21 de junio de 2011

Francia condena asesinato de periodista en Veracruz

Piden esclarecer el 'odioso crimen' y dar con responsables

El gobierno galo hace un recuento de los trabajadores de medios victimados en la última década.
Domicilio del periodista Miguel Ángel López Velasco, lugar donde fue asesinado junto con su familia el día de ayer. EFE
PARÍS, FRANCIA (21/JUN/2011).- Francia condenó el martes "con la mayor firmeza" el asesinato de Miguel Angel López, un periodista mexicano, de su esposa y de su hijo de 21 años por un comando armado en el puerto de Veracruz y pidió que se esclarezca "este odioso crimen".
 
"Francia condena con la mayor firmeza estos asesinatos que elevan a 75 la cantidad de periodistas asesinados en México en los últimos 10 años", indicó en una declaración el portavoz del ministerio francés de Relaciones Exteriores, Bernard Valero.
 
Miguel Angel López, de 55 años, columnista del diario Notiver, uno de los más influyentes del estado, fue asesinado el lunes junto a su esposa y a su hijo por un comando armado que ingresó en su vivienda.
 
López era conocido por sus columnas sobre política que incluían frecuentes referencias a la violencia y al narcotráfico.
 
Francia pidió "que se esclarezca este odioso crimen para que sus autores sean identificados y juzgados", dijo el mismo portavoz francés.
 
En la misma declaración Valero llamó a las "autoridades de todos los países en los cuales la inseguridad amenaza a los periodistas a adoptar todas las medidas necesarias para garantizar la libertad de prensa".
 
Veracruz sufre una creciente ola de violencia generada por los choques entre el cártel de Los Zetas y sus antiguos aliados del cártel del Golfo, así como por los operativos antidroga del ejército y la marina de guerra mexicanos.

20 de junio de 2011

CRECIENTE OPACIDAD EN ÓRGANOS DE SEGURIDAD

Revela estudio inexistencia de coordinación entre policías, ausencia de control de sus miembros, carencia de profesionalización, órganos internos que son juez y parte y muchas más insuficiencias del sistema de seguridad pública nacional


Tlaxcala, Tlax., a 20 de junio de 2011
 
Al realizar la presentación de su más reciente libro “Seguridad, Transparencia y Derechos Humanos”, en el Congreso del Estado de Tlaxcala, el investigador Ernesto Villanueva destacó que el incremento de recursos públicos para las áreas de transparencia de los organismos de seguridad pública ha estado acompañado de mayor incidencia delictiva.
 
El estudio, que puede considerarse como el de mayor claridad hasta el momento, revela hechos cruciales que inciden en la inseguridad que vive nuestro país.
 
La investigación realizada con el patrocinio del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, el Centro de Investigaciones Jurídicas de la UDLAP, la Fundación Konrad Adenahuer y la editorial JUS realizó el análisis de veintitrés rubros en las procuradurías estatales de Baja California, Chihuahua, Coahuila, Distrito Federal, Durango, Estado de México, Michoacán, Nuevo León, Oaxaca, Sinaloa y los órganos federales como la Secretaria de Seguridad Federal, la Procuraduría General de la República y la Policía Federal (Agencia Federal de Investigación).
 
El primer punto del estudio revela la creciente opacidad porque, a decir de Villanueva, “es posible advertir la ausencia de un mínimo común denominador sobre lo que debe ser clasificado como reservado o confidencial” y “peor aún, en casi todos los casos ni siquiera se colmaron los supuestos del principio constitucional de legalidad de fundar y, sobre todo, de motivar el acto de negar el acceso a la información”.
 
Agregó que “en algunos casos como Baja California, Chihuahua y Nuevo León se llegó al extremo de no proporcionar casi nada de la información solicitada”, mientras que en otros, los “actos de autoridad muestran la ausencia de conocimiento sobre criterios de ponderación entre acceso a la información y sus límites, así como el desinterés por conocerlos”.

Por el contrario, encontró que “la mayor parte de la información de las dependencias y organismos estudiados muestra características de propaganda para posicionar a las autoridades de seguridad pública y de procuración de justicia en el ánimo de la opinión”.
 
Uno de los elementos de mayor preocupación, expresó el investigador, es la “ausencia de expedientes individualizados de desempeño laboral en la Procuraduría General de la República, habida cuenta que fue la única institución de las analizadas que señaló la inexistencia de esa información”.
 
