor organización, de los cuales el ciudadano común puede defenderse, si tuviera con qué, y no fuera ilegal tener y portar con que defenderse.

Establecer que calibres como el 9 milímetros, la 38 automática, e incluso hasta el 357 magnum, sean prohibidos para la población ya no tiene razón de ser, ante la potencia de fuego ante la que la autoridad se enfrenta hoy. Prohibir las armas automáticas a la población civil, habla más de un miedo del gobierno ante una rebelión de sus gobernados, que de una razón lógica para prohibirle a los ciudadanos el derecho a la autodefensa, cuando el gobierno no puede garantizar dicha seguridad. Creo que es el momento de iniciar un debate sobre la posibilidad de ampliar la gama de armas que puede adquirir legalmente un ciudadano interesado en no violar la ley, y también analizar si es el momento de liberalizar un poco su portación, -siempre que sean armas registradas ante la autoridad correspondiente-.

Así como se liberalizó el tránsito de inmigrantes, ante la imposibilidad del gobierno de garantizar la seguridad y respeto a los derechos humanos de dichos inmigrantes, igual debería de considerarse la posibilidad de elevar a derecho constitucional, el derecho a la defensa propia, sin importar con que calibre se realice dicha acción. Hoy si matas a un delincuente en tu casa por un intento de asalto, puedes salir libre sin mayores mordidas, pero si lo matas con un arma de uso exclusivo del ejército, cometes otro delito casi tan grave, y aunque sea en defensa propia te va a costar mucho dinero salir bien librado de la situación, de la cual fuiste víctima. Es momento de despenalizar la defensa propia sea con el arma que sea.

Informe Rojo… Duarte: la primera mentira

Mussio Cárdenas Arellano
Javier Duarte de Ochoa ya entró al club de los mentirosos profesionales. Traicionó su palabra, su oferta electoral, su promesa de campaña y, con una treta burda, aplicó el cobro del impuesto a la tenencia de vehículos.

Duarte es, además de incongruente, patético. Acumula día a día el repudio de muchos y la suspicacia de otros. Hace del engaño un alarde, el motor de sus acciones de gobierno y la tónica del naciente gobierno de Veracruz.

Ser embustero es complicado, pero al doctor Duarte se le da con asombrosa naturalidad. En campaña, cuando su mentor, Fidel Herrera Beltrán, lo impulsaba para ser gobernador, echó mano de una promesa populista que bien que mal le acarreó algunos votos, pero que denotaban de qué son capaces los políticos con tal de aferrarse al poder. Prometió que los veracruzanos no pagarían impuesto sobre tenencia de vehículos a partir de 2011, y hubo quien le creyó.

Esa promesa fue algo tangible. La confeccionó el 24 de junio pasado, diez días antes de la elección que lo convirtió, por la vía del fraude, en gobernador de Veracruz. Dijo entonces el señor Duarte que el régimen veracruzano se anticipaba a la decisión del Presidente Felipe Calderón Hinojosa, quien ese día había firmado el decreto con el cual desaparecería a nivel nacional el impuesto por tenencia vehicular a partir del año 2012.

Muy ufano, aires de suficiencia en grado extremo, soberbio, el candidato fiel explicaba a la prensa que ese impuesto iría desapareciendo gradualmente en el resto del país, pero que en Veracruz no, que se cancelaría “de una sola vez, total y definitivamente” en enero de 2011.

El candidato de la mentira fue más allá. Dijo que el gobierno estatal contempló un subsidio por parte del ejercicio 2011, lo que redundaría en que, aún estando vigente el impuesto a la tenencia vehicular en el resto del país, en Veracruz no se tendría que pagar.

Duarte, el genio, tenía respuesta para todo. Decía que los 800 millones de pesos que dejaría de percibir el gobierno estatal, serían cubiertos con los excedentes por la venta de petróleo. Y así, categórico, soltó que “no se creará un nuevo impuesto”.

Si algo le faltaba -y le falta- a Javier Duarte es elocuencia, capacidad para persuadir aunque suele fabricar mentiras creíbles. Semanas antes, vía internet, había sido filtrado un documento en que Javier Duarte, siendo secretario de Finanzas de Veracruz, comunicaba a la Secretaría de Hacienda los términos de la bursatilización del impuesto por tenencia vehicular y señalaba que de ser necesario se crearía un nuevo impuesto para sustituir la captación de recursos. Aparecía al final texto, su firma. O sea, lo contrario de lo que prometía en campaña.

