3 de octubre de 2011

El Baldón: Lo que ya se olvidó del 2 de octubre

Por: José Miguel Cobián Elías
Acaba de pasar la conmemoración de un aniversario más de la matanza de Tlatelolco, el 2 de octubre de 1968. Y como siempre, reflexionamos y nos quejamos de la actitud tiránica y brutal del gobierno de Gustavo Díaz Ordaz, quien ordenó tanto la participación del ejército en esa tarde como la del batallón Olimpia, encargado de detener al consejo nacional de huelga en el tercer piso del edificio Chihuahua y de disparar al aire para dispersar a la multitud.

Hoy sabemos que miembros de ese batallón dispararon después de que los dos helicópteros soltaron cada uno una bengala, la verde y la roja. Sabemos también que en lugar de disparar al aire, dispararon a la multitud y le dieron entre otros, a un alto mando del ejército, cuyos soldados repelieron el ataque, pensando que fueron los huelguistas los que les dispararon, y ya sin cadena de mando, dispararon sin ton ni son hacia el balcón, mientras que los estudiantes caían en medio del fuego cruzado y los del batallón Olimpia asustados gritaban el nombre de su batallón pidiendo paz a unos soldados que desconocían de su existencia y que no tenían ni un radio para comunicarse con ellos.

Curiosamente ese día el Consejo Nacional de Huelga había dado la orden de que sus integrantes no asistieran al mitin, porque corrían el riesgo de ser detenidos. Sin embargo algunos asistieron y pasaron tres o cuatro años en Lecumberri por esa imprudencia.

Esta información está corroborada, tanto por los integrantes del CNH como por un par de militares que declararon lo mismo ante el ministerio público: El teniente Sergio Alejandro Aguilar Lucero y el capitán Ernesto Morales Soto.

Para entender lo que pasó, en resumen podemos comentar: A fines de julio un grupo de alumnos de la vocacional 5 y de una escuela particular se pelearon en un partido de futbol en la ciudadela. Los granaderos en lugar de separar a los jóvenes, los golpearon. Los alumnos de la vocacional corrieron a su escuela, los granaderos los persiguieron y allí golpearon a quien se les puso enfrente, maestros, alumnos, jugadores y no jugadores, hombres y mujeres. El politécnico al cual pertenecen la vocacionales organizó una manifestación de protesta por esta agresión.

El 26 de julio la izquierda universitaria organizó una manifestación para celebrar un aniversario más de la revolución cubana, que coincidió con la del politécnico. Ambas fueron apaleadas por los granaderos. Gracias a esto, hubo enfrentamientos varios días entre la policía y los estudiantes de escuelas del centro de la ciudad de México. Para terminar las escaramuzas, el ejército rodeó la prepa uno, que estaba en San Idelfonso, y en la noche derribó la puerta con un bazucazo.

Al día siguiente el rector de la UNAM Javier Barros Sierra colocó la bandera a media asta, como señal de duelo y encabezó la primera manifestación de protesta. La UNAM y el Poli, se declaran en huelga para exigir el castigo de los culpables. Mientras tanto, dos alumnos de cada escuela en huelga conforman el Consejo Nacional de Huelga. Durante el resto de agosto y septiembre, se sumaron muchas escuelas públicas del país y algunas privadas. Se pedía castigo a los culpables, indemnización a las víctimas y liberación de los detenidos.

El ejército ocupa la UNAM y el POLI. Para finalizar el 2 de octubre el ejército masacra a muchos estudiantes y detiene a los dirigentes.

Curiosamente el ejército respondió un ataque de personas vestidas de civil. Los del batallón Olimpia iban de civil con un guante blanco en la mano izquierda y cuando comenzaron a disparar a la multitud, el CNH estaba con las manos arriba y contra la pared, todos detenidos.

Si hubo un responsable, éste fue el presidente Diaz Ordaz, por más que queramos acusar a Echeverría, sabemos que en nuestro sistema político las grandes decisiones las toma el presidente de la República. También se puede decir que el CNH tuvo parte de la culpa, pues no quiso jamás escuchar a los negociadores que envió el gobierno, y generó un diálogo de sordos, en el cual el CNH quería todo sin negociar nada, y el gobierno jamás entendió el movimiento.