Villanueva Villanueva resaltó que “si bien es cierto que en el rubro expreso de derechos humanos, las secretarías y procuradurías respondieron en sentido afirmativo al cuestionárseles sobre la existencia de programas, también lo es que al cruzar esas respuestas con las recibidas de protección a testigos, a víctimas e incluso a los procesos disciplinarios internos de los propios agentes y personales de las dependencias y entidades se observan restricciones a los derechos humanos”.
 
Otro tema “inquietante (es) observar la falta de instrumentos operativos que permitan el intercambio de información y de colaboración conjunta entre las secretarías y procuradurías objeto del estudio”, por lo que “éste hecho limita cualquier estrategia de combate al delito ya sea en el fuero común o del orden federal y muestra las resistencias que existen en la secretarías y procuradurías por la persistente presencia de desconfianza mutuas”.
 
Para Villanueva, “al no haber o tener información no actualizada es posible que agentes con procesos disciplinarios o sentenciados en una entidad federativa puedan optar por su reinserción en otra entidad o corporación al amparo de la ausencia de bases de datos actualizados y confiables”.
 
Un dato al que le concede gran importancia el autor del estudio es el que se refiere a las prestaciones económicas y sociales de los miembros de los equipos de seguridad porque, dijo, “es posible identificar que el trato que se otorga a los agentes operativos y al personal en general de secretarías de seguridad pública y procuradurías abreva de los mismos parámetros con los que se maneja la administración pública”.
 
A decir del investigador del IIJ-UNAM y el CIJ-UDLAAP, “no se hace diferencia con el papel y las características básicas de inclusión y previsión familiar que deberían tener quienes laboran en las instituciones objeto del estudio. Peor todavía, no hay profesionalización, programas de servicio policial o de carrera, mecanismos claros y transparentes de movilidad y ascenso laboral”.
 
Y lo que es peor aún, “tampoco se ofrecen salarios mínimamente razonables para los servicios que deben llevar a cabo de acuerdo a las leyes y reglamentos aplicables. Pareciera que al momento de establecer los tabuladores se partiera de la premisa de que la corrupción ha adquirido carta de naturalización y garantiza un doble sueldo o estímulos económicos al margen de la normatividad”.

Otro punto destacable se refiere a que “la existencia de organismos internos de resolución de conflictos no manifiesta claramente la existencia de una entidad independiente; antes bien, se advierte que la tendencia que se sigue en esas instancias de resolución de conflictos y disciplinarias sean juez y parte”, es decir, que están hechas a modo de los superiores.
 
Finalmente, como deducción de todo el estudio a 435 solicitudes de información, Ernesto Villanueva destaca que “se muestra un crecimiento sostenido del presupuesto público asignado a las secretarías de seguridad y procuradurías de justicia y resultados inversamente proporcionales a las expectativas de la sociedad”.

Asimismo, el investigador reconoció cómo la Secretaría de Seguridad Pública federal, la Policía Federal y la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal fueron las dependencias u organismos con interés para responder, en tiempo y forma, las solicitudes de información, sin que ello signifique necesariamente que las instituciones de referencia sean muestra de la mayor transparencia posible, pero de cara a un contexto donde el cumplimiento de la ley es la excepción, destacan por ser parte precisamente esa excepción a la regla.
 
La presentación del libro estuvo enmarcada con la presencia de la comisionada de la Comisión de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Tlaxcala, Mtra. Mayra Romero Gaytán; y el presidente de la Unión de Periodistas de Estado de Tlaxcala (UPET), Juan Luis Cruz Pérez.

ONG’s internacionales denuncian desaparición de periodista mexicano

Marco Antonio López Ortiz durante un evento en la ciudad de Acapulco.
El pasado 7 de junio, Día de la Libertad de Expresión, y mientras la Caravana por la Paz y la Justicia con Dignidad hacía escala en Durango, donde más de mil personas recibieron al poeta Javier Sicilia, el jefe de información del periódico estatal Novedades Acapulco, Marco Antonio López Ortiz, fue raptado por un grupo de hombres que lo abordaron al salir de un bar ubicado en el centro de la ciudad, donde quedó abandonado su auto. Hasta el momento se encuentra desaparecido.
 
A la exigencia familiar por su presentación con vida se han sumado las organización internacionales Reporteros Sin Fronteras, la sección americana del Comité para la Protección de los Periodistas, la Sociedad Interamericana de Prensa y Artículo 19, así como el Centro Nacional de Comunicación Social (Cencos, una de las principales agrupaciones civiles que promovieron la también llamada Caravana del Consuelo), la Unión de Periodistas de Tecpan y la Arquidiócesis de Acapulco, en tanto que trabajadores de la comunicación del estado realizaron el pasado 10 de junio una marcha por la costera Miguel Alemán.