Apabullado por la evidencias, el candidato gordobés no atinaba a encontrar la salida. Como chimoltrufio, como decía una cosa, decía otra. Rubricó, sin embargo, con un ofrecimiento categórico de que el impuesto a la tenencia vehicular sería derogado.

Ya en su gobierno Duarte se quitó la piel de oveja. El 16 de diciembre dijo que siempre sí, que los autos de lujo pagarían impuesto por tenencia. El 20 de este mes envió al Congreso de Veracruz el decreto con el que asestó la puñalada final. Determinó que únicamente serían subsidiados los automóviles con valor menor a 230 mil pesos. Y los legisladores lo aprobaron sin chistar el martes 28.

Duarte es tramposo y un redomado mentiroso profesional. El impuesto de tenencia vehicular, además de que no se derogó a partir de enero de 2011, como ofreció en campaña, no se aplicó únicamente a autos de lujo. Por ejemplo, un Jetta clásico Volkswagen tiene un valor de factura de 232 mil pesos; una camioneta Ford Ranger oscila entre los 220 mil y los 250 mil pesos. Estos últimos, a menudo son usados para trabajo o para transportar mercancías.

En la costa los automóviles se adquieren con aire acondicionado, lo que incrementa su costo. Muchos veracruzanos no cambiarán de vehículo en 2011 para evitar un pago que es oneroso y, sobre todo, producto de un engaño. Unos más lo harán en otras entidades, como Querétaro, donde no se paga tenencia ni reemplacamiento.

Duarte, pues, se enredó en sus mentiras. Prometió y engañó. Así ganó votos.

Hoy, sin embargo, cosecha repudio.

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7 de junio de 2011

Hoy es Día de la Libertad de Prensa, ¿algo qué celebrar?

Hoy “se celebra” el Día de la Libertad de Prensa en México, donde hay poco o nada que festejar cuando se considera que el país es uno de los más peligrosos para ejercer el periodismo y por la ausencia de independencia editorial.

El Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ por sus siglas en inglés) en su informe “Silencio o muerte en la prensa mexicana” señala que el nivel de violencia en el país “es comparable al de un país en guerra".

Da cuenta también de cómo el avance del crimen organizado, la violencia y la corrupción han socavado los derechos de los mexicanos a la libre expresión y acceso a la información.
 
El Comité agrega que el nivel de impunidad de México ha empeorado por tercer año consecutivo, ya que al menos 13 asesinatos de periodistas han quedado sin resolver en la década pasada en medio de la corrupción generalizada en gobiernos locales y organismos de seguridad.

Desde 2005 han sido asesinados 68 periodistas en el país y otros 13 han sido víctimas de desapariciones de acuerdo con la CNDH, y tan solo el año pasado se registraron 155 agresiones en contra de periodistas, trabajadores e instalaciones de medios de comunicación.

El último periodista hallado muerto fue Noel López Olguín, quien había desaparecido desde marzo y fue encontrado hace cuatro días en una fosa en Veracruz.
 
Aunque este día abundan los discursos de políticos a favor del respeto a los medios de comunicación y apoyo a la labor periodística, México se ubica en la posición nada honrosa, 136 de 178 países en materia de libertad de expresión, de acuerdo con Reporteros Sin Fronteras.
 
El libre ejercicio de la actividad periodística no solo se ve vulnerado por la delincuencia organizada y la incapacidad de las autoridades para proteger a los comunicadores, sino también por las presiones gubernamentales, o las relaciones entre los medios de comunicación y el gobierno.

En el informe de la primera visita que las relatorías sobre libertad de expresión de la OEA y la ONU realizaron a México en 2010, advierten que recibieron información sobre casos en los cuales la publicidad oficial habría sido utilizada como mecanismo para presionar y castigar o premiar y privilegiar a los medios de comunicación en función de sus líneas informativas.
 
Dos años antes, La Misión Internacional de Libertad de Prensa y Libertad de Expresión advertía de la falta de pluralidad de medios de comunicación.

“Hay una alta concentración de medios de comunicación en pocas personas o grupos empresariales vinculados a diferentes ramas de la economía y con sectores con enorme poder político, empresarial y religioso”, mencionan.