Gracias a esa masacre, hoy cualquiera puede obstaculizar el tráfico y recibir hasta protección de tránsito y la fuerza pública. Hoy el péndulo está en el otro extremo, y esperemos que pronto regrese al justo medio del absoluto respeto y aplicación de la ley.

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La censura disfrazada

Incapaz de quebrar al semanario Proceso con el boicot publicitario ilegal y de desacreditarlo mediante burdas maniobras policiacas —como exhibir ejemplares entre el armamento incautado a presuntos narcos—, el actual gobierno panista parece satisfecho con una estrategia que no es sino una censura disfrazada: personajes con cuantiosos recursos acaparan toda la dotación de revistas en algunas ciudades para impedir el acceso de los lectores a la información

El gobierno intenta deslindarse legalmente del virtual decomiso, sin tener en cuenta que por lo menos viola derechos por omisión… y que en última instancia está apoyando una acción que puede provenir de la delincuencia organizada. Sunday, October 02, 2011
 
Por Gloria Leticia Díaz
MÉXICO, DF.- Durante el gobierno de Felipe Calderón, entre 2007 y lo que va de 2011, unos 53 mil ejemplares del semanario Proceso han sido incautados de hecho, aunque la operación se ha encubierto como compra masiva en ciudades de Tamaulipas, Sonora, Sinaloa, Zacatecas, Morelos, Hidalgo, Durango, Nuevo León, Guanajuato, Puebla y Veracruz.
 
La última acción concertada para impedir que la revista llegue a sus lectores se registró el domingo 25 de septiembre. Prácticamente todos los ejemplares de la edición 1821 enviados al estado de Veracruz fueron adquiridos de la misma forma, tanto en locales cerrados como en puestos de periódicos: hombres jóvenes —algunos con apariencia de burócratas, según los expendedores— llegaron a preguntar amablemente por las dotaciones de Proceso que tenía cada establecimiento. Las compraron todas, con efectivo.
 
La portada del número en cuestión es una fotografía de los 35 cadáveres arrojados al pie del Monumento a los Voladores de Papantla en Boca del Río el 20 de septiembre. La cabeza principal: "Veracruz sangriento. Reacomodo del narco", que corresponde a un reportaje firmado por Jorge Carrasco y Regina Martínez.
 
"A las tres de la tarde del domingo recibimos información del distribuidor de la ciudad de Veracruz: que las revistas se habían agotado. En principio creíamos que se trataba sólo del puerto, pero el lunes nos enteramos de que personas con características distintas a los clientes habituales las habían comprado todas en todo el estado: 962 en Córdoba, 770 en Orizaba, mil 326 en Coatzacoalcos, mil 561 en Veracruz y 872 en Xalapa, es decir, 5 mil 491 ejemplares", explica Margarita Carreón, gerente de Ventas y Mercadotecnia de este semanario.
 
Una experiencia similar ocurrió con la edición 1819, con una fotografía del casinero Juan José Rojas Cardona y encabezada: "El zar del juego. Una historia siniestra". En Monterrey, Durango, León y Puebla, cerca de 7 mil ejemplares fueron vendidos a jóvenes con un perfil similar al de la operación más reciente. También pagaron en efectivo.
 
Como ejemplo, señala Carreón: "En Monterrey detectamos que en el operativo participaron mujeres que llegaban a los locales cerrados, preguntaban por la dotación de Proceso, pedían a los empleados que se las guardaran y más tarde llegaban hombres para llevarse las revistas".
 
FALTA DE GARANTÍAS
 
De acuerdo con los estudios del departamento de Mercadotecnia, cada ejemplar vendido es leído en promedio por cuatro personas. En consecuencia, se estima que en septiembre 12 mil revistas no llegaron a por lo menos 48 mil lectores.
 
