9 de noviembre de 2014

LA CASA BLANCA DE ENRIQUE PEÑA NIETO (INVESTIGACIÓN ESPECIAL)

El Presidente posee una casa en Las Lomas, DF, con valor de USD 7 millones. Fue construida a su gusto por Grupo Higa, una de las empresas que ganó la licitación del tren México-Querétaro, y que antes levantó obras en Edomex, cuando él fue gobernador.
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pasado jueves 6 de noviembre, el Gobierno mexicano revocó, de manera sorpresiva, el fallo de la licitación del Tren de Alta Velocidad México-Querétaro, ganada por un consorcio liderado por la empresa China Railway Construction Corporation, propiedad del gobierno chino, y en el que figuraban tres empresas mexicanas vinculadas estrechamente al PRI y al presidente Enrique Peña Nieto.
Una las empresas nacionales era Constructora Teya, que pertenece a Grupo Higa, la cual edificó obras millonarias para el Estado de México cuando Peña Nieto fue su gobernador. Grupo Higa, propiedad del empresario Juan Armando Hinojosa Cantú, también alquiló aeronaves al PRI para la campaña presidencial de 2012, a través de su filial Eolo Plus.
Sin embargo, hay algo más que demuestra la estrecha relación de Peña Nieto con Grupo Higa: una casa en Lomas de Chapultepec, en la Ciudad de México. Es la “casa blanca”de Enrique Peña Nieto.
Esta es la historia:
n mayo de 2013, los lectores de la revista ¡Hola! –habituados a conocer de las vidas y propiedades de la élite y el jet set internacional- se toparon con un reportaje que la publicación calificó como “excepcional e histórico”.
Al recorrer sus páginas, pudieron observar grandes fotografías de una lujosa y moderna residencia ubicada en Lomas de Chapultepec, una de las zonas de más alta plusvalía en la capital mexicana, que servían de marco para presentar una amplia entrevista con la actrizAngélica Rivera, esposa del presidente Peña Nieto.
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La revista detalló que era “…su primera entrevista como primera dama de México. Cálida y cercana, recibió a ¡Hola! en su residencia familiar, donde no sólo aceptó posar para nuestra cámara, sino también responder a todas y cada una de nuestras preguntas, sin miramientos y con total sinceridad…”.
Rivera habló del amor a su marido, de los seis hijos de ambos y… de la casa:
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Una investigación de varios meses realizada por este equipo de periodistas, con el apoyo de la plataforma de periodismo latinoamericano Connectas y el International Center For Journalists, pudo confirmar que la residencia se ubica en Sierra Gorda número 150 y que no está registrada a nombre de Enrique Peña Nieto, tampoco al de Angélica Rivera ni a los de sus hijos.
La residencia –con un valor aproximado de 86 millones de pesos, unos 7 millones de dólares (al tipo de cambio de julio pasado), según un avalúo independiente contratado para esta investigación (Descarga el avalúo aquí)– es propiedad de Ingeniería Inmobiliaria del Centro, una empresa que pertenece a Grupo Higa.
Grupo Higa, a través de su filial Constructora Teya, integra el consorcio de empresas nacionales y extranjeras al que le fue revocada la licitación para construir el tren de alta velocidad México-Querétaro.
La investigación comprueba que el Estado Mayor Presidencial (EMP) resguarda la casa de Sierra Gorda 150, y que el presidente Enrique Peña Nieto y su esposa participaron, personalmente, con el arquitecto que diseñó la residencia, para que el trazo se ajustara a sus necesidades familiares.
La casa tiene estacionamiento subterráneo, planta baja y nivel superior con tapancos. Un elevador conecta todos los niveles. El jardín tiene sala y comedor techados. En un inicio, la azotea tenía jacuzzi y bar, pero la casa ha sido modificada en esta área.
La planta baja tiene piso de mármol. En el primer piso, están las recámaras: en un ala están seis para los hijos de la familia, mientras que en la otra está la habitación principal con vestidor, baños separados y área de spa.
El color blanco cubre toda la casa, la cual tiene un sistema de luces para crear ambientes: puede tornarse rosa, naranja o violeta. Desde la calle pueden observarse las dos palmeras que crecen en el jardín.
El diseño de la residencia estuvo a cargo del arquitecto mexicano Miguel Ángel Aragonés y sus fotos aún se exhiben en www.aragones.com.mx, con el título “Casa La Palma”.
Los planos están disponibles en el portal archdaily.com, llevan el logo de Aragonés y la ubican en la calle Sierra Gorda. También muestran una fecha: octubre de 2010, un mes antes de que Peña Nieto y Rivera se casaran.
Los interiores que exhibe el portal web de Aragonés, son los mismos donde Angélica Rivera posó para ¡Hola! La sala, los escalones y los muebles son idénticos en ambas imágenes.
El arquitecto Aragonés confirmó que diseñó la casa del Presidente en una entrevista que dio al periodista Alberto Tavira, en el programa Los despachos del poder, de TV Azteca. El programa se transmitió el 26 de octubre de 2013.
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Arq. Miguel Ángel Aragonés. Primera parte
Entrevista con Alberto Tavira, en TV Azteca

Arq. Miguel Ángel Aragonés. Segunda parte
Entrevista con Alberto Tavira, en TV Azteca











