28 de septiembre de 2011

JDO el enemigo del medio ambiente y de los veracruzanos


 Toma determinaciones totalmente erróneas derivado de su incapacidad y falta de experiencia para gobernar el estado
 Silvia Núñez Hernández/Fuera de Foco
28 09 11
 
Cuando los veracruzanos piensan que no puede haber peor acción del gobernador Javier Duarte de Ochoa, este nos viene a demostrar que puede cometer una atrocidad peor que el día anterior. El problema es que si a él le falta claridad para gobernar el estado, sus subordinados se vean rebasados en la ignorancia al no asesorarlo para que no siga cometiendo más detrimento al estado de Veracruz.

El día de ayer se dio a conocer que en la Gaceta Oficial del Estado publicada el 1 de septiembre del 2011, que se abroga “El decreto por el que se declara Área Natural Protegida en la categoría, Tembladeras en el municipio de Veracruz, Ver” con la finalidad de hacer uso del terreno y permitir cometer el más terrible ecocidio jamás antes visto por la extensión de humedales que van a ser dañados debido a que esta invalidez otorgará al gobierno del estado ponerle el precio a 200 hectáreas de humedales, las cuales son de vital importancia no tan sólo para la Veracruz, sino para Medellín, Jamapa y Boca del Río.

Como es posible tanta insensibilidad por parte de los legisladores priístas. Podemos justificar que Javier Duarte de Ochoa siendo un político de microondas, tome determinaciones totalmente erróneas derivado de su incapacidad y falta de experiencia para gobernar el estado; pero, que priístas con carrera política integrados en la LXI Legislatura de Veracruz y avalen cegados por la avaricia y por la falta de compromiso con los veracruzanos que depositaron su confianza en ellos, comentan todo tipo de atrocidades y sobre todo le respalden cada una de las “ocurrencias2 del ejecutivo estatal.

Las afectaciones a colonias como Las Bajadas, Geovillas del Puerto, Laguna Real por mencionar algunas que se encuentran en la zona; serán las víctimas de las malas decisiones de las autoridades en su empeño por afectar el área de humedales y en donde pueden provocar daños irreversibles a una gran extensión riquezas de flora y fauna, además de violentar el ecosistema al robarle el riñón de nuestro medio ambiente, originarán que miles de personas pierdan su patrimonio al resultar afectados por las inundaciones que se provoquen.

Lo mismo hizo la autoridad y la constructora inmobiliaria al rellenar la extensión en donde hoy se asienta el fraccionamiento Puente Moreno, lugar que fue devastado al inundarse en su totalidad en el ingreso del huracán Karl y de la tormenta tropical Mattew. No le sirve de ejemplo a Javier Duarte de Ochoa el detrimento que propició el gobierno de Fidel Herrera Beltrán al autorizarle a Luis Eusebio Barquín Gómez quien a través de su constructora “Medellín” el relleno y edificación dicha unidad habitacional en la zona de humedales.
 
Ahora, quieren repetir la historia y afectar a miles de familias que viven en las cercanías de la zona de Tembladeras. En verdad se debe de ser ambicioso y sobre todo falto de ética tanto del gobierno estatal como de los legisladores, el haber invalidado el decreto que el ex mandatario, Fidel Herrera Beltrán hubiese instaurado luego de las movilizaciones ciudadanas y de grupos ecologistas quienes al enterarse de las malas acciones de éste y del ex munícipe, Jon Rementería Sempé, quienes intentaron vender dicha extensión territorial para dar paso a la edificación de una plaza comercial.

Salvador Manzur Díaz, alcalde de Boca del Río, se salió de la tangente el cuestionamiento de un medio de información local cuando se le cuestionó sobre el tema; indudablemente no se le puede pedir a este presidente municipal que declare en contra de su “compadre” Javier Duarte de Ochoa, pues ambos se tapan con la misma cobija. Muy al contrario, el regidor panista, Gaspar Monteagudo Hernández quien atiende la comisión de Ecología y Medio Ambiente en el ayuntamiento boqueño; indicó que en caso de urbanizar la zona de Tembladeras, esto traerá como consecuencia más inundaciones en el afluente arroyo Moreno y diversas colonias como son la Artículo 123, la Venustiano Carranza, la Plan de Ayala, la Miguel Alemán, el fraccionamiento Floresta y la cabecera municipal.