La Misión también se mostró preocupada por el deterioro de la libertad sindical y las condiciones laborales de los periodistas mexicanos; un ejemplo en la entidad es el caso de los extrabajadores de La Jornada Zacatecas, quienes tienen interpuesta una demanda laboral que no ha sido resuelta.

La fecha elegida para celebrar el Día de la Libertad de Prensa o de Expresión en México también es poco memorable u honrosa, ya que en 1951 se instituyó en un evento para agradecerle al presidente de la República, Miguel Alemán, el apoyo a la prensa mexicana.

Este día muchos funcionarios de los tres niveles de gobierno felicitan a los periodistas y de paso les reparten algunos “regalitos”, y también varios representantes de los medios de comunicación sienten su labor “reconocida” por las autoridades.

Celebra UMSNH foro a favor de la libertad de expresión

Martes 7 de Junio de 2011 •
Morelia, Michoacán.- México es uno de los países de Latinoamérica con los más altos índices de riesgo para ejercer la libertad de expresión, prueba de ello son los periodistas muertos y desaparecidos en cumplimiento de su labor.
 
Ante este panorama, el papel de las universidades es fundamental, ya que la apuesta por la educación y la ciencia es el punto de partida para tener una sociedad más crítica, libre y responsable. “En las aulas, además de la formación académica, se enseñan los valores que hace que los jóvenes se alejen de la delincuencia y el crimen” señaló Egberto Bedolla Becerril, secretario general de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH).
 
Estas palabras las dijo al conmemorar el Día de la Libertad de Expresión, esto en un foro organizado por periodistas de la entidad. En su mensaje, afirmó que más allá de una celebración, la fecha es motivo de reflexión sobre la inseguridad que el gremio de los medios de comunicación padece para cumplir su tarea de informar.
 
De acuerdo al Organismo Mundial de Control de Prensa, del 2004 al 2010, México “avanzó” del tercer al primer lugar de violencia contra los medios de comunicación y contra los periodistas, la mayoría de los casos relacionados con noticias o investigaciones que implican al crimen organizado y la seguridad pública.
 
Por ello, indicó que la UMSNH se suma a la demanda de replantear la estrategia de la lucha contra el crimen organizado, y sin ninguna postura política reflexionar si ha sido adecuada.
 
En el foro, el cual fue celebrado en el Aula Mater del Colegio de San Nicolás de Hidalgo, participaron diputados locales y el presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, Víctor Serrato, quien puntualizó que un síntoma de la debilidad de una democracia, es la censura y las agresiones de que han sido objeto aquellos periodistas quienes en su labro evidencian la corrupción, la negligencia y la podredumbre.

Adelantó que los encargados del tema en el país ya hicieron un planteamiento de protocolo para la seguridad de los periodistas, mismo que cuente con un presupuesto pertinente
 
La tribuna quedó abierta a varios comunicadores, quienes manifestaron sus necesidades y puntos de vista sobre la Libertad de Expresión y agradecieron al periodista Oscar Rodríguez la organización de este foro, trascendental para exponer abiertamente los temas de interés para el gremio.

Noé López y Carlos Rodríguez, son parte de las estadísticas de periodistas asesinados.- VERACRUZ OCUPA EL TERCER LUGAR A NIVEL NACIONAL EN CRIMENES CONTRA PERIODISTAS

Silvia Núñez Hernández / Fuente de referencia: AGN
Veracruz, Ver.- El estado de Veracruz, ocupa el tercer lugar a nivel nacional en crímenes contra periodistas. De acuerdo a datos expresados por parte de la Comisión Nacional de Derechos Humanos a la Cámara de Diputados, explica que desde el 2005 a la fecha se mantienen 462 expedientes de quejas por parte de los representantes de los medios de comunicación derivado de agresiones y atropellos en donde se pone en riesgo su integridad física.
 
En el Distrito Federal, el presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), Raúl Plascencia Villanueva, dirigió el 17 de abril del 2011 un oficio a los legisladores del Congreso de la Unión –derivado de un punto de acuerdo que se emitió el 23 de marzo- donde indicó que en este mismo periodo se registraron 51 homicidios, 13 desapariciones y 21 atentados contra los medios de comunicación.