Este medio solicitó a Aragonés una Aragonés aseguró que disfrutó trabajar con Peña Nieto.entrevista, pero su agente de prensa, Antonino Trinidad, dijo que el arquitecto firmó con Peña Nieto una cláusula de secrecía.
Antonino Trinidad
Agente de prensa de Arq. Aragonés
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El 12 de noviembre de 2008, el entonces gobernador Enrique Peña Nieto confesó en el programa Shalalá, de TV Azteca, que conducían Sabina Berman y Katia D’Artigues, que él y Angélica Rivera sí eran novios.
Y exactamente un día después, el 13 de noviembre de 2008, fue constituida“Ingeniería Inmobiliaria del Centro”, dueña legal de la residencia que Peña Nieto mandó a diseñar en Lomas de Chapultepec para la familia que más adelante formó con Rivera.
Así lo muestra el expediente de la compañía en el Instituto de la Función Registraldel Estado de México. Los documentos también exhiben que el propietario de “Ingeniería Inmobiliaria del Centro” es Juan Armando Hinojosa Cantú, presidente de Grupo Higa.
El otro propietario era su hijo, Juan Armando Hinojosa García, quien falleció en julio de 2012 al desplomarse el helicóptero matrícula XA-UQH que tripulaba y que era de su empresa “Eolo Plus”, la cual rentó las aeronaves en las que Peña Nieto se transportó por todo el país durante la campaña presidencial de 2012.
En ese helicóptero viajaron Peña Nieto y algunos integrantes de su equipo de campaña semanas antes del accidente.
Además de los negocios, Peña Nieto tenía amistad con Juan Armando Hinojosa García. Pero el empresario también fue cercano a otros políticos del PRI. Durante tres años estuvo casado con la hija del ex gobernador de Veracruz, Fidel Herrera.
El 28 de julio de 2012, Hinojosa García asistió a la fiesta de cumpleaños de Peña Nieto en la hacienda Cantalagua, en Contepec, Michoacán. Horas después, el helicóptero del empresario se desplomó. Consternado, acudió con su familia al funeral y escribió un mensaje en su cuenta de Twitter:
“Con profundo dolor, nuestras más sentidas condolencias a la familia Hinojosa García por la sensible e irreparable pérdida de Juan Armando”.
n mayo de 2009, la sociedad conformada por las empresas “IGSA Solutions” y “Constructora Teya” –otra de las filiales de Grupo Higa- ganó uno de los 608 compromisos que Peña Nieto hizo como gobernador: la edificación y operación del Hospital Regional de Especialidades de Zumpango.

Por esta obra se pagarán, durante el periodo 2011-2034, un total de 7 mil 038 millones de pesos, de acuerdo con el informe realizado por la organización Transparencia Mexicana, la cual fungió como testigo social del proceso. (Descarga el informe aquí)
Seis meses después de que ganó este contrato, en noviembre de 2009, Grupo Higa compró el terreno donde se edificó la casa presidencial.
“Constructora Teya” siguió ganando contratos: construyó las autopistas Toluca-Naucalpan y Toluca-Atlacomulco, y el distribuidor vial Naucalpan-Metepec. Negocios redondos como una revolvedora de cemento que nunca se detiene.
Para los viajeros, construyeron obras viales en el aeropuerto de Toluca y el Paseo Tollocan, la avenida más importante de la ciudad, entre otras obras.
“Mezcla Asfáltica de Alta Calidad”, otra filial de Grupo Higa, también ganó contratos por parte de la Junta de Caminos del Estado de México.
La empresa “Concretos y Obras del Pacífico SA”, del Grupo Higa, ganó contratos de laSecretaría del Agua y Obra Pública del Estado.
Por diversos contratos, las filiales de Grupo Higa ganaron más de 8 mil millones durante el gobierno de Peña Nieto en el Estado, de acuerdo con documentos entregados vía transparencia.
a empresa “Ingeniería Inmobiliaria del Centro”, dueña legal de la casa de Enrique Peña Nieto y su familia en Lomas de Chapultepec, tiene su dirección oficial en José Vicente Villada número 114, tercer piso, en el centro de Toluca.

La dirección es exactamente la misma de “Constructora Teya” y la que exhibe “Eolo Plus” en las facturas que emitió por la renta de jets y helicópteros al PRI nacional y Peña Nieto durante la campaña 2012. Otra dirección que usa la empresa es José Vicente Villada 125, a una cuadra de distancia. (Descarga las facturas aquí)
Además, al marcar al teléfono registrado por “Ingeniería Inmobiliaria del Centro”, la operadora atiende como Grupo Higa.
Las empresas del consorcio también comparten representante legal: el licenciado Arturo Reyes Gómez tiene ese cargo en “Eolo Plus” y en “Ingeniería Inmobiliaria del Centro”. (Descarga el contrato aquí)
Este medio lo buscó para conocer su versión, sin éxito.
Reyes Gómez estuvo encargado de comprar, en noviembre de 2009, el predio de Sierra Gorda 150, donde comenzó a edificarse la casa presidencial. El costo de ese terreno fue de 8 millones y medio de pesos, de acuerdo con documentos del Registro Público de la Propiedad y del contrato de compra-venta suscrito ante el Notario 89 del DF. (Descarga el contrato de compra-venta aquí)
A través de solicitudes de transparencia, la Delegación Miguel Hidalgo entregó copias de los trámites de la obra. Todo el papeleo fue hecho por Arturo Reyes Gómez, en representación de “Ingeniería Inmobiliaria del Centro”, de Grupo Higa.
El 27 de julio de 2010, “Ingeniería Inmobiliaria del Centro” presentó la manifestación de construcción. La dirección que registró la empresa es la misma de las filiales de Grupo Higa, en Toluca: José Vicente Villada 114, tercer piso. (Descarga el documento aquí)
Al inicio, la obra se iba a limitar al predio de Sierra Gorda 150, el cual mide 685 metros cuadrados. Sin embargo, la empresa compró en diciembre de 2010 el predio contiguo, marcado con el número 160, cuya extensión era de 728 metros cuadrados. Este predio tuvo un valor de 9 millones 850 mil pesos, como muestra el expediente del inmueble en el Registro Público de la Propiedad del DF. (Descarga el documento aquí)
Es decir, la inversión por la compra de ambos terrenos fue de 18 millones 350 mil pesos y, de ese modo, el terreno alcanzó un total mil 414 metros cuadrados.
En 2011, la empresa solicitó a la delegación fusionar ambos predios y tramitó que elnúmero 150 de Sierra Gorda se mantuviera como el oficial de la residencia. Y todo se hizo al mismo tiempo que Grupo Higa tenía contratos con la administración de Peña Nieto en el Estado de México. (Descarga el documento aquí)
En un par de planos entregados por la delegación a través de solicitudes de transparencia, es posible identificar que se trata de los mismos que están disponibles enwww.archdaily.com.
Además de las solicitudes de transparencia, este medio tuvo acceso al expediente de la obra a través de personas vinculadas a la obra: entre todos los documentos, se conserva una copia de la credencial de elector de Arturo Reyes Gómez, el representante legal de “Ingeniería Inmobiliaria del Centro” y “Eolo Plus”, de Grupo Higa.
Pero también guarda una copia de la identificación de otro hombre, Roberto Gutiérrez Tapia, quien también fue autorizado para recibir notificaciones de la construcción. Al buscar información sobre Gutiérrez Tapia, su foto y datos aparecen en el portal de Aragonés como integrante del despacho del arquitecto, desde 2007. (Descarga las identificaciónes aquí)
Es decir, Aragonés y su taller de arquitectos sí participaron en el diseño de la residencia.
ara la construcción de Sierra Gorda 150, el arquitecto Aragonés contrató como Director Responsable de Obra (DRO) a Mauricio Clemente Buitrón Monroy . El DRO es una figura certificada por el Gobierno del DF que sirve como intermediario entre las autoridades y los particulares para supervisar que se construya lo que se declaró en los planos registrados.

