De la mano del Pacto por México, no terminan de imponer una reforma regresiva, cuando ya vienen con otra aún más agresiva, al tiempo que se sientan las bases para la restauración autoritaria y veladamente se socava la democracia. El país vive una grave crisis de gobernabilidad, de polarización social y recesión económica.
Hagamos un repaso de los agravios, el saldo de los once meses de gobierno de Peña Nieto, y lo que está por venir.
En primer lugar, la reforma laboral, que en vez de generar los empleos prometidos, arrebató derechos laborales básicos a la clase trabajadora, y resultó en mayor desempleo, lo que se puede confirmar con los datos oficiales que muestran que a fines del tercer trimestre de este año hay una tasa del 5.12 % de desempleo, es decir, 2.7 millones de personas desempleadas de la población económicamente activa (PEA), su nivel más alto desde enero, de acuerdo a cifras del INEGI.
Asimismo, nos recetaron una “reforma educativa”, que lejos de resolver los problemas del sistema educativo en México, generaron un conflicto magisterial de grandes dimensiones, que no tiene para cuando resolverse, aunado al hecho de que mediante el esquema de la “autogestión”, que no es más que las cuotas escolares, las y los padres de familia están teniendo que cubrir las necesidades básicas de infraestructura y materiales en las escuelas. Esto da por resultado que de pública, le va quedando poco a la educación.
Con discursos grandilocuentes, impulsaron una reforma en telecomunicaciones, de la cual, sólo serán beneficiarios los grandes empresarios de las telecomunicaciones. Pero por otra parte, no les corre ninguna prisa por aprobar las minutas de reforma en materia de transparencia gubernamental, ni de disciplina financiera que controlaría la contratación de deuda pública en estados y municipios. Tampoco les corre prisa por avanzar en la legislación secundaria en materia de candidaturas ciudadanas y mecanismos de participación ciudadana, a pesar de que desde agosto se venció el plazo que el mismo Congreso se dio.
En este marco de prioridades del Pacto contra México, han dejado al Consejo General del IFE aún más maltrecho de lo que ya estaba, operando con cuatro de nueve Consejeros Electorales. Pues además de la actitud facciosa que asumieron algunos de los Consejeros, poniéndose de lado del PRI antes que dar certeza y legalidad a la voluntad popular, permitiendo la mercantilización de las elecciones y contribuyendo a la restauración autoritaria en el país, los partidos aliados en la Cámara de Diputados, en medio de sus negociaciones y reparto de cuotas, dejaron sin cumplir la sentencia del Tribunal Electoral que mandató sustituir a Sergio García Ramírez, quien debió renunciar vergonzosamente a raíz de su papel para desechar el caso Monex, hasta esperar a que terminaran su periodo otros cuatro Consejeros Electorales, y poder así distribuirse mejor la designación de los nuevos consejeros, y garantizar así, que cada partido aliado tenga su cuota.
Por ello, tampoco les ha corrido prisa en sacar adelante la reforma política, que entre otras cosas plantea una refundación del órgano electoral, en un nuevo Instituto Nacional Electoral, que debería hacerse cargo de las elecciones federales y locales, a fin de homologar criterios democráticos en todo el país y obligar a sacar las manos de los comicios a los gobernadores, a fin de reencauzar el camino a la democracia antes de llevarla al despeñadero. Al no concretar la reforma política antes de que concluyeran su periodo los consejeros electorales, y sacar la convocatoria para la nueva designación, han dejado en la incertidumbre, si tiene caso la designación de nuevos consejeros para el IFE, ante la posibilidad de aprobar el INE que sustituiría a aquel. Lo que deja ver, que la democracia los tiene sin cuidado, y no está en sus prioridades.
Por otra parte, impusieron, en continuidad al gobierno anterior, para el 2013 los gasolinazos mensuales a razón de 11 centavos por litro, llevamos 11 de este nuevo gobierno, y aprobaron en la Ley de Ingresos para el 2014 los doce gasolinazos mensuales por venir. En México, el aumento al precio de las gasolinas ha mostrado ser una medida inflacionaria que afecta a las clases medias y a las más necesitadas, con aumentos graduales en precios de productos básicos y tarifas de transporte público. Al tiempo que hubo una contracción del gasto público y subejercicios omisos lo que ahondó la crisis económica, para ubicarnos en la recesión. Recesión, que como está demostrado, le pega siempre a los que menos tienen.
Por si no fueran suficientes agravios, acordaron y aprobaron una reforma hacendaria, para abrir paso a la reforma energética, todo en un juego convenido entre los partidos del pacto, contando los votos que cada uno tiene en el Congreso para avalar dichas reformas.
