por Lilia Baizabal
“Dejar de luchar, por culpa de la corrupción que hay en tu alrededor, es como cortarte el cuello porque hay barro afuera”: Nicolae Iorga.
El descarado reparto de los recursos públicos de índole federal entre funcionarios de la Administración Portuaria Integral de Veracruz (APIVER) y de la Universidad Veracruzana (UV), podría ser el principal motivo por el que las autoridades estatales, se han mantenido indiferentes ante la decisión del Gobierno Federal a través de la SCT y Semarnat, de avalar la destrucción de los arrecifes del puerto de Veracruz.
Nos preguntábamos a cambio de qué, las autoridades estatales y algunos dirigentes se habían mantenido en silencio, respecto al anuncio de la Semarnat, de autorizar la modificación del área poligonal habilitada desde el año de 1992 y que protegía por decreto presidencial, los 6 bancos de arrecifes más importantes de las costas del puerto de Veracruz.
Una parte de la respuesta, la evidencian los millonarios contratos que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) a través de la APIVER con su director Ignacio Fernández Carvajal, ha signado con funcionarios del Gobierno de Veracruz que son los auténticos propietarios de despachos ambientalistas creados a expreso para vender “proyectos” a otras dependencias de índole federal.
La información que la misma APIVER se ve obligada a difundir por obligación de ley, revela que funcionarios del estado y federales, signaron millonarios acuerdos para “comprar silencios y voluntades”, y de esa forma, no solo echar abajo el decreto presidencial que había protegido los arrecifes de Veracruz, sino sacar adelante la ampliación de las obras del puerto, pospuesta desde hace 18 años.
La lista de despachos ambientales “comprados” por APIVER la encabeza Argo Consultores Ambientales S.A de C.V en la que da la cara Arturo Gómez Pompa, fundador a su vez del Instituto de Ecología de Xalapa y que cobra como asesor de la Universidad Veracruzana (UV).
El citado despacho, obtuvo de APIVER el contrato API-GI-CS-6107-10, vía adjudicación directa en 2010, por un monto de 317 mil pesos y como concepto se señaló la “actualización del sistema de información geográfica del sistema ambiental regional para la ampliación del puerto de Veracruz y para la producción y edición cartográfica de la nueva delimitación de la poligonal del parque arrecifal veracruzano”.
Es decir que la SCT del Gobierno Federal, le pagó a un funcionario de la UV del Gobierno de Veracruz, para que presentase a través de su negocio, el nuevo proyecto de modificación del área poligonal del sistema arrecifal.
Sin licitación alguna como marca la ley, Ignacio Fernández Carvajal, autorizó la entrega de manera directa, de otro contrato a Argo Consultores Ambientales S.A de C.V, el API-GI-CS-62601-18-11, por un monto de 351 mil pesos por concepto de “representación ante CONAP y Semarnat para obtención de la resolución EPJ y MIA del proyecto denominado: ampliación natural del puerto de Veracruz en la zona norte”.
Es decir que no solo les pagó para que presentasen el proyecto, sino también para que lo cabildeasen ante la Semarnat del Gobierno Federal y convencieran a Rafal Elvira Quesadatodavía secretario de la dependencia, para que viniera a decir el dia del II informe, que las mediciones del polígono que protegía a los arrecifes desde el año 1992, “estaban equivocadas”.
Y por si no hubiese sido suficiente, APIVER le entregó otros contratos más de manera directa a esta misma empresa, el API-GI-CS-62905-17-11, por 280 mil 800 pesos por el mismo concepto y un cuarto contrato, el API-GI-CS-62601-18-11, por un monto de 351 mil pesos.
Solo por asesorías y cabildeos ante funcionarios de la SEMARNAT, Argo Consultores Ambientales S.A de C.V obtuvo un millón 300 mil pesos. Lo que deja bastante claro un tráfico de influencias pues no se descarta que desde la Universidad Veracruzana (UV), que mal dirige Raúl Arias Lovillo, se tendió la red para que el Gobierno de Veracruz, avalase la decisión del Gobierno Federal de destruir al sistema arrecifal de Veracruz.
Y nos lo vuelven a confirman los contratos que APIVER entregó a otras empresas donde otros funcionarios de la UV, como Virgilio Arenas Fuentes están involucrados tal y como lo confirma el número API-GI-CS 62903 – 23-11 por el monto de 297 mil 437pesos, a favor de la empresa Estudios y Conservación de la Naturaleza A.C, ECONATURA.
El señor Virgilio Arena Fuentes es además, director del instituto de Ciencias Marinas y Pesquería de la UV y uno de los principales impulsores de la modificación de la poligonal. O sea, que no existe oposición del Gobierno de Veracruz a la destrucción del parque arrecifal porque algunos altos funcionarios, están involucrados en esta red de negocios con la federación a través de los millonarios contratos que APIVER les ha entregado a sus empresas ambientalistas.
