A UN AÑO DE LA MATANZA DE CIUDADANOS INDEFENSOS POR PARTE DE LAS FUERZAS CASTRENSES...DEL SILENCIO, DE LA IMPUNIDAD Y DE LA COMPLICIDAD DEL GOBIERNO DE JAVIER DUARTE...REPRODUCIMOS ESTA NOTA DE LA REVISTA PROCESO DEL 16 DE ENERO DE 2013.
La ejecución de cuatro habitantes de
Ixhuatlán a manos del Ejército en Córdoba, Veracruz, se perfila como un nuevo
caso de prepotencia e incompetencia criminal de las Fuerzas Armadas dedicadas
al combate al narcotráfico. Las versiones de los hechos son contradictorias,
pero hay indicios de que los cuatro asesinados eran civiles inocentes a quienes
los soldados les habrían sembrado armas para cubrir su falta. Las viudas de
Ixhuatlán dan su versión a Proceso y exigen que una investigación imparcial
limpie el nombre de las víctimas.
IXHUATLÁN
DEL CAFÉ, VER. (Proceso).- Del coraje y la tristeza, las viudas de los cuatro
hombres asesinados por militares la noche del pasado 28 de diciembre en los
alrededores de la funeraria Vélez, en Córdoba, Veracruz, pasan a la indignación
y el miedo, toda vez que, según el Ejército y el gobernador Javier Duarte, eran
sicarios que pretendían rescatar el cadáver de Ángel Enrique Uscanga, El
Pokemón, líder zeta en la entidad.
Son
Eva Piña Teodoro y Gabriela Piña, viuda y media hermana, respectivamente, del
mecánico Jesús Juárez; Patricia Velázquez, viuda de Luis Vargas Piña; y Javiera
Vidal, viuda del taxista José Raúl Fernández Ortiz. La cuarta víctima del 28 de
diciembre fue Ángel Piña Teodoro, hermano de Eva, jardinero con empleo temporal
en Cleveland y plomero en sus cuatro meses de asueto anual en Ixhuatlán del
Café.
Ellas
le temen a los soldados y a la posición del gobierno de Duarte, quienes
insisten en que los cuatro asesinados “eran sicarios de Los Zetas”.
“Más
de mil personas en el pueblo nos acompañaron al sepelio de nuestros esposos. El
respaldo fue popular. Sabían que nuestros maridos eran gente de bien, que iban
al día en la manutención del hogar y que siempre estuvieron limpios, no andaban
en malos pasos”, indican.
“Tenemos
miedo, pero no nos podemos quedar así. Queremos que se limpie el nombre de
nuestros maridos”, dice Eva Piña y agrega que piensan demandar al Ejército y
acudir a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, pues ya recurrieron a la
Comisión Estatal y ahí les dijeron: “Vemos difícil que se les haga justicia”.
El
pasado sábado 5 la Procuraduría General de la República (PGR) envió a un grupo
de peritos para realizar una inspección frente a la funeraria Vélez, en
Córdoba, donde la noche del 28 de diciembre se desató la balacera en la que
perdieron la vida los cuatro presuntos sicarios.
La
inspección duró dos horas y media, fue realizada en total hermetismo y estuvo
custodiada por patrullas de la Dirección de Tránsito y Vialidad Municipal y de
la Secretaría de Seguridad Pública estatal.
También
la Procuraduría General de Justicia Militar tomó cartas en el asunto: El martes
8, representantes de esa dependencia visitaron el Centro de Atención Ciudadana
para tomar declaración a los oficiales de la Dirección de Tránsito que
estuvieron presentes el día del cuádruple asesinato, reportó el periódico El
Mundo, de Córdoba.
Juan
Vidal, suegro de José Raúl Fernández –El Pinky, como lo conocían los 25
taxistas de Ixhuatlán del Café–, demanda que el gobernador Duarte se retracte y
pida una disculpa pública por insistir en que el esposo de su hija y sus amigos
eran “delincuentes”.
“Él
es el gobernador. Tiene que exigir una investigación; que envíe una comisión a
indagar, a preguntar casa por casa en Ixhuatlán, a todo el mundo. En el pueblo
conocían a los muchachos, eran gente de bien, apreciados por la comunidad”,
expresa.
Ixhuatlán
del Café es un pequeño municipio de no más de 20 mil habitantes repartidos en
30 congregaciones. Aunque se encuentra cerca del corredor industrial
Córdoba-Orizaba, es una localidad que sólo vive de la siembra y corte de café
en la alta zona central montañosa de Veracruz.
Esta
cabecera municipal se sacudió el 29 de diciembre cuando en los periódicos
locales se publicó que cuatro zetas habían sido muertos por el Ejército luego
de intentar el rescate del cadáver de su líder, El Pokemón.
Aunque
en los medios no se consignaban los nombres de los presuntos delincuentes, los
cafetaleros reconocieron a sus vecinos por las ropas y los rostros.