Buitrón Monroy accedió a narrar la historia a este medio:
Ing. Clemente Mauricio Buitrón Monroy. Primera parte
DRO en la obra de Sierra Gorda 150






El arquitecto Acosta, al que hace referencia Buitrón Monroy, es José Héctor Acosta Ordoñez, quien estuvo encargado de realizar la reparación de las banquetas de Sierra Gorda 150, de acuerdo con documentos entregados por la delegación.
Buitrón Monroy recuerda que un día acudió a Sierra Gorda 150, en compañía de funcionarios de la Delegación Miguel Hidalgo, a fin de realizar la verificación de término de construcción, pero les impidieron el ingreso.
Ing. Clemente Mauricio Buitrón Monroy. Segunda parte
DRO en la obra de Sierra Gorda 150






La visita de terminación de obra se realizó el 22 de agosto de 2012, de acuerdo con oficios entregados por la Delegación Miguel Hidalgo a través de solicitudes de acceso a la información.
De acuerdo con documentos oficiales del Registro Público de la Propiedad del DF, entregados apenas el 29 de octubre de 2014, la empresa “Ingeniería Inmobiliaria del Centro” continúa siendo la dueña legal de la residencia de Sierra Gorda 150. (Descarga el documento aquí)
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uando inició la campaña presidencial de 2012, Enrique Peña Nieto presentó unadeclaración patrimonial firmada ante Notario Público: cuatro casas y cuatro terrenos en el Estado de México, y un departamento en Acapulco, Guerrero. No incluyó la casa de Sierra Gorda 150 (Descarga la declaración de EPN en campaña aquí)

Durante las giras de campaña, Peña Nieto, su círculo cercano y su familia volaron en aeronaves de “Eolo Plus”, filial de Grupo Higa. En las bitácoras de vuelo aparecen como pasajeros Peña Nieto, Rivera, sus hijos, los ahora secretarios de Estado Luis VidegarayPedro Joaquín Coldwell, entre otros.
El PRI pagó casi 26 millones de pesos por los vuelos, como muestran documentos entregados a este medio por el Instituto Nacional Electoral. Las facturas de los vuelos de “Eolo Plus” tienen la misma dirección de “Ingeniería Inmobiliaria del Centro”: José Vicente Villada 114, tercer piso, en el centro de Toluca.
El partido tricolor también contrató a otra empresa de Grupo Higa, Publicidad y Artículos Creativos (PACSA), para imprimir material que se regalaba durante la campaña, comotuppers con la imagen y nombre de su candidato.
l 1 de diciembre de 2012, cuando tomó protesta como Presidente de la República ante el Congreso de la Unión, Peña Nieto y su familia salieron de la mansión ubicada en Paseo de las Palmas 1325, en Lomas de Chapultepec, la cual es propiedad de Angélica Rivera y se ubica atrás de la casa de Sierra Gorda 150.
En enero de 2013, Peña Nieto presentó su primera declaración patrimonial como Presidente, en la que mantuvo las mismas nueve propiedades que declaró como candidato. Las mismas propiedades se repitieron en su declaración patrimonial de 2014. La casa de Sierra Gorda 150 tampoco fue registrada.
En el directorio de Teléfonos de México, “Ingeniería Inmobiliaria del Centro” aparece registrada con domicilio en Sierra Gorda 150 y con tres números telefónicos. Al momento de marcar, en todos los números responden en Paseo de las Palmas 1325, la casa de Angélica Rivera y de donde salió Peña Nieto hacia el Congreso para tomar protesta como Presidente.
Este medio llamó a sus números telefónicos preguntando por la casa de Sierra Gorda 150, pero la mujer que respondió -quien se identificó como Ana- confirmó que las residencias están conectadas entre sí. Al revisar planos de catastro de la Secretaría de Finanzas del DF, se comprobó que las casas tienen colindancia en poco más de un metro.
`Ana´
Paseo de las Palmas 1325
A través de una respuesta de información pública, la Presidencia señaló que Angélica Rivera no está obligada a presentar su declaración patrimonial, ya que no es funcionaria.
Sin embargo, la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos establece en su artículo 43 que el Presidente sí tiene la obligación de reportar los bienes a nombre de su esposa ante la Secretaría de la Función Pública, pero esta información es reservada.

El Estado Mayor Presidencial confirmó de manera oficial que resguarda la residencia de Sierra Gorda 150, debido a que tiene la obligación legal de garantizar la seguridad del Presidente y su familia en sus actividades públicas y privadas, tanto en las instalaciones oficiales de Los Pinos y Palacio Nacional, así como en su casa particular, de acuerdo con las respuestas entregadas a solicitudes de acceso a la información hechas por este medio.

