Por: Shaila Rosagel
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Enrique Peña Nieto no ha cumplido con las promesas que le hizo a la sociedad civil cuando fue candidato a la Presidencia, afirman ONGs que integran la Cumbre Ciudadana por los Derechos y las Libertades. Foto: Cuartoscuro
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Ciudad de México, 22 de mayo (SinEmbargo).– Hace dos años, el entonces candidato del Partido Revolucionario Institucional (PRI) a la Presidencia de la República, Enrique Peña Nieto, le hizo promesas a la sociedad mexicana. Sin embargo, una vez en el poder, cerró sus canales de comunicación y cumplió apenas con una tercera parte de sus compromisos, dijeron representantes de Organizaciones No Gubernamentales (ONGs) que convocaron a la Segunda Cumbre Ciudadana por los Derechos y las Libertades.
En la primera edición de la Cumbre, esas ONGs plantearon 151 propuestas a cada uno de los cuatro aspirantes a la Presidencia de la República. Peña Nieto, la apuesta del PRI, aceptó el 77 por ciento de éstas.
“No quiero decir un porcentaje, pero digamos que hay un avance de una tercera parte de lo que hubiéramos esperado a estas alturas, a dos años de distancia de los compromisos”, dijo Maite Azuela, directora de Dejemos de Hacernos Pendejos (DHP).
Las promesas del Pacto por México dieron visos de que la sociedad civil organizada había sido escuchada, pues gran parte de su contenido era similar a las propuestas que Peña Nieto y los entonces candidatos del Partido Acción Nacional (PAN), Josefina Vázquez Mota, y el de los partidos de la izquierda mexicana, Andrés Manuel López Obrador, aceptaron en la primera cumbre ciudadana.
Azuela dijo que se hizo realidad la exigencia de una reforma que regresara la rectoría de la educación al Estado, el impulso a una Reforma Política y una ley de víctimas que protegiera los derechos humanos, entre otras. Pero en las leyes secundarias de cada una de las reformas, las iniciativas de la sociedad civil “se diluyeron o se simularon” y el gobierno federal simplemente se cerró a escucharlos.
“Si revisamos las reformas constitucionales podemos palomear muchos de los acuerdos de la Cumbre, pero a la hora de bajar a la regulación secundaria perdimos. Primero, las ventajas y el diálogo que se abrió cuando eran candidatos, ahora están cerrados. Se empiezan a cerrar los canales cuando ya están en el poder, se vuelve difícil que te tomen una llamada o se sienten contigo”, afirmó.
Para María Elena Morena, presidenta de la organización Causa Común, quienes ganaron al final del camino con las reformas estructurales de Peña Nieto fueron los políticos, “que se sirven con la cuchara grande y a los ciudadanos con la del postre”.
ONGS: QUE EPN CUMPLA
Entre los pendientes que Enrique Peña Nieto les debe a las ONGs está el contar con una Ley General que fortalezca el derecho al acceso a la información pública en el país.
“La Reforma de Telecomunicaciones no está discutida como quisiéramos, por ejemplo, y hay un grave problema porque parece que va a favor de la censura. Exigimos una ley que garantice la libertad de expresión”, planteó María Elena Morera.
En el tema de seguridad, uno de los más importantes, el gobierno de Peña Nieto incumplió en varios puntos.
“Considerando que el foco de la estrategia de seguridad no ha sido que la ciudadanía esté segura y en paz, sino que se gane el control de los grupos delictivos, es indispensable señalar que los derechos humanos siguen sin observarse, no se ha impulsado la transformación de la policía, no hemos iniciado ni por lo más sencillo como son estándares y protocolos de actuación”, dijo.
La directora de Causa Común explicó que es necesario conocer la estrategia de seguridad en Michoacán, Tamaulipas y Estado de México, así como los resultados.
En materia educativa el servicio profesional docente está estancado, debido a que hay vacíos legales que permiten a los estados reservar plazas sin apegarse a los requerimientos para la profesionalización del magisterio.
Sobre el tema de democracia y participación, la Reforma Política fue “una tomada de pelo”, debido a que las candidaturas ciudadanas son una “simulación”.
“La regulación secundaria cerró el sistema para favorecer a los partidos políticos ya existentes y obstaculizar la participación de ciudadanos partidistas. No hubo cambios en los recursos para los partidos”, dijo Morera.
En desarrollo económico, el gobierno de Peña Nieto tampoco ha cumplido cabalmente sus promesas, pues no existe una agenda que fomente la participación empresarial.
Jorge Villalobos Grzybowicz, presidente del Centro Mexicano para la Filantropía, destacó que existe la necesidad de fortalecer a las organizaciones civiles, a través del incremento de estímulos para constituirlas legalmente.
“Que se haga un mecanismo de simplicidad administrativa para darse de alta como una ONG. Los recursos públicos de 2013 paras las ONGs son menores que en 2012”, dijo.
En cuanto a la trata de personas, migración, inclusión social, salud y derecho a la alimentación, todos estos compromisos tienen un común denominador: están olvidados por el gobierno.
No existen garantías para los migrantes, no están consolidados los mecanismos para prevenir y perseguir la trata y la Cruzada Nacional Contra el Hambre, es insuficiente.
La Segunda Cumbre Ciudadana se realizará los próximos 2 y 3 de junio en el Complejo Cultural Universitario de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla.
En el evento participarán alrededor de 300 organizaciones civiles, entre las que destacan: el Centro Nacional de Comunicación Social (Cencos), Fundación Ciudadana para el Desarrollo Integral de Michoacán, Instituto Mexicano para la Competitividad (Imco), Instituto para la Seguridad y la Democracia, Observatorio Nacional Ciudadano, Red de Especialistas en Seguridad Pública, Mexicanos Primero, México Unido contra la Delincuencia, The Hunger Project México, Movimiento por la Paz México, entre otras.
De acuerdo con los convocantes, en el encuentro se realizarán evaluaciones sobre el cumplimiento de los compromisos realizados por el actual gobierno federal.
SIN EMBARGO
De acuerdo al Informe sobre la Ejecución de los Programas y las Campañas de Comunicación Social del Gobierno de la República, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. El gobierno federal gastó $2,849,000,093.34 en publicidad oficial. Diferentes medios y periodistas recibieron ese dinero. 
