1 de junio de 2012

La vieja guardia con Peña Nieto


En Mérida personajes como César Camacho, de la Fundación Colosio, y Manlio Fabio Beltrones, dieron su respaldo al candidato priista.

Los dos más altos funcionarios que ha tenido en los últimos 10 años la Cámara de Diputados apoyan a Enrique Peña Nieto. Y el apoyo lo dejan sentir hasta en horas de trabajo.
Los dos secretarios generales que ha tenido la Cámara baja desde la alternancia en la Presidencia de la República estuvieron participando ayer jueves de manera activa en los Encuentros por el Futuro de México realizado por la Fundación Colosio en apoyo al candidato priista.
El actual secretario general de la Cámara, Fernando Serrano Migallón, en día laboral y en horario de trabajo, hizo la relatoría de la mesa 2 Estado de Derecho: El papel de la Crítica.
Vestido igual que los priistas que organizaron el evento, con guayabera de manga larga y su gafete especial, leyó a Peña Nieto los resultados de los intercambios “académicos” del tema que le tocó coordinar.
Concluyó que uno de los temas másimportantes es impartir a los jóvenes la educación cívica para que haya una correcta interpretación de la Ley y que la Constitución siga teniendo vigencia.
Serrano Migallón, con un salario de 153 mil pesos mensuales, es el encargado de la administración, del manejo financiero y laboral de los más de cuatro mil empleados de la Cámara baja, entre sindicalizados y de confianza.
La Cámara de Diputados tiene actualmente un presupuesto superior a los 5 mil millones de pesos. Si bien la mayoría de las decisiones económicas son de la Junta de Coordinación Política, integrada por los partidos políticos, el encargado de ejecutarlas es el secretario general.
Los priistas quisieron lucir el evento como un encuentro académico pero no pudieron ocultar los decenas de simpatizantes con camisas de Peña Nieto que con batucada y porras lanzaban odas al priista que llegó dos horas tarde al encentro.
Los gafetes de prensa, la publicidad, el templete, las mesas de trabajo todo tenía el logotipo de la Fundación Colosio, una de las organizaciones del PRI encargada de promover los ideales del partido.
El segundo personaje ligado a la Cámara y que fue parte nodal de las conclusiones del evento fue Guillermo Haro Belchez, quien por ocho años estuvo en el cargo que ahora está Serrano Migallón.
Haro Belchez fue contralor en el Estado de México durante el gobierno de Emilio Chuayffet, y fue a través de él comollegó al máximo puesto administrativo en el Palacio Legislativo de San Lázaro.
Lo relevaron del cargo el pasado 11 de diciembre de 2011 por una serie de desencuentros con Chuayffet, quien presidió la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados en esas fechas.
Él coordinó la mesa 3 sobre Transparencia y Rendición de Cuentas y aseguró que es urgente que se transparenten las cuentas de las bancadas en la Cámara baja así como en algunos sindicatos. Sin embargo durante los años que estuvo al frente de  la secretaría general no promovió estos temas.
Enrique Peña Nieto los escuchó con atención. Incluso reconoció a Haro Belchez sus propuestas en materia de transparencia. El candidato reconoció que sólo rindiendo cuentas se podrá revertir la imagen tan negativa que se tiene de la política.
“Me he propuesto ampliar las atribuciones de la Auditoría Superior de la Federación, y en la creación de un sistema nacional de fiscalización para evitar la fragmentación y el uso de los distintos criterios que se tienen en el País y que no le dan solidez a la fiscalización”, aseguró.
Nerviosismo por “una encuesta mas”
El evento estuvo desangelado. Pocos fueron los aplausos y las porras al candidato. Es que dos horas de espera cansan. Desde el principio los comentarios entre los asistentes eran los cuatro puntos de diferencia entre Enrique Peña Nieto y Andrés Manuel López Obrador, que marcó la encuesta publicada por el periódico Reforma.
“Desde anoche todos andan muy nerviosos”, confió un priista del estado sureño.
Pero al estilo del PRI no dieron a conocer esta sensación. Fue el propio Peña Nieto quien minimizó los resultados asegurando que en todas las encuestas lo ponen a él en la delantera.
“Yo la tomo como una encuesta más. Todas son serias”, dijo.
Sin embargo evadió responder si la caída en las preferencias que todos los sondeos marcan son resultado de las marchas del movimiento Yo soy 132.
Encuestas abajo y el cierre de campaña a un mes, la estrategia del PRI no cambia, al candidato se le lleva a los eventos organizados en casa, y visten de académico un encuentro partidista.