“(El Estado Mayor Presidencial debe) garantizar, de manera permanente, la seguridad física de los inmuebles donde el Presidente de la República asiste en el desarrollo de sus actividades públicas o privadas; inclusive acompañado de su familia. (…) Bajo esa premisa, se concluye válidamente el motivo por el cual el personal del Estado Mayor Presidencial resguarda el inmueble de Sierra Gorda 150″, señalan las respuesta a las solicitudes 0210000092614 y 0210000101514.
Se buscó la versión de Angélica Rivera, a través de su oficina en el DIF nacional, pero el encargado de comunicación social, Luis Torres Tello, turnó la solicitud al área de prensa de la Presidencia, sin que hasta ahora se haya dado alguna respuesta.
A una solicitud de transparencia sobre la propiedad de la casa, la Presidencia se declaróincompetente para responder y turnó la petición a la Secretaría de la Función Pública, la cual señaló que sólo pueden conocerse los datos patrimoniales que Peña Nieto haya autorizado como públicos y, agregó, es “confidencial” la información sobre los bienes a nombre de la esposa y dependientes económicos del presidente.
24 de septiembre de 2014, en la ciudad de Nueva York y con el presidente de EU, Barack Obama, presente, Enrique Peña Nieto asumió la presidencia de laAlianza para el Gobierno Abierto.

Durante la ceremonia refrendó su compromiso con “la promoción de la transparencia, la lucha contra la corrupción y el empoderamiento de la ciudadanía”. Dijo, también, que “los gobiernos abiertos son la nueva frontera de la democracia”.

A pesar de este compromiso de talla internacional, la Presidencia de la República se dijo “legalmente impedida” para responder a los cuestionamientos planteados en esta investigación sobre el patrimonio del presidente Enrique Peña Nieto y su familia.

La noche del jueves 6 de noviembre, el Gobierno mexicano anunció que el Presidente ordenó repetir la licitación del tren de alta velocidad México-Querétaro, ante los cuestionamientos de legisladores, empresarios y medios de comunicación, por la falta de transparencia y tiempos en el proceso.
Grupo Higa, a través de su filial Constructora Teya, formaba parte del consorcio que había ganado el concurso. Ese mismo grupo empresarial construyó una residencia en las Lomas de Chapultepec a gusto del presidente Peña Nieto y su esposa, y en la que planean vivir cuando concluya su sexenio, como confesó Angélica Rivera a la revista ¡Hola!

La Secretaría de Comunicaciones y Transportes anunció que la licitación se volverá a lanzar a finales de noviembre de este año. Mientras que el consorcio de empresas chinas-mexicanas informó que volverá a concursar.

(Investigación: Rafael Cabrera, Daniel Lizárraga, Irving Huerta y Sebastián Barragán. Diseño: Gustavo Varguez).   http://aristeguinoticias.com/

8 de noviembre de 2014

¡NO ESTAN SOLOS, SU DOLOR Y SU INDIGNACION TAMBIEN SON NUESTROS!


AL PUEBLO DE MÉXICO:
A LOS PUEBLOS DEL MUNDO:
A LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN NACIONALES E INTERNACIONALES:
A LOS ORGANISMOS NO GUBERNAMENTALES DEFENSORES DE LOS DERECHOS HUMANOS:
A LAS ORGANIZACIONES POLITICAS, POPULARES Y REVOLUCIONARIAS:
A LOS NORMALISTAS DE AYOTZINAPA, A LOS PADRES DE FAMILIA, A LOS FAMILIARES DE LOS ASESINADOS Y DETENIDOS-DESAPARECIDOS:

¡NO ESTAN SOLOS, SU DOLOR Y SU INDIGNACIÓN TAMBIÉN SON NUESTROS!

¡HERMANOS, HERMANAS, CAMARADAS!

Es inaceptable y por lo tanto merece el rechazo popular el anuncio de la Procuraduría General de la República (PGR) sobre el destino de los 43 estudiantes normalistas detenidos-desaparecidos de Ayotzinapa. Siguen sosteniendo la misma hipótesis de adjudicar autoría material e intelectual a la omnipresente "delincuencia organizada". Con el anuncio del titular de la PGR sobre la captura de presuntos delincuentes y sus dichos se pretende dar carpetazo al crimen de Estado, diluir la responsabilidad del aparato represivo en los crímenes de lesa humanidad que se cometieron en Guerrero y se están cometiendo en el país.

No estamos ante un problema de visión, ni tampoco un problema de definiciones conceptuales, estamos de frente ante crímenes de Estado consumados por las fuerzas represivas. El grito popular, la voz de los familiares, los testimonios de los normalistas sobrevivientes de este acto de terrorismo de Estado es fuerte y claro: ¡fue el Estado!, fue la policía municipal, fue la policía federal, fue el ejército mexicano, todos bajo el mando único quienes cometieron los crímenes de lesa humanidad el 26 y 27 de septiembre en Iguala Guerrero, tampoco es una crisis humanitaria, son crímenes de Estado que los gobiernos neoliberales han estado cometiendo para defender los intereses oligarcas y transnacionales.

Son 43 días de indolencia gubernamental; 43 días de mentiras y teatro mediático; 33 días que 10 mil elementos de las fuerzas federales participan en el teatro mediático en una supuesta búsqueda y en la "transparencia de la investigación". Farsantes, hipócritas, criminales de Estado. Desde el pueblo no les creemos ni un ápice, ustedes desde el poder no sienten dolor alguno por los crímenes contra el pueblo, las expresiones del supuesto dolor que expresan es demagogia pura y parte del escenario mediático para distorsionar la realidad.

Todo lo quieren diluir en una policía municipal corrupta y "corrompida por los delincuentes", por los "omnipotentes" criminales, burdo montaje gubernamental para tratar desvanecer desde el principio este crimen de Estado, para intentar eximir la responsabilidad inocultable del aparato represivo. La policía municipal es parte de la estructura del Estado, una institución de la "legalidad" por la que se desgarran las vestiduras, una corporación más de la institucionalidad que reprime, asesina y detiene-desaparece al pueblo, parte del andamiaje del aparato represivo, parte de los cuerpos policiaco-militares para ejercer el terrorismo de Estado contra el pueblo bajo un mando único, que en su cadena de mando conduce hasta el jefe del Ejecutivo.La participación de la policía municipal, la "complacencia indolente" y el cinismo del ejército, y la presencia de la policía federal comprueba la aquiescencia del Estado mexicano.