Insistió que esta zona se debe de volver a declarar área natural protegida e indicó que mucho se afectó el autorizar la construcción de los fraccionamientos Geovillas del puerto, Ara, Olmeca y Puente Moreno, las cuales se encuentran asentadas en una zona de humedales y que fueron rellenadas para su edificación. Indicó que la principal culpable de esta invalidez del decreto, se propició y se amparó por parte de Ainara Rementería Coello quien funge como titular de la Comisión del Medio Ambiente ante el Congreso local, a Javier Duarte de Ochoa, a Salvador Manzur Díaz, a Carolina Gudiño Corro y a Marcos Isleño Andrade (presidentes municipales de Boca del Río, Veracruz y Medellín de Bravo).

No tan sólo el regidor panista se puede considerar cansado de tanta injusticia e incongruencia por parte de las autoridades estatales y municipales; también los ciudadanos se encuentran conscientes de la falta de lucidez del mandatario y compinches quienes piensan que el estado es de su propiedad para hacer uso de sus recursos naturales para beneficiarse económicamente.
 
Es decir, los ciudadanos tendrán que manifestar su inconformidad y sobre todo no permitir este ecocidio que pretenden orquestar quienes han demostrado ser enemigos tanto de Veracruz como de sus habitantes.
 
Son miles de personas las que pueden hacer uso de su derecho constitucional a protestar por esta agresión gubernamental, pues de no hacerlo, pronto podrán ver reproducido en sus hogares las afectaciones que sufrieron vecinos de las colonias que resultaron afectadas por las inundaciones a causa de la voracidad gubernamental y municipal.
 
Esperemos que los grupos ecologistas hagan uso de su voz para exigirle a las autoridades que no maten uno de los principales riñones de la conurbación. Es necesario que Javier Duarte de Ochoa investigue y lea sobre la importancia de los humedales y no agreda a nuestro ecosistema como ha herido a los veracruzanos con anteriores tomas de decisiones erróneas que ha ejecutado.
 
No se tiene que ser pitonisa para saber lo que sucederá en la zona; por ello, es realmente indignante saber cómo un grupo de malos gobernantes tomen decisiones sin consultar a los veracruzanos. Recuerden señores, el estado no es de su propiedad y aunque tengan “el pinche poder” como dijera Fidel Herrera Beltrán, no pueden ir en contra de miles de veracruzanos, pues éstos ya se encuentran hartos de tanta ingobernabilidad.

¡Por favor! Urge que alguien asesore a Javier Duarte de Ochoa.

¿No se cansa de ser escarnio internacional?

Fuente: Crónica del Poder
http://www.agendamx.org/nota.php?id=18506

La corrupción en el sector salud de Veracruz, confronta al Contralor Iván López y al Secretario Pablo Anaya

Continúa investigación por medicamentos clonados

Xalapa.- El contralor Iván López reiteró que siguen bajo investigación los empresarios que vendía medicamentos a la Secretaría de Salud para curar cáncer, incluso dijo que el proveedor está suspendido.

Así lo expresó al ser cuestionado sobre las declaraciones que hizo el secretario de Salud, Pablo Anaya, en el sentido de que “no hubo venta de medicinas clonadas, que ninguna persona falleció y que ningún funcionario resultó con responsabilidad”.

Hay que recordar que a través de este medio se advirtió sobre la venta de Herceptin clonado en hospitales del Sector Salud, y en su momento el secretario de esta dependencia dijo que se inició una investigación por este caso, pero la semana pasada declaró que el asunto está concluido y que no existió esa irregularidad.

“Yo le preguntaría respetuosamente al contralor con base en qué lo dice. Yo tengo un expediente sellado y terminado el caso, lo tengo guardado en mi escritorio y se lo pongo a consideración cuando lo quiera y tenga la curiosidad por verlo”, dijo.

Dejó en claro que no existe responsabilidad para nadie porque el medicamento de nombre Herceptin que se utiliza en los enfermos con cáncer se recogió y no fue aplicado, y no existe ninguna muerte por esa causa.
 
Pero el contralor del estado afirmó en entrevista radiofónica que fue suspendido el proveedor del medicamento y sin dar nombre se refirió al (ex líder empresarial Andrés Beceiro López) quien fungía como distribuido en el Centro Estatal de Cancerología (CECAN).

