Por José Miguel Cobián
Algunas inquietudes que he ido recopilando en mi diario andar y platicar con mucha gente, son las que quisiera comentarles a nuestros diputados federales con el fin de buscar un oído sensible que apoye a la población en estos temas, aunque no los ponga en la mesa el titular de su bancada.
El primero va en el sentido del límite de deducibilidad de los vehículos. $175,000.00 es un límite muy bajo, pues automóviles utilitarios con un cierto nivel de confort superan en poco dicha cantidad. Lo que he escuchado es que se alaba la sensibilidad del gobierno estatal liberando de la tenencia autos hasta de $230,000.00 de costo, reconociendo los precios reales de estos activos, mientras que la ley del impuesto sobre la renta se ha quedado rezagada, sin reconocer que tanto el peso como el dólar han perdido poder adquisitivo y ese límite es muy bajo y abusivo, al grado que provoca que muchos contribuyentes no respeten esa ley. Hay por allí un dicho ¨Las leyes absurdas nadie las respeta¨, y esta es una de ellas. Se sugiere a los legisladores, que corrijan pronto esta anomalía y apoyen a la industria automotriz nacional y a los contribuyentes elevando el límite a $250,000.00 como costo máximo de un vehículo para que sea deducible al 100%. Ya sé que las camionetas pick up lo son independientemente del precio, pero la demanda de dichas camionetas se ha reducido ante la embestida del débil y a punto de derrota (Calderón dixit) crimen organizado.
El segundo asunto es más peliagudo, pues implica mucho en un país tan violento como México. El planteamiento que he escuchado va en este sentido: La autoridad busca que los ciudadanos estén indefensos ante el crimen organizado. Sabemos que el gobierno no puede garantizar la seguridad de los mexicanos, sin embargo no nos permite armarnos para defendernos. Mientras los criminales circulan por todo el país con armas cortas y largas, los ciudadanos sufrimos retenes, corrupción y riesgos en caso de portar un arma para nuestra defensa. Y las que podemos comprar en SEDENA son casi de juguete comparadas con aquéllas que portan y usan constantemente los enemigos de la sociedad.
Cierto que podría darse un incremento de los hechos violentos si se permitiera a ciudadanos sin antecedentes penales el poder portar armas, pero por otra parte se reduciría el crimen ante la posibilidad de ser recibidos a balazos. Un ejemplo pongo nada más: Imagine usted que su hermana, tía, mamá, esposa, hija, etc., está en el momento y en el lugar equivocados, y dentro de un minuto va a ser víctima de un secuestro. Si ella pudiera portar un arma, con toda seguridad podría defenderse y salir indemne, o correr el riesgo de ser asesinada. Sin embargo, portar un arma le da la posibilidad de defenderse. Es claro que si son un grupo fuertemente armado, inmediatamente se entiende que son profesionales y no hay manera de oponer resistencia o tomar la decisión muy personal de morir en el intento. Pero hay miles y miles de secuestros de pequeñas bandas, así como hay miles y miles de actos criminales que no son realizados por el crimen organizado, sino por criminales comunes, sin mayor organización, de los cuales el ciudadano común puede defenderse, si tuviera con qué, y no fuera ilegal tener y portar con que defenderse.
Establecer que calibres como el 9 milímetros, la 38 automática, e incluso hasta el 357 magnum, sean prohibidos para la población ya no tiene razón de ser, ante la potencia de fuego ante la que la autoridad se enfrenta hoy. Prohibir las armas automáticas a la población civil, habla más de un miedo del gobierno ante una rebelión de sus gobernados, que de una razón lógica para prohibirle a los ciudadanos el derecho a la autodefensa, cuando el gobierno no puede garantizar dicha seguridad. Creo que es el momento de iniciar un debate sobre la posibilidad de ampliar la gama de armas que puede adquirir legalmente un ciudadano interesado en no violar la ley, y también analizar si es el momento de liberalizar un poco su portación, -siempre que sean armas registradas ante la autoridad correspondiente-.
Así como se liberalizó el tránsito de inmigrantes, ante la imposibilidad del gobierno de garantizar la seguridad y respeto a los derechos humanos de dichos inmigrantes, igual debería de considerarse la posibilidad de elevar a derecho constitucional, el derecho a la defensa propia, sin importar con que calibre se realice dicha acción. Hoy si matas a un delincuente en tu casa por un intento de asalto, puedes salir libre sin mayores mordidas, pero si lo matas con un arma de uso exclusivo del ejército, cometes otro delito casi tan grave, y aunque sea en defensa propia te va a costar mucho dinero salir bien librado de la situación, de la cual fuiste víctima. Es momento de despenalizar la defensa propia sea con el arma que sea.
