20 de julio de 2011

COCINAN FRENTE COMÚN ORGANIZACIONES CONTRA EL METROBÚS

Rodolfo Pardo explicó con diapositivas que la calle Juan Cuamatzin carecía de los problemas que afirma el Jefe de Gobierno, tienen.
* Comerciantes establecidos de La Merced se comprometen a luchar por que se anule la construcción hoy que aún es tiempo.

México, D. F., a 20 de julio de 2011

La Organización de Comerciantes Establecidos de La Merced se comprometió con sus compañeros de las calles Ayuntamiento, El Salvador, Belisario Domínguez y Venezuela, además de los vecinos de la Unidad Kennedy y la colonia Tabacalera, a formar parte de un frente común para luchar por la anulación de la Línea 4 del Metrobús en el Centro Histórico o las calles antes mencionadas, además de Juan Cuamatzin, “hoy que aún es tiempo”.
 
Los comerciantes y vecinos coincidieron que la construcción de la Línea 4 del Metrobús es una decisión improvisada y claramente impositiva del gobierno capitalino que ya les arroja pérdidas económicas, por lo que comenzarán a trabajar de inmediato para generar las diferentes estrategias jurídicas y de movilización para detener la obra, las cuales se verán seguramente en los siguientes días.

En el caso particular de La Merced, expresó Rodolfo Pardo, “en la calle de Juan Cuatmazin y la zona comercial de La Merced observamos ya el caos por la reducción de carriles para el tránsito vehicular en estas tres semanas, por lo que nuestras ventas se han visto mermadas en casi un 30 por ciento”.
 
La problemática principal y de ello se deriva nuestra oposición a la construcción del Metrobús, agregó el comerciante de La Merced, “es la necesidad que nuestros clientes transiten por zonas amplias de carga y descarga, situación que entorpece dicha obra”.
 
A su vez, Jesús Calderón, dijo que “el mayor temor que tenemos los comerciantes es que nuestros clientes se desplacen a otras zonas a comprar y empiece a desaparecer nuestro mercado, con ello afectaría directamente el pago de rentas, nómina y proveedores”.
 
Agregó que la zona de comercio popular de La Merced comprende 12 mil locatarios establecidos que pagan impuestos, mientras que a los comerciantes en vía pública se les reubica para seguir vendiendo.
 
“Para quienes tenemos locales establecidos, nuestro patrimonio está asentado ahí y está en juego”, agregó Pardo.

Durante la conferencia de prensa los comerciantes y vecinos de la calle Juan Cuamatzin realizaron una presentación donde dejaron ver que las autoridades del Gobierno del Distrito Federal en realidad no quieren acabar con el comercio informal, tampoco desean regular los espacios públicos y mucho menos acabar con la delincuencia y la trata de blancas en La Merced.

Por el contrario, escogieron dicha calle porque es la que menos problemas les dan, ya que no existe comercio informal, mucho menos intereses políticos y económicos qué perjudicar y apuestan a que los comerciantes establecidos permitan que los perjudiquen sin meter las manos.
 
Sin embargo, dijeron que van a luchar en contra de la construcción del Metrobús y que si en los diálogos a que esperan ser llamados, les piden una propuesta, ésta es que el sistema de transporte pase por la calle General Anaya que permitirá combatir la delincuencia, regularizar los espacios públicos y acortar el paso del Centro Histórico a la terminal de San Lázaro y al Aeropuerto en 1.8 kilómetros, evitando el garabato que han formado las autoridades.
 
Expresaron ante sus compañeros comerciantes y vecinos que llegaron al lugar donde se celebró la reunión, que si Marcelo Ebrard quiere hacer un bien a la ciudad, "que anule el Metrobús, regule el transporte, recupere los espacios públicos como son las banquetas y termine la tolerancia al comercio informal".
 
“Hacer otra cosa, es actuar en contra del bien público, que es el bien común al cual se debe proteger”, expresaron los Comerciantes Establecidos de La Merced.

GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DONA AL EJERCITO UN PREDIO CON UN COSTO DE 40 MILLONES DE PESOS

Gerardo Buganza Salmerón, secretario de gobierno y ex senador, dijo que para reforzar la vigilancia en la zona sur, ya adquirieron un terreno en Acayucan para cederlo al Ejército a fin de que allí se construya un módulo que mantenga una vigilancia constante en el paso de indocumentados, por lo que sólo están a la espera de que el Congreso local apruebe la solicitud del gobernador para la entrega del terreno. El predio con un costo de 40 millones de pesos, operará como módulo y entre sus funciones estará la de revisar y controlar el paso de migrantes respetando sus derechos humanos. “La finalidad es que se revise y se precise por un lado que el control y por un lado la vigilancia de flujo de migrantes sea respetando los derechos humanos, y que se dé con todo orden, buscando que no afecte en ningún momento a la sociedad con cualquier proceso del sur, de los que pasan con la delincuencia, lo atenderían las fuerzas militares, ya está el terreno, el Congreso tiene que aprobar la cesión de esas tierras con el Ejército mexicano”.

Acosos a migrantes traen a México a relator de la CIDH

Por Emilio Godoy
Una patrulla mexicana en un control de migrantes
 
MÉXICO, 20 jul (IPS) - Miguel, un nicaragüense de 32 años, y su esposa permanecen desde hace unos días en un albergue de inmigrantes del suroccidental estado de Oaxaca, en México, como refugiados del acoso de policías municipales corruptos y de pandilleros.

"Los policías me robaron y los pandilleros me piden 2.000 dólares por cada uno para dejarnos pasar, o quedarse con mi esposa y que yo siga", relató por teléfono a IPS desde la localidad de Ixtepec este inmigrante, originario de la ciudad de Matagalpa, en el centro de Nicaragua.

Viajaban hacia Nicaragua para obtener el acta de nacimiento, pasaporte y otros documentos de Miguel, un nombre ficticio por pedido de la fuente, cuando él y su pareja, una hondureña de 20 años, fueron despojados de sus pertenencias por agentes municipales en las localidades de Orizaba y Mendoza, en el sudoriental estado de Veracruz.

Después lograron llegar a Ixtepec, donde Miguel y su esposa, ambos inmigrantes en México, fueron amenazados por miembros de la transnacional "mara" (pandilla) Salvatrucha, que opera en América Central, este país y Estados Unidos. Esto les forzó a pedir refugio en el albergue "Hermanos en el Camino", para evitar caer en sus manos.
 
Historias como las de estos dos inmigrantes centroamericanos componen el duro panorama que encontrará el chileno Felipe González, relator de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre los Trabajadores Migratorios y Miembros de sus Familias, cuando inicie su visita oficial a México e lunes 25.
 
"Vamos a plantear una serie de temas que hemos identificado como centrales", dijo a IPS Fabienne Venet, directora general del independiente Instituto de Estudios y Divulgación sobre Migración (Inedim).
 
Entre ellos destacó "la securitización (imposición de la seguridad nacional) de la agenda migratoria, la falta de coordinación entre las dependencias federales y locales de seguridad pública y violaciones a derechos humanos".
 
González, quien permanecerá en México hasta el 2 de agosto, se entrevistará con autoridades mexicanas y representantes de organismos internacionales y de la sociedad civil. Además, visitará los estados de Tamaulipas, en el centro oriental atlántico, Chiapas, en el extremo sur, Oaxaca y Veracruz.
 
Unos 500.000 latinoamericanos cruzan México cada año en ruta hacia Estados Unidos, según organizaciones no gubernamentales y expertos, en un trayecto minado de abusos, robos y secuestros a manos de policías y organizaciones criminales.

Ese camino pasa especialmente por los estados del sureño Tabasco, Chiapas, Oaxaca, Veracruz y Tamaulipas, en una franja que va del sudeste al nordeste mexicano. El gobierno ha identificado entre las fronteras con Guatemala, al sur, y Estados Unidos, al norte, 25 municipios peligrosos para los indocumentados.
 
En México, con 108 millones de habitantes, hay solo dos millones de extranjeros registrados, según cifras oficiales. De ellos, solo 24.000 son centroamericanos, que usan mayoritariamente el país como tránsito o trabajan en él en forma ilegal.
 