Marco Antonio López Ortiz durante un evento en la ciudad de Acapulco.

Los periodistas guerrerenses fueron posteriormente recibidos por el titular de la Fiscalía Regional de la Procuraduría de Justicia de Guerrero, quien informó que la investigación del caso estaba en marcha, mientras que el Congreso del estado aprobó el mismo viernes un punto de acuerdo para solicitar al gobernador Ángel Aguirre y al procurador Alberto López Rosas investigar si los responsables son integrantes de corporaciones policiacas estatales o federales.

Igualmente –señala el documento aprobado–, solicitamos respetar la vida de Marco Antonio López Ortiz a quienes, sin ser entes gubernamentales, lo tengan en su poder, y dejarlo en libertad a fin de que pueda retornar con su familia, ya que es una persona de escasos recursos y que ejerce el periodismo con un alto sentido de responsabilidad y servicio social”.
Portada del periódico Novedades de Acapulco.
La denuncia formal ante las autoridades fue presentada ante el Ministerio Público, formalmente, al día siguiente del secuestro del periodista.
 
Según el portal especializado Periodistas en Español, en Guerrero han sido asesinados en los últimos siete años al menos nueve periodistas, muchos de ellos directivos: el corresponsal de El Sol de Acapulco, Juan Francisco Rodríguez Ríos (junto con su esposa María Elvira Hernández); el corresponsal de Televisa en Acapulco, Amado Ramírez; el director del periódico El Despertar del Sur, Misael Tamayo; el director del semanario El Oportuno, Jorge Ochoca; el director del semanario Ultimátum de Taxco, Juan Carlos Hernández y los reporteros Jean Paul Ibarra, Evaristo Pacheco y Juan Daniel Martínez.
 
En todo el territorio mexicano, desde el año 2000 han sido asesinados 73 periodistas y, de 2003 a la fecha, 13 han sido víctimas de desaparición forzada, el más reciente de los cuales es el jefe de información del diario Novedades Acapulco.
 
Para mayor información sobre violaciones a la libertad de expresión y derechos de los comunicadores, puede ser consultado el Protocolo para el registro, documentación y seguimiento de agresiones a periodistas, de Cencos y Artículo 19.

Ya son cuatro los periodistas asesinados en 30 días en México...HOY 20 DE JUNIO ES ASESINADO EN VERACRUZ DE MANERA COBARDE MIGUEL ANGEL LOPEZ VELASCO Y SU HIJO MISAEL LOPEZ SOLANA...

Foto: Archivo
Pablo Ruelas Barraza y Noel López Olguín fueron ultimados el 14 de junio y el 31 de mayo. Actualmente está desaparecido Marco Antonio López.

México, DF. Cuatro periodistas han sido hallados asesinados en los últimos 30 días en México, mientras que el jefe de redacción de un importante diario se encuentra desaparecido.
 
Estos son los hechos más relevantes, que incluyen asesinatos, desapariciones y ataques contra medios desde el 31 de mayo pasado.
 
El 14 de junio, el periodista Pablo Ruelas Barraza, de 38 años, de El Diario del Yaqui y El Regional de Sonora, fue asesinado por dos hombres que trataban de secuestrarlo.

Cuatro días antes, el 10 de junio, el jefe de redacción del diario Novedades de Acapulco, Marco Antonio López, fue secuestrado en un bar. Hasta este día se desconoce su paradero.
 
El 31 de mayo fue hallado el cadáver de Noel López Olguín, reportero de Noticias de Acayucan y el diario La Verdad, luego de haber sido secuestrado desde el 3 de marzo por un comando armado en una carretera.

A estas tres víctimas se suman dos más, Miguel Angel López Velasco y su hijo Misael López Solana, reportero y fotógrafo del periódico Notiver, de Veracruz, asesinados este lunes 20 de junio.

A principios de més, en Ginebra, un informe del relator de la ONU para la libertad de opinión y expresión catalogó a México como el país de América más peligroso para las prensa, con 66 periodistas asesinados y 12 han sido desaparecidos en diez años.