Mentirosos, en estos crímenes de lesa humanidad hubo participación directa del ejército mexicano, concretamente del 27 batallón de infantería con un largo historial en la guerra contrainsurgente y el terrorismo de Estado. El montaje es tan burdo que no tiene diferencia con los montajes mediáticos que escenificaron Genaro García Luna, Maricela Morales y el chacal de Felipe Calderón para fabricar en caliente culpables y no manchar el traje de las instituciones burguesas, verbigracia, el acto terrorista de Estado con granadazos el 15 de septiembre de 2008 en Morelia, Michoacán, perpetrado por una unidad especial del ejército mexicano y presentando rápidamente a supuestos culpables que resultaron ser ciudadanos inocentes, obligados a autoinculparse bajo tortura y "entregados por la delincuencia organizada".

Hoy al igual que en los tiempos siniestros de Calderón los supuestos culpables son conducidos en los "interrogatorios" a través de preguntas a modo, para inducirlos a un guión preestablecido desde las autoridades federales, en aquel tiempo fue desde la extinta Agencia Federal de Investigación (AFI), hoy desde la PGR. Los "interrogados" son hasta incapaces de memorizar el guión y éste se lo dictan a través de preguntas inductivas para obtener el resultado incriminatorio.

Resultaría interesante que a esos supuestos perpetradores los pusieran de frente a la prensa independiente, padres de familia, normalistas agraviados y organizaciones populares en un cuestionario público y sin restricciones protocolarias, seguro que caerían en infinidad de contradicciones que evidenciarían el montaje perverso desde la PGR.

Han pasado cuarenta y tres días de consumado el crimen de Estado en los cuales desde el gobierno federal se han administrado los tiempos para "investigar y solucionar" la detención-desaparición de los normalistas. Pero una verdad salta a la vista, todas las fuerzas federales, estatales y municipales participan en el terror contra el pueblo, pero es en los batallones de infantería del ejército mexicano donde recae operativamente la ejecución de los crímenes de lesa humanidad, el terrorismo de Estado y las acciones criminales de contrainsurgencia, el actuar criminal del 102 y 27 batallones de infantería sólo son un pequeño botón de muestra.

Toda la información que ha estado vertiéndose de manera formal e informal, a través de hipótesis oficiales y versiones oficiosas conducen a una sola conclusión, el asesinato político en su modalidad de ejecución extrajudicial, la masacre, la tortura y la detención-desaparición de los 43 normalistas reafirman una y otra vez que fue un crimen de Estado, un acto de terrorismo de Estado y una acción típica de contrainsurgencia. Lo sabe el pueblo, lo sabe el mundo, sin embargo, desde el Estado se hace todo por negar y ocultar la verdad histórica.

Los gobiernos panistas y hoy el priista no han cejado en su guerra psicológica contra el pueblo por imponer una indolencia social-colectiva que lleve al desprecio a la vida humana mientras no sea la propia o la de un ser querido. Bajo el mote de que se es delincuente se han justificado los más aberrantes crímenes de Estado, olímpicamente se dan carpetazos apuntalados por la dictadura de opinión que se ejerce desde los monopolios de la comunicación.

Responsables y corresponsables de todos los crímenes de Estado son también los politicastros que firmaron el Pacto por México; los políticos de oficio-empresarios embozados como representantes populares que oxigenan y administran la crisis del régimen;y, todos aquellos que desde una supuesta "izquierda moderna" le hacen el caldo gordo al Estado y la oligarquía en la defensa de sus intereses mezquinos.

Llama la atención que aquellos que se desgarraban las vestiduras desde la ultraderecha y la falsa sociedad civil contra la violencia sin adjetivo hoy no muevan una sola cuerda bucal para denunciar la violencia desde el Estado, para condenar el terrorismo de éste, en esta lógica fascista vale más la vida de un apellido de abolengo que la vida de miles de mexicanos sin fortuna ni apellido.

Una nueva maniobra político-mediática está en curso para pretender dar carpetazo al caso de los 43 estudiantes normalistas detenidos-desaparecidos de manera forzada por el aparato represivo gubernamental, encarcelar a chivos expiatorios que en realidad son piezas menores del aparato represivo y sostener contra viento y marea la hipótesis de que es la "delincuencia organizada" la culpable, esa mentira desde el pueblo es inaceptable, debe ser rechazada y condenada.

La movilización popular en solidaridad a los normalistas de Ayotzinapa desenmascara el carácter represivo y antipopular de la actual junta administrativa, ¿Quiénes se oponen a la movilización popular?, ¿Quiénes la condenan?, ¿Quiénes pretenden quitarle su filo político? Los defensores del régimen y las plumas mercenarias. La respuesta la conocemos los que padecemos la violencia del Estado, los defensores del régimen antipopular son los que tratan por todos los medios de deslindar al Estado de estos abominables crímenes de lesa humanidad. Y sí, las detenciones-desapariciones por motivos políticos, las ejecuciones extrajudiciales, las masacres y los crímenes de lesa humanidad solamente las comete el Estado.

La hipótesis de la "equivocación y confusión" tampoco es aceptable, son patrañas gubernamentales, ahora resulta que son tan estúpidos los ejecutores que se "equivocaron y se confundieron" al detener a los estudiantes, pero deslumbra su inteligencia para borrar las evidencias del crimen de Estado. La detención-desaparición de los 43 normalistas y crímenes de lesa humanidad en torno a los hechos del 26 y 27 de septiembre son parte de la barbarie gubernamental que cimbra al país, desde el Estado se ha estimulado la descomposición social, se ha desatado la violencia institucional a nombre de la delincuencia y el narcotráfico para justificar la imposición del Estado policiaco-militar, pruebas sobran, el "pelotón de la muerte", "los matazetas", las míticas organizaciones criminales, los pelotones de fuerzas especiales de la marina, son los botones de muestra de los asesinos del Estado con licencia para asesinar a mansalva al pueblo.

