NOÉ ZAVALETA
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| Maestros fueron desalojados por la policía esta madrugada de la plaza Lerdo de Xalapa. Foto: Rubén Espinosa |
XALAPA, Ver. (apro).- Periodistas y activistas locales se quejaron por el desalojo que efectuó la nueva Policía Estatal Acreditable en la Plaza Lerdo en la capital del estado en contra de maestros, la madrugada del pasado sábado.
Melina Zurita, reportera freelance, denunció que además de un puñetazo en la cara y golpes en el cuerpo, policías estatales le robaron su equipo fotográfico (valuado en más de 22 mil pesos).
En rueda de prensa, narró que los elementos de la Secretaría de Seguridad Pública vestidos de civil vieron un “botín” en su material de trabajo. Días después apenas le regresaron documentos personales y una grabadora vieja, pero no su cámara.
El integrante de la Comisión Estatal de Atención y Protección de Periodistas de Veracruz (CEAPP), Jorge Morales Vázquez, aseguró que los nuevos cambios en el Sistema Acusatorio Penal han sido malentendidos por los cuerpos de seguridad, a grado tal que los policías en Veracruz realizan una “aplicación salvaje de la ley”.
Además de las agresiones a Zurita, los fotógrafos Roger López, de Imagen, y Óscar Martínez, de Reuters, también fueron amenazados por los cuerpos de seguridad pública.
En el caso de López, su periódico digital Imagen del Golfo escribió en su cuenta de Twitter: “Vete a la chingada, si te volvemos a ver, te levantamos’, dicen policías a fotógrafo después de desalojo de maestros en Plaza Lerdo”.
En el caso de Martínez, policías le arrebataron su equipo fotográfico y después de borrar las imágenes del violento desalojo se lo devolvieron.
Jorge Morales, el comisionado de la CEAPP, recriminó que la nueva Policía Estatal Acreditable se está tomando “atribuciones” en operativos, accidentes automovilísticos y en desalojos que no corresponden y que ni siquiera vienen contemplados en los reglamentos de seguridad ni en la reforma constitucional en materia de seguridad, situación que ya ha motivado en diversas quejas de abusos y excesos policíacos con reporteros de nota roja en el estado.
Melina Zurita dijo a reporteros que llegó al desalojo de maestros cuando éste ya había concluido, expuso que a la altura del Hotel Salmones —a una cuadra del Centro Histórico– unos 20 policías vestidos de civil la acorralaron y le arrebataron sus pertenencias.
“Uno de ellos, el más agresivo, me dio golpes debajo de los brazos y me dio un puñetazo en los lentes. Sólo vi cómo mi cámara se convertía en un botín para los propios policías”.
La periodista se quejó de que en el Ministerio Público los funcionarios de la Procuraduría de Justicia se negaron a recibir la denuncia, hasta que un día después intervino la Comisión Estatal de Derechos Humanos y la propia comisión de periodistas.
Por separado, Juan Alberto Arellano Mariano, activista de la organización de medio ambiente Lavida, poeta y fotoperiodista comunitario del portal de izquierda Zapateando, exigió a la Procuraduría General de la República (PGR) y a la Secretaría de Seguridad Pública que se le exonere de los cargos imputados el pasado sábado por la madrugada durante el desalojo de maestros, en el que se le acusa de portar armas de fuego y grapas de cocaína.
Arellano Mariano señaló que su liberación, tras dos días en prisión, se dio gracias a la presión que organizaciones sociales, activistas, tuiteros y prensa, lo que ocasionó que la PGR “se pusiera a temblar”. Sin embargo, lamentó que aun tenga un proceso judicial abierto por delitos federales, cuyas pruebas fueron sembrados por fuerzas policíacas, dijo.
Juan Alberto Arellano lamentó que durante su detención nunca se le permitió hacer una llamada telefónica y sólo se le encerró, primero en la cárcel de San José y posteriormente fue puesto a disposición del Ministerio Público Federal, en donde le leyeron la cartilla de que era sujeto a investigación por portación de armas y drogas, situación que él desconocía por completo.
A nivel nacional la organización Artículo 19 emitió un comunicado ayer en donde expresa su preocupación por las agresiones en contra de la libertad de expresión durante marchas y protestas, en especial los cometidos contra periodistas y comunicadores sociales.
“Las agresiones contra la prensa y comunicadores sociales acontecidos en Plaza de Lerdo, Xalapa, la madrugada del sábado 14 de septiembre son una muestra de la falta de protocolos claros de actuación por parte de las autoridades durante marchas y protestas sociales, en donde tres periodistas y un fotoperiodista perteneciente a una organización social fueron retenidos por la policía estatal. Los comunicadores, en los cuatro casos, refieren que hubo agresión por parte de las autoridades que encabezaron el operativo”, consigna el comunicado.
Hasta el momento, la Secretaría de Educación de Veracruz, la Secretaria de Gobierno y la Coordinación de Comunicación Social han minimizado las agresiones y aseguran que el desalojo se hizo de acuerdo con los protocolos de seguridad y en presencia de un contingente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos.
A través de una carta firmada por medio centenar de reporteros de Xalapa, el comisionado de la CEAPP, Jorge Morales, exigió al gobernador, Javier Duarte, y a las dependencias involucradas en el desalojo que cesen las agresiones en contra de periodistas veracruzanos.
“De no ser así, pareciera que las propias autoridades están propiciando que haya un vacío de información. Pues en los hechos del sábado hubo el propósito de inhibir y censurar, una acción deliberada en donde a reporteros se les persigue para frenar su actividad periodística”, consignó Morales.
Jorge Morales es el único de los comisionados de la CEAPP que permanece ajeno a los intereses del gobernador, Javier Duarte. El resto de directivos y representantes de prensa y televisión de dicha comisión ya fue cooptado por el gobierno priista.
Sergio Pazos, directivo de la XEU, renunció a la comisión en mayo pasado para convertirse en candidato del PRI a la alcaldía de Boca del Río, elección local en la que perdió. Rogerio Pano, director de noticias de Televisa Veracruz, no emite ninguna crítica en contra del gobierno priista. La secretaria ejecutiva de la CEAPP, Namiko Matzumuto, obedece las órdenes y sugerencias de la vocera de Duarte, Gina Domínguez, mientras la presidenta del organismo, Rocío Ojeda Callado, ha sido incapaz de encabezar una real protección de las agresiones políticas, policiacas y del crimen organizado a periodistas en Veracruz.