Dijo que efectivamente el laboratorio Roche es el responsable de fabricar ese fármaco, suscribió que el medicamento que se vendía en el Centro de Cancerología no era lo que ellos fabrican, que todo lo que son los empaques correspondían de manera visual, pero hay cuestiones de seguridad que no eran las originales.

En este sentido, precisó que “yo quisiera agregar que la investigación que nosotros hacemos y que estamos deslindado todavía, el proveedor está suspendido y así seguirá hasta que nos demuestren de dónde sacaron el medicamento”.

Insistió que Roche ya aclaró que “este medicamento no es mío”, por eso queremos que los empresarios veracruzanos digan de dónde lo sacaron.

Rechazó que el secretario de Salud esté minimizando el asunto o tratando de evadir una responsabilidad.

“Nosotros actuamos de acuerdo a lo que consideramos pertinente”. Finalmente dijo que no hay funcionarios estatales involucrados en este asunto, y pidió a los veracruzanos que denuncien si tienen elementos para demostrar que servidores públicos estatales participaron en ese ilícito ofreciendo el medicamento a precio más barato de lo normal.

Fuente: Imagen del Golfo

ASOMAN LOS PARAMILITARES EN VERACRUZ

Asoman los paramilitares
Álvaro Delgado
Análisis
Javier Duarte, gobernador de Veracruz.
Foto: Rubén EspinosaMÉXICO, D.F. (apro).-
En medio del empeño de Felipe Calderón por instaurar en México un Estado policiaco militar, cuya más reciente muestra es conculcar derechos en su proyecto de Código de Procedimientos Penales, emergen indicios de un fenómeno siniestro: Los escuadrones de la muerte.

Los 35 cadáveres amontonados en la zona turística de Boca del Río, Veracruz, y otros 14 diseminados por la zona, apuntan a la autoría de un grupo de corte paramilitar, es decir, no un grupo criminal antagónico en sí mismo, sino una fuerza, si no auspiciada, al menos tolerada por la autoridad del estado que encabeza el priista Javier Duarte, un aprendiz de dictadorzuelo.

Las declaraciones de éste, en el sentido de justificar la masacre porque eran delincuentes y que con ello se acabaron las extorsiones –“eso nadie lo dice”–, coinciden con la difusión de un video el 24 de septiembre, cuatro días después de la aparición de los 49 cadáveres, en el que un grupo de cinco encapuchados se presenta como un escuadrón de la muerte denominado “Los Matazetas”.

En el video, uno de ellos, el más robusto, lee un comunicado dirigido a las autoridades federales, estatales y municipales, así como a la sociedad en general, para anunciar el combate al cártel de Los Zetas, la banda más sanguinaria que opera en México.

“Somos guerreros sin rostro, pero orgullosamente mexicanos”, advierte el que parecer ser el jefe mientras los otros cuatro encapuchados, inmóviles, miran a la cámara, que registra el ofrecimiento de disculpas por la violencia que generan y, con cierta ambigüedad, se atribuyen la matanza del 20 de septiembre.

“Si con nuestros actos realizados ofendimos a la sociedad, al pueblo de México y a las corporaciones federales, les pedimos disculpas en nombre del todo el grupo que conformamos. La intención era darle a saber al pueblo veracruzano que este flagelo de la sociedad (Los Zetas) no son invencibles y que ya no se dejen extorsionar”.

Y piden: “Que la sociedad en general esté segura y confíe que nosotros. Los matazetas no extorsionamos, no secuestramos, y nunca afectaremos el patrimonio personal ni de la nación. Respetamos a los poderes Ejecutivos federales, estatales y municipales. Nuestra lucha es en contra de Los Zetas. Si con nuestros actos realizados ofendimos a la sociedad, al pueblo de México y a las corporaciones federales les pedimos disculpas en nombre de todo el grupo que conformamos. La intención era darle a saber al pueblo veracruzano que este flagelo de la sociedad no son invencibles (sic), y que ya no se dejen extorsionar. Cada quien sus luchas y sus miedos, nosotros un solo corazón”.

En el video, los encapuchados se muestran respetuosos también del Ejército y la Marina, y aunque evaden revelar qué clase de agrupación integran, aducen que, “como principio ético, nosotros tenemos prohibido la extorsión, el secuestro, el robo, las vejaciones, y todo aquello que de una u otra forma afecte el patrimonio nacional, familiar, anímico y/o moral”.