Representado jurídicamente por Artículo 19, una organización de defensa de la libertad de expresión, en diciembre de 2010 Proceso denunció ante instancias internacionales el recurrente acoso de los gobiernos panistas, que va desde la cancelación de convenios de publicidad de las dependencias federales, las demandas civiles por la publicación de información iniciadas por Marta Sahagún y su hijo Manuel Bribiesca; la exhibición de ediciones de la revista entre las armas incautadas a presuntos narcotraficantes por la Secretaría de Seguridad Pública —casos que el semanario también denunció ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos— y ahora la falta de garantías para distribuir sus productos en distintos estados de la República ante la creciente violencia del crimen organizado.
 
Antes de las incautaciones disfrazadas de compras masivas de los números 1819 y 1821, Proceso registró por lo menos diez de estas operaciones en Durango, Tamaulipas, Sonora, Sinaloa, Zacatecas, Morelos e Hidalgo. En todos los casos los temas principales tienen que ver con los cárteles del narcotráfico y sus complicidades con el poder político y policiaco, así como la ineficacia de las autoridades para detener la violencia que padece el país.
 
En 2007 fueron así "decomisadas" en Tamaulipas las dotaciones de los números 1610, 1611 y 1612, en total 21 mil ejemplares. La primera de esas ediciones lleva como portada un escudo atribuido al Cártel del Golfo y el encabezado "Los imbatibles. Tamaulipas: narco hasta en la Procuraduría".
 
La situación se agravó cuando salió el número 1768, con una fotografía de Eduardo Costilla Sánchez, "El Coss", en la portada y la cabeza: "El señor de la guerra en Tamaulipas". Esa vez, quienes adquirieron 8 mil 728 ejemplares intimidaron a los distribuidores y porteadores para que no solicitaran una reposición de ese número. Un empleado fue obligado a guiar a los compradores a los locales cerrados donde había entregado algunas revistas y uno de los puntos de distribución fue "cateado".
 
A partir del número 1769, y por lo menos hasta el 1778, presuntos miembros de la delincuencia organizada "obligaron a los distribuidores a abrir los paquetes de revistas y mostrarles sus contenido", como detalla este semanario en el informe dirigido al secretario Ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Santiago Cantón.

En ese documento se le explica que la decisión de acudir a la instancia internacional se debe a la urgencia de "solicitar condiciones mínimas de trabajo, debido a que hemos sido víctimas de agresión contra la libertad de expresión".
 
ANTE LA INDEFENSIÓN
 
El caso de Proceso, se añade, "es un claro ejemplo de la vulnerabilidad, riesgo e indefensión que hoy padecen los trabajadores de los medios informativos ante el control que ejerce en algunas parte del territorio nacional el crimen organizado frente a la debilidad de las instituciones que por mandato de ley deberían proveer la seguridad ciudadana y sobre todo evitar que la libertad de expresión ponga en riesgo la vida de las personas".
 
De acuerdo con los criterios de la Convención Americana de Derechos Humanos, los derechos violados serían a la vida, a la integridad personal, a la libertad personal, a la libertad de expresión y a la propiedad privada. Proceso está en espera de la resolución final de la CIDH, toda vez que el Estado mexicano no ha dado respuesta a ese órgano de la Organización de Estados Americanos (OEA) sobre las medidas solicitadas.
 
LAVAMANOS OFICIAL
 
La acción concertada para impedir la libre distribución de los números 1819 y 1821 de Proceso indignó a representantes de las Naciones Unidas, de la OEA y de Artículo 19, que en una alerta internacional consideró la compra masiva como "una modalidad de censura previa y en consecuencia una violación al derecho de la sociedad de allegarse de información de interés público". Sin embargo, para el gobierno de Felipe Calderón "la compra masiva no es un delito".

El martes 27 de septiembre, durante la presentación del Diagnóstico sobre la situación del derecho a la libertad de expresión en la Ciudad de México, elaborado por la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), el representante de la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH), Javier Hernández Valencia, calificó la maniobra como "un acto deliberado que viola el derecho a la libertad de información".
 
Agregó: "Cualquiera podría decir que qué pierde Proceso si de cualquier forma, empresarialmente, la revista gana. Pero el objetivo es clarísimo: que el contenido no se lea, lo que afecta a todos los posibles lectores".
 
