Opacidad
No fue sino a principios de este mes cuando el titular de la Sefiplan, Tomás Ruiz González, aseguró haber “logrado” la restructuración de la deuda pública hasta por periodos de 15, 20 y 25 años “con la finalidad de dar continuidad a los proyectos de desarrollo del estado”.
En declaraciones a medios locales, sin precisar el monto real del endeudamiento que mantiene el estado a la fecha, el martes 3 el funcionario aseguró que en una primera etapa pudo restructurar “18 mil millones de pesos”.
“Con esta reestructura logramos incrementar los plazos de 15, 20 y hasta 25 años, dependiendo de la institución bancaria, lo que permite una menor carga financiera (…) para que pese menos el pago de la deuda y de esta forma no se limiten las posibilidades de desarrollo en el estado en el corto plazo”, dijo.
Según Ruiz esta medida “fue posible gracias al esfuerzo que se ha hecho para poner orden en la hacienda pública, en el restablecimiento del orden en las finanzas, sin lo cual no hubiera sido posible la reestructura de obligaciones financieras”.
Con estas acciones, agregó, “fue posible pagar parte de la deuda que se mantenía con empresas proveedoras y contratistas. Fue un monto cercano a los 2 mil 500 millones de pesos y el faltante se cubrirá en las próximas semanas”.
Para el diputado local panista Óscar Lara Hernández lo dicho por el titular de la Sefiplan, no dejan de ser “declaraciones mediáticas”, ya que hasta hoy sigue habiendo opacidad en torno al monto real de la deuda pública del estado: “Se nos sigue negando la información”.
“El juego de cifras es la estrategia que el gobierno del estado ha venido utilizando para generar confusión en la población, ya que lo real es que el estado está financieramente quebrado y fácilmente debe 60% de los 86 mil millones de pesos de presupuesto autorizado por este Congreso”, acusa.
El también exdirigente de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco) en el puerto de Veracruz dice a este semanario que está seguro de que el gobierno estatal no ha pagado ni siquiera 10% de sus obligaciones financieras con terceros, “pues sólo se han hecho abonos muy pequeños que no llegan ni a mil millones de los 17 mil millones que reconocen”.
Este gobierno persiste en su estrategia, remarca, “ya que la información de Tomás Ruiz no concuerda con la realidad al declarar que había restructurado 18 mil millones de la deuda; legalmente es imposible porque el Congreso sólo le autorizó restructurar 12 mil 600 millones”.
Lo único cierto, acota, “es que hay opacidad, falta de transparencia, de ética y profesionalismo gubernamental para dar los datos correctos y mientras siga con este juego mediático para desinformar a la población, no podemos tomar medidas de algo que desconocemos”.
Hasta hoy, subraya, “como diputados lo único que sabemos es que dentro del presupuesto de egresos de este año se destinan más de 3 mil 800 millones de pesos para el pago del servicio de la deuda, lo que nos indica, haciendo una corrida financiera, que ésta ronda casi los 60 mil millones”.
Los datos de la deuda pública estatal incluso “se ocultan” en el informe de resultados del Órgano de Fiscalización Superior (Orfis) relativo a la cuenta pública de 2010, que el Congreso local deberá dictaminar antes de que acabe este mes.
“El rubro de la deuda pública viene limpio”, señala por su lado el coordinador de la bancada panista Danilo Alvízar Guerrero, quien a pesar de ser secretario de la Comisión de Vigilancia del Congreso –que deberá dictaminar este asunto– no ha recibido “suficiente información”.
Dice a la reportera que en el informe de resultados de las auditorías al último ejercicio fiscal de Fidel Herrera sí se hace mención de la deuda pública, lo grave es que “no se da la cifra, lo cual nos preocupa porque pareciera que quieren ocultar la situación fiscal”.
Por ejemplo, refiere, “no viene suficientemente explicado el tema de los 10 mil millones de pesos del préstamo que pidió Fidel Herrera de último momento; no se dice en qué ni cómo se ocupó ese dinero que estaba destinado a la reconstrucción de zonas devastadas por los huracanes de 2010, porque durante 2011 no se realizó ninguna obra”.
Añade que pese a que el Orfis envió dicho informe al Congreso local, la bancada del PAN ha insistido en la ampliación de información sobre la situación financiera de la deuda pública y de las dependencias del gobierno del estado. “No nos ha llegado para poder analizarla”.
Se queja de que la capacidad de trabajo de su partido –por ser de oposición– en este tipo de temas se ve limitada “por los filtros” que hay desde la Comisión de Vigilancia, donde la mayoría la tiene el PRI, que seguramente aprobará el informe del Orfis.
El presidente de la Comisión Dictaminadora, el priista Américo Zúñiga Martínez, cuestionado sobre cómo había salido la revisión fiscal de la deuda pública, se limita a señalar que todo viene “perfectamente” explicado en el informe del Orfis.
–¿No hubo ninguna irregularidad? –le pregunta Proceso.
–Eso no puedo decirlo. No he dicho que no haya irregularidades. Creo que la cuenta pública viene con importantes puntualizaciones en los entes públicos fiscalizables: municipios y gobierno estatal. En el informe vienen también de forma muy directa y muy puntual las deficiencias que se han detectado, pero en este momento estamos en la construcción del dictamen.