Ahí acusa a las autoridades como presuntos responsables de las agresiones contra comunicadores en donde se destaca la Procuraduría General de la República, las secretarías de Seguridad Pública y la Defensa Nacional, así como también las procuradurías de Justicia de Oaxaca y Veracruz.

Las entidades con mayor incidencia de actos violatorios a los derechos humanos de periodistas son el Distrito Federal, con 64 casos; Oaxaca, con 41; Veracruz, con 29; Chihuahua, con 28, y Chiapas, con 26 casos, y las garantías más vulneradas son de seguridad jurídica, libertad, legalidad, integridad, certidumbre personal, propiedad y posesión.
 
Todo este breviario, nos da una muestra que el caso del periodista de Jáltipan, Noé López Olguín será considerado por el gobierno del estado como parte de las estadísticas y para quienes se dedican a escribir será una evidencia más de la grave situación que aqueja al estado de Veracruz.

Por ello, resulta indignante que el secretario de Gobierno, Gerardo Buganza Salmerón haya brindado falso testimonio al exponer y referirse a la “seguridad” del sector periodístico. Habría que recordarle a este funcionario rojiazul que uno de los sectores con mayor recurso informativo es el periodístico, pues solo evidencia su ignorancia.

El sector periodístico se puede considerar con un gremio -tratando de no generalizar por existen sus honrosas excepciones- donde una de las primordiales herramientas básicas es el manejo de la información.
 
El minimizar la terrible situación que aqueja al sector con “discursitos” como el de:

“La seguridad de los periodistas es un tema que preocupa y ocupa al gobierno del estado”; “los periodistas no deben de temer para realizar su cotidiana tarea de mantener informada a la sociedad, pues su seguridad está garantizada” se puede tomar como una “tomada de pelo” y hasta una burla por parte de las autoridades estatales hacia el sector periodístico.
 
El problema se centra cuando por conocimiento de causa, los periodistas conocen las estadísticas y por obviedad también se encuentran conscientes de la persecución a la que están inmersos por parte del sector político –obvio nos incluimos todos-.
 
Un caso ejemplar lo está viviendo el ámbito periodístico actualmente a través de la situación legal que presenta el director general del portal Gobernantes, Carlos de Jesús Rodríguez Rodríguez, quien fue detenido el 10 de mayo y posteriormente remitido al Penal de Pacho Viejo. El 21 del mismo mes, en el mismo portal de su propiedad, alertaban sobre su estado de gravedad pues presuntamente fue golpeado al interior del centro penitenciario, situación que los obligó a internarlo de emergencia al hospital Los Ángeles de Xalapa y donde se reporta grave, situación que lo mantiene en estado de coma.

Extraoficialmente se dio a conocer, que el periodista fue víctima de una salvaje golpiza al interior del Penal de Pacho Viejo; y el reporte médico, establece que se encuentran comprometidos de gravedad varios órganos vitales situación que lo mantiene en un estado crítico de salud.
 
Por ello, resulta un tanto penosa la declaración del secretario de Gobierno, Gerardo Buganza Salmerón, cuando intenta “tranquilizar” al gremio, sin considerar las evidencias existentes sobre la serie de violaciones y censuras que son objeto los representantes de los medios informativos en el estado de Veracruz.
 
Lo más curioso de todo, es que a unos días de la celebración de la Libertad de Expresión, fue hallada la osamenta del periodista del municipio de Jáltipan. Todo esto muestra un lacerante grado de inseguridad en donde las garantías no serán parte de la celebración organizada por parte de las autoridades.
 
Luego entonces me pregunto…

¿Las estadísticas de periodistas no cuentan para las autoridades estatales?
 
¿Cuándo considerarán las autoridades estatales investigar cada uno de los casos de periodistas desaparecidos?

Vía armada no es la solución, afirma Croisz

Fernando Inés Carmona - martes, junio 07, 2011
Orizaba, Ver.-Los pueblos y naciones indígenas del país descartan la vía armada como solución a sus demandas y reconocimiento a su existencia. De hecho apelaron al diálogo como resolutiva y lamentaron que el Estado mexicano “sólo lo ofrezca en el discurso y no en los hechos”, refirió Julio Atenco Vidal, dirigente de la Coordinadora Regional de Organizaciones Indígenas de la Sierra de Zongolica (Croisz) al encabezar una marcha de apoyo a la Caravana de la Paz.
 