La reforma hacendaria, como ya lo hemos dicho en este espacio, plantea de entrada mecanismos de terrorismo fiscal, como romper el secreto fiscal a deudores, y perseguir al contribuyente cautivo, al de siempre, al que no tiene más remedio que dejar gran parte de sus ingresos en manos de Hacienda, mientras que por otro lado, la reforma deja a salvo los privilegios de las grandes empresas y consorcios, cambia de nombre el régimen de consolidación fiscal que tantos beneficios les ha aportado, y en la opacidad, el gobierno les seguirán condonando impuestos, a quienes les deja en un paraíso fiscal.
El paquete económico para el 2014 plantea un incremento del presupuesto público federal por cerca de 500 mil millones de pesos, de los cuales, más del 63% por ciento ejercerá el ejecutivo federal, y que ante el recorte de ingresos vía Pemex, se fondearán con más impuestos y con una descomunal deuda pública, todo esto sin que haya transparencia, dejando al gobierno federal manejarlo a discrecionalidad y con fines políticos. Para ello, también centralizará el gasto público en medicamentos del sector salud, y el de la educación pública para controlar a nivel central las nóminas del magisterio.
Es evidente que con esta reforma hacendaria se han conjugado el autoritarismo, los negocios al amparo del poder y, en algo que parecía a la baja, vuelven los endeudamientos monstruosos. La receta del nuevo PRI y sus aliados es un Moreirazo para México, ya no sólo para Coahuila.
La deuda aprobada implica un déficit presupuestal de 3.5 por ciento, cifra que no se daba desde hace 24 años, lo que representa una descomunal deuda de más de 650 mil millones de pesos y 1000 millones de dólares. Así, el endeudamiento comprometerá 60 de cada 100 pesos del erario nacional. Las deudas públicas se traducen más temprano que tarde en pobreza, subdesarrollo y crisis económicas.
Es una receta suicida para una nación subir impuestos en tiempo de recesión económica, y sin embargo, es la “política económica” que ha asumido el gobierno de Peña Nieto, a través de su Secretario de Hacienda, Luis Videgaray y los legisladores del PRI y sus aliados que aprobaron más impuestos para cargarle la mano a los mismos sectores agraviados de siempre.
Con los impuestos aprobados, se afecta a las clases medias y trabajadoras, a los profesionistas independientes, a los micro y pequeños empresarios, a las mujeres emprendedoras, a las familias que viven en las fronteras, a los maquiladores, que se verán afectados con la homologación del IVA del 11% al 16% en las fronteras, el IVA en importaciones temporales, el aumento del ISR a personas físicas, disminución de deducibilidades. También se pagará 16% más por comprar y alimentar mascotas, los chicles y el transporte terrestre foráneo. Aunado al aumento mensual en los precios de las gasolinas durante todo el 2014, más un peso por cada litro de bebidas endulzadas, y un impuesto especial del 8% a todos los alimentos procesados que superen las 275 calorías por 100 gramos, una especie de IVA a alimentos, de las clases medias.
De manera particular, se verán afectados los habitantes en las empobrecidas zonas fronterizas, que además de lidiar con la competencia desleal al otro lado de las fronteras, verán sin esperanza como cae la productividad y el mercado interno. O el impuesto a las importaciones temporales que afectará especialmente al sector manufacturero, que es uno de los que más empleos generan en el país.
En realidad, por donde la veas, la reforma hacendaria es una de las peores decisiones tomadas en los momentos actuales de crisis económica, política y social que vive el país. La deuda pública y más impuestos afectarán aún más a la raquítica economía familiar.
Por eso, en Movimiento Ciudadano votamos en contra de la Reforma Hacendaria en su totalidad, por que nuestro compromiso es con la ciudadanía, no como el PAN que se opuso en partes sólo para buscar quedar bien con su electorado, o como los legisladores del PRI y sus aliados que impusieron la reforma sin mediar las consecuencias, pero que estamos seguros que el repudio ciudadano les perseguirá en cada rincón del país.
Finalmente, un tema que no podemos soslayar en este recuento de agravios es el tema de la inseguridad pública que sigue al alza, la delincuencia infrenable, y en algunos lugares como Michoacán, se vive en un estado fallido. Por más que el gobierno federal, como estrategia publicitaria evite hablar de la violencia e inseguridad que se vive en el país, ésta salta a la vista, y en casos como Michoacán, nos alerta de la gravedad que tiene seguir siendo omisos en la materia, no plantearse una estrategia integral que resuelva el problema de la inseguridad desde sus raíces políticas y sociales, y que puede hacer de México un Estado fallido. Urge tomarse con seriedad los signos de descomposición social que se manifiestan en todo el país y se agravan con cada una de las decisiones regresivas de Peña Nieto y sus aliados del Pacto contra México.
Twitter: @RicardoMeb