Su nebulosa presentación en el video, difundido en el también fantasmal “blog del narco”, sólo deja clara una cosa: Es un escuadrón de la muerte para exterminar a Los Zetas y ante ello es preciso que las autoridades de todos los niveles deben deslindarse, salvo que cuenten con su anuencia.

Ya hubo, el año pasado, un antecedente en Nuevo León, donde el alcalde de San Pedro, el panista Mauricio Fernández, creó un grupo paramilitar para “limpiar” el municipio, cuyos integrantes formaban parte del cártel de los Beltrán Leyva y, aunque tardíamente y sólo por la presión social, el gobierno de Felipe Calderón intervino para su desarticulación.

En otros lugares de México hay tentaciones, si no es que se han materializado ya, de conformar grupos armados de autoprotección, en una lógica que parece desconocer que el paramilitarismo sólo propicia una mayor escalada de violencia y arrebata sobre todo la vida de inocentes.

Por la semejanzas con Colombia, es preciso recordar que las bandas paramilitares en ese país, auspiciadas por empresarios, ganaderos, terratenientes y políticos al más alto nivel, asesinaron a más de 156 mil personas, entre ellos 2 mil 650 niños.

Esta barbarie, documentada por la Fiscalía General de Colombia –que allá sí es autónoma, como el Poder Judicial–, comenzó con la conformación de grupos armados irregulares para enfrentar la guerrilla y el narcotráfico, pero se convirtieron en un monstruo sin control.

Los “paras” no sólo no combatieron a los narcotraficantes, sino que se asimilaron y aun tomaron el control del trasiego de drogas, mientras que asesinaban con toda impunidad a pueblos enteros que creían eran sostén de la guerrilla, a sindicalistas, maestros y periodistas.

Estos escuadrones de la muerte de extrema derecha, a cuyas miles de víctimas destazaban, cremaban o sepultaban en fosas clandestinas, llegaron a superar los 31 mil integrantes, que contaban con la protección al más alto nivel político y militar, como el del expresidente Alvaro Uribe y más de 70 congresistas y gobernadores afines a él.

Según la Fiscalía General de Colombia, que recibió el testimonio de unos 4 mil paramilitares arrepentidos, están identificados como cómplices o coautores de los delitos cometidos unos 95 oficiales y 28 suboficiales del Ejército Nacional, así como 46 oficiales y 47 suboficiales de la Policía.

La enseñanza de Colombia a México es clara: La conformación de escuadrones de la muerte para combatir a grupos criminales, con el auspicio y al menos el disimulo de la autoridad constitucional, sólo conduce a una barbarie que no tiene fin…

Apuntes

Y no hay que olvidarlo: Está documentado que fueron paramilitares, auspiciados desde el Estado, los autores de la matanza de 45 indígenas en Acteal, Chiapas, el 22 de diciembre de 1997, cuando Ernesto Zedillo era presidente de México y el secretario de Gobernación era Emilio Chuayffet, actual presidente de la Cámara de Diputados… Son paramilitares, también, los autores del asesinato –uno más– de la periodista María Elizabeth Macías Castro, jefa de redacción del periódico Primera Hora, en Nuevo Laredo, Tamaulipas, donde no gobierna un tal Egidio Torre Cantú, sino los criminales…
Comentarios: delgado@proceso.com.mx y Twiter: @alvaro_delgado

http://www.proceso.com.mx/?p=282499

XOCHIMILCO, EL GRAN BOTÍN DE LA IZQUIERDA MEXICANA

XOCHIMILCO, EL GRAN BOTÍN DE LA IZQUIERDA MEXICANA, es una reseña socio-histórica-política en la que se expone el auge del movimiento democrático ciudadano, identificado con el izquierdismo, que se dio desde mediados de la década de los años ochentas del siglo pasado, y el deterioro gradual que ha sufrido hasta nuestros días en que, desafortunadamente, no representa una opción viable de oposición a los poderosos intereses de la oligarquía voraz que agrede cotidianamente al pueblo de México, que cada día tiene menos alternativas de subsistencia dignas y un futuro poco alentador para su juventud.