Las movilizaciones populares que exigen la presentación con vida de los detenidos-desaparecidos de Ayotzinapa y que gradualmente exigen alto al terrorismo de Estado de ninguna manera puede ser una expresión de violencia en abstracto. Las marchas, los mítines, los bloqueos de carreteras, la toma de edificios públicos, los bloqueos a los centros del poder económico financiero son actos de eminente protesta política contra el régimen, contra un gobierno represivo, contra un Estado policiaco-militar, contra los símbolos del régimen. Lo acontecido en Iguala el 26 y 27 de septiembre, no fue un acto bondadoso, tampoco un acto de fe cristiana, lo diremos cuantas veces sea necesario fue un crimen de Estado en donde la violencia institucionalizada constituye su esencia para imponer la voluntad de una oligarquía depredadora que sigue exigiendo la imposición de un estado de sitio permanente.

Preguntamos a nuestro pueblo ¿Qué sentido tiene una protesta sin contenido político?, ¿Qué sentido tiene manifestarse sin combatividad?, ¿Cómo enfrentar la barbarie, el cinismo y la demagogia gubernamental? La protesta "civilizadora" no cuestiona al régimen, no lo desenmascara, ni lo desnuda en su carácter profascista. Del tamaño de la agresión hacia el pueblo debe ser la respuesta popular contra el régimen oprobioso.

La protesta popular, la denuncia política y las acciones políticas de masas en tanto no se presenten con vida a los detenidos-desaparecidos seguirán teniendo razón de ser, seguirán teniendo legitimidad y constituyen una necesidad para que se sepa en el mundo que en México existe un gobierno represivo y antipopular,y que los verdaderos responsables materiales e intelectuales están enquistados en las diferentes esferas gubernamentales, gozando de impunidad y confabulando nuevos crímenes contra el pueblo.

Sobre la base de los crímenes de Estado se pretende justificar bajo la tesis del combate a la delincuencia el estado de sitio permanente, el Pacto por la seguridad y contra la corrupción y la impunidades una exigencia más de la oligarquía mexicana, es decir, de los "honorables hombres de negocios" que le exigen a la junta administrativa reforzar el estado policiaco-militar, elevar el terror contra el pueblo. Es la exigencia para que el país se siga inundando en un río de sangre y se sigan diseminando por todo el país las fosas clandestinas que pretenden ocultar el terrorismo de Estado y los crímenes de lesa humanidad.

En ese contexto de criminalidad gubernamental se encuentran las filtraciones que hace el Cisen para vincular a luchadores sociales ya sea con la delincuencia o con fuerzas insurgentes, esas filtraciones constituyen una amenaza de futuros crímenes de Estado, es el señalamiento directo contra luchadores sociales de las diferentes organizaciones populares para que el aparato represivo se siga cebando contra el pueblo indefenso.

El Pacto por la seguridad, contra la corrupción y la impunidad, es un pacto cupular entre politicastros y las cúpulas empresariales para reforzar la dictadura del capital. Desde los monopolios de la comunicación y a través de la dictadura de opinión se insiste en abonar a la hipótesis del crimen organizado como el autor de los crímenes de lesa humanidad no sólo en Guerrero sino en todo el país, sin embargo, esta información es perniciosa, peligrosa, porque políticamente se pretende deslindar al Estado de la autoría material e intelectual de la violencia que se ejerce contra el pueblo, ahora resulta que los actos de terrorismo de Estado contra los normalistas sólo es un banal acto de venganza de un ex presidente municipal pueblerino y carente de todo sentido político.

Las detenciones-desapariciones forzadas es una larga historia que data desde las décadas de los sesenta, setenta, ochenta, noventadurante los gobiernos priistas, cifrándose en miles de detenciones-desapariciones; pero fueron los gobiernos panistas de Vicente Fox y Felipe Calderón quienes exponenciaron esta política de Estado que arroja la cifra de más de setenta mil detenidos-desaparecidos; y hoy con el retorno del PRI a la administración federal se reafirma la detención-desaparición por motivos políticos y sociales como una política de Estado transexenal donde la cifra del terror sigue aumentando en miles de ciudadanos en esta condición, el caso de Iguala contra los normalistas de Ayotzinapa no es un caso aislado, es producto de un actuar sistemático del Estado mexicano.

Desde la trinchera de la crítica política de las armas, nuestro partido y ejército, el PDPR-EPR, expresamos a los familiares de los normalistas asesinados, torturados y detenidos-desaparecidos que su dolor es también nuestro, esos sentimientos de indignación y coraje también los hemos vivido con la detención-desaparición de dos de nuestros militantes –Gabriel Alberto Cruz Sánchez y Edmundo Reyes Amaya- sin embargo, no debe ser motivo para desmoralizarnos, para la impotencia, para el cansancio, para la desesperanza, por el contrario todo agravio contra el pueblo debe alimentar la conciencia proletaria para desplegar con combatividad acción popular y acción revolucionaria.

La lucha por la presentación de los detenidos-desaparecidos de manera forzada debe continuar, abarcando las diferentes modalidades de la acción política, para que a fuerza de movilización y lucha popular se obligue a este gobierno antipopular presentar con vida a todos los detenidos desaparecidos. Está claro que por su propia voluntad nunca lo harán.


¡HERMANOS, HERMANAS, CAMARADAS! El agravio por los más de setenta mil detenidos-desaparecidos por motivos políticos y sociales nos lacera a todos; la detención-desaparición de 43 estudiantes normalistas es el símbolo fehaciente del terrorismo de Estado, del odio de clase hacia nosotros los desposeídos; la pretensión de endosar este crimen de Estado a la delincuencia nos llena de indignación. Para el pueblo y sus organizaciones no son tiempos de desesperanza, tampoco de impotencia, mucho menos de desmovilización y apatía política, no hay lugar para el cansancio, para el desgaste, para abdicar en la lucha por la presentación con vida de los detenidos desaparecidos. Son tiempos de movilización popular, de dignidad y resistencia combativa, es tiempo de salir a la calle a poner en alto nuestro grito de indignación y de repudio a este gobierno represivo y antipopular. ¡Que retiemble ese grito de resistencia y dignidad combativa en todo el país!


