Agentes de la Policía Municipal de San Fernando, Tamaulipas realizaban labores de “halconeo” o vigilancia para esa organización criminal.
La policía municipal de San Fernando, Tamaulipas, participó de manera directa en el secuestro masivo de migrantes y pasajeros de autobuses cometido por el grupo delictivo “Los Zetas” en carreteras de ese mismo municipio durante marzo del 2011, crimen que derivó en el hallazgo de 194 cuerpos en fosas clandestinas.
Al menos 17 agentes de la Policía Municipal de San Fernando se dedicaban a interceptar y detener personas para posteriormente entregarlas a “Los Zetas”.También realizaban labores de “halconeo” o vigilancia para esa organización criminal.
A cambio, recibían un pago de ese grupo criminal, según revela una tarjeta informativa desclasificada por el Instituto Federal de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales (IFAI) a petición de la National Security Archive.
Dicha organización estadounidense especializada en acceso a la información pública solicitó a la Procuraduría General de la República (PGR) que diera a conocer los correos electrónicos, minutas, acuerdos y otros documentos oficiales relacionados con el caso San Fernando, dependencia que se negó a entregar cualquier información argumentando que formaba parte de diversas averiguaciones previas.
EL IFAI revocó dicha respuesta y le ordenó a la PGR entregar la información no relacionada con averiguaciones previas, por lo que esa dependencia se vio obligada a dar a conocer una tarjeta informativa que resume la participación de los policías municipales de San Fernando, Tamaulipas, en el caso de las 194 personas secuestradas y asesinadas a su paso por dicho municipio.
La tarjeta informativa emitida por la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) da a conocer los nombres de los policías municipales de San Fernando que colaboraron con “Las Zetas” en el secuestro y asesinato de las 194 víctimas halladas en las fosas clandestinas descubiertas en dicho municipio.
Se trata de un documento generado a partir de las diferentes averiguaciones previas iniciadas tras la captura de presuntos integrantes de “Los Zetas”, la primera de las cuales tiene fecha del 3 de abril del 2011, fecha en la que el gobierno federal finalmente comenzó a informar de esta masacre ante la opinión pública.
Hay por lo menos ocho testimonios de presuntos integrantes de “Los Zetas” que describen la complicidad de los policías municipales en uno de los mayores crímenes colectivos cometidos por esa organización criminal. “En base a las declaraciones de los inculpados, quienes refieren participación de elementos de la Policía Municipal de San Fernando, desde cubrir labores de halconeo, intercepción de personas y omisión en su deber en la observancia de delitos cometidos por miembros de la organización criminal de Los Zetas, citando además que recibían pago por parte de esa organización criminal”, señala textual la tarjeta informativa.
En un primer momento, se reconoce que no hay imputaciones particulares contra los elementos de la policía municipal, pero se insiste en que hay testimonios de la colusión entre ambas partes, por lo que el Ministerio Público Federal encargado del caso giró órdenes de presentación y localización contra 17 policías municipales de San Fernando, misma que fue cumplimentada por la Policía Federal el 3 de abril del 2011.
Al comparecer ante el Ministerio Público Federal, la mayoría de los agentes locales negaron las imputaciones que les realizaron otros miembros de “Los Zetas”, pero uno de sus compañeros corroboró la versión de los presuntos delincuentes.
Álvaro Alba Terrazas, alias “El Junior”, dijo ante la PGR que si había participación de elementos de la Dirección de Seguridad Pública y de Tránsito del municipio de San Fernando, Tamaulipas, con “Los Zetas”. La tarjeta informativa dice textual del testimonio rendido por Alba Terrazas:
“Y pregunta directa cita (sic): sé que los policías de San Fernando ayudan a la organización de Los Zetas, porque en lugar de qué cuando detienen a la gente se la lleven al Pentágono, es decir la cárcel municipal, se los entregan a Los Zetas, el mero bueno es un policía viejito que se llama Oscar Jaramillo, quienes reciben dinero de esa organización para colaborar”.
Sin embargo, el propio Oscar Jaramillo Sosa y el resto de los agentes municipales que fueron presentados ante la PGR, negaron los hechos. Finalmente, el 20 de mayo del 2011 la PGR decidió ejercer acción penal contra 72 presuntos integrantes de “Los Zetas” involucrados en el caso de las fosas de San Fernando, Tamaulipas, entre los cuales se encontraban 17 policías municipales, para lo cual consignó el expediente con las acusaciones por secuestro y delincuencia organizada ante el Juzgado Segundo de Distrito de Procesos Penales Federales con sede en Matamoros, Tamaulipas.
El 30 de junio del 2011 dicho juez federal determinó que había suficientes elementos para dictar el auto de formal prisión contra los 17 agentes, incluyendo a Álvaro Alba Terrazas, el primero en reconocer la infiltración de “Los Zetas” en la policía municipal de San Fernando, y a Oscar Jaramillo Sosa, señalado como jefe de los municipales al servicio de ese grupo delictivo.
Hasta el momento, el juicio penal contra los 17 ex servidores públicos continúa abierto.