Un colectivo de organizaciones dedicadas a la migración entregarán un informe a González, en el cual denuncian el trato agresivo empleado por el gobierno hacia los inmigrantes irregulares, la vulnerabilidad de los defensores de los derechos de los sin papeles y la impunidad que rodea las agresiones a los viajeros indocumentados.
 
"Nos interesa denunciar el hostigamiento y el acoso, por nuestra labor pastoral en atención a los inmigrantes, la violencia que estamos asumiendo y de la cual somos víctimas, a la par de los mismos inmigrantes", relató a IPS la religiosa Leticia Gutiérrez, directora ejecutiva de la Pastoral de la Movilidad Humana, adscrita a la Iglesia Católica.
 
Esa dependencia administra 54 casas, albergues y comedores para indocumentados en México.

Su personal y los propios centros han padecido amenazas de muerte del crimen organizado y autoridades, señalamientos de estas a los responsables de los establecimientos por la labor de solidaridad y denuncia que realizan, la quema de transformadores eléctricos, cortes de luz y rotura de ventanas.
 
Los refugios en mayor riesgo se localizan en Ixtepec, en la sudoriental ciudad de Tenosique, fronteriza con Guatemala, y en las norteñas localidades de Saltillo y Piedras Negras, en el borde con Estados Unidos.
 
Desde 2010, el secuestro de personas indocumentadas ha alcanzado niveles nefastos. En agosto de ese año 72 inmigrantes, en su mayoría centroamericanos, aparecieron muertos en Tamaulipas, ejecutados según las investigaciones por miembros de Los Zetas, un cártel de traficantes de drogas que también plagia personas sin papeles.
 
En diciembre, otros 40 indocumentados fueron secuestrados en Oaxaca, sin que aún se sepa nada de su suerte.

Otro grupo de al menos 80 inmigrantes, en su mayoría centroamericanos, fue secuestrado en junio en Veracruz, sin que tampoco se tenga noticias de ellos.
 
La estatal y autónoma Comisión Nacional de Derechos Humanos tiene un recuento de unos 20.000 inmigrantes secuestrados en 2010. Generalmente, el rescate oscila entre los 1.500 y los 5.000 dólares, según esa investigación.
 
Este año ha habido al menos siete casos de agresiones a defensores de los migrantes indocumentados, en comparación con los dos registrados entre octubre de 2009 y el mismo mes de 2010, según organizaciones de derechos humanos.
 
"La situación está difícil. Los policías son cómplices del crimen organizado. Estamos a la espera de lo que pase, no tengo la menor idea de cómo vamos a salir", aseguró Miguel, quien ya contactó con la embajada nicaragüense en México para obtener algún tipo de garantía.

Las organizaciones no gubernamentales que atienden a los migrantes piden la construcción de una base de datos centralizada sobre personas desaparecidas y cadáveres no identificados, la integración de un sistema regional de intercambio de información y el acceso de los familiares de las víctimas a esa información. Asimismo, solicitan un programa para atacar la falta de investigación de los delitos contra los inmigrantes y la impunidad y un rol activo del relator en el seguimiento de las recomendaciones hechas por el Sistema Interamericano de Derechos Humanos al gobierno mexicano.
 
"No es posible adjudicar únicamente la culpa al crimen organizado y donde el gobierno mexicano debe asumir su responsabilidad en el marco de sus compromisos internacionales para proteger a los inmigrantes y garantizar sus derechos. Vamos a pedir la promoción de un nuevo enfoque desde la seguridad para los migrantes", planteó Venet.
 
"Estamos entre dos fuegos cruzados, el crimen organizado y el gobierno, para que no se conviertan en nuestros enemigos. Queremos que el gobierno tenga instrumentos para atender la realidad migratoria en términos de desarrollo y para reconocer el trabajo de quienes trabajamos día a día con los inmigrantes", acotó Gutiérrez.
 
Entre enero y mayo de este año, las autoridades migratorias deportaron a 27.410 centroamericanos, en su mayoría guatemaltecos, hondureños y salvadoreños. (FIN/2011)

19 de julio de 2011

Concilia Frente Popular con autoridades orizabeñas

El Frente Popular Revolucionario desistió de su manifestación y paro permanente en el parque Apolinar Castillo, cerca de llegar a los 4 meses de haberse instalado Gaudencio Brito líder moral, decidió levantar su casa de campaña y dejar de nueva cuenta libre el paso a los transeúntes

ORIZABA,Ver.- El Frente Popular Revolucionario desistió de su manifestación y paro permanente en el parque Apolinar Castillo, cerca de llegar a los 4 meses de haberse instalado Gaudencio Brito líder moral, decidió levantar su casa de campaña y dejar de nueva cuenta libre el paso a los transeúntes.
 