En ello coincidió el relator especial de la CIDH para México, Rodrigo Escobar Gil, tras presentar su informe preliminar sobre la situación de derechos humanos en el país el pasado 30 de septiembre, al culminar su visita oficial de tres días.
 
En contraste con estas posturas, el gobierno calderonista sostiene que le corresponde a Proceso comprobar que se violentaron derechos fundamentales. El subsecretario de Normatividad de Medios de la Secretaría de Gobernación, Héctor Villarreal Ordóñez, aseguró:

"Comprar revistas no es un delito en nuestro derecho vigente. Ustedes tienen elementos (…) para presumir o suponer que alguien está violentando su debida circulación, entonces están ustedes en condición de aportar esos elementos al Ministerio Público para que pueda iniciar, en su caso, la averiguación correspondiente". (APRO)

EXIGE ROMÁN SÁNCHEZ CAMBIOS EN SEGURIDAD DE ZACATELCO, TLAXCALA

*Acusa a la alcaldesa Blanca Águila Lima de incumplir las promesas de campaña y convertir al Gobierno Municipal en una oficina de colocaciones para familiares y amigos

México, D. F., a 3 de octubre de 2011
 
La destitución del Director de Seguridad Pública Municipal de Zacatelco, Tlaxcala y la consignación ante el Ministerio Público de los agresores del empresario Alfonso Trejo Chamorro y su hijo, Alfonso Trejo González, son dos de los cinco puntos que esta mañana exigió el dirigente de la Central Campesina Cardenista Democrática (CCCD), Francisco Román Sánchez a la alcaldesa del lugar por la creciente inseguridad a la que decenas de familias han sido expuestas desde su llegada en febrero pasado.

En el mensaje dado a las 8:00 de hoy en ésta población, con el apoyo de las dirigencias nacionales de la Corporación Mexicana de Industriales y Productores Agrícolas (COMPA) y de Unidos Desarrollo y Estados por México (UNDEMO), Román Sánchez destacó que la presidenta municipal de Zacatelco, Blanca Águila Lima, ha incumplido con sus promesas.

Por el contrario, “el desorden, tráfico de influencias, corrupción y violación flagrante a las más elementales garantías constitucionales de los ciudadanos son el pan nuestro de cada día y que resultan en un gran desorden en todas las áreas de la administración municipal”.

El dirigente nacional de la CCCD se sumó a la manifestación ciudadana organizada esta mañana, donde agregó que “para nadie es desconocido que hoy las oficinas municipales son de trabajo sólo para las amantes, hermanos y familiares, que sólo satisfacen los apetitos personales de quienes las dirigen, porque ése era su único fin y su mediocridad no les permite hacer ninguna acción que dignifique el gobierno municipal”.

Por este motivo, además de la renuncia del Director de Seguridad Pública Municipal, Jacinto Herrera Jacinto, quien por cierto no es oriundo de ésta población y la exigencia por encontrar los culpables de la agresión a los empresarios Alfonso Trejo padre e hijo, Román Sánchez demandó se depuren las áreas de la administración municipal, poniendo gente capaz y se erradique el nido de corrupción y vicio en el que algunas se han convertido.

Asimismo, se erradique el nepotismo en las Direcciones Municipales, en donde hasta las amantes, hijos y hermanos de los directores se sienten dueños de las oficinas, en detrimento de la sociedad y, como quinto punto, que los pobladores no quieren a ningún forastero en la administración municipal, como fue prometido por Blanca Águila Lima
 
Román Sánchez llamó a sus paisanos a “tener una actuación más enérgica dentro de la legalidad para convertir esta crisis social en nuevas y mejores oportunidades que nos dignifiquen como sociedad”, sobre todo con toda la intención de evitar que “nuestros jóvenes cansados y desesperados por tanto atropello, busquen su futuro en la delincuencia organizada”.

