ASOCIACIÓN CIVIL EN CÓRDOBA; ENFRENTA DENUNCIAS PENALES
CÓRDOBA, VER. – Habitantes de la
colonia Ampliación Jardines del Sur denunciaron públicamente que la asociación
civil "Jardines del Sur, Córdoba, A.C.", presidida por Daniel
Trujillo González, es utilizada para engañar a los colonos y cometer fraude
patrimonial. Los afectados informaron que ya existen dos denuncias penales y
múltiples demandas civiles en curso en contra del Daniel Trujillo, además de
haber promovido un recurso para anular el juicio con el que se realizó el
presunto despojo.
De acuerdo con los inconformes,
el esquema fraudulento inició el 17 de abril de 2022 con la creación de la
citada asociación civil. Trujillo González habría utilizado esta figura
jurídica reciente para iniciar el juicio de prescripción positiva número 1075/2024
en un juzgado civil, logrando así la adjudicación de un terreno de
aproximadamente 18 mil metros cuadrados.
SIMULACIÓN DE JUICIO Y DESPOJO
Los colonos afectados detallaron
que en el expediente civil 1075/2024/II se simuló un litigio jurídico diseñado
para afectar directamente su patrimonio. Denunciaron que nunca fueron
emplazados ni notificados legalmente, lo que les impidió defenderse, presentar
recursos legales o apelar la sentencia definitiva. Ante esta indefensión,
exigen que las escrituras otorgadas bajo este proceso sean desechadas y
anuladas de inmediato, petición que también se encuentra dentro de las acciones
legales de nulidad de juicio.
Especialistas jurídicos
consultados sobre el caso explicaron que, para que una prescripción positiva
sea válida según el artículo 1169 del Código Civil del Estado de Veracruz, se
requiere que la posesión del inmueble sea pacífica, continua, de buena fe y en
calidad de dueño por el tiempo que marca la ley. En este sentido, señalaron que
una persona moral de reciente creación no cumple con el requisito de
temporalidad ni posee físicamente los lotes en disputa.
RED DE COMPLICIDADES
Los manifestantes señalaron
directamente que el presunto fraude cometido por Daniel Trujillo González contó
con la colusión de Arturo Cienfuegos Díaz Ordaz (vendedor original de las
tierras) y del juez Gustavo González Lazcano. Ambos ya fueron denunciados ante
la Fiscalía General del Estado por diversos delitos relacionados con el caso.
Finalmente, los vecinos
criticaron el "silencio cómplice" de la Dirección General de
Patrimonio del Estado. Recordaron que dicha dependencia estatal intervino desde
el 4 de noviembre de 2004 en las mesas de negociación con Cienfuegos Díaz Ordaz
para la adquisición de los terrenos.
Los afectados lamentan que, tras
años de gestión, la propiedad aparezca ahora a nombre de una asociación civil
que pretende cobrarles nuevamente por los lotes que legítimamente les
pertenecen.
Desarmador Politico

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