En el convenio celebrado se estipuló el retiro inmediato y permanente de los manifestantes a fin de poder ofertar sus productos en algunas periferias de la ciudad. En próximos días, 45 integrantes del Frente Popular Revolucionario iniciarán sus ventas a las afueras del Centro Histórico.

Los lugares a ubicarse son pasando la Oriente 9, hacia el Poniente y Oriente de la ciudad, Los comerciantes pagarán una cuota equivalente a un salario mínimo mensual para cubrir su derecho de venta en la vía pública.

El convenio fue firmado por el líder del Frente Popular Revolucionario Gaudencio Brito y el coordinador de Mercados y Comercio Ambulante, Andrés Morales Cortés.
 
Tras su retiro Brito manifestó que se da un voto de confianza a las autoridades y sobre todo serán respetuosos de la ley y de los acuerdos firmados en la minuta.
 
Los integrantes del FPR entregarán por escrito a las autoridades el padrón de vendedores que estará ubicado a las afueras del Centro Histórico. Las calles a ocupar serán Oriente 11 y 13 y siguiente, Norte 2, 4, 6 y 8, sin ocupar Oriente 9 y Poniente 8 pues aún son pertenecientes al Centro Histórico.

Veracruz investigará de oficio desapariciones

El gobierno estatal creará un Sistema de Registro Único de Personas Desaparecidas, e investigará las desapariciones aunque no haya una denuncia de por medio
Xalapa, Veracruz

Martes 19 de julio de 2011
Édgar Ávila Pérez / corresponsal
El Universal

Sin que haya una denuncia de por medio, la Procuraduría General de Justicia estatal iniciará investigaciones para dar con el paradero de personas desaparecidas.

Bastará con que aparezca una nota periodística, un aviso o un correo electrónico, para que las autoridades ministeriales inicien de oficio las indagatorias para encontrar a personas que sean reportadas como desaparecidas.

Para ello, informó el gobierno estatal a través de un comunicado de prensa, se establecerá un Sistema de Registro Único de Personas Desaparecidas, donde se concentrará información que se remitirá a la Procuraduría General de la República (PGR).
 
La Fiscalía del Estado estableció Lineamientos para la Atención Inmediata de Personas Desaparecidas y del sistema de registro único, que contará con fotografías, nombres y descripción física.

"A partir de hoy, una nota periodística, un aviso, un correo electrónico sobre la desaparición de alguna persona serán elemento suficiente para que la Procuraduría General de Justicia de Veracruz abra una investigación y realice las diligencias para dar con su paradero de forma inmediata, exhaustiva, seria e imparcial, sin que haya denuncia de por medio", señala el texto oficial.

Los lineamientos creados para la búsqueda inmediata de personas desaparecidas en Veracruz también contemplan que las agencias del Ministerio Público brinden apoyo psicológico para las víctimas y sus familiares.
 
A partir del acuerdo 25/2011 se establecen las normas mínimas para la Atención Inmediata de Personas Desaparecidas.
 
"Todo servidor público del Ministerio Público, de la Agencia Veracruzana de Investigaciones y de Servicios Periciales que tenga conocimiento, por cualquier medio (nota periodística, correo electrónico, comunicado oficial, etcétera) de la desaparición de una persona, independiente de su sexo o edad, procederá de inmediato, sin que medie lapso alguno de espera", establece uno de los lineamientos.

Implementa Ejército Plan DN-III en el norte y sur

El desbordamiento del Cazones ha dejado bajo el agua a varios municipios del norte de Veracruz Foto: AVC Noticias.
 
Con las afectaciones que provocaron las lluvias y el desbordamiento en la cuenca del río Cazones, el comandante de la Sexta Región Militar, René Carlos Aguilar Páez, informó que el Plan DN-III ya se habilitó en la ciudad de Poza Rica y el municipio de Tierra Blanca, así como otras regiones del norte de la entidad.