INVITACIÓN | Constitución de AGRO, Agrupación Nacional de Sociedades Agrícolas de México

México, D. F., a 3 de octubre de 2011

Sr(a). reportero(a) y/o columnista y/o jefe(a) de Información:
Organizaciones del Sector Rural como la Central Cardenista Campesina Democrática (CCCD), Corporación Mexicana de Industriales y Productores Agrícolas (COMPA) y Unidos Desarrollo y Estados por México (UNDEMO), entre otras, le invitamos a que nos acompañen mañana a la constitución de la Agrupación Nacional de Sociedades Agrícolas de México, A. C. (AGRO) y toma de protesta de su Comisión Ejecutiva Nacional.

Al evento han sido invitados varios secretarios de estado, entre los que se encuentran el secretario de Desarrollo Social, Heriberto Félix Guerra; el de la Reforma Agraria, Abelardo Escobar Prieto; el de la Sagarpa, Francisco Javier Mayorga Castañeda; el de Educación, Alonso Lujambio Irazábal; el de la Semarnat, Juan Rafael Elvira Quesada, además de los titulares de Fonaes, Ángel Sierra Ramírez; de Conagua, José Luis Luege Tamargo; de la CDI, Xavier Abreu Sierra; y de FONAHPO, Salvador López Orduña.

La cita es a las 11:00 horas de mañana 4 de octubre de 2011 (el acto oficial inicia a las 12:00 en punto), en el Auditorio Nacional, ubicado en Paseo de la Reforma 50, Chapultepec, México, D. F.

La recepción para prensa será por la entrada principal (reja) en las puertas 24-25.

Entre los convocantes también se encuentran Vasco de Quiroga, Ketipanolli, México es Nuestro Compromiso, Cotravi, Asomar y 30 organizaciones más.

Los integrantes de las organizaciónes del sector rural esperan que este evento sea de su interés periodístico y le agradecemos de antemano su presencia y la de un reportero gráfico o camarógrafo de su distinguido medio de comunicación.

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CONTACTO: Renato Consuegra
Difunet (difunet@gmail.com)04555-3578-0345; 01 (55) 5521-4229; 3093-1623
Nextel: 01 (55) 1043-4492 , ID: 72*14*5774

2 de octubre de 2011

Familiares de hijos asesinados,No son escuchados por Autoridades Corruptas del Gobierno de Veracruz

° Los muertos Inocentes que no reconoce el Gobierno de Veracruz.
° Y muchos mas que estan pendientes.

Dom. 2/10/11.
Gabriela Benitez Ibarra.
Oculta bajo la hojarasca está Gabriela, la hija de Bárbara, cubierta su piel con la tierra del Santuario de las Garzas, en Xalapa. Aquí aguarda para ser hallada, desde hace más de tres meses.

Gabriela no se fugó de casa, como afirmó el procurador de Veracruz, Reynaldo Escobar Pérez, “harta de los regaños de su madre”. Gabriela no huyó de la “violencia intrafamiliar”, tal como argumentó la autoridad al negarse a iniciar una averiguación previa por su desaparición.

Ella tiene planes que no abandonaría. Quiere ingresar a la Universidad Veracruzana, a punto como está de concluir la preparatoria, y estudiar arquitectura.

Quiere nadar el domingo con sus amigas y leer a Nieztche, y a Poe, y a García Márquez. Y ver Amélie y El Increíble Castillo Vagabundo. Y quiere hacerlo todo muchas veces, porque, como escribió en una noche de febrero, “lo que sólo ocurre una vez, es como si nunca hubiera ocurrido”.

Ella es la niña de sonrisa amplia cuyo retrato pegan de día sus amigos y familiares en los muros de Xalapa, con la leyenda “Se busca”, y que por la noche la autoridad retira, como parte de las labores de limpia urbana.

Es la niña que se toma fotos con sus amigas de la prepa, para subirlas a Facebook, y que se declara abierta seguidora de Werevertumorro.

Gabriela no se fue por voluntad propia, por más que lo repita el procurador Escobar.

Ella esta aquí. Este viernes, tres jardineros han encontrado su cuerpo, al surcar el paraje eufemísticamente llamado Santuario de las Garzas, donde ya antes otras como ella han sido encontradas, sepultadas apresuradamente y cubiertas con arbustos.