Estamos de acuerdo con todos aquellos que desde el pueblo plantean arribar a formas de lucha más complejas y superiores, para hacer efectiva la defensa de los intereses populares, que cada quien en su trinchera de lucha despliegue iniciativa, creatividad y capacidad.

¡VIVOS SE LOS LLEVARON, VIVOS LOS QUEREMOS!
¡PRESENTACION CON VIDA DE LOS 43 NORMALISTAS DE AYOTZINAPA DETENIDOS-DESAPARECIDOS POR EL ESTADO!
¡A SEGUIR EXIGIENDO LA PRESENTACIÓN CON VIDA DE TODOS LOS DETENIDOS DE AYER Y HOY!
¡A CERRAR FILAS CONTRA EL TERRORISMO DE ESTADO!
¡POR LA REVOLUCIÓN SOCIALISTA!
¡VENCER O MORIR!
¡POR NUESTROS CAMARADAS PROLETARIOS!    ¡RESUELTOS A VENCER!
¡CON LA GUERRA POPULAR!    ¡EL EPR TRIUNFARA!

COMITÉ CENTRAL DEL PARTIDO DEMOCRATICO POPULAR REVOLUCIONARIO PDPR

COMANDANCIA GENERAL DEL EJERCITO POPULAR REVOLUCIONARIO CG-EPR

Año 50.  República mexicana, a 7 de noviembre de 2014.



EL TOP TEN MUSICAL DE JAVIER DUARTE EN VERACRUZ...

ya lo dijo javi duuuu


NO FUE LA DELINCUENCIA, FUE UN CRIMEN DE ESTADO, RECLAMA GRUPO GUERRILLERO

EPR rechaza la versión de la PGR que da por muertos a los normalistas. Foto: Cuartoscuro
EPR rechaza la versión de la PGR que da por muertos a los normalistas. Foto: Cuartoscuro

Ciudad de México, 8 de noviembre (SinEmbargo).– El Ejército Popular Revolucionario (EPR) dijo en un comunicado difundido hoy que la versión de la Procuraduría General de la República (PGR), que da por muertos a los normalistas, busca atribuir los hechos a la delincuencia cuando se trata de un “crimen de Estado”. 

El EPR, un grupo guerrillero que se mueve sobre todo Oaxaca y Guerrero y es brazo del Partido Democrático Popular Revolucionario (PDPR), dijo que la presencia del Ejército, la Policía Federal y la Estatal en la escena del crimen los días 26 y 27 de septiembre lo vuelven un crimen de Estado. “Con el anuncio del titular de la PGR sobre la captura de presuntos delincuentes y sus dichos se pretende dar carpetazo al crimen de Estado, diluir la responsabilidad del aparato represivo en los crímenes de lesa humanidad que se cometieron en Guerrero y se están cometiendo en el país”, dijo el grupo. 

“El agravio por los más de setenta mil detenidos-desaparecidos por motivos políticos y sociales nos lacera a todos; la detención-desaparición de 43 estudiantes normalistas es el símbolo fehaciente del terrorismo de Estado, del odio de clase hacia nosotros los desposeídos; la pretensión de endosar este crimen de Estado a la delincuencia nos llena de indignación”, agregó en un comunicado. “No estamos ante un problema de visión, ni tampoco un problema de definiciones conceptuales, estamos de frente ante crímenes de Estado consumados por las fuerzas represivas. 

El grito popular, la voz de los familiares, los testimonios de los normalistas sobrevivientes de este acto de terrorismo de Estado es fuerte y claro: ¡fue el Estado!, fue la policía municipal, fue la Policía Federal, fue el Ejército mexicano, todos bajo el mando único quienes cometieron los crímenes de lesa humanidad el 26 y 27 de septiembre en Iguala Guerrero, tampoco es una crisis humanitaria, son crímenes de Estado que los gobiernos neoliberales han estado cometiendo para defender los intereses oligarcas y transnacionales”, señaló el Ejército Popular Revolucionario. Llamó farsantes, hipócritas y criminales de Estado a las autoridades federales. 

“Desde el pueblo no les creemos ni un ápice, ustedes desde el poder no sienten dolor alguno por los crímenes contra el pueblo, las expresiones del supuesto dolor que expresan es demagogia pura y parte del escenario mediático para distorsionar la realidad”, expresó el EPR. “Todo lo quieren diluir en una Policía municipal corrupta y ‘corrompida por los delincuentes”, por los ‘omnipotentes’ criminales, burdo montaje gubernamental para tratar desvanecer desde el principio este crimen de Estado, para intentar eximir la responsabilidad inocultable del aparato represivo. 

La policía municipal es parte de la estructura del Estado, una institución de la ‘legalidad’ por la que se desgarran las vestiduras, una corporación más de la institucionalidad que reprime, asesina y detiene-desaparece al pueblo, parte del andamiaje del aparato represivo, parte de los cuerpos policiaco-militares para ejercer el terrorismo de Estado contra el pueblo bajo un mando único, que en su cadena de mando conduce hasta el jefe del Ejecutivo. 

La participación de la policía municipal, la ‘complacencia indolente’ y el cinismo del Ejército, y la presencia de la Policía Federal comprueba la aquiescencia del Estado mexicano”, señaló el grupo guerrillero. “Mentirosos, en estos crímenes de lesa humanidad hubo participación directa del Ejército mexicano, concretamente del 27 batallón de infantería con un largo historial en la guerra contrainsurgente y el terrorismo de Estado. 

El montaje es tan burdo que no tiene diferencia con los montajes mediáticos que escenificaron Genaro García Luna, Maricela Morales y el chacal de Felipe Calderón para fabricar en caliente culpables y no manchar el traje de las instituciones burguesas, verbigracia, el acto terrorista de Estado con granadazos el 15 de septiembre de 2008 en Morelia, Michoacán, perpetrado por una unidad especial del Ejército mexicano y presentando rápidamente a supuestos culpables que resultaron ser ciudadanos inocentes, obligados a autoinculparse bajo tortura y ‘entregados por la delincuencia organizada’”, abundó. 