En
la esquina del Palacio Municipal está el sitio de taxis. Ahí se reúnen los
choferes, quienes señalan que tenían años de conocer a José Raúl, El Pinky, y a
Jesús Juárez, Luis Vargas y Ángel Piña, a quienes les gustaba “echarse sus
cervezas y copas”, pero que nunca se habían metido en problemas.
“¡VIENEN LIMPIOS!”
Las
viudas señalan varias irregularidades e inconsistencias en la investigación
ministerial 173/2012/111 y en el oficio 7912 de la Procuraduría General de
Justicia del Estado enviado a los Servicios Periciales de la procuraduría
estatal.
Dicen
que nunca se llevó a cabo la prueba de rodizonato de sodio para saber si en
verdad sus familiares dispararon y que los vecinos de las calles 5, 6 y 8 de
Córdoba –las que rodean la funeraria– afirman que jamás encontraron casquillos
de bala en el lugar desde el cual supuestamente le habrían disparado al retén
del Ejército.
“Hay
un taxista y un vecino que tienen miedo de declarar, temen represalias de los
soldados, pero nos aseguran que hubo dos balaceras con un minuto de diferencia.
En la primera se dispararon 30 balazos”, explica Eva Piña.
Una
de sus sobrinas la interrumpe y consigna que al término del primer tiroteo se
escucharon voces de los vecinos: “¡Ya párenle, no traen armas, vienen
limpios!”. Entonces un militar gritó: “¡Continúen, hay que acabar con esto!”.
Acto seguido vino la segunda lluvia de balas con más de 100 detonaciones.
Eva
y Gabriela Piña señalan las incongruencias que revelan las fotografías
publicadas por medios locales y que dan pie a sospechar de un montaje: No
conciben cómo José Raúl, el chofer del taxi que supuestamente venía a alta
velocidad, quedó con medio cuerpo fuera del vehículo. En las fotografías, junto
al cuerpo de José Raúl hay un arma larga, aparentemente un fusil AK-47.
Tampoco
conciben cómo otro de los cadáveres, el de Jesús Juárez, junto al cual había
una pistola, quedó afuera del vehículo en el que supuestamente viajaba.
“Es
obvio que sembraron armas y alteraron evidencias”, expresa uno de los
familiares.
El
jueves 10, en el municipio de Boca del Río, el comandante de la VI Región
Militar, Carlos René Aguilar Páez, descartó que el Ejército “siembre armas”.
“Entiendo que las familias tienen todo el derecho a limpiar los nombres de sus
seres queridos; lo que hay que decir es que debemos atenernos a lo que digan
las pruebas”, señaló.
Por
ello las viudas de Ixhuatlán del Café viajaron el pasado lunes 7 a Xalapa para
presentarse en la Comisión Estatal de Derechos Humanos, en la Procuraduría
General de Justicia del Estado (PGJE) y en el Congreso local, y solicitar apoyo
en su lucha por “limpiar el nombre de sus maridos”.
Además,
asesoradas por abogados del ayuntamiento de Ixhuatlán, solicitan una
indemnización de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), pues aseguran
que sus maridos eran hombres humildes que con dificultades llevaban la
manutención del hogar y que incluso “ni armas sabían usar”.
“Exigimos
una investigación a fondo que revele que los agredidos no eran delincuentes;
solicitamos la intervención del gobernador, Javier Duarte de Ochoa, para el
esclarecimiento del caso. No venimos a decir que los muchachos eran buenos o
malos, sólo pedimos que se investigue este caso hasta sus últimas
consecuencias, porque nuestros familiares ese día salieron de Ixhuatlán hacia Córdoba
para comprar refacciones automotrices. No se vale que estén diciendo que eran
sicarios”, señalaron las viudas, quienes agregan que piensan llegar hasta las
últimas consecuencias.
PRECARIEDAD
ECONÓMICA
Los
asesinatos de José Raúl Fernández Ortiz, de 28 años; Jesús Juárez y Luis Vargas
Piña, de 37; y Ángel Piña, de 32, han dejado a siete niños huérfanos y a tres
viudas. “No eran sicarios”, “no merecían morir”, “queremos que se limpie su
nombre”, “queremos que se nos haga justicia”, repiten una y otra vez sus
familiares.
Javiera
Vidal muestra su vivienda en El Crucero, una congregación a ocho kilómetros de
la cabecera municipal de Ixhuatlán. El mayor lujo es un piso de concreto, el
resto es de láminas, madera y plástico. Adentro hay un pequeño anafre, una sola
cama y utensilios de poco valor.
“¿Cómo
quieren que creamos que mi yerno era sicario? Mire cómo vivía con mi hija.
Claro que José Raúl no andaba en malos pasos, estaba limpio, nosotros tampoco
tenemos nada que esconder, aquí vamos a seguir”, insiste Juan Vidal, suegro de
El Pinky.