Coqueteos de la izquierda y Fidel Herrera levantan ámpula en la clase política estatal

Fernando Inés Carmona - domingo, junio 19, 2011
El presidente del Comité Directivo Estatal del PRD en Veracruz, Celso Pulido, ni niega ni afirma la posibilidad de que Herrera Beltrán sea uno de los probables candidatos ¦ Foto AVC Noticias
Orizaba, Ver.- Si al ex gobernador Fidel Herrera Beltrán se le complica la candidatura del PRI al Senado por Veracruz, la izquierda mexicana sería una segunda opción y aunque oficialmente niegan acercamientos, sí existen cabildeos entre los operadores políticos del ex mandatario con el senador por Zacatecas y por el Partido del Trabajo, Ricardo Monreal. No obstante, la especie ya causa controversia en el interior del PRD.
 
El presidente del Comité Directivo Estatal del PRD en Veracruz, Celso Pulido, ni niega ni afirma la posibilidad de que Herrera Beltrán sea uno de los probables candidatos,“en la política hay situaciones coyunturales, dependiendo de los escenarios políticos se van moviendo las piezas en todos los partidos políticos. De entrada es de analizarse. Habrá compañeros o compañeras que quieran participar en la candidatura al Senado y yo creo que nos toca al Consejo Nacional del PRD ese tipo de candidaturas”.

–Son parte de los movimientos políticos, pero aquí depende de cómo lo evalúe la comisión política
 
–Entonces sí hay negociaciones–, se le plantea.
 
–No tengo ese dato, pero en el escenario en que se van desarrollando las negociaciones, no se descarta tampoco.
 
Pero sí reconoce que hasta el momento el PRD no negocia directamente con el ex gobernador, sin embargo sí aclara que pudiera ser cualquiera otra de las dos expresiones políticas que conforman la alianza de la izquierda, “el promotor no es, hasta el momento, el PRD, yo creo que alguna de las expresiones políticas que conforman la alianza PT y Convergencia pudiera estar negociando. Se conoció que los cabildeos se realizan entre Ricardo Monreal y Ranulfo Márquez.

–¿Por qué Fidel Herrera? –se le cuestiona al secretario general del comité estatal del PRD, Juan Carlos Mezhua Campos.
 
–No, más bien sería, por qué la alianza de izquierda. El PRD y la alianza de izquierda es el lugar donde muchos políticos pueden llegar en las elecciones federales de 2012, porque el PRD hoy por hoy tiene una posibilidad real de triunfo en las elecciones del 2012.
 
Tan seguro está de que la izquierda puede ganar la Presidencia en el año próximo que recuerda “que en el 2006 ganamos dos senadurías, gracias al efecto Andrés Manuel López Obrador y en el 2012 parece que se va a repetir la coyuntura, por eso es que personajes de ese nivel, Fidel Herrera Beltrán, pudieran estar interesados. Para mí sólo es un rumor, no tengo nada oficial”, aclara.

Sin embargo, Enrique Romero Aquino, integrante del Comité Nacional del PRD, rechaza la posibilidad. “Es completamente falso. Ese rumor es falso. En efecto Fidel Herrera es muy amigo de Ricardo Monreal, pero Monreal no es el PRD, es PT. Es alguien que no reúne las condiciones políticas para ser candidato de la alianza de la izquierda”.
 
“Fidel, dice, es un ex gobernador que superó a más de tres en el saqueo histórico de Veracruz y no puede ser candidato de la izquierda, que se caracteriza por responsabilidad ética. Más allá de las sumas y las restas, habría que analizar qué clase de PRD quiere ser competitivo con candidaturas de ese tipo, le dejaríamos el prestigio del PRD al ex gobernador que más ha dejado endeudado a Veracruz. Sería un acto con un elevado costo político”, sentencia.
 
–¿Sería un suicidio político?

–Sería tanto como postular a Carlos Salinas de Gortari a la Presidencia del país.

FUENTE:http://www.jornadaveracruz.com.mx/Noticia.aspx?ID=110619_111302_281

Traductores corruptos deciden justicia en zonas indígenas de Veracruz

Lugar: Xalapa, Ver.
Fuente: Agencia Imagen del Golfo
En Veracruz son pocos los traductores intérpretes en materia de procuración de justicia que están en funciones y, de los que hay, la mayoría son corruptos. Esto ha propiciado que muchos indígenas estén encarcelados por delitos menores y por el contrario, que verdaderos delincuentes estén libres, coinciden organizaciones sociales la Sierra de Zongolica, Santa Marta y Totonacapan.

Una persona de la cabecera municipal de Zongolica, que por seguridad pidió quedar en el anonimato, señaló que en el Ministerio Público de ese distrito, el traductor, “que lleva años ahí”, de nombre Nestor Tepixtle, se ha “amafiado” con los acusados y traduce a su favor.
 