Así, aun cuando los pueblos indígenas transitan en el hartazgo por la marginación y discriminación de la que son objetos, la vía armada no está contemplada como medida de solución a sus demandas, “qué hay que hacer para nuestro reconocimiento, el diálogo es nuestra única vía. Por la vía armada está demostrada que no es la correcta. Hay antecedentes que la lucha armada no da resultados. Los pueblos indígenas no están preparados para una lucha armada. Nosotros estamos tejiendo un proyecto de nación y esto sólo es posible construirlo mediante el diálogo y por eso vemos que la vía armada no es la correcta.
 
”Los pueblos indígenas del país no están preparados para una lucha armada”, dijo, y recordó lo que sucedió con el Ejercito Zapatista de Liberación Nacional (EZLN): “la experiencia del EZLN es muy clara. Quiénes estaban preparados para la lucha, sólo ellos nada más, porque mientras todos nos estábamos preparándonos para la reconstitución de los pueblos indígenas, por la lucha democrática, ellos se preparaban la guerra y se demostró que sólo eran ellos, aun cuando tuvieron la solidaridad de todas las organizaciones indígenas. Pero una cosa es que seamos solidarios y otra cosa que estemos en la guerra”.
 
Atenco Vidal reconoció que de parte del Estado mexicano no hay respuesta a la solicitud de diálogo para el reconocimiento de los pueblos indios:
 
–Para que haya diálogo necesitamos dos partes, y si sólo es uno de ellos los que quiere dialogar, no hay avance. Los gobernantes tienen muy claro qué es el poder y por eso lo ejercen. En un proceso de dialogo necesariamente se requiere de la participación de los funcionarios.

–¿Pero si no hay respuesta oficial al diálogo, qué hacer?
 
–Esto es como la lucha de Gandhi, nadie creía que era un movimiento pacifista y lo logró. El poder del silencio es enorme. El poder de la negación es muy grande, cuando lo ilumina el bienestar de un pueblo. Si tienes un fundamento histórico, la fuerza de tu silencio, es muy grande eso es que el poder se niega a dialogar.
 
Este lunes, Julio Atenco encabezó una marcha que partió desde Ciudad Mendoza y concluyó en el hospital de Río Blanco, ahí reconocieron la postura de la dirección del hospital para mejorar las condiciones de atención a los campesinos indígenas. Incluso se firmó un convenio de colaboración y atención, además se pronunciaron a favor de la marcha por la paz que encabeza el poeta Javier Sicilia. “Ya suscribimos el pacto nacional, y está con ellos en la lucha contra la corrupción e impunidad pero falta un elemento: la unidad para el reconocimiento de la diversidad étnico cultural”.

53 MDD CUESTAN AL ERARIO ERRORES DE LUIS ERNESTO DERBEZ

El exsecretario de Economía requisó el Renave y tras varios juicios que perdió, el gobierno pagará 50 millones de dólares por el fracaso del programa
 Por José Martínez M.Puebla, Pue., a 06 de junio de 2011
 
La de Luis Ernesto Derbez Bautista, el flamante rector de la Universidad de Las Américas Puebla (Udlap), es una historia de escándalos y fracasos. Sus más fervientes críticos lo ven como la antítesis del rey Midas: “todo lo que toca lo destruye”.

Derbez Bautista fue responsable de una sentencia millonaria a consecuencia de sus yerros como secretario de Economía, por lo que el gobierno mexicano ha tenido que desembolsar más de 50 millones de dólares para cubrir gastos de abogados y reparación de daños como consecuencia de sus malas decisiones como secretario de Estado.
 
El gobierno ha sido obligado por tribunales internacionales a pagar fuertes sumas de dinero a particulares al perder un laudo en instancias extraterritoriales.
 
La historia del Renave

Cuando el gobierno se vio en la disyuntiva de requisar el servicio para el Registro Nacional de Vehículos (Renave), el Poder Legislativo emplazó a Luis Ernesto Derbez, a la sazón secretario de Economía para informar sobre el nuevo Renave, toda vez que se contaría con un nuevo programa de regularización de vehículos que sustituiría al Renave, luego de conocerse la verdadera identidad del argentino Ricardo Cavallo, acusado de crímenes de lesa humanidad durante la dictadura impuesta por los militares argentinos.
 