Hoy, la respetable rigurosidad del izquierdismo seguramente se encuentra en la intimidad de los hogares de muchos ciudadanos, mas no así en los partidos políticos que proclaman profesar esa ideología para cambiar la lamentable situación que padecemos.

Hoy, la izquierda mexicana ha sido desvirtuada por aventureros de la política que la han convertido en patente de corso para hacer fortunas personales al amparo del poder.

Ante este deterioro político en que no se distinguen colores partidistas ni ideologías (porque se han perdido), la ciudadanía ya comienza la búsqueda de alternativas más sanas para cambiar su futuro, como las candidaturas ciudadanas para prescindir de estas instituciones políticas que hoy están totalmente corrompidas y nos cuestan a los mexicanos mucho, muchísimo dinero.

Así pues, Producciones raza sónica le presenta XOCHIMILCO, EL GRAN BOTÍN DE LA IZQUIERDA MEXICANA, esperando sentar un precedente más en la lucha por la libertad de expresión en nuestro país.

Fernando Miranda

México, el camino tortuoso de la paz

JAVIER SICILIA
Por Katia Monteagudo*

México (PL) Luego de recorrer más de cuatro mil kilómetros de sinuosas carreteras por nueve estados del sur mexicano, junto al Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, resulta imposible olvidar los rostros de la violencia en México.
 
Son gente común que saben llevar su dolor con dignidad, aunque no ocultan las lágrimas ni la rabia cuando exigen justicia para sus familiares asesinados o desaparecidos, o la condena de sus verdugos o secuestradores.
 
Ellos cargan esos 50 mil muertos, 10 mil desaparecidos y 120 mil desplazados, que refieren fría e impersonalmente las estadísticas oficiales de la guerra contra los cárteles de la droga y el crimen organizado en los últimos seis años.
 
Son la memoria de esos que un día fueron maestros, activistas sociales, defensores de derechos humanos o de los migrantes, periodistas, estudiantes, deportistas, mujeres, políticos, sindicalistas, vecinos, policías, o indocumentados.

También resultan los cuerpos de otras víctimas que ya ni se cuentan porque siempre han estado presentes, con rostros de campesinos, de indígenas, de trabajadores desempleados o de jóvenes rechazados del sistema educativo.
 
Igualmente son la voz de quienes aún el miedo paraliza en ciudades dominadas por el crimen organizado como Acapulco, Monterrey, Ciudad Juárez, Coatzacoalcos, Jalapa, Cuernavaca, Morelia, Durango, Saltillo, Reynosa, Matamoros, Chilpancingo.
 
Todos conforman el único movimiento ciudadano mexicano que se atrevió a recorrer el país para conocer su lado más oscuro y emerger con un solo reclamo: paz.
 
Desde Ciudad Juárez, en la frontera norte, hasta Ciudad Hidalgo, en la sur, han conocido de la tragedia que hoy sufre México por la guerra declarada al narcotráfico del presidente Felipe Calderón.

Una batalla sin cuartel, en un país con un tejido social deshecho por sus desigualdades seculares, además de estar carcomido por la corrupción y la impunidad ante la justicia, como autoreconocen oficialmente.
 
Más de siete mil kilómetro de carreteras ha recorrido en los últimos cinco meses este movimiento ciudadano, nacido de la indignación por el asesinato del hijo del poeta Javier Sicilia, junto a seis jóvenes más, en Cuernavaca, estado de Morelos, en marzo del 2011.

Una organización civil conformada por quienes consideraron estar de la violencia y de la guerra "hasta la madre", como dijo en su mayor dolor Sicilia, líder del movimiento.
 
De abril a septiembre, marcharon en contra de la política de seguridad del gobierno de Calderón por 17 estados, en los cuales documentaron más de 600 casos de asesinatos, secuestros, desapariciones forzadas, torturas y amenazas.
 
A su registro se sumaron también víctimas de autoridades municipales, estatales y federales, así como de las fuerzas armadas coludidas con bandas criminales.
 
La reciente caravana al sur del movimiento ciudadano se propuso visibilizar también la tragedia de los pueblos indígenas y de los migrantes centroamericanos.
 
Estos últimos no aceptaron el perdón que en nombre de México quiso llevar el movimiento ciudadano hasta la frontera guatemalteca.