PRI encerró al Chapo, PAN lo mandó a Forbes’


Enrique Peña Nieto acusó al PAN de llevar a El Chapo a la lista de Forbes en una reunión privada con el Grupo Salinas en Cancún.
 

Los 'tentáculos' del compadre incómodo de EPN


El candidato a la Alcaldía de Monterrey es un priista apegado a la vieja escuela: hacer negocios con amigos y compadres.
El candidato a la Alcaldía de Monterrey es un priista apegado a la vieja escuela: hacer negocios con amigos y compadres.
 

REPORTERO DE VERACRUZ, BUSCARA ASILO POLITICO EN EEUU.


Tras el asesinato de su familia y cinco de sus colegas, el reportero y fotógrafo Miguel Ángel López Solana urgió a las organizaciones periodísticas protección para los comunicadores en Veracruz, estado de la costa del Golfo de México el martes 22 de mayo durante el Décimo Foro de Austin dedicado este año a la Seguridad y Protección de Periodistas.
“Me preocupan mis compañeros en Veracruz”, dice este periodista de 31 años quien perdió a su padreMiguel Ángel López Velasco, jefe de redacción y columnista del periódico Notiver; a su hermano Misael López Solana, reportero del mismo diario; y a su madre, Agustina Solana, la madrugada del 20 de junio de 2011 cuando sujetos armados allanaron su casa y les dispararon mientras los tres estaban dormidos.
“Desde que asesinaron a mi familia las cosas tuvieron que cambiar y no tendríamos que lamentar más muertes en Veracruz”, dijo López Solana en relato que dejó en silencio a los asistentes del Foro de Austinorganizado por el Centro Knight para el Periodismo en las Américas y por las Open Society Foundations. López Solana asegura que los periodistas de Veracruz carecen de apoyo de organizaciones no gubernamentales mientras que las autoridades estatales mantienen los crímenes contra periodistas en la impunidad.
Tras el sepelio de su familia, López Solana abordó un avión hacia la Ciudad de México donde recibió apoyo del periódico La Jornada, el cual le advirtió que no contaban con medidas suficientes para proteger su vida y le aconsejaron salir del país. Tras una espera de seis meses, López decidió actuar por cuenta propia, tramitar una visa de turista para entrar legalmente a Estados Unidos y desde Texas, solicitar asilo político. “Yo huí, huí hasta que me agarró la noche”, relata sobre su trayecto de la capital veracruzana hasta la frontera mexicana con Estados Unidos.
López Solana denuncia que sus colegas Gabriel Huge, Esteban Rodríguez y Guillermo Luna, de Notiver, fueron amenazados de muerte y despedidos al encontrarse en riesgo. Daniela Pastrana, de la organización Periodistas de a Pie, afirma que una amenaza de muerte contra un periodista resulta en despidos injustificados en los medios de Veracruz.
Según López Solana, autoridades de Veracruz advirtieron a los dueños de los medios locales que si contrataban a cualquiera de estos tres fotógrafos, se les retiraría publicidad de sus medios. “Así es, en México, ‘el que paga manda’”, aseguró.
En la conferencia, López Solana también explicó la conexión entre el asesinato de su padre, un veterano de la cobertura policiaca en Veracruz, con el asesinato de Yolanda Ordaz, degollada en julio de 2011, y el reciente asesinato de Gabriel Huge junto con dos fotógrafos más desmembrados y torturados a principios de mayo de 2012. “Mi padre, Yolanda Ordaz y Gabriel Huge eran el uno, dos y tres de la redacción de Notiver”, asegura. Los tres eran los que tenían mayor antigüedad en el periódico, el de mayor circulación en Veracruz, y trabajaban siempre en equipo para obtener información.
Ante los rumores de que Ordaz había colaborado con grupos del crimen organizado, López Solana respondió: “No saben la violencia que ejercen contra nosotros (los periodistas). En Veracruz, no trabajas para el narco, sólo sobrevives”, dijo. Su padre conocido con el seudónimo de ‘Milo Vera’ era un experto en temas de narcotráfico quien dejó de escribir sobre el tema por temor a las amenazas y desde 2007, dedicaba sus columnas ‘Va de nuez’ a denunciar la corrupción del sistema judicial y policiaco de Veracruz.
“En Veracruz ya doblegaron al empresario, al político pero al periodista no lo han podido doblegar y por eso lo matan”, asegura. Con el homicidio de la reportera Regina Martínez, suman ocho periodistas asesinados en 10 meses en Veracruz, considerado uno de los 10 lugares más peligrosos del mundo para los periodistas de acuerdo con la organización Reporteros Sin Fronteras.
Finalmente, López Solana invitó a las organizaciones participantes del Foro de Austin a realizar un evento similar en Veracruz. “Los periodistas allá están muy solos y no tienen apoyo. Viven con miedo y terror”, asegura.

