Aunque de esta Reforma poco se hable porque poco conviene que se conozca, hoy a las 5 de la tarde se discute en el Cámara de Diputados y después de varias negociaciones entre las distintas fuerzas partidistas a puerta cerrada, posibles modificaciones a la Ley de Transparencia. La secrecía con la que se ha manejado el tema obedece, acusan las Organizaciones civiles México Infórmate y Colectivo por la Transparencia, a que dichas alteraciones significan un grave retroceso en materia de rendición de cuentas.
En un comunicado emitido hace unos días por los representantes de ambos grupos y difundido a través de la Organización internacional Articulo 19, se señala que a petición del Grupo Parlamentario del PRI, las resoluciones dictaminadas por el Instituto Federal de Acceso a la Información podrían ser cuestionadas por otras autoridades como la Suprema Corte de Justicia, con lo que se corre el riesgo que aun cuando el IFAI pretenda “obligar” a alguna dependencia a detallar alguna información que se le solicite, por ejemplo en el manejo de recursos públicos, esta podría apoyada en otra instancia legal, negarla. De ahí que el tema y la falta de difusión que se le ha dado al mismo, sea catalogado por estas Organizaciones como de extrema gravedad.
Hace apenas un mes el reporte anual de Transparencia Internacional revelaba que México se ubica como el tercer país más corrupto en América Latina… “Un país de corruptos y corruptores” señalaba el informe. En este también se hacía hincapié que para el 91% de los mexicanos los partidos políticos son las instituciones más susceptibles a corromperse.
Ante la falta de apertura a que se debata sobre el tema en los espacios informativos, Colectivo Transparencia e Infórmate México pidió a cada una de las bancadas definir por escrito la postura que fijaran durante la discusión en el Congreso. El PAN respondió que votaran en contra de la posibilidad que puedan las dependencias excusarse de presentar determinado informe apelando a otras instancias. El PRD respondió con posiciones contrarias entre sus diputados y diputadas por lo que no se pudo tomar como una postura definida como partido, aunque fueron exhortados a mantener la línea de lucha en contra de la corrupción y en favor de la protección de los derechos humanos. Respecto a la bancada Priista la respuesta solo reiteraba lo planteado de inicio, reformar esta Ley con los cambios señalados.
Colectivo Transparencia a través de las redes sociales está convocando a la sociedad civil a que se sumen a los organizaciones que como ellos tratan de detener los abusos de los que permanentemente como sociedad somos objeto por parte de las autoridades. Recalcaban que tan sólo en el 2013 los partidos políticos recibieron 3,600 millones de pesos como parte de sus prerrogativas sin que correcta aplicación de esta cantidad pueda ser verificada por nadie más que el Instituto Federal Electoral…. “Ninguna reforma estructural puede cumplir sus objetivos si no se transparentan antes el uso de recursos públicos y la toma de decisiones, y se asegura la rendición de cuentas de los funcionarios públicos encargados de desarrollarlas”….señala el comunicado.
“Eso asusta”….
Por su parte el Presidente Consejero del Instituto Federal de Acceso a la Información, Gerardo Laveada, coincide con la postura manifestada por las ONGS y declara hace unos días que antes de discutir la Reforma Energética o Fiscal, los legisladores deben definir la de Ley de Transparencia, pero además mencionaba dos puntos fundamentales. El primero, que se incluyan dentro de las modificaciones, mayores atribuciones al IFAI para poder incluso exigir transparencia a los SINDICATOS cuando así lo solicite algún agremiado o ciudadano común. Y el segundo es que se tome en cuenta que con la Reforma Fiscal los Estados tendrán nuevas facultades, aun cuando no están TRANSPARENTANDO los recursos que ejercen “y eso asusta”… dijo Gerardo Laveada. Y vaya que tiene razón tanto Colectivo Transparencia como el Presidente del IFAI, el modo en el que la clase gobernante se protege más entre sí, solapándose unos a otros toda clase de pillerías, lo menos que provoca es “susto”.
Y más asusta en el caso de estados como Veracruz, con acusaciones de desvíos de recursos por más de 5 mil millones de pesos de la cuenta pública del 2011, primer año de gestión de Javier Duarte. Según la propia Auditoría Superior de la Federación Gobierno del estado incurrió en daños en contra de Hacienda Pública Federal, el 82 % de las irregularidades encontradas fueron en la Secretaría de Educación, 3 mil millones extraviados del Fondo de Aportaciones Federales y más de 300 millones sin poder esclarecerse porque presuntamente corresponden al pago de aviadores. También en la Secretaría de Salud se encontraron observaciones por el posible desvío de 270 millones, así como en la Secretaría de Seguridad Pública.
Pero hay casos aún más delicados, el de dependencias en las que ni siquiera se auditan los recursos provenientes del erario público como Comunicación Social, en la que se habla de un manejo “discrecional” de más de 2,200 millones de pesos anuales nada más en convenios publicitarios. El reportero de Proceso Noé Zavaleta a través de una nota publicada en su medio, denunciaba que cada día el Gobierno de Javier Duarte pone más candados a la trasparencia en Comunicación Social, Zavaleta solicitó al Instituto Veracruzano de Acceso de la Información –en manos de uno de los mejores amigos de Javier Duarte, Luis Ángel Bravo- detalles sobre la partida presupuestal 513636100005 correspondiente a esta área y para la cual se destinaron según el presupuesto de egresos 2013, 83 millones de pesos. Sin embargo esta se tiene clasificada como información reservada a pesar de que según la propia ley de transparencia la información que se puede considerar como “Reservada” es aquella que implica un riesgo de seguridad nacional, y esta difícilmente podría serlo. En caso por ejemplo de la Secretaría de Finanzas en Veracruz existe un acuerdo bajo el cual se creó un Comité de Información de Acceso Restringido que establece que información se cataloga como reservada y cual no, explicando en cada caso a que se debe, en Comunicación Social no, simplemente se cataloga de una u otra forma a conveniencia del Estado.
Habrá que estar atentos al desarrollo de la discusión en el Congreso sobre esta modificación en particular, de aprobarse, implicaría terminar de legalizar la opacidad con la que ya de por si se manejan los recursos del pueblo.
FUENTE: NOTIVER
