CÓRDOBA, VER. – Por la detección de presuntas irregularidades en el desempeño de sus funciones, la Dirección General de Notarías del Estado de Veracruz decidió suspender de forma definitiva las patentes de los notarios número 8 y 24 de esta región, Ernesto de Gasperín Limón y su tío Carlos Javier Limón Sánchez. Ambos exfuncionarios ya están enfrentando un proceso penal tras ser vinculados a un juicio por la supuesta comisión de delitos dolosos.
ANTECEDENTES Y STATUS JURÍDICO
Según la publicación más reciente en la Gaceta Oficial del Estado, ambos fedatarios públicos fueron destituidos de sus cargos tras abrirse una carpeta de investigación judicial en su contra. Las pesquisas apuntan a que los imputados formaban parte de una red de corrupción dedicada al despojo de tierras y fraudes notariales, calificada mediáticamente en la región de las Altas Montañas como un "cártel inmobiliario".
Fuentes locales cercanas al caso han señalado irónicamente la gravedad de los despojos patrimoniales, mencionando de manera extraoficial que la magnitud de la afectación fue tal que "solo les faltó escriturarse el parque Paso Coyol y el propio palacio del Ayuntamiento".
PRÓXIMOS OBJETIVOS BAJO INVESTIGACIÓN JUDICIAL
La vigilancia sobre el sector notarial en la "Ciudad de los Treinta Caballeros" sigue abierta. Fuentes ministeriales han revelado que hay expedientes activos y en investigación en contra de otros dos fedatarios de la región: Alejandro Herrera Marín, Titular de la Notaría Pública Número 3, y Antonio Mendívil Román, quien tiene vínculos familiares con la administración del alcalde actual.
Ambos están bajo señalamientos formales y enfrentan investigaciones administrativas por supuestas irregularidades y falsificación de firmas en la gestión de testamentos y escrituras.
ACUMULACIÓN DE QUEJAS EN LA NOTARÍA NÚMERO 3
El caso de Alejandro Herrera Marín (Notaría 3) ha cobrado especial importancia en la opinión pública. A pesar de las reiteradas acusaciones de usuarios en plataformas digitales, el funcionario se enfrenta a denuncias formales ante la fiscalía general del Estado (FGE) y la Dirección General de Notarías.
ENTRE LAS PRINCIPALES ACUSACIONES REALIZADAS POR LOS AFECTADOS SE ENCUENTRAN:
FRAUDE FINANCIERO: Doble cobro de honorarios e impuestos por el mismo trámite.
RETENCIÓN DE DOCUMENTOS: Demoras injustificadas de meses e incluso años en la entrega física de escrituras públicas ya pagadas.
PRESUNTO TRÁFICO DE INFLUENCIAS: Afectados alegan que las denuncias previas están estancadas debido a una presunta red de protección política dentro de las instituciones estatales.
Se anticipa que en las próximas semanas la Secretaría de Gobierno del Estado emita un comunicado oficial sobre el avance de las investigaciones respecto a las notarías restantes.
El notario público Alejandro Herrera Marín (Notaría No. 3) enfrenta acusaciones de aparente incumplimiento profesional, cobros excesivos y retención de escrituras desde 2014, operando bajo una supuesta protección oficial que previene sanciones.
INCUMPLIMIENTO PROLONGADO:
Un cliente realizó el pago de honorarios e impuestos en 2014 y, tras más de diez años de evasivas, aún no ha recibido sus escrituras.
ACCIÓN LEGAL INICIADA:
Frente a la falta de respuesta, el afectado presentó un requerimiento judicial con el expediente civil 313/2026 en el Juzgado Segundo de Primera Instancia.
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