Llama López Obrador a Televisa a que se serene


Criticó que la televisora dedicara 13 minutos a la presunta solicitud de recursos para su campaña.
 
Victor Ballinas 
 México, DF. Andrés Manuel López Obrador aseveró: “estoy muy contento, porque en una encuesta de un diario de la ciudad de México, se reporta que Enrique Peña Nieto se está desinflando, lo coloca con 38 por ciento de intención de voto y a mí con el 34 por ciento. Vamos bien”.
 
Esto explica porque anoche Televisa me dedicó 13 minutos, “casi todo el noticiero”, por el asunto de la solicitud de cooperación para la campaña. “Este es el motivo, están muy nerviosos, yo los conmino a que se tranquilicen”.
 
López Obrador, el candidato del Movimiento Progresista, aseveró: “hago un llamado respetuoso a Emilio Azcárraga para que se serenen, que tomen las cosas con calma, que no sean tan evidentes”. Insistió: “yo les pediría que se serenen, que no quieran otra campaña sucia u otra guerra sucia como la que hicieron en 2006, se los pido de una manera muy afectuosa, y hago llegar este mensaje a Emilio Azcárraga, porque anoche exageraron la noticia con la máxima del viejo periodismo de que la calumnia cuando no mancha, atizna”.

A Emilio Azcárraga y a Francisco Ealy les digo que yo no he pedido dinero a nadie. “Ellos me conocen, nunca les he pedido un favor ni dinero, los llamo a que se serenen. Yo no voy a expropiar Televisa, ya lo he dicho muchas veces, pero el país necesita que haya competencia, no debe haber más monopolios en comunicación. No voy a llevar a cabo una persecusión ni voy a mandar al exilio a nadie. No odio, quiero justicia para el país”.
 
Cuestionado en su conferencia matutina sobre esa solicitud de apoyo económico a empresarios, López Obrador aseveró: “yo no he pedido dinero a nadie. A los únicos que les he pedido su apoyo es a los ciudadanos, y depositan en una cuenta de Banorte, ahí también están los recursos de los partidos, nosotros somos los más vigilados por ello no me preocupa”.
 
Dio a conocer que a El Universal hace varios días, porque me lo pidideron, me hicieron una solicitud para que les entregara información de lo que gano, de mis ingresos y de mis gastos, y se los entregué todo, pero no publicaron ni una línea. Cuestionado también respecto a que el PAN y el PRI han manifestado que presentarán denuncia ante el IFE, López Obrador resaltó: “No me preocupa, que pongan todas las que quieran, que me llame el IFE, voy a asistir”.
 
De manera insistente, López Obrador subrayó: “nuestra campaña es austera, no he pedido dinero a nadie. A ninguna persona le he autorizado a pedir apoyos económicos”.

30 de mayo de 2012

Ejército de promotores de "Oportunidades" invaden la sierra de Zongolica


Por: Jacinto ROMERO FLORES.
Zongolica, Ver.- Con el pretexto del programa "Oportunidades", un ejército de operadores político del Partido Acción Nacional(PAN) se han desplegado en los municipios de las altas montañas, denunció el presidente del Consejo Supremo Indígena Nahuatlde la Sierra de Zongolica, Roque Quiahua Macuixtle .