Gabriela descansa ahora, entre la hierba, luego de que, el mismo 13 de julio en que desapareció, sucumbiera ante la pesadilla a la que fue sometida por desconocidos.

“No soy la única en Veracruz con hijos desaparecidos –dijo Bárbara, la mamá de Gabriela, hace dos semanas, al paso de Javier Sicilia por la entidad–, y no se nos toma en cuenta, por lo que solicito que se abran espacios dónde poner fotos de nuestros niños extraviados… no es posible que sí haya espacios para poner imágenes de políticos cuando vienen las campañas, mientras que difundir los rostros de los hijos de nuestra sangre, que son lo más sagrado, no le interesa a las autoridades. Veracruz –remató– es un estado con muchas deudas, sí, ya lo dejaron sin dinero… y ahora lo están dejando sin hijos”.

Alan Michel Jimenez velazquez.

El pasado 15 de septiembre, policías estatales a bordo de las patrullas 717, 436 y 431 se llevaron Alan Michelle y a su amigo Alejandro, cuando caminaban por la calle Playa de los Cocos. “Mi hijo iba por alimento para sus pollos –narra su madre, Rocío, a la prensa local– .Yo abordé a las patrullas y los patrulleros de la 717 me apuntaron para que no me acercara, que si yo me acercaba me disparaban… uno de ellos me dijo que lo buscara en la Inspección, pero mi hijo nunca llegó ahí”.

La señora Rocío narra esto a un costado del Servicio Médico Forense de Veracruz, donde fueron acumulados los 50 cadáveres que durante la semana pasada abandonó el grupo denominado Caza Zetas en calles de Boca del Río.

Fue aquí donde la madre de Alan pudo al fin hallar a su hijo, una semana después de que fuera secuestrado por policías estatales, entre los primeros 35 cadáveres arrojados el 20 de septiembre a un costado de la Plaza Américas.

Cabe destacar que, sobre la presunta implicación de agentes de policía en los recientes asesinatos, el gobernador Javier Duarte aclaró que “no existe denuncia ciudadana que nos permita verificar”.

Paramilitares de 3ra. Generacion en México, señala Oficial de Departamento de Estado de los E.U.A.

Los grupos paramilitares de los cárteles del narcotráfico de México se ubican como parte de “la tercera generación del crimen”, y son más grandes y poderosos que las pandillas, por usar la violencia y la intimidación para debilitar a las instituciones gubernamentales y corromper la autoridad del Estado, afirma un reporte de Hal Brands, del Instituto de Estudios Estratégicos del Colegio de Guerra del Ejército de EU.
 
El reporte, que no refleja precisamente la posición del Gobierno de Estados Unidos, alerta sobre el crecimiento de grupos paramilitares en México, algunos de los cuales son utilizados por los cárteles del narcotráfico para dominar territorios e incluso retar al Estado.
 
Al respecto, refiere que grupos paramilitares de México son sospechosos de montar incursiones armadas a lo largo de la frontera entre ambos países para proteger cargamentos de droga, “como el ex oficial del Departamento de Estado Ray Walser señalaba: desde la Revolución Mexicana la violencia en México no representaba un desafío tan inquietante para la seguridad de Estados Unidos”.
 
Desde 2008 Hal Brands ha realizado un seguimiento de la situación en México y del surgimiento de grupos paramilitares, e incluso ha planteado que se modifique la estrategia de Estados Unidos para combatir a los cárteles de la droga mexicanos abordándolos como insurgencia, aspectos que oficialmente han sido negados por el Departamento de Estado Norteamericano.
 
En su análisis, Brands afirma que en México “se está observando una transición del gangsterismo tradicional de asesinos a sueldo, a terrorismo paramilitar con tácticas de guerrilla”.
 
Al respecto, asegura que los cárteles mexicanos del narcotráfico utilizan fuerza paramilitar privada, la cual emplea armas avanzadas y se distinguen por su brutalidad. En este sentido, destaca, “Los Zetas” son considerados un ejército privado “tecnológicamente más avanzado, sofisticado y violento”.
 