El general señaló que más de 300 elementos se encuentran en la zona norte del estado, ofreciendo apoyos a las familias afectadas por las lluvias.

Resaltó que es la zona colindante al río Cazones la que más atención está recibiendo por los desbordamientos, sin embargo, no es tan alarmante ya que no se prevé la pérdida de vidas por la contingencia.

Páez Aguilar indicó que en la actualidad la prioridad para la Región Militar es el tema de la prevención, ya que no quieren que se repitan las afectaciones del año pasado.

Por ello, comentó que elementos de la sexta región se encuentran también en Tlacotalpan, de manera preventiva.

Aún no se reportan daños en esa área que fue la zona más afectada del año pasado, por lo que estarán atentos en caso de que se presente alguna irregularidad.

“Hoy por hoy tiene prioridad la aplicación del Plan DN-III y desde luego estamos apoyando, tenemos en la región norte de Poza Rica, aproximadamente 300 elementos, lo tenemos implementado (Plan DN-III) en varios municipios por las afectaciones del río Pánuco y río Cazones”.

En las zonas vulnerables del norte entre personal del Plan DN-III y los que realizan operativo hay más de mil 200 efectivos desplegados.

El mando militar exhortó a las familias que viven en zonas vulnerables a acatar las indicaciones de las autoridades para abandonar sus viviendas y acudir a los albergues ya habilitados.

EL DESMANTELAMIENTO DE LA EDUCACIÓN PUBLICA. Primera parte

Se desmantela la educación Pública

Por: Jorge Cruz Ibáñez
Recién hemos terminado un ciclo escolar en donde en este año se anunciaron políticas educativas trascendentales para los trabajadores de la educación, entre ellas el Sistema Universal de Evaluación y la modificación de los Lineamientos Generales del Programa de Carrera Magisterial ; ante esta situación, cabe preguntarnos cuáles son los alcances de estas políticas? Qué implicaciones o afectaciones tendrán los maestros ? , de dónde provienen estas medidas que se implementarán ?

Para tratar de encontrar respuestas a estas interrogantes, es necesario reflexionar sobre el devenir histórico de México en su sistema económico, político y social y así tenemos que a partir de 1982 , con el gobierno de Miguel De la Madrid Hurtado , el capitalismo neoliberal dio paso a una contrarrevolución cultural en México, a la desarticulación de aquellas instituciones escolares y educativas que mantenían aún, la expectativa de un desarrollo nacional soberano y con altos niveles de equidad económica y cultural. El desmantelamiento de la educación pública, de sus sistemas de financiamiento y de sus valores nacionales y comunitarios, coincide con la desarticulación del territorio nacional, de la clase trabajadora y de todo proceso de vida comunitario. La reducción de los márgenes de soberanía alimentaria, energética, industrial, financiera, cultural y político militar frente al imperialismo estadounidense en particular, se corresponde con los procesos de destrucción de la educación pública y con la pérdida de los derechos sociales y laborales del pueblo de México a favor de los capitales trasnacionales.

Tratando de ser lo muy esquemático posible , quiero presentar un cuadro comparativo en base a un análisis de los compañeros maestros de la Instancia de Coordinación Nacional de la Sección 22 del SNTE, pertenecientes a la Coordinadora Nacional DE Trabajadores de la Educación ( CNTE ) de Oaxaca, para ayudarnos a comprender el proceso de desmantelamiento que está sufriendo la Educación Pública en nuestros país, veamos:

En 1992 se firma el Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica ( ANMEB ) , cuya finalidad fue descentralizar la Administración de los Servicios Educativos a las Entidades Federativas. Teniendo como implicaciones o afectaciones principales el establecimiento directo de las relaciones laborales entre trabajadores- gobiernos estatales; así mismo la transferencia del presupuesto federal del ramo educativo a los estados para efectos de infraestructura, creación de plazas y contrataciones.

En el 2001 se realiza la instauración del Programa “ Escuelas de Calidad “ ( PEC ) cuya fundamentación legal fue la Ley General de Educación con la finalidad de designar recursos económicos públicos y privados a escuelas que selectivamente concursen mediante proyectos de desarrollo pedagógico con la implicación de dar inicio con el involucramiento de los padres de familia y autoridades en la aplicación de los recursos y el cofinanciamiento del mantenimiento escolar.

