Periódico La Jornada
Miércoles 16 de julio de 2014, p. 7
En poco más de dos
horas, las comisiones de Energía y de Estudios Legislativos del Senado
aprobaron en lo general y lo particular los cuatro dictámenes de las leyes
secundarias de la reforma energética, con más de 250 modificaciones al
articulado propuestas por el PAN, que se avalaron sin discusión.
Entre los cambios del blanquiazulestán la desaparición del
término ‘‘expropiación’’, el cual será sustituido por ‘‘ocupación temporal’’ de
predios, y otras disposiciones en torno al pago a campesinos, ejidatarios y
comunidades indígenas por la afectación de sus tierras para la explotación del
petróleo y la construcción de instalaciones eléctricas.
Una vez aprobados los cuatro dictámenes, que aglutinan las 17 leyes
reglamentarias de la reforma a los artículos 25, 27 y 28 constitucionales, la
Permanente citará hoy a un periodo extraordinario en el Senado a partir del
jueves, comentó el coordinador del PRI, Emilio Gamboa Patrón.
Los cambios en materia de ocupación de tierras –lo que senadores
perredistas han calificado de ‘‘despojo’’– estuvieron entre los pocos artículos
reservados que el PAN argumentó en tribuna. La mayoría sólo se enunciaron y
aprobaron en bloque. ‘‘Acción Nacional no iba a permitir que los campesinos
fueran abusados (sic) por los contratistas, por empresas petroleras o
gaseras’’, sostuvo el panista Salvador Vega Casillas. Dijo que propusieron
eliminar el término ‘‘expropiación’’ para que los propietarios rurales no
pierdan sus tierras.
Habrá, dijo, una ‘‘recompensa justa por las molestias, por el daño’’ e
incluso ‘‘una ganancia si se encuentran en sus tierras hidrocarburos y son
explotados comercialmente’’.
Frente a ese discurso, se mantuvieron en las leyes de hidrocarburos y en
la de la industria eléctrica disposiciones que permiten a las petroleras
extranjeras disponer de tierras, bosques y aguas, las que podrán comprar o
rentar. Se establece la obligación de ejidatarios, comuneros y productores
privados de entregar sus tierras y bosques a trasnacionales a través de la
figura denominada ‘‘servidumbre legal’’, que la Secretaría de Desarrollo
Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) tramitará ante el Ejecutivo, en caso de
que en un plazo de 10 días, luego de la contraprestación sugerida por la
dependencia, los afectados no acepten.
Vega Casillas sostuvo que bajo ese modelo, ‘‘los campesinos y los
propietarios de la tierra serán enormemente beneficiados por toda la riqueza
que encuentren en sus propiedades’’. Sin embargo, ni siquiera se fija el
porcentaje de la ganancia que corresponderá al afectado por sus tierras, y se
deja a la Secretaría de Energía (Sener) ‘‘elaborar las metodologías, parámetros
y lineamientos que podrán servir de referencia para determinar el porcentaje’’,
cita el inciso C del numeral V del artículo101 de la Ley de Hidrocarburos.
En entrevista, el panista Francisco García Cabeza de Vaca sostuvo que en
la discusión ante el pleno lo anterior se modificará para establecer que las
empresas petroleras están obligadas a dar de 0.5 a 1.5 por ciento de sus
ganancias al dueño del predio en cuyo subsuelo se exploten crudo o gas.
Ente las modificaciones aprobadas está que ese porcentaje no deberá
‘‘inhibir la competitividad ni representar una carga desproporcionada a las
actividades’’ de la petrolera extranjera.
El panista detalló que, para evitar abusos de las trasnacionales, los
pagos a los propietarios de la tierra deberán constar en un contrato por escrito,
que será revisado por el propio Ejecutivo federal. Se les deberá pagar de
manera adicional, dijo, por las actividades que ya no podrán llevar a cabo,
como son la siembra y la ganadería.
Se mantiene la posibilidad de que a cambio de su tierra los ejidatarios,
comuneros o particulares puedan ser contratados por la empresa trasnacional
como ‘‘empleados’’, al igual que a familiares o miembros de la comunidad en que
se establezca la explotación de petróleo o gas.
Finalmente se suavizaron parte de las disposiciones que el PRD ha
calificado de ‘‘abusivas’’. Se indica, por ejemplo, que ‘‘el ejido, los
ejidatarios, comunidades o comuneros podrán solicitar la asesoría y en su caso
representación de la Procuraduría Agraria en las negociaciones’’.