“La brutalidad de grupos como ‘Los Zetas’, y su habilidad para explotar publicitariamente esto, permite a los cárteles dominar la información. El gobierno mexicano debe confrontar este aspecto si aspira a redirigir la actual sensación de inseguridad pública”, opina Brands.
 
Desde 2006, refiere, México ha experimentado un incremento acelerado de violencia “como parte de lo que debe ser descrito como una multinarcoinsurgencia; los bien financiados cárteles están haciendo una guerra contra el gobierno, y otra para controlar los corredores de droga hacia EU”.
 

Veracruz: fuera de control

Veracruz en la Ingobernabilidad, mas alla de "se aplicara la ley", "se derrotara a los grupos criminales", "se velara por la seguridad de la poblacion", la ola de secuestros, asesinatos a inocentes, confromntaciones, la manifiesta inoperancia de la politica de seguridad y combate a la delincuencia y al narcotrafico, esta evidente en este Estado en donde el Gobierno Estatal y Federal no pueden con la violencia.
Veracruz: fuera de control

En semanas recientes, en la zona central de Veracruz –Xalapa, Puerto de Veracruz, Boca del Río– se ha desarrollado una violencia creciente en la que confluyen balaceras, secuestros y ataques a personas inocentes por grupos criminales o por las propias autoridades. El pasado domingo, en el acuario del puerto, se perpetró un atentado con granada que dejó un saldo de una persona muerta y tres heridos, dos de ellos menores, y ayer la Secretaría de Marina-Armada de México dio a conocer que tres oficiales y un cadete presuntamente fueron capturados por algún grupo de la delincuencia organizada.

Como ha ocurrido antes en Tamaulipas, Chihuahua, Nuevo León, Coahuila, Morelos, Nayarit y Colima, entre otras entidades, la creciente caída de Veracruz en la violencia y el descontrol conlleva una intensa y exasperante situación de vulnerabilidad e indefensión para la ciudadanía y una creciente interrupción de la normalidad cotidiana en las localidades afectadas.

Pero, más allá de la pérdida de vidas, del colapso de la seguridad pública y de la ilegalidad rampante, la caída de Veracruz en una dinámica similar a la que sacude a los estados de la franja fronteriza y del noroeste resulta particularmente catastrófica si se considera la importancia estratégica de esta entidad, que colinda con otras siete: ocupa un sitio económico preponderante en la agricultura, la ganadería, la pesca, la industria, la generación de electricidad, la extracción petrolera, el comercio y la actividad portuaria del país, amén de que ha sido, históricamente, la principal puerta de entrada al país en el Golfo de México.

Ni la situación fronteriza, ni la lejanía del centro político, ni la extensión territorial, que podrían aducirse en el caso del avance de la delincuencia en el norte del país, permiten explicar, en el caso veracruzano, el auge de la violencia y el creciente desamparo ciudadano. La crisis de seguridad e impunidad que azota a la entidad portuaria parece, en cambio, una más de las consecuencias indeseadas de la estrategia de combate a la delincuencia y de seguridad pública implantada por la actual administración federal desde finales de 2006.En efecto, en lo que va desde entonces, el país ha asistido al fortalecimiento de los grupos armados criminales, a la toma del control, por parte de éstos, de extensas franjas del territorio, a la infiltración de corporaciones oficiales de de seguridad y a la multiplicación e intensificación de enfrentamientos que, en muchos casos, han pasado de balaceras a combates, habida cuenta de la clase de armamento empleado en ellos.

Más allá de los tradicionales posicionamientos en el sentido de que se aplicará la ley, se derrotará a los grupos criminales, se velará por la seguridad de la población y otros semejantes, formulados por las autoridades estatales y federales cada vez que una región del territorio nacional se aproxima a la ingobernabilidad y el desastre, los gobernantes de ambos niveles tendrían que ver, en el caso veracruzano, la manifiesta inoperancia de la política en curso de seguridad y combate a la delincuencia y el narcotráfico. En este sentido, la ola de violencia desbocada que padece Veracruz en los días presentes debiera ser vista como un nuevo llamado de atención.