Dijo que resultaría interesante que a esos supuestos perpetradores los pusieran de frente a la prensa independiente, padres de familia, normalistas agraviados y organizaciones populares en un cuestionario público y sin restricciones protocolarias. “Seguro que caerían en infinidad de contradicciones que evidenciarían el montaje perverso desde la PGR”, dijo.


MARCHARÁ MAGISTERIO ESTE DOMINGO EN EL PUERTO DE VERACRUZ

Veracruz, Ver.- Integrantes del Movimiento Magisterial Popular Veracruzano anunciaron que este domingo realizarán una megamarcha estatal en el Puerto de Veracruz, para continuar la lucha contra la Reforma Educativa y refrendar su apoyo en el caso de Ayotzinapa.
Ariel Segura, integrante del MMPV, informó que en la marcha también participarán miembros de  la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) de Michoacán, Oaxaca y Guerrero, así como otros colectivos en defensa de la educación.
“Es una marcha mitin para continuar la lucha contra la reforma educativa y por la defensa de la educación pública, solidaridad a Ayotzinapa y el repudio total a la ley de regulación y tránsito que pretende criminalizar la protesta social”, dijo.
María del Carmen Rodríguez señaló que continuarán en apoyo a los estudiantes del comité de lucha de la Universidad veracruzana y en apoyo a los padres de los 43 normalistas desaparecidos en Ayotzinapa. “Si los padres no aceptan la versión de la PGR sobre la muertes de los estudiantes, nosotros tampoco la aceptamos, hasta que presenten a los jóvenes, no estaremos conformes”.
La protesta iniciará a la 10 de la mañana en el asta bandera de Boca del Río.

JUEZ IGNORA FIRMAS DE APOYO E INVESTIGACIÓN DE AMNISTÍA INTERNACIONAL SOBRE CASO DE TORTURA EN VERACRUZ


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México, DF. A más de dos años de estar sujeta a una injusta criminalización por parte del Estado mexicano, Claudia Medina Tamariz, torturada por elementos de la Secretaría de Marina Armada de México en agosto de 2012, no verá en el corto plazo una respuesta favorable al reconocimiento de su inocencia y de la tortura a la que sobrevivió.
La mujer cuyo caso representa para Amnistía Internacional el paradigma de la tortura en México, así retomado en el informe titulado Fuera de control. Tortura y otros malos tratos en México; y quien el 30 de septiembre recibió el apoyo de 343 mil 883 activistas que desde diferentes países instaron a la Procuraduría General de la República a investigar su caso y permitirle acceder a la justicia.
En la sentencia que recayó al juicio de amparo 328/2014 promovido por el Centro Prodh y Claudia Medina en contra de la acusación por delincuencia organizada en la modalidad de utilizar un vehículo robado para cometer otros ilícitos, el juez Decimoséptimo de Distrito con sede en Xalapa, Veracruz, reconoció que hubo una retención prolongada e injustificada por parte de sus aprehensores. Igualmente, señaló que es ilícito el parte informativo de los marinos y dado que es el único señalamiento hacia ella, no puede considerarse responsable del delito de delincuencia organizada.
No obstante ello, concede veracidad a la versión de los marinos sobre los hechos, por lo que directamente convalida la criminalización de Claudia posterior a una serie de graves violaciones a sus derechos humanos, que incluyen el allanamiento de su hogar, la sustracción ilegal del mismo, su posterior incomunicación durante 36 horas, la brutal tortura a la que fue sometida y subsecuente exhibición pública ante medios de comunicación.
El juez federal ignoró las alegaciones de Claudia sobre la tortura psicológica, física y sexual a la que fue sometida durante el periodo de retención en instalaciones castrenses; así como las pruebas aportadas por ella y su defensa, entre las cuales destacan dos dictamenes periciales realizados conforme al Protocolo de Estambul, que demuestran la veracidad de sus palabras y las huellas de tortura. Por lo que en su resolución, da libertad de jurisdicción al Juzgado Cuarto, de reclasificar el delito en contra de Claudia.
Claudia y su defensa son enfáticos en señalar que el Estado mexicano tiene obligaciones ineludibles en torno a la tortura, una epidemia que requiere de respuestas concretas y efectivas por parte de todas las instituciones y a todos los niveles. Observamos con preocupación que las resoluciones recientes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en torno a las obligaciones jurisdiccionales con relación a la tortura, no permearon en uno de los casos emblemáticos en México.
Información adicional del caso
El 7 de agosto de 2012, Claudia Medina Tamariz, veracruzana de 34 años, dedicada al hogar y madre de tres adolescentes, fue detenida en su domicilio de manera arbitraria por elementos de la Secretaría de Marina, y luego de 36 horas de tortura física, sexual y psicológica —incluidas amenazas hacia su familia, descargas eléctricas, asfixia y vejaciones sexuales— ella firmó una declaración que le construyeron; para luego ser presentada ante los medios de comunicación con una versión falsa sobre su detención y acusada de formar parte del Cártel de Jalisco Nueva Generación. Actualmente está en libertad condicional, enfrentando acusaciones falsas. Claudia quiere que los hechos se esclarezcan, para que la justicia y la tranquilidad regresen a su familia.
La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) no ha emitido la recomendación en el caso desde hace dos años; y la Procuraduría General de la República (PGR) ha obstaculizado las investigaciones sobre la tortura.
Sobre la campaña
La campaña Rompiendo el silencio: Todas juntas contra la tortura sexual, es una iniciativa impulsada por las 11 mujeres denunciantes de tortura en Atenco: Ana María, Italia, Claudia, Cristina, Edith, Mariana, María Patricia, Norma, Patricia, Gabriela y Yolanda, y por Claudia Medina, Miriam López, Inés Razo, Inés Fernandez y Valentina Rosendo.
La iniciativa fue presentada el pasado 5 de mayo de 2014, con las siguientes organizaciones: Asociadas por lo Justo (JASS), Centro de Derechos Humanos de la Montaña “Tlachinollan”, Centro de Derechos Miguel Agustín Pro Juárez y Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos. 
Más información de la campaña:centroprodh.org.mx/rompiendoelsilencio/ 
FUENTE: PLUMAS LIBRES