Nestor Teplixtle se aprovecha, dijo el declarante, de que la titular del MP de Zongolica, Elvira Raquel Sayago Santillán, no habla náhuatl. Es decir, “casi, casi, él decide quién es culpable y quién inocente”.
 
Al respecto, Modesta Alvino Guadalupe de la organización Sepanian Masehual Sihuatlapalehuijke de Soledad Atzompa, comentó que si bien de su municipio deberían presentar las denuncias en el MP de Zongolica por estar muy lejos, lo hacen en Orizaba. No obstante, ahí no hay ningún traductor, a pesar de que lo han solicitado a las autoridades competentes.
 
“Yo he acompañado a Orizaba a las mujeres que han sido golpeadas y a veces yo paso como traductora, porque las mujeres no hablan nada de español y los ministerios tampoco lengua indígena”, relató. Por esta situación, afirmó, muchos que deberían ser apresados han sido liberados y viceversa.
 
En tanto, en la Sierra del Totonacapan, “como en todos lados” faltan traductores en los ministerios públicos, “por eso a veces se llegan a cometer algunas injusticias entre la gente de las comunidades, porque ellos en su lengua que hablan es diferente a los términos de las leyes y no se saben defenderse y hay muchos presos indígenas por delitos menores, por falta de traductores y, los pocos que hay caen en la corrupción, como en todas partes”, dijo Aída Hernández Henández Sánchez de la organización Amor y Solidaridad Papanteca.
 
Aclaró nunca haber presenciado un caso de corrupción por parte de algún traductor, pero “sí es sabido”.
 
La representante de la organización de la Sierra de Santa Marta Red de Mujeres de la Tierra Maribel Cervantes Cruz, respecto al tema, coincidió en denunciar que carecen de traductores en los ministerios públicos. “Necesitamos traductores del náhuatl y popoluca”, remarcó.
 
“No hay (traductores) y los que hay en su momento, en lugar de apoyarnos se vuelven intermediarios del acusado mediante un pago; justo por ello nosotras nos tenemos que formar como promotoras legales”, acentuó.

El derecho y la política

Por: Alfredo Bielma Villanueva
Tiempos difíciles los que vive México, pero quizás no tanto como los que se avecinan en la medida en que se acerca el ya inminente proceso electoral de 2012 para el cambio del titular del Poder Ejecutivo Federal y de los integrantes del Legislativo en sus dos cámaras.

Las estrategias del presidente Calderón poco a poco se han ido evidenciando, la primera es salir a campo abierto como el operador principal, pareciera que único, de la campaña de su partido, el PAN. Ya para nadie es un secreto la incontenible fobia que el presidente de la república le profesa al PRI, a sus métodos de conducta y a sus militantes más conspicuos, tampoco es oculta la decisión de impedir a toda costa la posibilidad de que el tricolor vuelva a Los Pinos. Si consigue o no sus propósitos, está por verse; por lo pronto, al margen de la clase política de este país, la ciudadanía mexicana se estremece entre el espasmo de la inseguridad pública y la esperanza de un verdadero cambio, el que a pesar de la alternancia no acaba de llegar.
 
Tal y como se perciben los acontecimientos es una hecho incontrastable el que los contendientes por el poder echarán mano de todas las argucias y herramientas a su alcance para lograr sus propósitos, bordando incluso en los límites de la normatividad establecida.
 
Sin duda, un elemento social que estará presente será la violencia, ya como una patología a combatir, ya como factor que incidirá en el desarrollo del proceso electoral. Porque-¿quien pudiera dudarlo?- una forma de hacer violencia es, por ejemplo, el desdoro al Estado de Derecho cuando se utiliza la justicia como medio de presionar al adversario.
 
¿La condición de nuestro Estado es de Derecho o Autoritario? Si la conducta de Jorge Hank Rhon acredita “conductas probablemente ilícitas” tal cual dice la SIEDO ¿Por qué se le detiene de una manera que de entrada le posibilita una exitosa defensa jurídica? En todo caso, ¿por qué no se actuó antes en contra de Hank Rhon y sí ahora, casi al fin del sexenio, en el umbral del proceso electoral de 2012? Porque sería infantil pensar que la acción solo tuvo motivaciones legales. El gran fiasco que resultó la acción punitiva contra el magnate priísta viene a ser un tremendo bumerang con aportaciones negativas para el gobierno federal. Al recuperar la libertad, Hank Rhon adquiere otra dimensión más allá de sus mecenazgos políticos.