Expresó que en forma deliberada y a poco más de 30 días de las elecciones federales, los trabajadores de la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL) están "peinando" todas las comunidades indígenas para supuestamente inscribir, en el padrón, a las familias veracruzanas que no gozan de esos beneficios.

Indicó que los "promotores" federales del citado programa toman datos de la credencial de elector de la futura beneficiada al mismo tiempo que les entregan una copia de la solicitud de incorporación y les indican que en agosto, es decir, un mes después de las elecciones serán notificados si serán o no beneficiados.

El entrevistado indicó que los coordinadores del programa Oportunidades en este municipio, están convocando a reuniones a los más de 500 beneficiados en este programa para decirles que los apoyos provienen del gobierno federal que encabeza Felipe Calderón y si quieren seguirlos recibiendo tienen que votar por los candidatos de Acción Nacional.

Insistió que ninguno los partidos políticos debe lucrar con el voto indígena porque eso está sancionado por las leyes electorales, pero además se pronunció para que la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales abra una investigación minuciosa sobre las irregularidades que están sucediendo en los 24 municipios que conforman el distrito XVIII de Zongolica.

Quiahua Macuixtle señaló que existen políticos panistas como el ex candidato a la presidencia municipal por Zongolica, Máximo Chimalhua que está promoviendo subsidios del Fondo Nacional para la Habitación Popular (FOHAPO) para las familias indígenas de la sierra de Zongolica, aunque en el fondo, está condicionando el voto a favor de los candidatos del partido blanquiazul.