"Sin justicia no hay perdón", respondieron del otro lado, en nombre de los hondureños, salvadoreños, nicaragüenses y guatemaltecos secuestrados, extorsionados y vejados.

No se puede aceptar una disculpa, mientras no haya sanción para quienes tratan a los migrantes como esclavos de los cárteles de la droga, enfatizó Diego Escalante, coordinador regional del Comité de Unidad Campesina en la costa sur de Guatemala.
 
Grupos como Los Zetas, según denuncias del padre Alejandro Solalinde, coordinador del Albergue Hermanos en el Camino, en Oaxaca, los emplean en la producción de drogas, o como vigías o sicarios entrenados a fuerza de torturas y adicciones.
 
Entre tantas tragedias no puede ser perfecto un movimiento ciudadano, que como bola de nieve crece y suma todo lo que encuentra a su paso, sin selección ni rumbo programado.
 
Para Javier Sicilia, la cabeza de la organización civil, esta asociación es la última oportunidad para cambiar por la vía pacífica al país, hartado de la corrupción e inconciencia de la clase política en el poder.
 
Una última oportunidad ante la posibilidad de que los ciudadanos busquen otras alternativas más radicales para encauzar sus demandas, expone el activista.
 
Es un camino tortuoso para mantener viva la esperanza de paz en México, que aún no se avista, incluso sobre un mar de 50 mil muertos, 10 mil desaparecidos y 120 mil desplazados.

* Corresponsal de Prensa Latina en México.
http://www.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&task=view&id=334545&Itemid=1

27 de septiembre de 2011

ORGANIZACIONES CAMPESINAS ALERTAN SOBRE LA LEY GENERAL DE LA ECONOMÍA SOCIAL Y SOLIDARIA

La tachan de regresiva, intrusiva, autoritaria y corporativista, con la que grupos de poder político buscan tener un instrumento de control gubernamental del sector social.
México, D. F., a 27 de septiembre de 2011

Más de 30 organizaciones del sector rural encabezadas por la Central Campesina Cardenista Democrática (CCCD), Corporación Mexicana de Industriales y Productores Agrícolas (COMPA) y Unidos Desarrollo y Estados por México (UNDEMO), se pronunciaron esta mañana en contra de la aprobación de la Ley General de la Economía Social y Solidaria que se encuentra en comisiones en la Cámara de Diputados, al calificarla de regresiva, intrusiva, autoritaria y corporativista.

Solicitaron a los diputados ser congruentes y realizar un análisis honesto y de cara al futuro de México, porque volver al corporativismo de la época anterior, sólo provocará incrementar el rezago social; caso contrario, expresaron, plantearán una controversia constitucional de la Ley Arce por su inconstitucionalidad. Además, acompañarán sus exigencias con marchas y plantones, si fuera necesario.

Las dirigencias nacionales encabezadas por Francisco Román Sánchez, de la CCCD; Jesús Herbey Arredondo Díaz, de COMPA y Luis Mariano Saldaña Solano, de UNDEMO, destacaron que los legisladores pretenden realizar una reforma express, por debajo del agua y, sin el consenso con las organizaciones del campo, aprobarla. En abril cuando fue aprobada en el Senado de la República, fue presentada el 16 de abril y aprobada en el pleno el día 27; es decir, una reforma sin consenso, pero tampoco sin el análisis suficiente.

Básicamente son tres puntos los que preocupan a las organizaciones del sector social: “la creación del Instituto Nacional de la Economía Social como un mecanismo de control de las organizaciones sociales, ya que dentro del mismo, buscarán constituir la Comisión de Conciliación y Arbitraje propia del sector, destacando más el uso político, dependiendo de a quien se apoye y cómo se apoye”.

Otro punto es que dicho instituto será gobernado por una Junta Directiva compuesta por un Director General, quien será nombrado y podrá ser removido libremente por el Presidente de la República y seis consejeros designados por el Secretario de Economía, mientras los seis representantes del sector social, elegidos por un Congreso Nacional, sólo irán de comparsa a la integración de ésta Junta Directiva, puesto que su capacidad de voz y voto queda rebasada.

Finalmente, un nivel abajo, se conformará un Congreso Nacional del que resultará un Consejo Nacional, el cual se convertirá en el único reconocido para realizar gestoría en representación de los organismos del sector. Es decir, es una ley autoritaria porque impide la libre participación y asociación, además de que convertirá a este Consejo Nacional en un órgano de gran poder. Será, en palabras de Francisco Román Sánchez, “el gran poder corporativo del sector social”.