Es bastante sintomático el que hayan coincidido en el tiempo las capturas de dos personajes de la política mexicana. El encarcelamiento del exgobernador chiapaneco Pablo Salazar configura otra vertiente del mismo tema. Aunque en este caso parece que sí se cuentan con sólidos argumentos para mantenerlo a buen recaudo y un sinnúmero de adversarios políticos que le alborotan la gallera para pintarlo como el peor de los gobernantes de su estado habrá que esperar el razonamiento de la defensa.

En breve paréntesis habrá que aclarar que no se juzga que la acción punitiva del ministerio público se haga al margen de la legalidad, pues ambos personajes han tenido la oportunidad de defenderse por la vía jurídica, Hank pudo supera el escollo. En el caso de Salazar Mendiguchía será juzgado conforme a derecho y el ministerio público del estado de Chiapas tendrá que comprobar los cargos que le imputa al exgobernador.
 
La opinión pública mexicana permanece a la expectativa porque una redada contra la impunidad debiera alcanzar a muchos pájaros de cuenta cuya actuación al frente de responsabilidades públicas ha sido severamente cuestionada por la ciudadanía. Abundan y debieran estar tras las rejas, son personajes de la política- ex gobernadores entre ellos- con sólidos antecedentes de corrupción tras de sus gestiones como mandatarios estatales.
 
Limpiarle el rostro a la política mexicana demanda de una profunda labor de profilaxis política, atacando de raíz al hasta ahora indisoluble binomio que forman la impunidad y la corrupción. Casos en donde aplicar la depuración hormiguean, se señalan aquí en Veracruz y se encuentran en toda la república mexicana, solo se necesita voluntad política para emprender la acción, tal como en otros estados se han iniciado y no precisamente por “cacería de brujas” sino por la simple aplicación de la ley.
 
Para ello se requiere de una política de estado en el combate a la corrupción y a la impunidad, no de maquillaje o de ocurrencias. De estas últimas ya las presenciamos cuando López Portillo encarceló a Félix Barra, a Fausto Cantú Peña, a Alfredo Ríos Camarena, etc. pero fue un asunto que supo a revancha política. De igual manera en el sexenio de “la renovación moral”, cuando Miguel de la Madrid persiguió y encarceló a Jorge Díaz Serrano. También en el sexenio “del bienestar para la familia”, cuando Zedillo, transgrediendo a su lema de campaña metió al bote a Raúl, el operador de la familia Salinas de Gortari. En un entorno en el que la corrupción transitaba (y aún transita) imperturbable en los pasillos del poder, en tiempos de López Portillo toda la nación escuchó aquello que en su apesadumbrada situación, ya camino a la cárcel, Alfredo Ríos Camarena exclamaba: Si se encierra a todos los corruptos ¿Quién cerrará la puerta del estadio azteca?
 
En México, ante la ley todos somos inocentes hasta que no se demuestre lo contrario. Sin embargo, hay políticos a los que el índice de vox populi los incrimina y los persigue a todas partes. En Veracruz sería ocioso repetir los nombres de los así señalados, pero nada sería tan saludable como realizar un ejercicio de consulta ciudadana respecto de qué nombres se sugerirían para obtener la distinción del más corrupto.
 
Pero hablábamos de política electoral y del proceso electoral que viene, al que vislumbramos diferente de los que hemos sido testigos en pasados años. Los sibilinos procedimientos de nuestra cultura política por su periodicidad casi consuetudinaria se develan automáticamente; como en el ajedrez, la siguiente jugada es una reacción a la anterior.

En un spot de moda, el presidente del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Revolucionario Institucional, Humberto Morerira, hace un breve recuento de lo logrado por los gobiernos priístas durante el siglo XX mexicano. Después, como deslindándose subliminalmente de quienes hicieron posible los logros mencionados, hace referencia a que la militancia de ahora (él entre ellos, por supuesto) forma “una generación diferente”. Esa es una afirmación simplemente vergonzante, porque en todo caso habría que comprobar si son diferentes y, de ser así, ¿serán mejores?
 
Pronto sabremos lo que resulte de la acusación que en contra del dirigente nacional priísta ha presentado el senador panista Federico Doring ante la Procuraduría General de la República. ¿Será otra distracción informativa o quemará píes de barro? Para que adivinar lo que pronto conoceremos.

alfredobielmav@hotmail.com