Las mentiras sobre Atenco


MÉXICO, D.F. (Proceso).- Enrique Peña Nieto señaló hace unos días ante estudiantes de la Universidad Iberoamericana que él ejerció el “derecho” de emplear la fuerza pública para restablecer el orden en el municipio mexiquense de San Salvador Atenco en mayo de 2006. Dijo también que ello fue validado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). Ambas afirmaciones no podrían ser más falaces.
No existe un derecho al uso de la fuerza pública, sino atribuciones legales sujetas a límites como la proporcionalidad y el respeto a los derechos humanos. Peña exhibe así su forma de entender el ejercicio del poder, que sería para él un “derechoN del gobernante y no una obligación legal sujeta a controles y responsabilidades.
Además, ningún abogado puede sostener seriamente que el operativo en Atenco fue “validado” por la SCJN como hizo Peña en la Ibero. Eso resulta insultante para la memoria del respetado ministro José de Jesús Gudiño Pelayo, quien elaboró el dictamen del caso. La Corte jamás validó lo ocurrido en Atenco. Al contrario.
Cualquier persona puede consultar el primer resolutivo de dicha instancia, el cual indica: “En los hechos acaecidos el 3 y 4 de mayo de 2006 en Texcoco y Atenco, ambos del Estado de México, que fueron materia de la presente investigación, se incurrió en violaciones graves de garantías individualesC. Además la SCJN identificó a miles de servidores públicos, tanto federales como locales, como involucrados en esas violaciones, e identificó el uso de agresiones sexuales como instrumento de tortura. Esto no es precisamente “validar”.
La justificación de Peña Nieto para pedirle a la Corte que no lo incluyera en la lista de funcionarios responsables de esta violación grave –pues había ordenado el operativo del 3 y 4 de mayo– se basó en que se proponía lograr objetivos legítimos: desbloquear la carretera Texcoco-Lechería, rescatar a los servidores públicos que presuntamente habían sido retenidos por el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT) y devolver el orden al poblado.
Sin embargo, ese operativo, desde su simple concepción y orden (que Peña Nieto reconoce como decisión suya, tanto frente a la SCJN como ante los estudiantes de la Ibero), no fue proporcional, y por lo tanto la decisión de ejecutarlo violaba en sí misma los derechos humanos. No fue proporcional porque la investigación de los delitos –como la posible privación ilegal de la libertad de algún servidor público, cuya ubicación era central en el operativo– corresponde al Ministerio Público y no a los policías.
¿En qué país podría aceptarse que ante el posible secuestro de una persona se monte un operativo con miles de elementos policiacos realizando allanamientos casa por casa, hasta encontrar al retenido? La liberación de una persona se realiza con investigación e inteligencia, no con cateos indiscriminados como los que se ordenaron tácitamente en el caso de Atenco. Es por ello que el operativo fue absolutamente desproporcionado.
Es cierto que la Policía Federal Preventiva contaba con facultades para participar en la investigación de delitos, pero este escenario puede cumplirse siempre que el mando directo esté a cargo del MP y no por decisión propia. Ningún MP participó en el operativo, por lo que la participación de la PFP resultó ilegal.
Ahora bien, es evidente que en la ejecución del operativo se cometieron abusos, se agredió a ciudadanos ajenos al conflicto, se realizaron allanamientos ilegales, se cometieron violaciones sexuales, se violaron derechos consulares de los extranjeros, se hacinó a los detenidos y se les negó atención médica.
La tesis de Peña Nieto –que fue aceptada por una mayoría de ministros, no por todos– es que él no sería responsable de los resultados del operativo, sino solamente, en todo caso, por haberlo ordenado.
Sin embargo, la responsabilidad del mando es mucho más amplia a la luz de la jurisprudencia de los tribunales internacionales. No basta con abstenerse de girar órdenes inhumanas. Los gobernantes deben evitar consecuencias previsibles de sus actos. En la sentencia condenatoria contra el expresidente de Liberia Charles Taylor se concluyó que era responsable de crímenes de guerra porque ayudó y financió a los agresores que los cometieron directamente (el Revolutionary United Front) aunque él no hubiera ordenado la comisión de estos delitos.
La Corte mexicana únicamente evaluó si la orden de Peña Nieto lo convertía en partícipe de las violaciones de derechos humanos ocurridas durante el operativo, y una mayoría de ministros decidió que la orden en sí misma no lo hacía. Pero aquí presentamos argumentos que no fueron considerados por esa mayoría y que podrían modificar tal juicio en un tribunal internacional.
Hay que resaltar además que la Suprema Corte de Justicia de la Nación no calificó ni estudió el comportamiento posterior de Peña Nieto al operativo, lo que sí podría ser analizado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
La Procuraduría General de Justicia del Estado de México –dependiente de Peña Nieto- evitó que se recabaran las pruebas adecuadas para encontrar a los responsables de las agresiones. Incluso sometió a las mujeres que denunciaron violación sexual a exámenes carentes de sentido –lo que constituiría una forma adicional de tortura–, pues ellas declararon que fueron violadas con objetos, como macanas.
¿Por qué calificamos a esas pruebas como carentes de sentido? Porque que se les tomaron muestras de la cavidad vaginal en el marco de la prueba de fosfata ácida y de espermatoscopia; prueba que evidentemente resultaría negativa.
Es casi imposible sostener que la errónea integración de averiguaciones previas en este caso se deba a la sola impericia. Los ministerios públicos que intervinieron en los casos son perfectamente capaces de integrar un expediente por el delito de violación o abuso sexual. Sin embargo, en el caso presente decidieron no hacerlo y resulta necesario explicar por qué.

Podría encontrarse que a los ministerios públicos se les ordenó no investigar estos casos, pues a través de la concatenación de hechos probados (la omisión de mandos de control en tierra y aire al no impedir los abusos de los que estaban siendo testigos, la omisión de colocar cámaras o testigos en los camiones que se encargaron del traslado, la omisión de contar con mujeres policías en el operativo para permitir la separación de hombres y mujeres en el traslado) cabría llegar a la conclusión lógica de que hay una estrategia policial para castigar e intimidar a los inconformes desde el momento de su detención. La omisión en el sentido de sancionar a los culpables de los abusos del 3 y 4 de mayo de 2006 se consideraría entonces como parte de esa estrategia gubernamental.
A la luz de estas consideraciones, el caso contra Peña Nieto acaba de ser admitido por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, instancia que podría someterlo a la jurisdicción de la Corte Interamericana.
Twitter: @Netzai_Sandoval
*Abogado por la UNAM con maestría en derecho constitucional.