En el 2002 se anuncia la creación del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación ( INEE) con fundamento en la Ley General de Educación cuya finalidad es establecer instrumentos estandarizados de evaluación de la educación a nivel nacional, con la afectación de imponer pruebas estandarizadas que midan el resultado final sin considerar los contextos ni los ritmos diferenciados del proceso de enseñanza-aprendizaje.

También en el 2002 se anuncia el Compromiso Social por la Calidad de la Educación, con la finalidad de promover la participación de iniciativa privada ( empresas) y asociaciones civiles y religiosas en el nuevo modelo educativo con afectaciones como el de la definición de nuevos enfoques de orientación clerical y mercantil de la educación.

En el 2004 se realiza la Reforma de los Planes y Programas de Educación Preescolar “ PEP 2004” fundamentada en la Ley General de Educación, teniendo como finalidad la proyección de un enfoque mercantilista de la educación mediante el modelo de enseñanza por competencias. Con la afectación de que se imponen cambios en la metodología, estrategias, contenidos curriculares y evaluación en preescolar desde una visión empresarial.
En el 2006 se impulsa la Reforma a la Educación Secundaria ( RIES ) con fundamento en la Ley General de Educación , con el fin de establecer cambios en el enfoque de la educación secundaria desde paradigmas empresariales y una enseñanza basada en competencias. Teniendo como grave afectación la transformación radical de la currícula eliminando contenidos de formación humanística, filosófica y del pensamiento reflexivo, crítico y analítico del alumno. Otra afectación es que se limita el acceso a mayor carga académica ( horas ) y delimitación por asignaturas a los docentes.
También en el 2006 por primera vez se aplica la prueba ENLACE a nivel nacional con fundamento en la Ley General de Educación con la finalidad de determinar en un diagnóstico la situación que guarda el Sistema Educativo Nacional mediante los resultados de pruebas estandarizadas dirigidas a alumnos. Una de las graves afectaciones es que se promueve la segregación y discriminación de escuelas, alumnos y docentes en base a los resultados obtenidos en esta prueba estandarizada y se radican responsabilidades a los docentes .

En el 2008 se firma la Alianza por la Calidad de la Educación ( ACE ) entre Elba Esther Gordillo y Felipe Calderón en base a la Ley General de Educación y con el fin de aperturar la intervención en los servicios del Sistema Educativo Nacional a la iniciativa privada en los 5 ejes que la conforman. Entre las afectaciones de la ACE podemos mencionar que se flexibiliza la función de la docencia para el mercado laboral. Se fijan los criterios para la desregulación del financiamiento privado ( Participación Social ) a la educación, y se establecen serias afectaciones a los derechos laborales del magisterio.

En el 2008, otra política educativa se refiere a la primera aplicación del Examen Nacional de Oposición, con fundamento en la Ley General de Educación, Ley de Servicio Profesional de Carrera de la Administración Pública Federal reglamento del 6 de septiembre de 2007. Con la finalidad de ofertar todas las plazas docentes vacantes de nueva creación y por efectos de jubilaciones a la demanda del mercado laboral mediante concurso. Esta política cancela por esta vía la asignación automática y directa de plazas a egresados de las escuelas formadoras de docentes. Se diversifica el perfil profesional de aspirantes a ocupar plazas docentes. Se clasifica, segrega y margina a los docentes en base a los resultados del Examen Nacional de Oposición y vulnera el Artículo 123 de la Ley Laboral.

En el 2009 se impulsa la Reforma a los Planes y Programas y contenidos curriculares a la Educación Primaria, en base a la Ley General de Educación, con el fin de establecer cambios en el enfoque de la educación primaria desde la visión empresarial y una enseñanza basada en competencias. Como principal afectación tenemos que se cierra el círculo del nuevo modelo de enseñanza basado en Competencias que va desde preescolar hasta Secundarias. Así mismo se eliminan contenidos básicos de la currícula y/o se transforman y adicionan otros al nuevo perfil desde la perspectiva de la producción.

CONTINUARÁ...