MARTA LAMAS
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| Sexo, poder y dinero. Cartón de Rocha |
MÉXICO, D.F. (Proceso).- ¿Son los operativos “anti-trata” una solución al grave problema del tráfico de mujeres? ¿Todas las que son consideradas víctimas de este delito lo son realmente? ¿Existe el consentimiento en el comercio sexual? ¿Cuál es el objetivo de erradicarlo o abolirlo? ¿A quién le sirve confundir trata y trabajo sexual? Esas preguntas se plantearon hace unos días en el Foro “Sexo, poder y dinero / Perspectivas críticas sobre la trata de mujeres”, convocado por la Universidad Autónoma Metropolitana-Xochimilco, el Programa Universitario de Estudios de Género de la UNAM, la Cátedra Extraordinaria sobre Trata de Personas (UNAM) y el Barnard Center for Research on Women (Universidad de Columbia). La doctora Ana Amuchástegui (UAM-Xochimilco), integrante del grupo internacional de investigación Género, Justicia y Transformaciones Neoliberales, tuvo la iniciativa de reunir en México a investigadores de varios países para explorar tan candentes interrogantes.
Desde finales del siglo XX, y de la mano de una “cruzada moral” integrada por cristianos y feministas, se ha desplegado mundialmente una lucha contra la trata de mujeres que tiene como objetivo la erradicación de toda forma de comercio sexual. Esta estrategia política responde al modelo punitivo neoliberal que impulsa la criminalización y las políticas carcelarias, y que desatiende las causas estructurales que producen la desigualdad económica y social que originan ambos fenómenos. En el capitalismo neoliberal el comercio sexual se ha diversificado brutalmente, y la industria del sexo se ha convertido en un gran empleador de millones de personas que atraen además a millones de clientes. Tales empresarios tienen un paralelismo con las trasnacionales de la economía formal, y al igual que éstas, algunos se dedican a negocios criminales, como el mercado negro de la trata.
Ahora bien, el tráfico de seres humanos es un pavoroso flagelo, del cual el tráfico con fines de explotación sexual es sólo una parte. En México están documentados casos de traslado de mujeres de un lugar a otro dentro y fuera del territorio, así como las distintas formas de coerción (droga, retención de hijos, amenazas) para forzarlas a que den servicios sexuales. Lo que se discutió en el foro es que esta práctica constituye nada más una pieza de la industria del sexo y, sin embargo, el discurso abolicionista la ha magnificado y ha vinculado el comercio sexual al crimen de la trata.
A través de investigaciones etnográficas realizadas en la India, Dinamarca, Nigeria, México, Estados Unidos y Corea del Sur, varios investigadores hablaron de los efectos “colaterales” que ha tenido el combate contra el tráfico de mujeres en los derechos de mujeres migrantes y trabajadoras sexuales. Respecto a lo que ocurre en México, el doctor René Leyva, del Instituto Nacional de Salud Pública, presentó una investigación en la frontera sur según la cual la criminalización de trabajadoras sexuales, bailarinas de teibol, incluso meseras, termina con su consignación, o si son migrantes, con su deportación.
También en el foro se habló de cómo de unos años para acá circula un discurso que plantea que toda actividad sexual mediada por el dinero es violencia hacia las mujeres. Este discurso ha servido para respaldar una política gubernamental basada en medidas punitivas y/o asistenciales. En nuestro país el PAN inició esa línea conservadora, y con Calderón se promulgó la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos (14 junio de 2012, y última reforma, 19 de marzo de 2014). Bajo esta legislación se puede consignar a cualquier familiar, amistad, vecino, socio, empresario u hotelero que apoye de cualquier forma a una persona que se dedique al trabajo sexual. Por eso en México hoy en día todas las formas de organización del trabajo sexual que van más allá de una persona trabajando en solitario (lo cual es muy peligroso) son consideradas trata o “explotación” de la prostitución.
En México la prostitución no está prohibida, pero no se permiten formas legales de organización del trabajo sexual. Así, quienes desean laborar independientemente, sin padrotes ni madrotas, pero con amistades, familiares o socios, corren el riesgo de que a éstos se los acuse de lenocinio. Los policías realizan operativos anti-trata en antros, cabaretes y hoteles, y separan a las trabajadoras sexuales como “víctimas”. Si alguna protesta y dice que no es víctima, entonces la consideran “cómplice”. Ante esa amenaza, muchas se ven obligadas a aceptar ser tomadas como “víctimas”. Tal política punitiva agrava la violencia y la desigualdad social, económica y política de las trabajadoras sexuales. Más que víctimas necesitadas de rescate, son trabajadoras, titulares de derechos laborales.
Próximamente seguiré reflexionando sobre cómo la mezcla que se hace discursivamente del comercio sexual y la trata de mujeres ha llevado a los operativos anti-trata a violar los derechos humanos de las trabajadoras sexuales, y sobre lo difícil que resulta denunciar lo que está pasando.
