Las secretarías General de Gobierno, Seguridad Pública y Educación y la procuraduría de Justicia y la Agencia de Investigaciones (A.V.I.) tienen una piedrota en el zapato: el asesinato de tres profesores en Veracruz. Todos activistas. El trío, opositor a la reforma educativa y leyes secundarias del presidente Enrique Peña Nieto.
Uno: Juan José Carrillo, asesinado en Cosamaloapan, y al que la autoridad hizo pasar como un crimen pasional.
Dos: la profesora Aurelia Conde Valenzuela, de 48 años en edad, secuestrada, desaparecida, ejecutada y tirada en un lote en Gabino Barreda, con el cuerpo putrefacto.
Y tres: el profesor Álvaro Morales Silva, secuestrado, desaparecido, asesinado y decapitado en Coatzacoalcos.
El sabio del pueblo siempre ha dicho que “nunca se hagan cosas buenas que parezcan malas y malas que parezcan buenas”.
Y por eso mismo, antes de que en el imaginario colectivo siga creándose y recreándose la idea de que fueron asesinados por su inconformidad social, y en base al Estado de Derecho, y a la legalidad y la gobernanza en “el estado ideal para soñar”, la autoridad está obligada a convencer con su dictamen en el homicidio del trío de maestros.
II
La clase política, mejor dicho, la elite priista, se ha curado en salud y en los tres casos hablaron incluso antes del dictamen oficial en el caso del maestro de Cosamaloapan, de otros motivos ajenos a la irascibilidad magisterial.
Por supuesto, una cosita es que lo digan y otra, diferente, distante, que les crean.
Don Julio Scherer García, director fundador del semanario Proceso, el Francisco Zarco del siglo XX como le llamaba Carlos Fuentes, lo dijo en el caso del asesinato de Regina Martínez, corresponsal en Veracruz: “No les creemos”.
Y menos, cuando en Veracruz predomina la lucha entre los carteles.
Pero más aún, la lucha entre carteles y cartelitos.
Todavía peor, la lucha entre los mismos carteles que se han escindido entre ellos, disputando cada plaza, cada pueblo, cada ciudad, cada municipio, sin que nadie ponga orden, ni el Veracruz seguro, vaya.
Además de que la delincuencia común también se ha disparado, como si existiera una mafia entre los funcionarios de la seguridad pública y los ladrones, pillos y asaltantes.
Y es que, como se sabe, entre más crece la delincuencia, más posibilidades existe de una alianza con los políticos, de tal forma que con frecuencia los políticos ejecutan malas acciones y echan la culpa a los malosos.
III
El escenario se vuelve confuso y dudoso, suspicaz y perspicaz, por el discurso oficial ante los profesores.
Por ejemplo, en la toma de posesión de la LXIII Legislatura se armó un zipizape y la fuerza pública fue enviada para someter a los profes activistas y paristas.
Y como para quedar de víctimas, de inmediato la autoridad declaró que seis policías salieron lastimados.
Y para armar más el reality show alguien por ahí decidió que los 50 diputados locales que tomarían posesión llegaran en un autobús, quizá, claro, porque habían desayunado juntitos para festejar que se han convertido en figuras del poder durante los próximos tres años.
No obstante, Veracruz, con Oaxaca y Chiapas, son las únicas entidades federativas donde los profes de la C.N.T.E. e independientes y autónomos continúan en pie de lucha, como si la autoridad fuera incapaz para convencer por la vía de la razón con argumentos.
IV
Desde entonces, los días y las semanas han transcurrido y el asesinato de los tres profes sigue en el misterio.
Nada fácil sería que de igual manera como ha ocurrido con decenas, cientos de crímenes, secuestros y desaparecidos de norte a sur de Veracruz, también los crímenes de los profes queden como pendientes sexenales en el archivo muerto.