A finales del gobierno de Ernesto Zedillo entró en vigor este programa de regularización de vehículos.
 
Desde el principio, la puesta en marcha del Renave fue objeto de severas críticas de políticos de oposición que consideraban anticonstitucional su aplicación y se manifestaron en contra de que se cobrara este registro a la ciudadanía. Incluso diez gobernadores demandaron la cancelación del mismo o que disminuyera su costo.
 
Pero Luis Ernesto Derbez argumentó que el objetivo del Renave era evitar el robo de vehículos y acabar con el negocio de autopartes en el mercado negro, así como garantizar la propiedad de los automóviles. Tras el escándalo de Cavallo, el Renave fracasó y el programa fue suspendido.
 
La creación del Renave se dio el 15 de septiembre de 1999 con la autorización de la entonces Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, que pasó a constituirse en la actual Secretaría de Economía, la que otorgó el “Título de Concesión del Servicio Público de Operación del Registro Nacional de Vehículos”, a favor de Concesionaria Renave, S.A. de C.V., en términos de lo previsto en el artículo 3 fracción 3 II de la Ley del Registro Nacional de Vehículos, el cual fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el 11 de mayo de 2000.
 
Pero al denunciarse en la prensa la identidad de Ricardo Cavallo, el mismo secretario de Economía Luis Ernesto Derbez, en el marco de sus facultades, publicó en el Diario Oficial de la Federación el 27 de junio de 2001 un “acuerdo de requisa”, afectando los intereses de las empresas que contaban con los derechos de dicha concesión, lo que motivó una demanda de los afectados que se dirimió en los tribunales internacionales y cuyo arbitraje determinó una sentencia desfavorable para el gobierno mexicano.
 
Antes del litigio los responsables del área jurídica habían advertido a Derbez que no convenía un juicio en dichos tribunales porque el gobierno saldría derrotado y tendría que pagarse una multimillonaria compensación.
 
Luis Ernesto Derbez se empecinó en llevar a cabo el pleito y después de varios años el pasado mes de abril de 2011 se dictaminó una sentencia, por lo que el gobierno está obligado a pagar daños por un poco más de 53 millones de dólares, mientras Derbez despacha en su confortable oficina de la Udlap.

La sentencia
 
Los jueces del tribunal internacional concluyeron que el ahora ex secretario de Economía, Luis Ernesto Derbez incurrió en una “conducta maliciosa”.
 
“Este tribunal determina que entre junio de 2001 y diciembre de 2002, el Estado demandado incurrió en un patrón de conducta hacia los concesionarios que sólo puede ser caracterizado como irracional, perverso y manchado de mala fe”, afirmaron los tres árbitros, al resolver que México violó sus tratados bilaterales de libre comercio con Argentina y Francia por lo cual las dos empresas que operaron el Renave deberán de recibir 21 millones de dólares de compensación.
 
El laudo fue dictado en junio de 2010, pero se había mantenido con carácter de confidencial, hasta que fue publicado el pasado 20 de abril de 2011 por el Centro Internacional para Resolución de Controversias Comerciales (ICSID, por sus siglas en inglés) del Banco Mundial.
 
Las empresas que ganaron la demanda son la argentina Talsud y la francesa Gemplus, que actualmente forma parte del consorcio Gemalto, y que en conjunto eran dueñas del 49 por ciento de las acciones de la concesionaria Renave.
 
El fallo señala directamente al exsecretario de Economía, Luis Ernesto Derbez, por haber incurrido en “un patrón de conducta maliciosa” durante 2001 y 2002, con la idea de revocar la concesión del Renave, pese a no existir bases legales para ello y de minimizar los riesgos de una eventual demanda de los afectados.
 
Dicho patrón incluyó el nombramiento de Esperanza Gómez Mont Urueta, como interventora del Renave en mayo de 2001, “con la instrucción del secretario Luis Ernesto Derbez de buscar razones para revocar la concesión o afectar adversamente a los concesionarios”.
 
El gobierno, a través de la Secretaría de Economía, revocó la concesión porque las empresas no implementaron la infraestructura necesaria para el registro de datos, postura que el tribunal rechazó porque para diciembre de 2002 ya se habían registrado 2.2 millones de vehículos nuevos.
 