Los dirigentes nacionales de las organizaciones expresaron que “la experiencia nos ha demostrado en la época anterior que la hegemonía con la que operaba el corporativismo rampante del Estado fue dañina para el país, ya que históricamente las grandes centrales se convertían en vehículos de sometimiento social de los trabajadores del campo y la ciudad”.

Este tipo de corporativismo, añadieron, demostró servilismo al poder y no a los obreros y campesinos a quienes se decían defender, además de que “sólo propiciaron un retroceso en la producción y en el bienestar de quienes vivimos en el campo y generamos la riqueza natural de México”.

Dicha ley afectará a los integrantes del sector rural que habitan en ejidos y comunidades, pero también a todo género de empresas, fondos, cooperativas, uniones, cajas de ahorro, asociaciones de usuarios y tenedores paritarios de acciones.

"Queremos ser organizaciones actuantes en un formato de corresponsabilidad con el gobierno y la empresa privada; lo que no queremos es ir simplemente como comparsa", expresó Herbey Arredondo Díaz, mientras que Armando Enríquez Romo destacó que es imposible actuar a favor de la gente del sector social con una ley que limita su actuar, pero que también es propicia para la cacería de brujas. “Es imposible tener confianza en una ley hecha al vapor, cuando han tenido muchos años para actuar contra la inseguridad y poco o nada han hecho”, agregó sobre el trabajo de los senadores de la República.

Los dirigentes adelantaron que se opondrán de manera frontal a que en la Cámara de Diputados se apruebe una ley “con tantas incongruencias ideológicas que nos llevarán al pasado en lugar de asegurar mejores condiciones para el futuro; estaremos actuantes ante la posibilidad de que den un albazo legislativo y nos haremos presentes para presentar nuestro análisis reprobatorio a la Ley impulsada por René Arce”, agregó Román Sánchez.

También se sumaron a la conferencia de esta mañana las organizaciones Fundación Ketipanolli, Vasco de Quiroga-Presencia Siglo XXI, Promotora y Desarrolladores de Hidalgo y la Confederación Mexicana de Organizaciones Sociales.

Asimismo, las organizaciones anunciaron que el próximo 4 de octubre en el Auditorio Nacional más de 50 organizaciones presentarán un documento que contendrá los fundamentos legales suficientes para frenar la ahora llamada “Ley Arce”, así como el impulso de la unión de las diversas fuerzas sociales “para hacer valer nuestros derechos de manera responsable y con la legalidad por delante”.

Senado presume operación de escuadrones de la muerte en Veracruz

Martes, 27 de Septiembre de 2011
Veracruz, Ver.- Medios nacionales informan hoy que la Junta de Coordinación Política del Senado de la República citó a comparecer a los integrantes del gabinete de seguridad del gobierno federal ante la sospecha de que en estados como Veracruz estén operando "escuadrones de la muerte" pagados por la delincuencia para hacer operaciones de limpieza contra sus enemigos.
 
El coordinador de la bancada de legisladores del Partido del Trabajo, Ricardo Monreal, señaló que es preocupante la situación que priva en Veracruz, Tamaulipas y Guerrero, en los que se han dado varias matanzas, y dijo que hay una sospecha fundada de que puede haber grupos paramilitares haciendo labores de exterminio.
 
Indicó que estos grupos están siendo pagados por la delincuencia organizada en estos estados, y es evidente que cuentan con la tolerancia de las Fuerzas Armadas para realizar sus operaciones, y por esto deben ser castigados.
 
Comentó que la Junta de Coordinación Política acordó la comparecencia, primero, de las autoridades civiles, el titular de la Procuraduría General de la República, de la Secretaría de Seguridad Pública y la de Gobernación.
 
Posteriormente, Seguirá la Secretaría de la Defensa Nacional y el de la Secretaría de Marina para que aclaren la situación que ocurre en los estados mencionados.
 
"Estoy por concluir una investigación donde demuestro que sí existen los grupos paramilitares, muchos pagados por el crimen organizado y otros tolerados por las autoridades locales. Esto demuestra que hay grupos que actúan al margen de la ley y que deben ser castigados", dijo en declaraciones al diario La Jornada.