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| Ha aumentado la incidencia delictiva en Veracruz |
En los primeros siete meses del año, se integraron en Veracruz 955 carpetas de investigación por la comisión de delitos de alto impacto.
El dato, contenido en el “Informe de víctimas de homicidio, secuestro y extorsión 2014”, elaborado por el Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP) y que contempla de enero a julio, en realidad no revela en toda su magnitud la violencia que asola a la población veracruzana.
Cada día se agregan anécdotas e historias escalofriantes de la violencia que se ceba con los habitantes de distintos rumbos de la entidad.
Aunque se identifican regiones muy calientes en materia de incidencia delictiva (como la zona colindante con Tamaulipas, en el norte; Poza Rica-Tuxpan, Veracruz-Boca del Río, Córdoba-Orizaba, Cuenca del Papaloapan y Coatzacoalcos-Minatitlán), lo cierto es que la proliferación de pequeñas bandas delictivas, estimuladas por la impunidad, permite que no escape casi ningún palmo de terreno de la violencia y la inseguridad.
En reciente colaboración hablamos del inútil gasto que realiza el gobierno estatal manteniendo una comisión que se supone se enfoca a apoyar a las víctimas de delito pero que, bajo la dirección de la perezosa Mireya Toto Gutiérrez, lo menos que hace es precisamente eso: apoyar y proteger.
¿Cuántas víctimas hay, derivadas de las denuncias presentadas en agencias del Ministerio Público y reportadas de enero a julio de este año?
Hay 687 víctimas que ya no viven (360 por homicidio doloso y 327 por homicidio culposo). Tal vez sean éstas las cifras más cercanas a la realidad, puesto que todo individuo que no ha fallecido por causas naturales es, necesariamente, registrado por las autoridades judiciales.
Pareciera que su muerte los descarta de la ayuda que pueda dar el gobierno estatal, pero detrás de cada uno de esas víctimas están sus familias, con una necesidad imperiosa de respuestas y de ayuda de diversos tipos, incluso de seguridad.
Luego vienen los delitos de secuestro y extorsión, cuyas cifras oficiales se consideran aproximadamente el 10 por ciento de las que realmente ocurren; el restante 90 % no es denunciado por que la población desconfía de las autoridades, considera un riesgo para los secuestrados la intervención poco cuidadosa de la policía ministerial o cree que los propios elementos se encuentran involucrados en las bandas criminales.
Aunque el procurador veracruzano Luis Ángel Bravo recientemente ofreció cifras menores, lo cierto es que en los primeros siete meses del año se denunciaron 111 casos de secuestro y 157 de extorsión.
Los meses más calientes
En cuanto a homicidios, los meses en que más víctimas se registran fueron los de abril, mayo, junio y julio, en que se concentran 441 (64 %) de los 687 reportados. De esa manera, aunque los mayores registros fueron en abril (122) y junio (133), lo cierto es que la media es superior a 90 homicidios mensuales.
En el caso de los secuestros, los meses en que estuvieron más activas las bandas criminales fueron los de marzo (18 secuestros), abril (25) y junio (19). La debilidad demoscópica del procurador veracruzano se mostró en su análisis de las tendencias pues, efectivamente, de junio a julio la incidencia delictiva (número de expedientes abiertos en agencias investigadoras) bajó de 19 en junio a 11 en julio. Ya veremos cómo nos va en agosto para ver si se cumple la engañosa tendencia señalada por el abogado.
Marzo y abril, ambos con 40 casos cada uno, son hasta ahora los meses más álgidos en cuanto a la comisión del delito de extorsión; en efecto, de mayo a julio se observa una tendencia a la baja, de 21 a 17, pero ese par de meses puso en alto las cifras y colocó a la entidad en el octavo sitio.
Creció la incidencia delictiva
El mayor esfuerzo de las autoridades de la Procuraduría General de Justicia en Veracruz se ha destinado a bajar el número de hechos delictivos en las estadísticas oficiales, pero no en la realidad.
Según las cifras del Secretariado Ejecutivo del SNSP, la incidencia delictiva en Veracruz se disparó durante el actual gobierno estatal, a cargo de Javier Duarte de Ochoa.
Puede explicarse por el hecho de que durante el gobierno de Fidel Herrera Beltrán la gente desconfiaba más de las autoridades judiciales en general, tanto locales como federales, o porque como algunos señalan había una especie de pacto entre las autoridades y los grupos delictivos, pero lo cierto es que a partir del primer año de Javier Duarte las cifras se dispararon.
Mientras que en 2010 hay registros de 583 homicidios dolosos, 17 secuestros y 351 extorsiones, para 2011, primer año del gobierno duartista, las cifras se elevaron: 890 homicidios dolosos, 60 secuestros y 400 extorsiones.
Al siguiente año, 2012, el número de homicidios dolosos creció hasta llegar a 968, mientras que los secuestros afectaron a 91 víctimas y las extorsiones a 447. El año pasado, los homicidios decrecieron y solo se cometieron 863, pero los secuestros se elevan a 109 y las extorsiones a 461.
Ya hemos visto que en los primeros 7 meses de 2014, el número de secuestros ha superado ya al total de los registrados el año pasado, lo que marcará el año como uno de los más violentos. Por fortuna, los homicidios dolosos van a la baja (van 360 hasta julio) y las extorsiones (157 casos), también.
Todo ello, pese a que se ha destinado el mayor presupuesto a seguridad pública de la historia de Veracruz.
A bote pronto
Con tanto dinero que se ha invertido en los cuerpos policíacos, en la capacitación de elementos, adquisición de armamento y vehículos para agua, tierra y aire, suena realmente preocupante que tanto el PAN como el PRD señalen que es necesario solicitar a la Secretaría de Gobernación el envío de elementos de su cuerpo de élite, la Gendarmería Nacional, una propuesta lanzada originalmente por elsenador panista Fernando Yunes Márquez.
Lo cierto es que, por más que el titular de la SSP, Arturo Bermúdez Zurita, considere que solo es necesario incorporar elementos acreditados a la policía estatal para contener el delito, la percepción de violencia entre los pobladores crece de manera alarmante.
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