Gemplus tiene derecho a recibir 8 millones 725 mil dólares por daños, intereses desde 2001 y costo del litigio, mientras que a Talsud corresponden 12 millones 231 mil dólares, amén del pago de intereses de 2 por ciento anual para ambas desde enero de 2010 hasta liquidar la deuda.
 
Resuelve Tribunal internacional
 
El siguiente es un extracto del desglose que a lo largo de 425 páginas realizaron los jueces del Centro Internacional para Resolución de Controversias Comerciales del Banco Mundial, a cuya jurisdicción se sometió el gobierno mexicano y perdió.
 
La Demandada (México representado por Luis Ernesto Derbez) “fue responsable de un patrón de comportamiento que sólo puede calificarse como irracional, perversa y de mala fe” (página 78 de la resolución) que concluyó por unanimidad la Corte Internacional.

En un laudo arbitral internacional integrado por los Jueces L. Yves Fortier CC; QC, Eduardo Magallón Gómez y V.V. Veeder, QC (Presidente), México, representado por Luis Ernesto Derbez Bautista, en su calidad de secretario de Economía, se sometió voluntariamente a la jurisdicción del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones en los casos CIADI Nos. Arb. (AF)/04/3 y ARB. (AF)/04/4 entre Gemplus S.A., SLP, S.A. y Gemplus Industrial S.A. de C.V. y los Estados Unidos Mexicanos representada por la Secretaría de Economía, siendo su titular, Luis Ernesto Derbez Bautista.

El laudo adicionó a la empresa TALSUD S.A. con México. Procesos que por acuerdo de las partes se integraron en un solo proceso arbitral. Las primeras empresas (GEMPLUS y SLP) fueron constituidas conforme a la legislación de Francia mientras la empresa GEMPLUS Industrial fue creada conforme a la ley mexicana y TALSUD S.A. fue constituida conforme a la legislación de Argentina.
 
El objeto de esta controversia fue determinar si México había violado dos tratados bilaterales con Francia y con Argentina particularmente tres asuntos: a) Expropiación ilegítima; b) Falta de trato justo y equitativo y c) Falta de protección y seguridad con respecto a las inversiones de las demandantes en la empresa RENAVE S.A. de C.V.
 
Después de varios años que duró el arbitraje internacional que no admite ya apelación judicial por la naturaleza de la sujeción voluntaria de las partes, los jueces señalaron el trabajo profesional y jurídico de la Dra. María del Refugio González (Directora General Jurídica de la Secretaría de Economía) quien recomendó que no era lo más apegado a derecho iniciar una requisa de la empresa RENAVE S.A. de C.V.

Los montos

El secretario Derbez hizo caso omiso de la recomendación técnico-jurídica de su directora general jurídica. En su resolución, el Tribunal Internacional condena a México a pagar 5 millones 450 mil dólares americanos, una indemnización de 4 millones, 483 mil 164 dólares americanos a Gemplus S.A. y 6 millones, 485 mil, 721 dólares americanos al tipo de cambio en el 2001 que deberá actualizarse a la fecha.
 
Así también, condena a México a pagar de intereses un millón 867 mil 589 dólares americanos a Gemplus S.A., y 2 millones 689 mil 907 dólares americanos a Talsud S.A.
 
De igual manera, condena a México a pagar por conceptos de intereses de capital 4 millones 483 mil 164 dólares americanos a Gemplus S.A. y 6 millones 485 mil 721 dólares americanos a Talsud S.A., al 2% de interés anual. De la misma manera, condenó a México a pagar 2 millones, 375 mil, dólares americanos a Gemplus S.A. por el costo del arbitraje y 3 millones, 075 mil dólares americanos a Talsud S.A. por el mismo concepto. Así como todas las costas y gastos judiciales. Total hasta ahora: 37 millones, 395 mil 266 dólares americanos.
 
Por una mala decisión económica y jurídica de Luis Ernesto Derbez Bautista, México ha pagado hasta ahora por este concepto la cantidad de 53 millones, 835 mil 266 dólares americanos.
 
Mientras tanto, Luis Ernesto Derbez –el flamante rector de la Udlap– se encuentra en su zona de confort viendo apaciblemente cómo se deteriora la calidad académica de la Udlap.

(Se autoriza reproducción de la información)