Eva
Piña dice que aunque su marido, Jesús Juárez, le dejó el pequeño patrimonio de
una modesta refaccionaria, su responsabilidad es grande pues ahora ella tendrá
que mantener a sus cuatro hijos.
Las
viudas de Ixhuatlán del Café ahora temen por la repercusión psicológica en sus
hijos, porque en la televisión y en los periódicos los comunicados
gubernamentales aseguran que sus padres eran delincuentes.
“A
mi hijo ya le hacían burla en la escuela, que su casa es muy fea. No quiero ni
imaginar qué van a decir ahora en el regreso a clases; no faltará el niño que
quiera bromear con lo que ha salido en los periódicos”, expresa Patricia
Velázquez.
En
el panteón municipal las tumbas de los cuatro están llenas de flores. El único
momento en el que las viudas dibujan media sonrisa es cuando aluden a que los
“difuntos eran muy estimados en el pueblo”.
De
las cuatro mujeres sólo Patricia trabaja cortando café; el resto son amas de
casa que apenas terminaron la primaria o en el mejor de los casos la
secundaria. En voz de Eva y de Javiera, una opción futura para dar sustento a
sus hijos será convertirse en sirvientas.
“SON DELINCUENTES”: DUARTE Y EJÉRCITO
El
miércoles 9 alrededor de 500 personas marcharon en Ixhuatlán para protestar
contra los militares. “No merecían morir”, “no eran sicarios”, se leía en las
pancartas que llevaban amigos y parientes de los asesinados.
Los
manifestantes censuraron también el hecho de que la Sedena y la PGJE hayan
difamado a las víctimas boletinándolas como delincuentes.
Y
es que el 29 de diciembre la PGJE informó en un comunicado: “Fuerzas del orden
repelieron una agresión y abatieron a cuatro delincuentes, quienes intentaban
sustraer el cuerpo de Ángel Enrique Uscanga Marín, alias El Pokemón,
identificado como líder del grupo delictivo en la región”.
En
esa misma tesitura, el gobernador Duarte afirmó que las cuatro personas
ejecutadas por militares en la avenida 5, entre las calles 6 y 8 de la ciudad
de Córdoba, eran delincuentes.
Entrevistado
por la prensa local en el municipio de La Antigua, Duarte desdeñó la protesta
de familiares y amigos de las cuatro víctimas: “Tenemos el reporte puntual; ya
expresé lo que sucedió y eso es el tema fundamental. Habrá otras voces que
digan otras cosas”, justificó.
Notas
de la prensa local y testigos aseguran que la noche del enfrentamiento el taxi,
cuyos tripulantes al parecer acababan de salir de un bar, habría atropellado a
un motociclista en la esquina de la avenida 5 y la calle 4, por lo que el
chofer intentó escapar sin percatarse de que el sitio estaba acordonado por
militares. Además, en el asiento trasero del taxi había latas de cerveza.
No
obstante no hay ningún dato oficial que confirme la existencia de ese supuesto
motociclista atropellado.
Esto
contrasta con el comunicado gubernamental en el que se asegura que el
enfrentamiento ocurrió cuando “sujetos armados dispararon desde un vehículo
contra agentes del orden que resguardaban las instalaciones donde se encuentran
los cuerpos de cinco supuestos delincuentes abatidos durante un operativo
realizado el pasado jueves 27 de diciembre”.
VIOLENCIA EN CÓRDOBA
Esta
zona montañosa no es ajena a la violencia. Apenas el miércoles 2 la comandancia
de policía del municipio de Orizaba fue tiroteada, confirmó el alcalde Hugo
Chahín, quien además se quejó de que cuatro uniformados fueron golpeados por
los hombres armados, que robaron varios cargadores.
“Ya
investigamos, basados en un análisis de videos, para tratar de saber quiénes y
por qué se perpetró esa agresión que desde luego nos preocupa, pues Orizaba es
una ciudad tranquila, y que esto nos llegue a manchar tantito no nos tiene nada
contentos”, expresó.
Extraoficialmente
circuló la versión de que los autores de la agresión habrían sido militares en
represalia porque habrían descubierto a los policías municipales seguirlos en
sus actividades y recorridos. Estos datos no fueron confirmados por Chahín.
Apenas
en noviembre pasado Proceso (número 1881) publicó un expediente con las
declaraciones de tres presuntos integrantes de Los Zetas –Cristopher Fuentes
Letelier, El Chuletón; Gerardo Trejo Cruz, El Trejo, e Ignacio Valdez Ramírez,
El Chilango– que hablan de una red de complicidades de ese grupo criminal para
operar a sus anchas en Córdoba.
En
esa red, de acuerdo con lo declarado por los tres detenidos por la Marina, hay
empresarios, políticos y funcionarios de la PGJE.
