El incidente de los 25 millones de pesos incautados a empleados de Veracruz y la acusación a tres exgobernadores de Tamaulipas presagian una campaña política marcada por la corrupción, manifestó Stratfor.
En el análisis “México: Incautación de efectivo” predice temporada de campaña climatizada, la consultoría recordó que este incidente asociado con el PRI dio lugar a acusaciones en el sentido de que el gobierno veracruzano utilizaba fondos ilícitos para financiar la campaña del precandidato Enrique Peña Nieto, al mismo tiempo que el rumor de una investigación de la Procuraduría General de la República (PGR) a tres exgobernadores de Tamaulipas, Eugenio Hernández, Tomás Yarrington y Manuel Cavazos, por lavado de dinero y actividades delictivas inundó los titulares de la prensa.
El uso de dinero en efectivo en asuntos oficiales del Estado de México es común, opina la consultoría, pero estas operaciones se llevan a cabo en secreto, por lo que, asumen, el descubrimiento de la transacción fue producto de una filtración a la PGR.
La consultoría destacó que el hecho de que la PGR buscara un vuelo al azar “parece poco probable. Quizá tenía conocimiento previo de la transacción y dirigió el vuelo para su inspección”.
El AJEDREZ DE LOS PARTIDOS
Los partidos políticos compiten por descubrir lo malo entre sí y utilizan todos los recursos en su favor, pero en esta elección, el PAN controla los recursos del gobierno federal y podría dirigirlos a su beneficio.
Ello también significa que algunas fuerzas federales de seguridad podrían ser presionadas para enfocar sus investigaciones en los partidos de oposición.
El PRI tiene reputación de ser un partido corrupto y el blanquiazul ha jugado con esa idea en los últimos meses para enfatizar presuntos vínculos del tricolor con narcotraficantes.
“En un país donde la corrupción política es generalizada y la ley no se cumple siempre, no habrá escasez de oportunidades para que se señalen los comportamientos cuestionables de los políticos”, abundó Stratfor.
DETENCIÓN FALLIDA EN CAMPAÑAS
La detención de políticos en periodos electorales ha sido un tema recurrente. El fracaso en tribunales ha llevado a señalar el uso faccioso de la justicia. El gobierno insiste en la dificultad de integrar expedientes sólidos y señala a los jueces.
Gregorio Sánchez, excandidato a Gobernador de Quintana Roo, fue acusado de delincuencia organizada, narcotráfico y lavado de dinero durante el proceso electoral en el 2010. Fue liberado posteriormente.
En junio del 2011, Jorge Hank Rhon, exalcalde Tijuana, fue detenido por el Ejército, insistiendo en que en su residencia encontraron 88 armas de fuego. Fue liberado por falta de elementos. El PRI demandó no vincular la detención con las elecciones en el Estado de México. En el 2009 se dio el llamado Michoacanazo: aprehendieron a 35 funcionarios en pleno proceso electoral. Las imputaciones por nexos con el narcotráfico no fueron contundentes.
En tiempo de Vicente Fox, por desatender una orden judicial para suspender la construcción de una calle en un terreno en Santa Fe, el gobierno solicitó el desafuero del entonces Jefe de Gobierno, Andrés Manuel López Obrador. Hoy, el perredista busca la Presidencia por segunda ocasión.