Se preguntará, cómo puede ser posible que el rector de la UV Raúl Arias Lovillo, no sepa que su director del instituto de Ciencias Marinas y Pesquería, Virgilio Arena Fuentes está siendo juez y parte en este importante asunto que afectará a la ecología marina de Veracruz. Por un lado su empresa Econatura A.C, recibe millonarios contratos del Gobierno Federal y por el otro usa la información privilegiada a la que tiene acceso como funcionario de la máxima casa de estudios.
Apenas el 20 de junio del 2011 Econatura obtuvo otro contrato de APIVER, API-GI-CS 62903 – 23-11 por el monto de 297 mil 437 pesos por el “monitoreo de la salud ambiental en las zonas aledañas al puerto de Veracruz”. Recursos entregados a través de contratos por asignación directa. Muy astutamente, dividieron las cantidades entregadas para que no tuvieran la obligación legal de lanzar una licitación abierta, en la que otras empresas, tuvieran la oportunidad de presentar sus propuestas.
Otra empresa que ha recibido millonarios contratos es QV Gestión Ambiental S.C, que obtuvo el API-GI-CS-6107-44-10, en 2010, por concepto de “actualización de la información soporte para el estudio previo justificativo de la modificación del Sistema Arrecifal Veracruzano“. En la que está involucrado Tomás Camarena Luhrs, flamante director del parque Sistema Arrecifal Veracruzano por parte del Gobierno de Veracruz y otro de lo que ha mantenido absoluto silencio desde el anuncio de la Semarnat de avalar la destrucción de los arrecifes.
Otro personaje que fue comprado por la APIVER para que no se opusiera al proyecto de ampliación, es el líder de los pescadores del puerto de Veracruz, Isabel Pastrana. En la lista de gente que ha recibido millonarios recursos del Gobierno Federal se encuentran también empresarios y políticos del PRI y del PAN, dueños de extensiones de terreno ubicados en la zona norte de Veracruz.
Y hasta líderes de opinión “convencidos” por presunto cabildeo de la empresa QS Comunicación S.C, a la que dicen le dieron 300 mil pesos para comprar voluntades de periodistas, a favor de ese proyecto. Aún no sabemos de quién es, o quién da la cara, pero pronto se sabrá.
La SCT a través de APIVER, destinó el año pasado, la nada despreciable suma de 239 millones 463 mil 300 pesos en la presunta compra de 20 predios en la zona norte conocida como Punta Gorda, en donde casualmente, se aprobó la ampliación y hacia donde se encuentran los arrecifes que van a destruir. ¡Que negociazo!.
Y falta agregar que algunas constructoras favorecidas en la construcción de casas y de la obra pública que ha realizado la SCT, son de políticos del PRI y del PAN. Como ha observado, también han guardado absoluto silencio respecto a esta arbitraria decisión de la federación, de autorizar la destrucción de una fuente de vida tan importante para la reproducción de especies marinas.
Como nota, a la hora de sacar los proyectos, los funcionarios de todos los partidos y de todos los niveles, se ponen de acuerdo de manera inmediata, siempre y cuando, se repartan el botín a conveniencia y con sumas que les convenzan lo suficiente para “guardar silencio”.
Si en México, se respetara la ley, después de trascender estos denigrantes y preocupantes casos de tráfico de influencias entre autoridades de la SCT a través de la APIVER y funcionarios del gobierno de Veracruz, en detrimento de los intereses públicos, ya habrían destituido a varios funcionarios. Y mandado a la cárcel a otros cuántos.
En primer lugar, al mismísimo Dionisio Pérez-Jácome Friscione, Secretario de SCT del Gobierno Federal, al de Semarnat Rafael Elvira Quesada, al director de APIVER Ignacio Fernández Carvajal y a toda la bola de operadores del rector de la UV Raúl Arias Lovilloempezando por él mismo, que con todo el cinismo y desfachatez del mundo, se prestaron para consumar la destrucción del banco de arrecifes mas importante del Golfo de México.
Ustedes creen que sea casualidad o coincidencia que tuvo que llegar el priista Secretario de SCT del Gobierno Federal, Dionisio Pérez-Jácome, hijo de otro funcionario priista del Gobierno de Veracruz, Dionisio Pérez, para que por fin pudiera aprobarse la ampliación hacia la zona norte del puerto de Veracruz.
¿Es pregunta?. Pero dicen que en política, no existen casualidades.
¡Pobre Veracruz!.¡ Pobre Veracruz!.
